El Salvador y Singapur no se parecen en su riqueza, condiciones de vida y situación económica de su población. Sin embargo, el “Pulgarcito de América” es un calco (corregido y aumentado) de aquel en muchas de las formas autoritarias de ejercer el poder (decenas de miles de capturados en los 10 meses de vigencia del régimen de excepción, colocan al país con el mayor número de presos en América Latina, en relación a su población), y de poner al mercado como dios. En el caso de El Salvador ese mercado está puesto al servicio del interés de la emergente burguesía que tomó por asalto el Estado y sus instituciones, desde hace tres años y medio.
Un falso relato de país próspero se construyó con la complicidad de miles de troles y mercenarios digitales que nos venden una ficticia nación con independencia financiera; con ministros de hacienda y funcionarios de economía que aparecen ante cámaras despreocupados por el pago de la deuda, como si se tratara de un problema menor que solo preocupa a los que no tienen sus conocimientos en el manejo de las finanzas públicas.
Lo hacen también para hacernos creer que el Bitcoin no ha sido el fracaso que en realidad es. En todo caso, y como todo en ese salvaje mundo de la hipocresía y el canibalismo financiero, algunos han resultado ganadores; no por casualidad brillan entre ellos millonarios estafadores y lavadores de activos.
Más allá de la propaganda exterior, dentro de El Salvador no se requiere mucho para desmontar la falacia de la prosperidad nacional, basta con ir a cualquier mercado para ver que la canasta básica es ya inalcanzable para cada vez mayor número de familias.
Es evidente que la crisis de liquidez por la que pasan las finanzas públicas ha dejado hace tiempo de ser un problema coyuntural para transformarse cada vez más en un problema estructural.
El endeudamiento descontrolado y sin limitaciones gracias a que el Ejecutivo cuenta con un cuerpo legislativo y judicial no solo sumiso sino servil a las órdenes presidenciales, que fue cómplice necesario en el aplastamiento de cualquier forma legal de control ciudadano, empezó ya desde el año pasado a encontrar serias dificultades para sostenerse por los canales habituales (organismos multilaterales, bancas regionales, emisión de bonos y certificados del Estado, etc.). Esto debido a las dificultades para honrar la deuda, la consecuente pérdida internacional de confianza en el país, las denuncias internacionales de corrupción y nepotismo, a las que se suman crecientes señalamientos de violaciones sistemáticas a los DDHH; todo ello genera en los acreedores la percepción del país como potencial deudor incobrable.
A lo anterior se suma la forma errática del manejo de la economía nacional, que ha ido limitando las posibilidades de obtener recursos para un Estado que, como sosteníamos más arriba, no opera en función del bien común sino del enriquecimiento de una clase emergente, liderada por el clan de gobierno. Así, logró pasar leyes que le permiten extraer fondos de los ahorros de los trabajadores, y obtener otros recursos a través del incremento de algunos impuestos y tasas, pero en general esto le resulta insuficiente. Requiere de nuevas fuentes de ingreso.
Como no se ha impulsado en ningún sentido la producción nacional, la inversión productiva nativa o extranjera, la creación de fuentes de empleo sigue siendo insuficiente, las pocas maquiladoras y otras empresas asentadas en el país comienzan a expulsar personal, paso habitualmente previo al desmantelamiento y cese de actividades en el país. Tampoco las remesas, irremplazable tubo de oxígeno para las economías de países subdesarrollados, logran cubrir o satisfacer la voracidad de esta nueva burguesía.
Cualquier apoyo a la producción agrícola ha desaparecido y cada día un nuevo golpe se asesta sobre las familias campesinas; el hambre y la inseguridad alimentaria se acrecientan, y la dependencia externa para productos tan básicos como maíz, frijol, arroz, se hace realidad. El último caso se conoció esta semana pasada, cuando por disposición de una cláusula del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el arroz comenzará a ingresar al país sin pago de aranceles; esto, sin duda, destruirá casi por completo esta actividad agrícola en el país, incapaz de competir frente a granos altamente subsidiados por EEUU.
En cuanto al consumo local, apenas se mantiene gracias a las remesas, pero sigue resultando una variante volátil en la medida que la sombra oscura de la recesión se cierne principalmente sobre los países centrales, pero con inmediatos y devastadores efectos en economías tan dependientes como la salvadoreña.
El panorama resulta entonces, serio y preocupante. El gobierno recurre a pagar deuda con deuda para evitar caer en la cesación de pagos que le recortaría el flujo de créditos, y busca desesperadamente nuevos recursos.
Es cierto que el Bitcoin ha resultado un fracaso por el que cada hombre y mujer en El Salvador deberá pagar en el futuro, y que lleva a estas alturas una pérdida aproximada del 60% respecto a su precio de compra original por parte del presidente (debemos escribirlo así, en términos personales, porque es este individuo el que juega de forma exclusiva con los dineros de todo el pueblo, al invertir dinero público desde sus dispositivos móviles personales, sin ofrecer explicación alguna de estas operaciones). La oscuridad y secretismo de los mecanismos de compra hacen casi imposible tener datos exactos acerca de los niveles de inversión o, en su caso, de pérdida o ganancia de dichas operaciones.
El objeto del empecinamiento del gobierno en el criptoactivo parece responder a la necesidad cada vez más apremiante de llegar a emitir sus famosos “bonos volcán”; otro producto publicitario que buscaría encontrar ingenuos y especuladores del mercado financiero internacional capaces de ofrecer al gobierno de El Salvador préstamos en dólares a cambio de bonos de compromiso de pago en Bitcoin. Sin duda operaciones de enorme riesgo en función de la probada volatilidad de los criptoactivos.
