Las redes sociales multiplican esos efectos. Una idea convertida en imagen se afirma y sostiene con otras similares repetidas todos los días.
La experiencia salvadoreña figura entre las pioneras de estas técnicas de construcción de imagen y manipulación. Lleva más de cuatro años de activa implementación y se sostiene en la permanente apelación a las reacciones emocionales de miles o millones de personas, transformadas automáticamente en “objetivos” o “targets” de una u otra campaña.
Aquel fenómeno de la fascinación ha resultado instrumental para establecer las políticas de comunicación masiva presidencial (que, en el caso del autocrático régimen salvadoreño, extremadamente centralizado, equivale a absolutamente todas las políticas del gobierno), y no sólo establecer aquellas políticas, sino lograr su aceptación por una parte muy considerable de la sociedad a la que domina.
Esto ha permitido, por ejemplo, que de forma progresiva se haya avanzado impunemente en acciones de ocultación de información oficial hacia una sociedad que resignó su derecho a acceder a datos y documentos oficiales, a las cifras del manejo de fondos públicos, y lo sustituyó por la creencia incuestionable en las afirmaciones del líder, en este caso, el presidente, que pasa a ser el informador oficial; la palabra sagrada.
Una vez emitida esta, es reproducida hasta la saciedad por una aceitada maquinaria mediática, que resulta estratégica para fijar cada tema sólidamente en la agenda de debate social hasta que este se agote. Poco antes de que ese agotamiento se produzca, debe emitirse desde el aparato de fascinación un nuevo mensaje para reproducir el fenómeno.
La fantasía de la moneda de fantasía
Cada semana hay varios ejemplos de esa metodología de manipulación de masas a manos de quien hoy podemos definir como un potencial usurpador del poder[1].
Un mensaje en redes acerca del Bitcoin, emitido esta semana puede servir de ejemplo. Dejando ver la enorme molestia causada por las críticas a sus decisiones respecto a la criptomoneda, el mandatario pensó que por fin podía vengarse de sus detractores.
Por más de dos años se expresaron duras críticas a sus medidas, en todo tipo de medios, tanto nacionales como internacionales, sin contar las manifestaciones populares en contra de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. A esto se agrega la caída abrupta y prolongada del valor de la criptomoneda y las trabas crediticias que inmediatamente se levantaron desde el FMI y otras multilaterales.
Así las cosas, el término fracaso se asoció de manera permanente a esta política presidencial, que conformó una muy personal apuesta del jefe del clan familiar que hoy controla el poder político en El Salvador.
Por eso, cuando por fin la criptomoneda dio signos de restablecimiento, le faltó tiempo a su más entusiasta impulsor salvadoreño para enviar mensajes triunfalistas y despectivos hacia sus críticos, para hacer creer a quienes siguen bajo el síndrome de fascinación mencionada, que “el sufrimiento había quedado atrás”, que solo él había acertado y que las pérdidas habían sido superadas.
El lunes 4 de diciembre, anunció que después de más de un año de pérdidas, las inversiones en Bitcoin habían logrado una ganancia de $3.6 millones. Esta “ganancia” se basa solamente en la inversión especulativa en bitcoins propiamente, y no toma en cuenta el gasto total asociado a convertir al bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador, que según fuentes periodísticas alcanzó los $375 millones.
Según una página web que monitorea la cartera de bitcoin de El Salvador a partir de los anuncios que el mandatario hace en redes sociales, las monedas digitales que El Salvador compró en los últimos años, alcanzaron un valor superior al monto de dinero que pagó por ellas. De inmediato, el jefe del clan publicó en su red social un gráfico tomado de esa página web que muestra el supuesto beneficio obtenido.
“Se han publicado miles de artículos que «ridiculizaban nuestras supuestas pérdidas» , escribió el mandatario. «Es importante que los detractores y los autores de esos artículos críticos se retracten de sus declaraciones», exigió.
Cualquiera podría creer la afirmación, y concluir que los opositores se equivocaron. Ante la retractación exigida cabría preguntarse también, cuándo en su vida el responsable de impulsar la criptomoneda en El Salvador se retractó de algo. En todo caso, al revisar las cifras se evidencia la debilidad de la afirmación y aparece como lo que es, una bravuconada más.
A pesar de la oscuridad con que se manejan las cuentas oficiales, que impiden conocer con exactitud las inversiones y gastos oficiales, se sabe que el gobierno de El Salvador gastó más de 100 millones de dólares en la compra de la criptomoneda. Pero esto es sólo una parte de los fondos públicos utilizados para promover el uso del bitcoin entre la población, desde que fue adoptado como moneda de curso legal en noviembre de 2021.
«El gobierno gastó mucho dinero en el desarrollo de la aplicación Chivo Wallet, en la instalación de cajeros automáticos, que en su mayoría no funcionan, en un bono de US$30 para todos los ciudadanos mayores de 18 años, en propaganda y eventos internacionales», explicó a medios de prensa el académico Óscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia.
La conclusión es que el resultado del total de operaciones relacionadas al Bitcoin da saldo muy negativo o, como dice Picardo Joao, “son de un rojo intenso”. De modo que, muy al estilo presidencial, el tono del anuncio resulta triunfalista pero falso.
