Una frase de James Carville, asesor del candidato presidencial Bill Clinton, y que se aduce provocó el descalabro final de su oponente republicano, Jorge W. Bush (padre), parece seguir retumbando (y rebotando) ante oídos poco educados y cabezas limitadas, más interesadas en la publicidad y el autoelogio que en verdades comprobables. A aquella frase ya nos hemos referido con anterioridad, pero parece que en algunos casos es mejor repetirla, cuanto más, mejor, sobre todo a un gobierno ciego y sordo a todo lo que no sean autoelogios, marketing y publicidad: “¡Es la economía, estúpido!”
Los paralelismos de aquel lejano 1992 en EEUU y los argumentos y acciones de este año 2023 en un lugar tan lejano y tan distinto como El Salvador, no dejan de llamar la atención. En aquellos días, el republicano adornaba su oratoria de debate frente a la batería de cuestionamientos de un novato aspirante demócrata, haciendo referencia a victorias militares estadounidenses (de corto y de largo plazo), como el fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el colapso del llamado Socialismo Real, y la guerra en el Golfo Pérsico, entre otros temas de política exterior.
En una suerte de salto en el tiempo, hoy el autócrata que desde CAPRES rige los destinos de El Salvador, recurre al mismo lenguaje belicista; destaca y martilla sus mensajes acerca de la guerra contra las pandillas; su vicepresidente deshonra su profesión de abogado pretendiendo maniqueamente equiparar el concepto jurídico de Jus ad Bellum (el derecho sobre el empleo de la fuerza) a la situación salvadoreña. Esa rama del derecho internacional humanitario define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra, suele afirmar el otrora respetado jurista, devenido hoy en portavoz justificativo de las malas prácticas del oficialismo. Pero ese criterio se refiere a la guerra entre estados y no al accionar bélico del gobierno contra su propia población, aunque se trate de crimen organizado, porque para ello el Estado de Derecho establece los mecanismos, instrumentos y legislación apropiada para su combate, ajustándose también al derecho internacional.
Haciendo uso de una parafernalia bélica, el gobierno ataca un problema que objetivamente mantenía a la población salvadoreña en zozobra y angustia, pero para ello arrasa con derechos constitucionales, viola derechos humanos y civiles, y pone de manera arbitraria al conjunto de la población que dice defender en una situación de profunda vulnerabilidad jurídica, al hacer tabla rasa con los derechos ciudadanos.
Es correcto resolver un problema que angustia a la ciudadanía, pero no lo es si para ello se violan métodos, reglas y formas; no lo es si se atropellan leyes y derechos, porque entonces no se hace justicia, sino que se ejerce venganza.
Resulta elocuente la polémica sostenida esta semana en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro, de Colombia, y el inquilino de CAPRES. Allí queda claramente establecida la diferencia entre un régimen autoritario y extremista como el salvadoreño, capaz de difundir con orgullo las imágenes de miles de internos sometidos y medio desnudos, a la vez que se jacta de haber construido una cárcel con celdas para 40000 detenidos pero sin un solo espacio de patios o zonas de visitas; mientras en el otro extremo de la lógica, el estadista colombiano destaca la importancia de la educación como arma formidable para atacar las causas del crimen y promover el desarrollo de políticas preventivas.
En el terreno de la opinión pública internacional resulta claro que el tema de la mega cárcel, y la difusión de imágenes que no escatiman en crueldad, ha significado la gota que derramó el vaso de la paciencia internacional ante un régimen que dedica ingentes esfuerzos en mostrarse cruel, inhumano y vengativo, considerando “secundario” cualquier elemento que se interponga ante el logro de sus objetivos (como, por ejemplo, los derechos humanos o el estado de derecho). A juzgar por las reacciones en diversas partes del mundo, la campaña de marketing con el tema de la cárcel más grande de América, le ha salido al régimen como un tiro por la culata.