¡Es la minería! (la causa de las detenciones)
Así las cosas, se expresan preocupaciones en diversos organismos del campo popular particularmente interesados en el desarrollo sostenible del país, con una dedicada atención a cuestiones esenciales para las posibilidades de vida en El Salvador, como controlar, evitar y revertir el deterioro ecológico de uno de los países más vulnerables del continente, que requiere prestar atención a sus recursos acuíferos, deforestación, erosión del suelo, efectos del cambio climático, etc.
Sin embargo, esta situación podría estar directamente en un curso de colisión con la voracidad gubernamental para encontrar recursos que le sigan permitiendo afianzarse como clase económica dominante y hegemónica y garantizar su permanente política de concentración de capitales. Esos recursos podría encontrarlos en la popularmente detestada minería metálica.
Es conocida la lucha heroica llevada a cabo por las comunidades, particularmente las afectadas en el departamento de Cabañas, donde la organización de sus habitantes en su tenaz lucha contra los intereses corporativos de mineras canadienses, con sus proyectos de minería metálica a cielo abierto para extracción del escaso oro que se encuentra en la formaciones rocosas de la región, diezmaron sus escasos recursos acuíferos, contaminaron con químicos las zonas de explotación, corrompieron funcionarios del Estado salvadoreño, compraron periodistas y medios, financiaron ONG para que justificaran sus proyectos con el falso y retorcido concepto de la “minería verde”; intentaron comprar a los líderes sociales de aquellas luchas y, ante el fracaso de estas últimas maniobras, recurrieron a las amenazas, que terminaron con la vida de tres líderes comunales asesinados a mansalva en un intento por detener la lucha.
Aquellas gestas, duras, difíciles, heroicas, de un David contra Goliat, que movilizaron primero a las comunidades a nivel local hasta despertar las conciencias de la ciudadanía a través de innumerables marchas y presentaciones públicas en San Salvador, trascendiendo luego fuera del país culminó, ya en los gobiernos del FMLN, con el triunfo de la defensa de los intereses del pueblo, cristalizada en la legislación que prohíbe la minería metálica en todo el territorio salvadoreño.
El 27 de abril de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Establece el principio de que la minería de metales afecta al medio ambiente y la salud de las personas y constituye «una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias». La prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, y también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.
Hoy todos aquellos avances vuelven a estar en riesgo ante la desesperación del gobierno por nuevas fuentes de ingresos. Varias acciones oficiales dan asidero a estas sospechas. Hace apenas unos días, estudiosos de la jesuita Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA dieron a conocer algunas de ellas.
1. En mayo de 2021, El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería.
2. El 26 de octubre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de creación de la Dirección General de Minas e Hidrocarburos.
3. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional determinó que el uso de las aguas freáticas en terrenos privados no debe pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. El vicerrector de la UCA, Oscar Serrano, no descarta que este principio también pueda ser aplicado a metales como el oro y la plata.
4. El 23 de noviembre de 2021, el Órgano Legislativo aprobó una ley para expropiar inmuebles cuando se estime que sea conveniente para el desarrollo, en casos en los que no se logre acuerdo con los dueños. Serrano cree que los legisladores podrían aplicar esa ley en el caso de terrenos que contengan metales preciosos.
5. La detención de líderes comunitarios en Santa Marta, Cabañas que fueron según Serrano “claves” para concretar la ley de prohibición de la minería metálica.[1]
En esta materia es necesario un regreso a la historia, a la comprensión de los hechos en su contexto actual pero también histórico, para llegar a abarcar en toda su profundidad la interpretación adecuada de cada acción de este gobierno corrupto y entreguista de los escasos recursos naturales del país, sin consideración alguna hacia el medio ambiente y el respeto a las poblaciones que habitan esos territorios.
Ese es el sentido de la narrativa fascista presidencial de pretender que olvidemos la historia, negarla, vilipendiarla, degradarla, para hacer desaparecer de ella toda forma de lucha y resistencia popular. Hacer eso representaría en este caso, olvidar los avances obtenidos en materia medioambiental gracias a la lucha del pueblo desde sus bases territoriales, que se mostraron capaces de organizarse, movilizarse y presentar una estrategia victoriosa de más de 10 años ante los grandes monopolios y consorcios internacionales.
Esas poblaciones fueron también capaces de tejer en favor de sus luchas una muy amplia alianza popular que abrazó en los hechos las mejores tradiciones de la defensa del interés nacional, con un claro sentido antiimperialista. Su lucha demostró que vale la pena, que es posible triunfar y que para ello es imprescindible la organización y la suma de voluntades más amplia posible desde el campo popular.
El arresto, la semana pasada, de los dirigentes de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, es un intento del gobierno de matar en su cuna cualquier posible resistencia popular ante las maniobras de retroceso histórico que nos amenazan. Encarcelaron dirigentes no solo comprometidos sino capaces, honestos y sobre todo experimentados en las formas de lucha colectiva, necesarias para avanzar en estrategias de construcción, no solo de resistencia sino de poder popular.
Así y solo así deben interpretarse estas capturas. Nuevamente es la comunidad de Santa Marta, organizada en vigilias, protestas, denuncias y acompañamientos la que nos da el ejemplo del camino a seguir. Una senda que nos muestra la forma para derrotar el enceguecimiento general de la población, manipulada a fuerza de desinformación digital y mentiras institucionales, que garantizan, por ahora, al régimen autocrático una popularidad asentada en el lodo de la mentira, la manipulación, la desinformación, el miedo, la represión y la falsedad.[2]
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Arte Raúl LLarull*
Referencias:
[1] Los 6 indicios del posible retorno de la minería metálica a El Salvador según la UCA, DEM, 18 de enero de 2023 [2] Desinformación y propaganda impulsan la alta aprobación del Gobierno de Bukele, EDH 19 enero 2023
