A tres años y medio de gobierno autoritario, oscuro, personalista y populista, aquella autopista por donde el régimen salvadoreño se desplazaba sin límites de velocidad no resulta ya libre de obstáculos como lo fue en sus inicios, cuando con discursos engañosos, manipulaciones, y encuestas de respaldo popular pretendía justificar su impunidad. Hoy, aunque los métodos siguen siendo los mismos, las cosas van cambiando.
Aquel país que hace tres años cayó en manos de especuladores sin escrúpulos, ética, ni moral, ya no existe. Y eso no se debe a que el gobierno de “la revolución de las maquetas” haya modificado positivamente un ápice la vida de las familias salvadoreñas. No existe, simplemente, porque con cada promesa incumplida a lo largo de estos 42 meses de gobierno, con cada endeudamiento incontrolado, con la progresiva concentración de riqueza en menos manos, la creciente corrupción y nepotismo, el país se ha venido hundiendo en la miseria, el abandono, la represión ante la protesta, el silencio mediático y el aislamiento internacional.
El gobierno ha montado toda la narrativa que justifica sus acciones inconstitucionales para asegurar la continuidad del régimen; en paralelo, ha neutralizado cualquier acción del tribunal electoral, al que ha cooptado, al tiempo que la nueva legislación electoral ad-hoc asegura el nivel de fraude que sea necesario para establecer su triunfo, no solo en la ya garantizada carrera presidencial sino hacia su objetivo clave de asegurar una mayoría parlamentaria que permita gobernar sin frenos u obstáculos legales de ningún tipo.
Sin embargo, las contradicciones y degastes en la recta final de su mandato empiezan a aflorar con fuerza. Aquella premisa de que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo, parece un desafío ideal para publicistas.
La mentira del Bitcoin está haciendo agua, el tren del Pacífico y el famoso aeropuerto de Oriente parecen tan irreales como Bitcoin City. El paraíso del surf, creado a partir de cambios de denominación de playas por colonizados nombres en inglés, parecen finalmente un hecho tangencial, que solo beneficia a un puñado de turistas extranjeros que aprovechan para lavar activos con la excusa del Bitcoin.
A medida que el tiempo de mandato transcurría, nada se decía de la esperada reforma de pensiones; el sistema de represión permanente llamado régimen de excepción ha empezado a dejar de ser una novedad, y hasta a las violaciones masivas de derechos humanos parece acostumbrarse una sociedad, que alguna vez fue combativa, y que hoy vive sometida a base de manipulaciones y mentiras. Por eso había que buscar nuevas “ofertas que vender” a una audiencia que si no se mantiene distraída con el espectáculo mediático, los conciertos y las maquetas, comenzará a preguntarse por qué cada vez el dinero alcanza menos, por qué el trabajo brilla por su ausencia y tenemos una ciudad capital cada vez más libre de puestos de ventas callejeras y con más áreas peatonales, pero también con más indigentes, un país con más migrantes, con más desplazados, con menos inversión productiva, con feminicidios crecientes y con más gente buscando seres queridos desaparecidos, detenidos ilegalmente y asesinados, a pesar de la reiterada propaganda oficialista de que vivimos en el paraíso de la no violencia, el amor y la paz. Los hechos ocurridos esta semana parecen responder a esta realidad de desgaste del “show en el poder”.
12 minutos
Ese fue el tiempo que una comisión legislativa tomó en la semana que concluye para que El Salvador pierda una nueva herramienta legal de control de gastos. Eliminados los fondos municipales a través de la virtual desaparición del FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador), y transferidos sus recursos a una dependencia subordinada al Ejecutivo, el nuevo paso asegura una mayor oscuridad, disfrazada de agilidad en la concesión de obra pública, con una casi nula supervisión acerca de estos manejos por parte de organismos ciudadanos independientes.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para aprobar la «Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido», que permitirá al Ministerio de Obras Públicas crear marcos legales para realizar proyectos, al margen de lo establecido en la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
La reunión únicamente formó quórum con la presencia de seis diputados de Nuevas Ideas, cuatro de ellos suplentes. Sin preguntas, sin análisis ni debate En esa dinámica se desarrolla este gobierno sin control ciudadano, que construye piedra a piedra los instrumentos que legalizan sus actos de corrupción en el manejo de las finanzas y la adjudicación de obras a empresas de manera arbitraria.