Pero en El Salvador, sin duda, la actual sociedad, contaminada por décadas del sentido común imbuido de pragmatismo neoliberal, prefiere soluciones rápidas, de corto plazo, aún a expensas de derechos y libertades, y eso explota el régimen salvadoreño, al cual las medidas adoptadas elevan su popularidad local; al mismo tiempo, la maniobra le sirve para eliminar o neutralizar fuerzas criminales con las que, según análisis e investigaciones periodísticas serias y documentadas, el mismo gobierno había tenido pactos y negociados, hasta el punto de haber sido esas mismas pandillas, instrumentales para el triunfo electoral del actual gobierno.
Por eso, como aquel viejo antecesor republicano, los autoritarios neoliberales salvadoreños que gobiernan el país centran su discurso en esos argumentos belicistas. Olvidan, sin embargo, como le sucediera entonces a Bush padre, que la preocupación de la gente está en su bolsillo, en su economía familiar, en el acceso o no a recursos materiales suficientes para asegurarse una vida digna.
Una crisis insalvable
Todas las cifras desde que el gobierno asumió, más de tres años atrás, pero particularmente desde finales del año pasado e inicios del actual, muestran una economía nacional a la deriva, sin rumbo, sin planes, sin recursos.
Algunos ejemplos servirán para subrayar lo señalado. En los dos últimos años, El Salvador es el país de la región con menos inversión extranjera directa, el de menor crecimiento económico y el que tiene las finanzas más maltrechas. La confianza de los inversionistas, en particular de aquellos interesados en inversiones productivas, resulta casi inexistente. A partir de las fracasadas políticas de adopción del Bitcoin, el país se transformó en un polo de atracción de capitales especulativos y fondos de origen oscuro, proclives a ser lavados en el mercado salvadoreño de los criptoactivos.
Desde CAPRES continúan argumentando que la popularidad presidencial resulta incontrastable; esta afirmación es tan cierta como relativa. Aquellos que lo califican positivamente, posiblemente lo hacen montados en dos factores: 1) la efectividad de la guerra contra las pandillas, y 2) la masiva manipulación mediática a que esa misma opinión pública es sometida día y noche.
Sin embargo, muchos de los mismos que adulan al autócrata por las medidas de seguridad sufren hambre en sus hogares, son afectados por la escalada inflacionaria, que en un año representa una elevación del 7%, mientras los alimentos han experimentado aumentos de precios que rondan el 28%; particularmente el alza se verifica en maíz, frijol, huevos, lácteos y, en combustibles y servicios. La ausencia de inversión productiva y de desarrollo económico afecta gradualmente la recaudación de impuestos, particularmente IVA e impuestos a las ganancias
Los últimos cálculos de crecimiento económico para el presente año de parte de organismos independientes, como la agencia británica EMFI, sitúan el mismo en 1.3%, muy por debajo de los optimistas cálculos oficiales divulgados por el BCR (en torno al 3%). Al mismo tiempo, esa agencia subraya el incremento de la deuda interna ante el cierre de fuentes externas, debido al alto riesgo de impago de El Salvador y consecuentemente las altas tasas de interés que debería pagar para obtener créditos en mercados internacionales.
Ante esa situación, el gobierno recurre al endeudamiento interno, que en 2022 alcanzó los $6,800 millones (21.4% del PIB), aumentando un 79.9% desde los $3,800 millones (14.5% del PIB) alcanzado en 2018.
Para 2023, el gobierno salvadoreño espera recibir de fuentes de deuda interna $3,216 millones ($472 millones para financiamiento presupuestario y $2,744 millones para refinanciar deuda de corto plazo). Queda en evidencia así la farsa de aquellos mensajes fabricados desde CAPRES, presentando al presidente como ilusorio mago de las finanzas. La realidad es que están endeudando al país y vaciándolo de capitales, deudas que pagarán generaciones por venir.
