Por un lado, un régimen autocrático y autoritario que presenta a través del discurso oficial un país inexistente, pero que en su narrativa sería la envidia y admiración mundial. Al mismo tiempo, “adorna o decora” su puesta en escena para mostrar masividad y apoyo de grandes contingentes de población; se vale para ello de los recursos del aparato del Estado a su disposición (esto incluye mecanismos coercitivos contra los empleados públicos, el uso efectivo de las fuerzas policiales y de seguridad y la manipulación de las comunicaciones).
Por otro lado, el pueblo. Más específicamente, el pueblo organizado, con sus expresiones políticas, sociales y sindicales, organizaciones populares, gremiales, comunitarias, juveniles y estudiantiles, expresiones de género, y en creciente protagonismo las y los defensores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas y de víctimas inocentes del eterno régimen de excepción, que azota las comunidades más pobres y tiene en la mira permanente toda forma de organización popular que reclame derechos avasallados por el régimen dictatorial en el poder.
En esta ocasión, y ya en camino a los próximos procesos electorales de febrero y marzo de 2024, algunos candidatos a cargos de elección popular, incluidos candidatos a la presidencia de la República, se sumaron a la marcha opositora, donde las fuerzas de izquierda y populares fueron predominantes.
Insólito discurso presidencial
El discurso presidencial en la noche del 15 de septiembre resultó insólito por lo irreal, por lo falaz de sus promesas, por la imagen idílica de un país inexistente que describe, y del aparente convencimiento presidencial que no importan las mentiras que transmita, estas serán creídas por un considerable porcentaje de audiencia. Solo porque él lo diga.
Sin embargo, ese mismo acto publicitario del mandatario, que ha convertido toda actividad pública en un espectáculo de farándula, resultó patético en la medida que evidenciaba la desesperación de un gobierno por ganar tiempo a fuerza de engaños, ante la catástrofe económica que ya no amenaza el país sino que se verifica cada día en el drama familiar de millones de personas sin trabajo, sin ingresos, sin esperanzas; de jóvenes sin futuro que son expulsados del país a edades cada vez más tempranas para, en caso de sobrevivir a la espeluznante travesía migratoria, transformarse en mano de obra barata y explotable en México, EEUU o Canadá, pero que resultan extraordinarios proveedores de fondos a través de remesas familiares.
Hoy se suma al desastre financiero que afecta a las y los trabajadores, el impago de pensiones, supuestamente resuelto, de acuerdo a la propaganda oficial, como resultado de la reforma que impulsó este gobierno; hoy sabemos que ya las AFP comienzan a reducir el pago de pensiones al 75% cuando se agota el saldo de las cuentas individuales de los contribuyentes, violando el carácter vitalicio de pensiones vigente desde el año 2007. Una vez más es el pueblo el que carga con el peso de la crisis.
El mandatario también negó en su discurso que fuera a desaparecer el Insaforp, como por Ley sucederá, de acuerdo al anteproyecto presentado por el Ejecutivo y que -como es costumbre- sus empleados en el parlamento, llamados también diputados oficialistas, aprobarán sin dedicarle un segundo de discusión, debate o pensamiento.
Aunque habló de un nuevo o renovado Insaforp, no dijo que será un instituto esquelético e inútil, con 48 millones de dólares menos, de los 60 que tenía presupuestado hasta ahora. Aseguró que 30 millones irán destinados a la lucha contra la pobreza a través del plan Integración, otro eufemismo para designar los agujeros negros donde se esfuman los fondos transferidos de organizaciones que cambian funciones, reducen su área de acción, o simplemente desaparecen, según la voluntad del mandatario o su clan familiar.
Con la reducción presupuestaria del Insaforp se garantiza su desaparición en el mediano plazo; mientras tanto, se comenzará a labrar una historia típica de las narrativas neoliberales: asfixiar financieramente una institución meta, desnaturalizándola y haciéndola “ineficiente”, mientras se comienza a “descubrir” desde la prensa, que el organismo en cuestión no cumple sus funciones. Se establece así en la mente ciudadana la lógica que si desaparece “no se pierde nada”. Es la historia de las privatizaciones en salud, educación, servicios de diverso tipo, infraestructura, etc., a lo largo y ancho del continente. No inventa nada el grupo económico a cargo del gobierno.
¿A dónde irán los 48 millones desviados del Insaforp? Al inexistente plan de control territorial, en una hipotética fase seis, sin que se conozcan aún las 5 etapas previas.
Una parte de ese dinero (18 millones) se destinaría a la digitalización escolar; sin hacer mención a otros fondos en previos presupuestos, ya asignados a esos objetivos, pero jamás cumplimentados. Una farsa. Como todo en este gobierno que mira siempre a otro lado cuando de resolver problemas se trata.
Mientras tanto, la cifra de prisioneros sin causa, sin conocer quién los acusa, sin derecho a justo proceso, enfrentando posibles juicios colectivos de hasta 900 personas, suman ya cien mil en todo el país, según datos oficiales dados a conocer esta misma semana. Otro dato, esta vez de organizaciones humanitarias y de DDHH, cifra en 200 los muertos en manos del régimen, mientras alcanza los 20 mil el cálculo de víctimas inocentes en las mazmorras del bukelismo.
La prostitución del escenario público
En cuanto a la inoperancia y prioridades del régimen, los ejemplos abundan. El paso carretero de Los Chorros sigue cobrando vidas y causando accidentes por deslave de tierra y roca de la montaña sobre la carretera, mientras las promesas de solución llevan 4 años sin cumplirse. Prefieren invertir en un balneario de lujo para ricos y famosos en el litoral marítimo, pagar millones de dólares por un concurso de belleza y acondicionar escenarios, parques y plazas para que desfilen las concursantes de Miss Universo.