El juego de las apariencias
Con un mensaje en redes sociales y un anuncio demagógico, como es su costumbre, con video publicitario incluido, el presidente lanzó finalmente una propuesta de reforma al sistema de pensiones que pretendía responder a reclamos de sus aliados en el sector laboral, que habían hecho campaña en favor de la reforma. Se trataba de una vieja promesa de campaña que en sus inicios anunciaba cambios estructurales a un sistema injusto, ineficiente e inviable en el largo plazo.
Por fin, el mandatario develó sus propuestas asegurando que se aumentaba la pensión mínima a $400 mensuales, que las AFP recibirían menos fondos de los aportes de los trabajadores y que los empresarios aportarían un 1% más a aquellos fondos.
Es decir, el presidente en su faceta de publicista, toca todos los resortes emotivos para cualquier persona trabajadora que ve día a día que las posibilidades de jubilarse se alejan, que la pensión digna es una utopía, y que es cuestión de tiempo para que el sistema colapse.
La realidad de los cambios propuestos es algo muy distinto a los cuentos fantásticos presidenciales. Ni cortos ni perezosos, dos de los más histriónicos personajes del gabinete, el ministro de Hacienda y el de Trabajo y Previsión, se hicieron presentes ante el legislativo para presentar el anteproyecto de ley que, en definitiva, no toca un pelo a las empresas que se benefician de los recursos de los trabajadores; que no cambia en este sentido ningún aspecto estructural del injusto sistema, y que deja en el limbo la posibilidad de que en un futuro no lejano, si el gobierno no honrase la deuda de 10mil millones de dólares perteneciente a los y las trabajadoras, el impago se volvería una amenazante posibilidad. Esto no resulta de menor importancia luego de conocer las declaraciones del ministro de Hacienda, afirmando que el fondo de pensiones de los trabajadores solo cuenta con 2 mil millones de dólares (de 12mil millones que habría en depósitos).
Como afirmó una especialista en el tema, esta declaración es una mentira, porque los fondos no pueden encontrarse en forma líquida, sino invertidos para buscar rentabilidad. Pero si no fueran una falsedad, solo estarían revelando la posible intención gubernamental de no honrar esas deudas, con lo cual, sin duda el sistema colapsaría.
Pero más allá de especulaciones, lo cierto es que, por más anuncios de aumento de pensiones mínimas, siempre bienvenidos por la clase trabajadora, ni el presidente ni sus ministros explican cómo van a sostener ese aumento en el tiempo.
Quedan todavía muchas dudas porque, como siempre, el gobierno oculta los documentos para el análisis, y sin ellos no se podrán conocer las tasas de crecimiento establecidas para la inversión del dinero de los trabajadores, ni los plazos de ese tipo de depósitos. En fin, que como destacan varios economistas, sin nada estructural cambiado, la actual reforma sigue el esquema de la ineficiente ley aprobada en 2017, propuesta generada en la bancada oficialista y el ejecutivo de entonces, y que fue duramente criticada por organismos de trabajadores, empresarios y economistas en su momento.
El tema tuvo sin duda un peso importante en el voto de protesta en contra del FMLN en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, que acusó con razón a la izquierda de “no haberle tocado un pelo a aquel tigre llamado AFPs”. En su momento el actual mandatario vociferó contra aquella reforma, pero hoy repite, aumentada y corregida, la misma propuesta, que deja el tema de las pensiones en la misma incertidumbre de siempre.
La comisión de las apariencias
Pero como para este gobierno no se trata de resolver, sino de vender la idea de que lo hace, las apariencias son las que debe cuidar, siempre y cuando le interese mantener las ilusiones de sus seguidores y aparentar, por ejemplo, transparencias inexistentes.
