No resulta sorprendente que un número considerable y creciente de fuerzas de derecha y de extrema derecha en América Latina, vuelvan sus ojos hacia quien parece conducir los hilos del poder en El Salvador de acuerdo a sus exclusivos intereses y los de su grupo económico asociado; si algo reconocen esas fuerzas conservadoras y reaccionarias es que el régimen salvadoreño implementa de manera consistente una política claramente hostil hacia la clase trabajadora, las fuerzas de izquierda y todo movimiento social progresista. Aspiran a que si ese régimen se consolida exitosamente pueda ser emulado, adecuándolo a diferentes realidades nacionales. La lucha popular y la solidaridad internacional están llamadas, como en otros tiempos, a impedir estos oscuros proyectos.
Un ilusionista en funciones
Esta semana, por enésima vez, el gobierno de El Salvador anunció que la población contará dentro de un año y medio, con el nuevo hospital Rosales, en reemplazo del decrépito y único hospital de servicios de tercer nivel del país, que atiende a unos 3 millones de pacientes sin cobertura médica privada ni Seguro Social.
Siguiendo su costumbre de utilizar las actividades oficiales para manipular, engañar a la población y generar mensajes de odio contra la oposición, en particular contra gobiernos anteriores, y convertir cada actividad en una acción de campaña o en un mitin partidario, el régimen montó un espectáculo nocturno con luces y despliegue publicitario para colocar una “primera piedra”, anunciada reiteradamente desde hace cuatro años.
Como si se tratase de un prestidigitador que se gana la vida explotando la ingenuidad de la gente a base de trucos, el régimen autoritario salvadoreño soslayó que desde el año 2018 el Estado cuenta con los fondos asignados para la construcción de dos hospitales, el nuevo Rosales y el de Nejapa, al norte del departamento de San Salvador. El préstamo autorizado por la anterior Asamblea Legislativa en julio de 2018 (un año antes que el actual gobernante asumiera su cargo), fue de $170 millones otorgados por el BID, de los cuales 80 estaban destinados para el nuevo Hospital Rosales y otros 27 millones para el que se construye en el municipio de Nejapa.
Inicialmente, la construcción fue presupuestada en $29.6 millones de dólares. Sin embargo, autoridades de Salud han afirmado posteriormente que el costo sería de $52 millones, y el presidente anunció este pasado jueves, durante el acto en mención, que el monto total, con equipamiento incluido, ascendería a $61.2 millones, esto es más del doble del monto originalmente presupuestado.
Haciendo gala de su ya tradicional opacidad en la toma de decisiones y en el uso de fondos públicos, el gobierno jamás dio una explicación acerca de los sucesivos retrasos. Hay que recordar que la última vez que realizó un anuncio relacionado con esta obra fue hace 21 meses, durante el discurso presidencial del 15 de septiembre de 2021, en ocasión de celebrarse el Bicentenario de la Independencia.
La elocuencia de las mentiras oficiales
Como en otras ocasiones, el anuncio sirve para decir algo mientras en la trastienda suceden cosas muy diferentes. Por ejemplo, el presidente anunció que no hay una empresa subcontratada para la construcción de la obra, estimada en unos 18 meses, sino que estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM); afirmó además que la obra será ejecutada con fondos propios. Ambas afirmaciones resultaron ser falsas. La primera, evoca inmediatamente la realización de obras por parte exclusivamente del Estado, a través de una estructura creada por este gobierno para hacerse cargo de los trabajos municipales, una vez que desde el Ejecutivo se despojó a los municipios de sus fondos y se desmanteló la estructura estatal encargada de brindar apoyo a los territorios.
Sin embargo, el diseño del hospital estuvo a cargo de una empresa argentina y otra de Colombia las cuales, según afirma EDH al dar cobertura al evento, ya “han diseñado 46 construcciones en El Salvador”. En cuanto a la segunda, como ya dijimos, lejos de tratarse de fondos propios, es resultado de un préstamo gestionado y acordado por el anterior gobierno ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
El argumento de los fondos propios tiene que ver con el cambio de reglas por el actual gobierno, que ante lo que aduce como falta de ofertas de empresas extranjeras, llevaría al Ejecutivo a asumir la obra; sin embargo, los fondos del BID siguen en caja y deberán ser utilizados por el Ministerio de Salud, sin duda con la autorización del Banco; de tal modo que aunque quieran presentarlos como fondos propios (producto de una recaudación fiscal que, por cierto, permanece a la baja de manera consistente), cuando mucho se trataría de un redireccionamiento de fondos dentro de la misma estructura presupuestaria.