El anuncio de una supuesta inversión de 500 millones de dólares con una multinacional digital para informatizar el Estado, no es más que otra contratación oscura, lejos de tratarse de inversión extranjera que llega al país, como mienten desde medios oficiales.
Lo importante para esta política del espectáculo, con un escenario público prostituido, es la fotografía con representantes de la multinacional, con los surfistas y turistas, con reinas de belleza y ahora, con el Emir de Qatar. La realidad del “país real” no importa.
El discurso presidencial, llamando a la colaboración de la empresa privada y de los gobiernos amigos, debe entenderse como otro grito desesperado de un rey desnudo que aún no lo sabe. Lo cierto es que el país está quebrado y hasta su caja chica muestra signos de agotamiento.
El reciente acuerdo con la banca privada nacional, según la calificadora Moody’s, implica un riesgo importante y no garantiza, en el largo plazo, la sostenibilidad de la deuda. “La alta concentración de la deuda pública y su refinanciamiento hacia más largo plazo afectaría negativamente la flexibilidad financiera de los bancos”, advierte Moody’s en un comunicado que publicó el 9 de septiembre. Añade que la banca local ya ha asumido un riesgo importante al concentrar su patrimonio en títulos estatales, que en 2019 sumaban alrededor de $900 millones y este año suman unos $2,700 millones. La calificación crediticia de El Salvador establecida por Moody’s es, Caa3, un alto riesgo de impago que tarde o temprano afectará a la banca que pretende hoy ayudar a oxigenar al régimen.
El discurso presidencial en este sentido no es más que otro paso en la huida hacia adelante, que no conduce a ninguna parte, más que a saltos al vacío. El vacío de los bolsillos del pueblo, aunque en esta desquiciada política hay también ganadores: son las cuentas de unos cuantos, que rebosan con el dinero del tráfico de influencias, los sobornos, el dejar hacer dejar pasar del “crimen organizado de alta gama” (Estados Unidos, acaba de incluir a El Salvador en la lista de países de mayor producción y tránsito de drogas), y en general el bloque de poder asociado a intereses multinacionales.
La Universidad Francisco Gavidia informó recientemente que ha encontrado en sus estudios de redes sociales una producción de 100 videos diarios dedicados a impulsar la imagen presidencial. Detrás de la cuidada exhibición de un país de fantasía, impulsado a golpe de video, se esconde un país extremadamente vulnerable, una sociedad empobrecida, desesperada, deseosa de emigrar, por más que el ocurrente mandatario prediga una futura “migración inversa”; si no se refería a un aumento de deportaciones desde EEUU, solo se puede interpretar la declaración como una bravuconada insultante para la inteligencia de la ciudadanía salvadoreña.
La UES sigue secuestrada
Mientras tanto, el gobierno le sigue debiendo $42 millones a la Universidad de El Salvador; su campus sigue secuestrado por un gobierno inepto que se tomó las instalaciones a través del Ministerio de Obras Públicas, violando el espacio autónomo universitario con la excusa de remodelar edificios para los juegos centroamericanos, que solo dejaron lucro añadido al clan familiar y sus socios a través del negocio del deporte.
Aunque los juegos son ya historia, el campus sigue secuestrado; los estudiantes siguen siendo afectados con la imposibilidad de acceder en muchos casos a formación presencial. Con la impunidad y descaro que le caracteriza, el gobierno anuncia que ha decidido no devolver el campus hasta el año 2024.
Es en ese marco que una parte considerable de organizaciones sociales y políticas, mujeres, jóvenes, estudiantes, veteranos, sindicatos, gremios profesionales, comunidades y muchos otros sectores sociales urbanos y rurales, salieron a las calles de San Salvador, desafiando el montaje del gobierno, el aparato intimidatorio represivo, la persecución mediática desde los órganos oficiales, y la andanada de mentiras disparadas a cañonazos digitales desde las redes controladas por el oficialismo, para denunciar el permanente fracaso del Bitcoin, el insoportable costo de la vida, la falta de oportunidades para los sectores mayoritarios de la población. También marcharon en contra de la inconstitucional reelección presidencial, en defensa de la vigencia de los derechos humanos, el retorno a la legalidad pisoteada por el también inconstitucional régimen de excepción.
El régimen y sus corifeos pretenden entablar un debate de cifras, comparando de manera maniquea el volumen de las columnas acarreadas y obligatoriamente convocadas de escolares, docentes, empleados públicos de todo el aparato estatal, en todo los niveles, bajo apercibimiento de perder sus puestos de trabajo, con la convocatoria popular, hecha sin recursos, a base de consciente resistencia para frenar los avances de las formas cada vez más fascistoides de gobierno, y sobre todo, en defensa de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías, pobres y empobrecidas cada día por un régimen brutal que solo mira por sus propios intereses corporativos.
La lucha, sin duda, es de largo plazo, y en ella la batalla por cambiar la correlación de fuerzas en favor del campo popular se libra diariamente con la denuncia, la concientización y organización del pueblo, el apoyo a los justos reclamos, y la lucha de calles en cada oportunidad que se presente.
La popularidad del régimen no es un parámetro definitivo; Hitler y Mussolini fueron aún más populares, pero ya la historia nos enseña como terminaron, ellos y los fanáticos que los apoyaron eufóricamente en la violación de las leyes.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: LPG/ José Cardona