Así, se crea una comisión legislativa que incluye no solo a la inmensa mayoría del oficialismo, sino que como un toque casi decorativo permite el ingreso de un representante de los partidos ARENA y FMLN. Sabemos por la experiencia observada a lo largo de los últimos tres años, que las decisiones no se tomarán ni en esa comisión ni en el pleno legislativo, sino que eso vendrá firmado y sellado desde CAPRES. La maniobra se convierte así en un recurso demagógico, con invitaciones a sindicalistas, empresarios y oficiales del gobierno a que aporten algunos puntos de vista. Quedará en los diputados de la oposición, si logran que les concedan la palabra, apuntar y subrayar las evidentes debilidades de un proyecto nacido para no cambiar nada, excepto generar propaganda positiva para el oficialismo.
Ser presidente, aunque el país se hunda
Como señalábamos al principio, el camino para elecciones amañadas a la medida del oficialismo ya está sentado. Pero si por alguna razón aquellas maniobras tuviesen algún nivel de obstrucción, su control del aparato judicial y el resto del aparato coercitivo del Estado, al que se agrega la Fuerza Armada, será suficiente para garantizar sus objetivos mediatos. Mientras tanto, desde la oposición se observan dos actitudes, igualmente preocupantes desde el punto de vista de los intereses populares.
Por una parte, las fuerzas oligárquicas y burguesas, que no lograron negociar una parte del pastel del Estado y fueron desplazadas de forma violenta y sin miramientos por la nueva burguesía emergente, se dedica a conformar un llamado “frente amplio”, poniendo como único objetivo la lucha contra el gobierno, y como fin último su desplazamiento por el conjunto de fuerzas burguesas en la oposición.
A este frente en gestación han ido incorporando, con su discurso de supuesta amplitud y objetivos patrióticos, a fuerzas progresistas que se pliegan a dicho objetivo, obviando el hecho de que esa asociación incluye a corrientes directamente relacionadas con Washington y en comunión de objetivos con una parte de las fuerzas imperiales, con las que el régimen mantiene contradicciones no antagónicas. El gatopardismo parece la táctica evidente de estos sectores, que la miopía política de algunas fuerzas provenientes del campo popular contribuye a fortalecer.
Por otro lado, otras fuerzas de izquierda y del campo revolucionario muestran crecientemente su inclinación a participar en las próximas contiendas, quizás en forma de frentes electorales, quizás como fuerza solitaria, pero en cualquier caso parece clara la -a nuestro juicio, muy errónea- decisión de convalidar la farsa electoral del régimen, incluyendo una irrelevante participación en la carrera presidencial, pero que para la dictadura con apariencia democrática significará el aval necesario de legitimación que impedirá en el futuro impugnar la presidencia por inconstitucional e ilegal.
Aún queda por ver lo que sucederá en materia de lucha territorial, sobre todo a nivel de municipios, aunque sin duda no faltarán las habituales tentaciones electoreras de presentar disputas por el parlamento, en lugares y tiempos donde las condiciones no están dadas para ese tipo de ejercicio.
Será necesario insistir una y otra vez en la imperiosa tarea de explotar el ambiente de confrontación electoral para establecer una campaña masiva de comunicación directa con el pueblo, casa a casa, que lejos de estar destinada a disputar candidatos, podamos en ese diálogo directo con el pueblo, disputar el corazón y la mente de la gente, en función de un proyecto que supere en todos los sentidos y con un carácter auténticamente transformador, las limitadísimas opciones que pueden ofrecer las candidaturas, sean de quien sean.
La disputa es desde las calles y las casas, en el corazón de la gente; ¿Cómo si no reinstalar en el colectivo popular, en las grandes mayorías, el imaginario superador de la miseria que nos ofrecerá cualquier gobierno en las actuales circunstancias?
Urge la construcción de un nuevo y amplio movimiento popular, la inclusión de los nuevos actores sociales de cuño popular, el fortalecimiento de la organización, la educación y formación popular, no solo de los cuadros revolucionarios sino de amplios sectores de los cuales surgirán liderazgos imprescindibles para los nuevos paradigmas y formas de lucha que la etapa determine.
