Tragedias
Este fin de semana nos sorprendió con una tragedia que enluta no solo al fútbol nacional sino a la familia salvadoreña en su conjunto. Un encuentro deportivo que debía constituir una fiesta de fútbol acabó en una estampida humana, que dejó una docena de personas muertas, más de un centenar de heridos trasladados a hospitales, unas 400 víctimas atendidas en el lugar de los hechos, y un país conmocionado.
A la tragedia de una noche negra para el fútbol y sus aficionados, se suma la existencia de un sistema represivo estatal militar institucionalizado, incapaz de operar fuera de una lógica de enfrentamiento contra enemigos internos. Ese es el carácter y margen de maniobra que el Estado salvadoreño ha otorgado a la Fuerza Armada, y cuyas actitudes y atribuciones (que constitucionalmente no le corresponden) han inculcado al resto de fuerzas de seguridad, en particular una Policía Nacional Civil, cada vez más militarizada en su lógica operativa y actitud bélica ante la ciudadanía.
Lo anterior se hizo evidente en los trágicos eventos del Estadio Cuscatlan en la noche del 20 de mayo. Ante las fallas notorias en la seguridad preventiva, en el control de grandes concentraciones de población reunida para asistir a un evento deportivo, y ante la insuficiente apertura de entradas y salidas para la multitud, razones que suenan con insistencia como las causas principales del hecho, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue recurrir a la violencia y la represión, incluyendo el uso de gas pimienta contra conjuntos de personas desorientadas y en pánico.
Al mismo tiempo, y ante la afectación a lo más sagrado del régimen, su imagen, de inmediato se hicieron presentes las palabras amenazadoras de jefes policiales y del presidente anunciando el peso de la ley contra quienes la policía y la fiscalía consideren culpables. Una vez más, mucho antes de saldar el problema humano principal y prioritario, es decir, asegurar que no haya más heridos, que todas las personas recibieran atención y contención ante las pérdidas humanas y el shock en que se encontraba la multitud, los gendarmes del régimen prefieren exhibir sus formas represivas y amenazadoras, buscando culpables.
Desde esa misma noche, desde otras esferas del poder, directamente ligadas al clan de gobierno, se comenzó a maniobrar mediáticamente con la idea de valerse de la tragedia para capturar una porción más de poder por parte de una maquinaria insaciable del mismo. Así, las instancias de organización de políticas deportivas, a cargo de uno de los hermanos del presidente comenzó a señalar responsabilidades en el asunto, apuntando a la posible consumación de un deseo largamente postergado (solo impedido hasta el momento por la FIFA), de hacerse con el poder de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Nuevamente queda claro que la vida no es la primera prioridad para este régimen autoritario, que no deja de mostrar su lado más oscuro e inhumano.
Nuevo cerco militar
Hace ya varios años que la vida es un bien de escaso valor en El Salvador, aunque ciertas vidas parecen más relevantes que otras para el actual gobierno. Poca importancia o valor parecen tener, por ejemplo, los dos centenares de muertos en custodia en lo que lleva vigente el régimen de excepción, renovado por decimoquinto mes consecutivo esta semana pasada, o las vidas de mujeres víctimas de feminicidio, o las personas desaparecidas en ese tiempo, o los muertos en supuestos enfrentamientos con fuerzas del orden. Parece ser que esa suma de vidas perdidas da por resultado cero, de acuerdo a la hipócrita lógica oficial que, al no contabilizar ni uno solo de esos casos, a lo largo de más de un año, se dio el lujo de montar una campaña publicitaria presidencial, anunciando hace pocos días el cumplimiento de su particular récord de “365 días no consecutivos sin homicidios”.
Dentro de esa lógica, el régimen decidió utilizar una metodología similar a las de las fuerzas represivas del nazismo alemán en los tiempos de la segunda guerra mundial. La semana pasada murió un policía asesinado por delincuentes en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango; según el régimen, los criminales eran pandilleros. Naturalmente, el Estado debe hacer todo lo posible por capturar y lograr la condena de los malhechores. Hasta allí es normal esperar el despliegue de fuerzas policiales en la investigación.
Casos similares suceden en todo el mundo. Cada día muere al menos un policía en más de un país del planeta. Sin embargo, ¿en cuántos de esos países, se recurre a cercar militarmente la ciudad donde ocurre el hecho y mantener a la población de esas ciudades bajo un cerco de soldados y policías durante días y posiblemente semanas? La respuesta seguramente será, en ninguno salvo en El Salvador.