Los activos de bitcoins de El Salvador ascienden a 2,381 BTC, valorados en poco más de $98 millones de dólares con el cambio actual de $41,927.60. El promedio del valor del bitcoin comprado por El Salvador es de $47,000, lo cual hace imposible la afirmación de que la inversión en bitcoin está en negro, pues el precio promedio de compra es mayor que el precio actual de venta.
Tampoco compensa el costo económico del proyecto si se incluye el millonario gasto en publicidad, las promociones para que se utilice una criptomoneda que, dos años después, casi nadie utiliza, ni siquiera para las tan cacareadas remesas, que fue el argumento central del gobierno. Por ejemplo, los ingresos entre enero y octubre de este año representaron sólo el 1.05% del total de remesas recibidas en ese periodo.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), el Salvador registró una caída de aproximadamente el 33 % en la recepción de remesas mediante billeteras de criptomonedas entre enero y octubre de 2023, respecto al mismo periodo de 2022. Entre enero y octubre de 2023 El Salvador recibió $70.89 millones. Estos datos representan una caída de $34.86 millones frente a los $105.75 millones registrados en 2022.
Solo en octubre, el BCR registró un ingreso de $5.4 millones mediante billeteras digitales, mientras que en el mismo mes de 2022 la cifra era de $10.18 millones, una baja interanual de aproximadamente el 47%.
En cualquier caso, y más allá de las cifras, que demuestran que estamos lejos de recuperar lo invertido en impulsar el uso e implantación de criptoactivos, es necesario destacar la ausencia de visión social y la decidida negación a abordar los problemas centrales de las mayorías populares como la extrema pobreza, el alto costo de vida, la nula generación de empleo o la inseguridad alimentaria. Así lo destacaban economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), quienes aseguraban que «en un contexto de pobreza extrema e inseguridad alimentaria que continúan aumentando, destinar recursos públicos a esta especulación tiene un costo social».
«Esos fondos públicos podrían haberse utilizado para garantizar derechos básicos de la población salvadoreña, como el derecho al acceso a la alimentación o a un ingreso digno», señalaba Lourdes Molina, economista del ICEFI.
La fascinación y las encuestas
El fenómeno de la fascinación tuvo esta semana otra manifestación interesante, que deja patente la ambivalencia que esta provoca y la imposibilidad de explicarla si nos atenemos exclusivamente a términos lógicos. Nos referimos a las respuestas registradas en la más reciente encuesta de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), adscripto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Las primeras conclusiones resultan evidentes, pero deben explicarse. Nos referimos a la clara ventaja del partido oficial, en especial en la carrera presidencial, porque ésta jamás se podría haber materializado, ni mucho menos sostenido, sin un gigantesco aparato a su servicio, a partir de la utilización masiva de recursos del Estado para favorecer la campaña del partido cian, incluyendo la cooptación y subordinación del tribunal electoral hasta niveles de vergonzosa sumisión, y la constante construcción y explotación de la imagen presidencial, como si de un show de televisión o de un videojuego se tratase.
Por otra parte, la campaña masiva de distracción espectacular (biblioteca, competiciones deportivas, Miss Universo, y un largo etcétera), para que los problemas reales de la sociedad queden en un segundo plano, la actividad legislativa y judicial bajo férreo control ejecutivo, y la demonización de los gobiernos anteriores, construyeron el camino para que los resultados de los comicios de 2024 solo puedan favorecer al oficialismo.
Se trata de un fraude generalizado en toda regla, pero “bendecido” por las campañas mediáticas para hacer creer que “todo está en orden y es democráticamente aceptable”.
Sin embargo, para que todo este aparato masivo de manipulación funcione y los tramposos ganen, (aquí, a diferencia de Hollywood, ganarán los malos, al menos por ahora), se necesitará también una importante aceptación de parte de los “sujetos” a los que se dirige todo este enorme esfuerzo de falsedad institucionalizada.
La principal razón de que el partido oficial vaya al frente en la intención de voto es la imagen que la gente tiene del mandatario. Aquí se revela el efecto de la fascinación que hemos descripto: mientras el 87.9% de la población cree que es importante respetar la Constitución, el 69.9% apoya la reelección (que la viola). La mayoría está de acuerdo con que los tres poderes del Estado deben ser independientes, pero el 72.2% reconoce que los jueces y los diputados trabajan a las órdenes del mandatario. La figura presidencial es la que propicia la opinión favorable sobre el gobierno y la de su partido que, sin embargo, se debilita. En psicología estaríamos hablando de una actitud esquizofrénica.
La confianza de más de dos tercios del electorado se debe en buena parte al régimen de excepción, pero ahora el problema económico es el que más afecta a la familia salvadoreña. Si esto no se resuelve, podrán ganar las elecciones, pero sin duda, comenzará también a debilitarse la imagen sobre la que pivota todo desde 2019. A las fuerzas populares les queda la responsabilidad de desnudar las mentiras y, sobre todo, organizar al pueblo para las batallas venideras.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: es.cointelegraph.com/
Referencias:
[1] 1) Dejó el cargo ilegalmente para postularse a una reelección inconstitucional; 2) perdió sus derechos ciudadanos (de acuerdo a lo establecido por la Constitución) en el momento de postularse, del mismo modo que pierden esos derechos quienes promueven la reelección. Aunque todo eso parece hoy letra muerta para quienes se sienten señores de un poder casi feudal, llegará el día en que el pueblo legítimamente haga cumplir las leyes y la Constitución, condenando en consecuencia a quienes confabularon en su contra, abusando del poder para beneficio personal.
