En los últimos días se conocieron cifras de organismos internacionales acerca del comportamiento de la economía salvadoreña y su perspectiva, tanto nacional como en el contexto latinoamericano. También se dieron a conocer datos de encuestas de opinión de institutos universitarios, reveladores del humor político de la sociedad salvadoreña.
En materia económica, los datos resultan de utilidad para medir tanto las perspectivas de país, su relación regional y continental, como las muy distintas lecturas que se ofrecen desde los voceros oficiales y desde economistas independientes.
En la lectura de corte social podemos observar la evolución (cabría decir, en realidad, involución) del pensamiento social de amplios sectores de la sociedad, como consecuencia de tres años de un régimen que viene bombardeando sistemáticamente a la población con una narrativa negacionista de la historia, desinformando masivamente a partir del control hegemónico de medios y del discurso de odio, desprestigio y descrédito sistemático de aquellos que no han caído bajo su control.
En cualquier caso, los datos no mienten y permiten observar el tipo de país que, a golpe de manipulación, derrumbe del estado de derecho, autoritarismo, militarización, persecución política y violaciones a los derechos humanos, fue conformando el régimen autocrático, clasista, corrupto y dictatorial de El Salvador.
Una economía a la deriva
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dio a conocer recientemente su análisis y perspectivas de la economía para 2023. En un marco de crisis del sistema, manifestado en altos niveles de inflación y tasas de interés, desempleo, amenazas recesivas, quiebra de importantes instituciones bancarias internacionales, restricción del crédito y del consumo, América Latina, la región más desigual del planeta, crecerá menos este año en comparación con 2022.
En su informe, la CEPAL redujo levemente su proyección de crecimiento del PIB regional para 2023 del 1.3% estimado el pasado diciembre a un 1.2%, debido principalmente a “crecientes incertidumbres externas y restricciones internas”.
En cuanto a El Salvador, si bien la proyección del crecimiento económico para 2023 mejora respecto a la que publicó en diciembre 2022, los datos indican que este año el país volverá a crecer menos que el resto de países de Centroamérica, con un estimado del 2%. En diciembre el organismo había proyectado que sería del 1.6%.
A pesar de tratarse de un muy pobre desempeño económico, los encargados de generar ruido mediático favorable al gobierno no dejaron de impulsar su campaña informativa destacando los datos de CEPAL como elemento positivo adjudicable a la gestión gubernamental. Sin embargo, se cuidaron muy bien de incluir en la información que El Salvador sigue siendo el país de menor crecimiento en la región. La lista de países centroamericanos con mejor perspectiva económica la encabeza Panamá con un crecimiento del 4.6%, seguido de Guatemala (3.2%), Honduras con el (3%), Costa Rica (2.7%) y Nicaragua (2.3%).
A nivel continental, los datos señalan una importante recuperación para Venezuela, con un 5% de crecimiento estimado, seguido de Panamá (4.6%), República Dominicana (4.6%) y Paraguay (4.2%). Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia, tendrán un crecimiento estimado del 2%, seguidos de Cuba y México, ambos con un alza del 1.5%. En la cola, pero aún con cifras positivas, están Colombia (1.2%) y Brasil (0.8%), mientras que Chile (-0.3 %), Haití (-0.7 %) y Argentina (-2 %) decrecerán este año, según el organismo de Naciones Unidas.
Oscuridad, prioridades y trayectorias insostenibles
En otro documento oficial reciente la CEPAL analiza la sostenibilidad de la deuda pública en los países de América Latina y el Caribe para el período 2022-2027, estableciendo que para el caso de El Salvador “todos los escenarios muestran una tendencia creciente en el nivel de deuda pública debido, principalmente, a la mayor tasa de interés real, lo cual evidencia una trayectoria insostenible”. Solo dos países expresan esa tendencia, El Salvador y Belice, “con lo cual sería necesario mejores resultados primarios en un contexto de altas tasas de interés”, afirma CEPAL.
Al plantear cinco posibles escenarios, el organismo internacional estima que, dependiendo de las condiciones de crecimiento económico, la evolución de tasas de interés y las condiciones de los créditos, la deuda pública de El Salvador crecería hasta representar entre un mínimo del 94.4% del PIB hasta un máximo posible de 115.6% (Deuda de El Salvador tiene «trayectoria insostenible»).
No fueron estas las únicas informaciones negativas para el gobierno salvadoreño en materia del descalabro de las finanzas públicas. También se supo que el GOES se negó a permitir que el FMI hiciera público el informe de su última auditoria financiera, producida por una comisión enviada a principios de año. Asi lo informó el propio FMI en un comunicado, al explicar las razones por las que no liberaba los resultados de su estudio. El Salvador se une así a Tayikistán, Turkmenistán, Eritrea y Laos, que no permitieron la difusión de sus respectivos informes. Se trata de la primera vez durante la presente gestión que no se autoriza transparentar la situación de las finanzas.