El régimen no solo es excesivo en sus medidas y reacciones, sino que requiere de elevar cada vez más, hasta el infinito, un lenguaje grosero, amenazador e insultante. Recurre así a otras de las cualidades del fascismo y el nazismo, que no solo despreciaban la vida (que no fuera la de ellos), sino que impulsaban permanentemente nuevos niveles de discurso de odio, que les permitiera ampliar ante la población la construcción de la idea del “enemigo del pueblo”, del enemigo interno, contra el que ellos decían combatir.
Pocas expresiones más gráficas de este modelo aplicado a las formas fascistas del siglo XXI que las encontradas esta semana en las redes sociales oficiales y en los medios de prensa que reproducen sus mensajes. Veamos algunos ejemplos.
Diario El Mundo, esta semana al anunciar otra renovación del régimen de excepción señala:
“Como en ocasiones anteriores, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló a organismos internacionales de defender los derechos de los pandilleros y ayer las acusó de financiar sus estructuras criminales”.
Indicó que, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, muchos salvadoreños huyeron “por estos cobardes terroristas financiados y fomentados por estas organizaciones internacionales que también tenían dentro de su planilla a los seis expresidentes anteriores”, dijo el funcionario.
No se trata en ningún caso de una expresión aislada de algún energúmeno, sino del estricto seguimiento del guion oficial. Por eso, el día miércoles, al renovarse el régimen de excepción y coincidir esto con la muerte de un policía (que, de hecho, ponía en cuestión y hasta en ridículo las medidas de seguridad) el presidente emite un furibundo mensaje en redes. Escribe en su cuenta de Twitter:
“Que sepan todas las ONGs de ‘derechos humanos’, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”.
El lenguaje utilizado podría corresponder a un mafioso, pero difícilmente se podría adjudicar a un estadista. El presidente también criticó a la comunidad internacional.
“No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado”, continuó su mensaje.
Una vez lanzada la ofensiva verbal contra cualquiera que cuestionara en lo más mínimo las decisiones del gobierno, no faltaron los infames que, desde sus puestos legislativos, buscaran destacar ante su amo, compitiendo por el premio al discurso más desalmado. Mientras unos elevaron su apuesta pidiendo la pena de muerte, otros propusieron renovar la eliminación de derechos constitucionales por seis meses cada vez, ahorrándose seguramente para ellos el arduo trabajo de tener que desplazarse al parlamento a apretar un botón sin discutir absolutamente nada. Diario El Mundo:
“Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), reiteró su apoyo a una reforma constitucional para aplicar la pena de muerte. “Solo ejecutando a los asesinos la sociedad puede garantizar que los asesinos convictos no vuelvan a matar. Para mí un pandillero no basta con que solo esté detenido”, dijo.
Romeo Aüerbach, de Gana, propuso a los diputados de Nuevas Ideas hacer una reforma al artículo 30 de la Constitución de la República para que la suspensión de garantías del régimen de excepción no sea 30 días sino seis meses. “Sería interesante que pudiéramos reformarlo, porque el régimen de excepción no le estorba a nadie más que a los delincuentes”, afirmó.”
Y así podríamos seguir reproduciendo la letanía del odio y el sinsentido sobre el que el autoritarismo reinante en El Salvador se desarrolla y mantiene una sociedad sumida en la ignorancia y el acatamiento resignado de la pérdida de sus derechos.
Pueblo que lucha, triunfa
El drama de la pérdida de derechos se agudiza cada día con el uso por el Estado de esas herramientas para lograr un objetivo mucho menos confeso que la persecución de delincuentes.
Mes a mes, con cada renovación inconstitucional del régimen de excepción -y la consecuente suspensión de derechos constitucionales-, va quedando en evidencia la intención real de estas medidas. Casos como la captura de dirigentes sindicales que reclamaban derechos laborales, o la detención bajo excusas insostenibles de dirigentes comunitarios y líderes ambientalistas, fueron dejando claras las verdaderas intenciones del régimen: controlar preventivamente cualquier acción que pudiera significar resistencia, convocatoria o impulso a la lucha y la organización popular. Por ahora, da la impresión que el autoritario régimen salvadoreño cree que le basta con generar una sensación de inseguridad o indefensión a dirigentes o líderes populares, confiando en el efecto disuasorio ejemplar de las detenciones.