El fortalecimiento de la actividad sindical en las áreas productivas y no solo en la limitada actividad estatal, será necesaria para los nuevos tiempos y las nuevas luchas. Los frentes estudiantiles y juveniles, las diversas luchas de defensa de género y del medio ambiente, el respeto a derechos humanos y ciudadanos, entre muchos otros, la organización de los amplios sectores informales, el trabajo de organización en el campo y en las zonas costeras, tanto de trabajadores como de pequeños y medianos productores, son todas áreas donde nuestro pueblo tiene experiencia y memoria, pero que la fiebre electorera que ya dura décadas parece haber cubierto del fino polvo del olvido.
Hoy es cuando aquellas luchas, aquella determinación antidictatorial, pero también antiimperialista, debe prevalecer por sobre cualquier cálculo de minúsculas ventajas electorales que no resolverán los problemas de fondo de esta sociedad, ni contribuirá a romper la limitada barrera representativa de una democracia liberal burguesa en fase crítica. Para esa actividad de trabajo constante con la gente, los periodos de campañas electorales se presentan como un terreno ideal para realizar nuestra labor.
La cortina de humo de la difamación
Otra de las muestras de la necesidad gubernamental de superar con distractores la crisis de los tres años y medio de gestión sin poder ofrecer resultados tangibles en numerosas áreas vitales para nuestro pueblo, es la recurrente costumbre de buscar profundizar los ataques contra el FMLN, esgrimir discursos de odio y, sobre todo, difamar cuadros que han sido clave a lo largo de los diversos procesos de lucha.
El oficialismo será cualquier cosa, menos tonto; sabe distinguir a sus enemigos más peligrosos. Y si hay algo a lo que teme (y por eso busca corroerlo en cuanto oportunidad se le presente) es la confianza en el FMLN que aún mantienen sectores nada despreciables de esta sociedad. Sabe que destruir ese vínculo es condición necesaria para aspirar a la desaparición del FMLN, y que si este no desaparece la continuidad y permanencia del régimen en los términos con que fue diseñado, es decir, para al menos dos o tres décadas, se convertirá en misión imposible.
Así se explica la insostenible acusación contra el ex Presidente Sánchez Cerén porque, como subrayan muchos de sus compañeros, puede criticarse muchos aspectos negativos de su gobierno, pero sin duda el rasgo más destacado del ex presidente es su modestia personal y su honestidad. La farsa de las confiscaciones de supuestas propiedades son la muestra clara de hasta qué nivel de indignidad y bajeza puede caer un fiscal vergonzosamente sumiso y servil al poder del Ejecutivo.
Un informe demoledor que deja al jefe del clan en evidencia
Si algo necesitó este gobierno en esta última semana fueron distractores, y no solo por la crisis de decadencia gubernamental, sino porque se dio a conocer un demoledor informe, posiblemente el más contundente desarrollado hasta el momento, junto con aquellas pruebas de los acuerdos entre el gobierno y las pandillas, cuya ruptura provocó la ira presidencial, y el arrebato de declarar el estado de excepción y la guerra contra pandillas.
En este caso, se trata de un informe de la agencia Reuters (Troles, propaganda y miedo avivan la maquinaria mediática de Bukele en El Salvador), que demuestra en una extensa investigación periodística, la multitudinaria proliferación de cuentas falsas, aparatos mediáticos, conducidos, dirigidos y financiados desde el Ejecutivo, que incluyen más de 1500 canales de YouTube, más de mil páginas de Facebook, y cientos de cuentas en todas las plataformas existentes. Todo destinado a elevar el perfil público del autócrata de CAPRES o para denigrar y anular cuentas opositoras. Allí se ve el gigante con pies de barro fabricado a la medida de los indicadores de Big-data para redes sociales.
El silencio oficial ante las revelaciones fue ensordecedor, aunque eso no impidió que los manipuladores profesionales que dirigen la oficina de prensa de la presidencia y la secretaría de comunicaciones gubernamental, lanzaran troles y cuentas falsas contra quien difundiera en las redes sociales la información de la agencia británica.