La polémica
Finalmente, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) dio a conocer su informe, “Análisis de la Ley de Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2023”, donde señala que la disminución en el déficit fiscal y en el saldo de la deuda pública (de lo cual se había estado vanagloriando el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya) sería a costa de afectar áreas claves para el bienestar de la población.
«Los datos muestran que en 2022, el Gobierno priorizó el pago en el servicio de la deuda; sin embargo, esto tuvo consecuencias porque ante la falta de acceso a financiamiento, especialmente financiamiento externo, lo que hizo fue recortes en áreas clave para el bienestar de la población; por ejemplo, los recursos del presupuesto de educación, de salud, de obras públicas de 2022 fueron inferiores a los que se habían ejecutado en 2021«, explicó Ricardo Castaneda, coordinador del ICEFI para El Salvador y Honduras.
Respecto al gasto público, el informe destaca que 2022 fue un año de austeridad debido al limitado acceso al financiamiento y a la prioridad en el pago del servicio de la deuda. Para el caso, el ramo de educación pasó de 4.6% del PIB en 2021 a 3.9% del PIB en el 2022, es decir de $1,329.5 millones a $1,251.9 millones, respectivamente. Para 2023, el monto aprobado es de $1,501.9 millones o un 4.5% del PIB, por debajo del porcentaje de 2021.
En salud, pasó de 3.5% a 3.4% del PIB: para 2021 lo destinado ascendió a $1,014.5 millones y a $ 1073.1 millones el año pasado; en 2023, la asignación es de $1,131.2 millones, pero no sobrepasaría el 3.38% del PIB.
En su análisis, ICEFI resaltó que para 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, incluyendo intereses y amortizaciones, que alcanza los $2,134.9 millones, muy por encima de los $1,502.5 millones para educación o de los $1,131.1 para salud.
Estas revelaciones parecen haber enfurecido al jefe de gobierno y sus funcionarios que desde las redes sociales emitieron declaraciones despreciando el estudio, el instituto y al economista que lo presentó. Mientras el ministro de Hacienda expresó que se reía de esos informes, y argumentaba que habían cumplido con sus obligaciones, no ofreció datos que contradijeran las afirmaciones de ICEFI (que, por otra parte, trabajó en base a las cifras oficiales).
El jefe del clan de gobierno y los diputados oficialistas prefirieron alegar supuestas maniobras conspirativas «de economistas al servicio de los intereses de George Soros», el mismo argumento utilizado contra el periódico digital El Faro hasta que logaron que, por fin, abandonara recientemente el país ante la falta de garantías del régimen autocrático salvadoreño.
Hundidos en la posverdad
Si la cuestión económica es preocupante, y se expresa en señalamientos hacia el gobierno por su mala gestión, tal como lo vienen apuntando de manera consistente diversas encuestas que, en todo caso y en términos generales, siguen favoreciendo al gobierno en muchos otros aspectos, también otros temas comienzan a resultar preocupantes, y deberían ser motivo de seria atención para las fuerzas de izquierda revolucionaria y sectores populares en general. Al respecto, podemos ver algunas menciones de la reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que intentó sondear el humor político y social de la ciudadanía[1].
Más allá de ciertos datos, suficientemente difundidos, como por ejemplo el porcentaje de población que favorecería la reelección presidencial, que a pesar de señalar una caída de 15 puntos porcentuales respecto de anteriores mediciones, siguen sosteniendo una mayoritaria opinión favorable hacia la decisión (ilegal e inconstitucional) de la reelección del actual mandatario (62% a favor); o los indicadores que señalan la constante distancia de la sociedad respecto de los partidos políticos, una sospechosa opción de centro frente a las definiciones de izquierda y derecha en simpatías políticas, etc., lo que en realidad resulta particularmente llamativo y alarmante son los fundamentos de esa profunda despolitización y giro conservador de un espectro considerable de la sociedad salvadoreña.
Si observamos algunos de los datos incluidos en la encuesta, los menos divulgados, por cierto, nos señalan factores educativos y cognitivos que sin duda ejercen un papel esencial a la hora de ofrecer las respuestas, y que esconden la dramática realidad actual del pueblo salvadoreño.
Un pueblo víctima de una ignorancia inducida a base de propaganda y manipulación de las verdades históricas, alteradas y repetidas hasta el cansancio, y de la imposición de un “sentido común” degradado a conveniencia de los intereses del grupo económico gobernante. Todo esto porque su lucro y sostenimiento en el poder será garantizado manteniendo al pueblo desaprendiendo, olvidando su historia, rechazando lo aprendido anteriormente, confiando en aquello que el régimen le indique. Esto puede ser obtenido por miedo (régimen de excepción, militarización, etc.) pero también y sobre todo, por medio de operaciones psicológicas masivas de propaganda y desinformación, propias de las guerras de cuarta y quinta generación. Veamos los ejemplos de la encuesta.