Sin embargo, estas actitudes, posibles gracias al previo desmantelamiento del Estado Constitucional de Derecho, dejan en evidencia la arbitrariedad e impunidad de las actuales autoridades, que no dudan en utilizar la justicia como herramienta de chantaje.
Hace pocos días, la lideresa ambiental Vidalina Morales, denunciaba en una entrevista radial el autoritarismo que rige El Salvador y señalaba la injusta detención de sus compañeros ambientalistas de Santa Marta. Al día siguiente, Mary Lawlor, Relatora para los Defensores de Derechos de las Naciones Unidas, pidió al Estado salvadoreño liberar a los cinco ambientalistas detenidos desde el 11 de enero.
La ONU reclamaba a un gobierno acostumbrado a despreciar públicamente a los organismos internacionales. La reacción oficial fue, en primer lugar, mentir en su respuesta, asegurando que todos los prisioneros pueden recibir visitas de sus abogados, y que se informa a los familiares acerca de la causa y lugar de detención, lo cual es sencillamente una burla a los organismos de DDHH; en segundo lugar, capturó arbitrariamente al joven Manuel Gómez Morales, hijo de la lideresa; la excusa: el régimen de excepción; la verdadera razón: el escarmiento.
Pero esta vez el régimen no pudo con la inmediata ola de denuncias, desde múltiples organismos en El Salvador y en el mundo. La pronta liberación del joven constituyó sin duda un triunfo del pueblo y una derrota para el régimen.
Sin embargo, a pesar de esta victoria, las fuerzas represivas gubernamentales siguen actuando, y entre sus objetivos continúan apareciendo líderes comunales, esta vez de San Vicente, en otra de las comunidades históricas de veteranos del FMLN y sus familias, el Guajoyo. El 15 de mayo, José Víctor Rodríguez Andazol, esposo de una de las lideresas de la comunidad, excombatiente y lisiada de guerra, defensora además de las tierras de la comunidad el Guajoyo, fue sacado de su casa y capturado bajo el régimen de excepción.
El más reciente caso, sin embargo, no corresponde a un ataque dirigido contra luchadores populares sino contra alguien que perteneció al campo del oficialismo. Se trata de la detención de Rafael Eduardo Romero Quinteros, de Sensutepeque, Cabañas, quien fue detenido en el aeropuerto Monseñor Romero, cuando se disponía a viajar a EEUU con una visa de trabajo temporal. La razón, en este caso parece ser algún tipo de conflicto interno y una acusación por agrupaciones ilícitas cuando el joven laboraba en la alcaldía de Sensutepeque, gobernada por Nuevas Ideas.
De tratarse de alguna disputa interna en el seno del oficialismo, el caso se sumaría al número de despidos de supuestos periodistas contratados en Casa Presidencial, por quien hasta hace muy poco era el encargado de prensa de CAPRES, Ernesto Sanabria.
Ante la opacidad de la información acerca de la gestión pública, el número exacto de despidos se desconoce, aunque en las redes sociales de agentes del propio gobierno se refieren a entre 150 y 300 despidos. Todas las plazas habrían correspondido al trabajo de granjas de troles y otras actividades oscuras en redes sociales, a cargo del hoy ex encargado de prensa, quien fuera despedido este mes, y a quien se le adjudican numerosos casos de corrupción.
No se trata de cualquier despido, Sanabria es ampliamente conocido por haber sido un encargado de diversos aspectos de las comunicaciones y las campañas sucias contra opositores cuando trabajaba para el ex presidente Saca (hoy encarcelado), y que ha estado con el actual mandatario salvadoreño desde el inicio de su carrera política. Odiado y temido en igual medida, su salida es sin duda otra muestra de que, por más que el régimen se esfuerce en pretender una ficticia solidez, se le acumulan los problemas.
Sin duda, la propaganda sigue siendo el eje de las políticas de control y dominación del gobierno sobre la sociedad, pero cada día resulta más evidente que el método es insuficiente, sobre todo cuando la crisis financiera del Estado y el alto endeudamiento lleva al régimen a tomar fondos de pensiones de los trabajadores para resolver sus necesidades, mientras el hambre y la falta de oportunidades se expande entre las grandes mayorías populares, esas cuyas vidas valen poco, muy poco, a los ojos del régimen dictatorial en desarrollo.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: cronista.com/