Más allá de los cálculos a futuro, El Salvador sigue siendo el país de menor crecimiento económico de la región, y uno de los de más bajo crecimiento de América Latina y el Caribe, lo que equivale decir que estamos apenas por encima de Haití. ¡Vaya logro de este gobierno! Que, sin embargo, se permite ofrecer su mágica panacea represiva para que el convulso y desestructurado sistema haitiano pueda implementar las brutales medidas de represión y confinamiento indefinido como forma de resolver sus problemas internos (es preciso señalar que, en el caso de Haití, su pueblo vive desde hace décadas inmerso en un régimen de excepción permanente).
La crisis económica salvadoreña, por otra parte, golpea con más fuerza a la población económicamente activa pero incapaz de asegurar un trabajo estable, mucho menos un ingreso seguro, regular y digno. La congelación del salario mínimo hace que la espiral inflacionaria se ensañe con esos sectores que, aunque hoy siguen defendiendo al régimen gobernante, e incluso por el momento consideran aceptable la ilegal reelección presidencial anunciada hace ya varios meses, no garantiza en ningún caso que ese favoritismo no pueda cambiar radicalmente de un momento a otro, en la medida que la crisis se agudice.
Por eso, diversos sectores de izquierda y revolucionarios vienen advirtiendo acerca de la situación, considerando El Salvador como una virtual bomba de tiempo social, presta a explotar en la medida que el gobierno continúa demostrando su profunda incapacidad para resolver este tipo de problemas, además de mantener una larga lista de promesas de campaña electoral incumplida.
Esa situación se sigue acrecentando, como si se tratara de una habitación cerrada donde una fuga de gas fuese llenando el lugar, hasta que cualquier mínima chispa pueda hacer volar todo por los aires.
Eso intenta evitar el gobierno, pero no a través de respuestas de política económica, que es incapaz de estructurar, sino a través del marketing, la propaganda, y la desviación de la atención de amplios sectores.
Sin embargo, este gobierno sabe perfectamente que mientras la política de seguridad no garantiza la resolución del problema en el largo plazo, porque sus causas estructurales jamás han sido abordadas, el problema principal y más peligroso, la crítica situación económica, tanto de la población como del país, conduce inexorablemente a conflictos, confrontaciones, lucha de calles de diversos actores, que se verán obligados a pelear por su supervivencia y la de sus familias. Sin duda, cuando eso suceda, las mismas fuerzas armadas y cuerpos policiales que hoy desde el gobierno venden como “héroes”, serán utilizadas como brazo que intentará neutralizar y aniquilar toda forma de resistencia popular.
Ese es el carácter del conflicto que se avizora. Resultará imperativo a las fuerzas de izquierda y revolucionarias, sostener el ritmo organizativo y la imprescindible capacidad de acumulación de fuerzas, desde la resistencia, las luchas en las calles y sectoriales para enfrentar exitosamente a un régimen que, al agudizarse el conflicto, verá también reducirse aquel ilusorio 90% de popularidad que sigue insistiendo que tiene.
La aspiración del régimen es su reelección para evitar juicios y prisión por las groseras violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho. Para la izquierda, la campaña electoral que se avecina puede y debe convertirse en campo propicio para el desarrollo, acumulación y crecimiento de fuerzas en el camino de la resistencia y la lucha.
Las nuevas acusaciones judiciales contra diversos exponentes del FMLN no vienen sino a corroborar que es a las fuerzas de izquierda a las que el régimen necesita diezmar, y si es posible desaparecer del panorama político nacional. Para decirlo en pocas palabras, ni el régimen se cree sus propias mentiras. Sabe que mientras exista una fuerza de carácter revolucionario, el autoritarismo dictatorial con rasgos neofascistas y autocráticos será muy difícil de sostener en el tiempo, mucho más si, como sucede en El Salvador, las puertas de acreedores externos permanecen cerradas, la deuda interna crece aún más que lo que creció la deuda externa y los problemas de las familias salvadoreñas siguen sin ser abordados. En otras palabras, posiblemente será la economía la que matará al régimen.
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Desorden en calles de San Salvador/Foto René Estrada.