En la sección Medimos la posverdad busca establecer con preguntas de ¿Verdadero o falso? el nivel de conocimiento sobre temas básicos de la realidad del país.
Las respuestas nos excusan de cualquier comentario (las primeras dos preguntas eran de control y confianza):
- La actual Constitución fue escrita en 1983: 35.9% V / 19.2% F / 45% No sabe (NS)
- El sistema legislativo tiene 84 Diputados: 66.4% V / 10% F / 23.6% NS
- Nuestros países limítrofes son Guatemala y Nicaragua: 47.8% V / 34.9 F / 17.3% NS
- Según la Ley la moneda oficial de El Salvador es el Bitcoin: 16.8% V / 76.3% F / 36.3% NS
- Mons. Romero fue asesinado en 1970: 36.3% V / 30.7% F / 32.9% NS
- Actualmente El Salvador tiene 50 Municipios: 48.5% V / 52.9% F / 8.6% NS
- Tenemos el Hospital COVID más grande de Latinoamérica: 77.2% V / 12.2 F / 10.6% NS
- Tenemos el único hospital de mascotas del continente: 62.5% V / 12.2% F / 10.6% NS
- El Salvador tiene salida al mar por el Atlántico: 24.2% V / 41.6% F / 34.1% NS
- El aeropuerto de oriente ya está en construcción: 35.7 V / 28.7% F / 35.6% NS
- Los Acuerdos de Paz fueron un pacto de corruptos: 51.1% V / 22.2% F / 26.7% NS
Otros datos que señala el estudio respecto a la percepción de país:
- el país está cambiando para bien en política, salud, seguridad, educación, deporte y cultura para el 75% de la población, excepto en economía y en el tráfico donde más de la mitad de los encuestados creen que el cambio es para mal.
- Todos los servicios públicos (hospitales, ISSS, PNC, ANDA) van mejorando, excepto los municipales y recolección de basura, la mitad de los encuestados creen que estos últimos están peor.
- En los últimos años han mejorado las carreteras, seguridad, salud, turismo, conectividad, educación, infraestructura y “justicia”, excepto la economía y el trasporte público.
De las actividades culturales, de ocio o recreativas
- 58.7% de la gente escucha radio una o dos veces por semana;
- 71.3% nunca compra libros;
- y más del 80% no va a obras de teatro, espectáculos culturales, conciertos, festivales de poesía, presentaciones de libros, exposiciones de arte, conferencias, festivales de anime.
Finalmente, a modo de conclusión, el estudio destaca que “Los cruces de variables y análisis de correspondencias son claros y evidentes: a mayor nivel educativo más sentido común, visión democrática y criticidad, y viceversa. Esta es la foto del país en estos momentos”
Una foto dramática, descorazonadora, que muestra cómo un régimen dictatorial basado en los elementos que hemos citado, puede diezmar y llevar al atraso generalizado a un pueblo. Sin duda, en estas circunstancias la educación popular se presenta como una herramienta imprescindible para los sectores más avanzados, las fuerzas revolucionarias, democráticas y populares. Una tarea que se impone urgente, masiva y subversiva, porque atacar esta ignorancia inducida es atacar una de las bases de sustentación del régimen.
El show de la “monarquía presidencial”
Los datos mencionados muestran un país a la deriva, con una economía en crisis que solo apunta a desmejorar y colapsar, con una población víctima de profunda desinformación, manipulación y oscurantismo. A primera vista no son buenas las perspectivas para producir cambios sustanciales en la realidad socio-política. Sin embargo, de esa realidad se desprenden las tareas urgentes para las fuerzas políticas populares en función de recuperar espacios perdidos.
Para el régimen también el horizonte señala peligros, y estos son consistentes con el deterioro indetenible de la economía y de las condiciones materiales de vida del pueblo. Ante esa situación el régimen autocrático recurre a su esencia más genuina, y encuentra un distractor con alto potencial para los próximos meses.
Asi, el embarazo de la esposa del jefe del clan comienza a difundirse a bombos y platillos por las redes sociales, confiando que el aparato mediático a su servicio organizará sus andanadas de operaciones psicológicas para mantener a la población enterada al detalle de cada incidencia del proceso de gestación, parto y desarrollo de la criatura, dándole a la “monarquía presidencial salvadoreña” el carácter de permanente “reality show”, que nos llevará con el tema hasta prácticamente las elecciones del próximo año (febrero y marzo 2024).
Con ese descaro y cinismo trabaja esta gente; hasta esos niveles utilizan la manipulación; experiencia de gobierno que se está transformando -a la luz de diversas expresiones de las derechas extremistas continentales- en materia de estudio para su aplicación, adecuada a cada realidad nacional de Nuestra América.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Twitter
Referencias:
[1] Ver: III encuesta de Humor Social y Político: Posverdad y sistema de creencias