Un paso más en la militarización
Finalmente, en esta semana tan repleta de acciones de todo tipo, que muestran a un Ejecutivo preocupado por tapar cada uno de los agujeros que le aparecen, en un bote que navega entre turbulencias, decide desplegar una supuesta quinta fase de aquel Plan de Control Territorial, cuyo fracaso dio pie al establecimiento del régimen de excepción.
Como si no alcanzara con las maniobras militares y policiales que llevaron a la cárcel a más 58 mil personas, muchas de ellas sin causa ni justificación, pero que allí siguen encerradas sin juicio, sin asistencia legal, sin visitas de familiares, sin cuidados médicos. Como si no bastara con lo cientos de muertos en prisión, con las acusaciones de tortura, asesinatos y desaparición de personas, que se alega desde organismos internacionales de DDHH, y desde organizaciones locales de familiares y abogados, el régimen opta por avanzar hacia una segunda o tercera maniobra de cerco militar a ciudades, utilizado esto como control militar ciudadano.
Esa inclinación a la militarización, al cerco y a la represión indiscriminada no es nueva en este gobierno. Ya lo aplicó durante la pandemia en ciudades del occidente del país, en Metapán, en La libertad y Chalchuapa, y más recientemente, ya con el régimen de excepción vigente, lo hizo en Comasagua, Olocuilta (Montelimar), en la comunidad El Pino, en Santa Tecla. También en Soyapango ya habían cercado con anterioridad la colonia 22 de abril.
Sin embargo, como todo en este gobierno, lo que se conoce es solo la mitad de la verdad. Así, habitantes de Soyapango que por “decreto presidencial emitido a través de un twit de madrugada” se ven sometidos a cateos en sus casas, sin órdenes de allanamiento, con el acceso restringido a sus hogares en virtud del cerco militar impuesto, no se condice con la famosa argumentación del propio presidente y de sus acólitos, que se habían esforzado en crear una narrativa de triunfo indiscutible del gobierno, que habría extirpado el crimen de Soyapango: “En mayo, el presidente llegó a decir que el municipio era «más seguro que cualquier país del mundo». Y el 11 de septiembre, el diputado de Nuevas Ideas Edgardo Mulato, presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social escribió en su cuenta oficial en Facebook: «Doy fe que, en La Campanera, Soyapango, está libre de pandillas». El post va acompañado de un video en el que él narra que esa zona ya está liberada gracias al régimen de excepción.” (ver LPG 4/12/2022).
Entre otras curiosidades del procedimiento que viene implementándose desde el viernes en la madrugada, no se conoce una cifra de detenidos; se sabe, en cambio, que el despliegue de más de 10 mil efectivos, 8,500 de ellos militares, tenía entre sus objetivos capturar a 12 cabecillas que según el ministro de seguridad se encontraban en esa ciudad del área metropolitana de San Salvador.
Nuevamente, con medidas ilegales, arbitrarias, y oscuras, porque tampoco se permite el acceso a la prensa, los soldados y policías detienen a placer a quien ellos consideren sospechoso. La criminalización evidente es hacia los jóvenes, que cuando se encuentran solos en sus viviendas y llegan los soldados son maltratados por estos, según relatan a medios de prensa algunos habitantes de la zona, que agradecen que ya no haya pandilleros, pero que acusan a soldados y policías de convertirse en los nuevos señores de las comunidades para imponer su ley.
No es tampoco casual que estas acciones se empiecen a aplicar en tiempos pre-electorales; de tal manera que las medidas de coerción y represión oficial pueden tener también efecto disuasorio sobre quienes pretendieran hacer campañas opuestas a las del oficialismo. Veremos entonces, si así como prometieron mantener el régimen de excepción hasta el fin del mandato presidencial, sostendrán también los cercos militares como forma decimonónica y dictatorial de control social y político sobre poblaciones poco afectas al régimen.
Raúl Llarul* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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