Por otra parte, las demoras, a pesar de contar con los fondos, parecen señalar claramente las prioridades del régimen y las intenciones propagandísticas de cada una de sus acciones. Para poner algunos ejemplos, en 2020, explotando la atención e incertidumbre pública generada a raíz de la pandemia de COVID19, el régimen hizo gala de su aparato de propaganda para anunciar “el más grande hospital de Latinoamérica, equipado con mil camas UCI”, supuestamente especializado en la enfermedad, entonces virulenta, y mortal en muchos casos.
El engendro fue simplemente un galerón o bodega, construido a base de negociados ocultos (recordemos, entre otros, el escándalo a raíz de equipos de aire acondicionado, cuyo proveedor fue una empresa de quien es actualmente el jefe de bancada oficialista), como reportaba entonces El Faro:
“Aire Frío S.A de C.V, una empresa fundada por el candidato a diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara, ganó ocho contratos con el MOP por 1.09 millones de dólares para proveer aires acondicionados a hospitales públicos durante la emergencia por covid-19”
También vale recordar los negociados de la familia del ministro de Salud y primo del presidente, Francisco Alabí, entre muchos otros casos que fueron revelados a lo largo del tiempo, sin que nadie fuese siquiera procesado por actos de corrupción. El Hospital El Salvador fue erigido en el predio hasta entonces designado como centro de ferias y convenciones. Hoy es una instalación inútil, o al menos completamente subutilizada, como se demostró recientemente en la trágica noche en que 12 personas fallecieron y centenares resultaron heridas en un partido de fútbol en el Estadio Cuscatlán. Ninguna víctima fue trasladada o atendida en el “hospital más grande de Latinoamérica”.
En cuatro años de gestión no hay un nuevo hospital nacional de referencia para los sectores más desposeídos del país; en cambio, se construyó en tiempo récord un hospital para mascotas, cuya primera piedra se colocó en noviembre de 2021 y se inauguró en febrero de 2022, a un costo de $4.9 millones. En este caso, y nuevamente afirmando cosas indemostrables debido al ocultamiento oficial de información, aseguró que el hospital veterinario fue financiado con las ganancias de las inversiones en Bitcoin; una burda maniobra publicitaria que pretendió, sin éxito, desacreditar a quienes mayoritariamente se oponían a las inversiones públicas en criptomoneda, en especial la declaración del BTC como moneda de curso legal en el país.
Otra muestra del orden de prioridades oficial fue la construcción de la mega cárcel, presentada por el régimen como la más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40mil personas detenidas en condiciones de permanente violación a derechos básicos y elementales. Cárceles antes que hospitales. El costo y pormenores de la edificación del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en una zona rural del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, se mantienen ocultos debido a la declaración oficial de reserva de cualquier información relacionada con el mismo. El nuevo Rosales, mientras tanto, estará listo, como muy pronto, en diciembre de 2024.
Un régimen enemigo de la clase trabajadora
Aunque se trata de una política oficial implementada desde el inicio de la actual administración, con la designación del titular de la cartera de Trabajo, Rolando Castro, un antiguo articulador de políticas sindicales mafiosas, amarillas, rompe-huelgas y pro patronales, las acciones agresivas, contra toda organización independiente de la clase trabajadora, se fueron incrementando a medida que el régimen se consolidaba.
En estos días podemos encontrar claras muestras de ese tipo de políticas a las que se enfrenta la clase trabajadora salvadoreña, que se suman a las detenciones arbitrarias de sindicalistas, activistas y luchadores populares a lo largo de estos últimos 4 años.
Es conocido el método de explotación laboral de las empresas maquileras. En El Salvador, al calor de los tratados de libre comercio y de la imposición del modelo neoliberal dependiente desde los gobiernos de ARENA, aún antes de finalizar el conflicto armado, especialmente en las llamadas Zonas Francas, las maquilas, sobre todo las dedicadas a la producción textil, se han ido asentando en los extrarradios de la capital y otros centros urbanos.
Estas empresas se han caracterizado por el pago de bajísimos salarios, condiciones de superexplotación, especialmente la explotación de mano de obra femenina, y pésimas condiciones laborales en general. Han sido reiterados los casos de estas maquilas sin arraigo de ningún tipo en el país, que cuando comprueban que la tasa de explotación y de ganancias es superior en cualquier otro país, cierran sus puertas de la noche a la mañana (utilizando especialmente para esa maniobra los periodos vacacionales extensos, como los de navidad y fin de año), dejando en la calle a centenares de trabajadoras, sin indemnización ni prestaciones de cualquier tipo. Simplemente las maquilas desaparecen, sin asumir responsabilidad alguna.
Hace un año, FEASIES, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, ante la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras de maquilas, presentó ante la Asamblea Legislativa dos propuestas de reforma de ley. Una buscaba reformar la Ley de Zonas Francas, para que las maquilas que se instalen en el país estén obligadas a tener una fianza que permita el pago de las indemnizaciones de las trabajadoras en caso de cierre de operaciones; y la segunda propuesta era una reforma al Código de Trabajo, para regular que trabajadoras del sector textil sean indemnizadas anualmente, lo que reduciría el riesgo de no ver retribuido el tiempo de trabajo en caso de cierres sorpresivos.
Durante todo un año las propuestas durmieron el sueño de los justos, sin que la mayoría parlamentaria oficialista aceptara discutir el tema. Por eso, en días pasados las fuerzas sindicales impulsoras de la propuesta se movilizaron al Parlamento, para encontrar lo que ya es habitual en este gobierno que dice ser del pueblo y escucharlo, la negativa a siquiera discutir el tema. En las afueras del Palacio Legislativo, una dirigente de las trabajadoras contextualizaba la situación, y al hacerlo, dejaba en evidencia los intereses que defiende la bancada oficialista. Así lo reportaba LPG el 16 de junio:
Marta Zaldaña, representante de la FEASIES, explicó lo que representa para ellas la propuesta. «Hemos recolectado datos: desde el último trimestre del año 2022 hasta la fecha, se han perdido 12.500 empleos directos en la maquila textil. Todos los días tenemos denuncias de trabajadores y trabajadoras, les están despidiendo, hay declaraciones de empresas en quiebra y precisamente eso nos tiene ante la Asamblea con esta propuesta», indicó.
El caso de las sindicalistas viene a sumarse a voces externas, como las de la OIT que esta semana volvieron a intimar al gobierno de El Salvador a cesar sus actitudes de acoso contra las organizaciones sindicales, e incluso contra las patronales que el gobierno no controla. Muchos elementos de reclamo contra el gobierno salvadoreño se recogen en el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, elaborado en febrero pasado y remitido al Comité de Aplicación de Normas, en el contexto de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, celebrado del 5 al 16 de junio en Ginebra, Suiza.
La Comisión explica que recibió en 2021 y 2022 denuncias de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) sobre «violaciones serias y reiteradas por parte del gobierno» al Convenio 144 sobre consulta tripartita, el cual ordena garantizar instancias de diálogo y consultas efectivas entre gobierno, representantes de empleadores y de trabajadores.
Ante esta situación la delegación gubernamental salvadoreña, creyendo que podía actuar con la misma impunidad y arrogancia con que lo hace fronteras adentro, intentó deslegitimar el informe y calificar los hallazgos de la Comisión como producto de intencionalidades políticas. Poco a poco, en cada rincón del mundo, la capacidad de maniobra del régimen autocrático salvadoreño empieza a reducirse.
Sin duda, la denuncia a nivel internacional cobra fuerza y tiene consecuencias; la impunidad de la que, por ahora, goza el régimen al interior de El Salvador en materia de persecución de líderes y luchadores sindicales, sociales, comunitarios, religiosos y políticos, irá desgastando al régimen a base de denuncias y solidaridad internacional. Como en épocas pasadas, la solidaridad obrera y popular estará llamada a jugar un rol determinante en el impulso a las luchas contra las tendencias dictatoriales y totalitarias del régimen salvadoreño. Al fin y al cabo, estamos enfrentando una de las fuerzas más claramente clasistas y contrarrevolucionarias, que tiene en su mira a su enemigo de clase, es decir a las fuerzas trabajadoras salvadoreñas, a las que busca subyugar por el engaño o la fuerza, como única forma fiable de avanzar en el proyecto original de la clase burguesa emergente y sus socios oligarcas, para poder garantizar nuevos escenarios de acumulación capitalista por explotación, super explotación, desposesión y despojo. La lucha popular y la solidaridad internacional están llamadas, como en otros tiempos, a impedir estos oscuros proyectos.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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