Ya se pueden vislumbrar los movimientos que los enemigos del pueblo, enquistados en casi todos los ámbitos del poder estatal, se disponen a realizar.
La actitud de los burócratas y jerarcas, sus diputados, jueces y fiscales serviles, funcionarios de segunda y tercera categoría, y también el ejército de troles y mercenarios de redes sociales al servicio de la divulgación de las mentiras del régimen, todos apoyados en la fuerza bruta de la militarización, la amenaza policial y la violación de derechos, parecen ceñirse al libreto escrito desde CAPRES: el manuscrito de la impunidad y el autoritarismo.
Ese manuscrito, quizás más desarrollado en el caso de El Salvador, no es sin embargo ajeno a las luchas y experiencias de muchos pueblos de Nuestra América. Se trata, ni más ni menos, que del avance como una mancha negra, del fascismo adaptado a las condiciones concretas de la crisis del capitalismo neoliberal dependiente del siglo XXI y las formas que va adoptando el imperialismo para asegurar o defender su cuestionada hegemonía mundial, al menos en estas tierras a las que desde la bicentenaria doctrina Monroe, consideró bajo su control como resultado de prerrogativas y derechos históricos autoadjudicados, jamás otorgados por los pueblos al sur del rio Bravo.
Un país de dos mundos
En el caso de El Salvador, ese guion parece cada vez más forzado por una crisis que se profundiza y desnuda la incapacidad de las estrategias gubernamentales para contenerla. Por otra parte, lograr esa contención, de una crisis en principio económica, pero sin duda potencialmente social y eventualmente política, resulta imprescindible para poder garantizar la continuidad del modelo de una manera más o menos estable.
El régimen sabe que el permanente insulto a la inteligencia del pueblo, las mentiras montadas sobre engaños construidos sobre falsedades, la “inauguración” de maquetas, el anuncio de espectáculos para ricos y foráneos, como el show de Miss Universo, o los restaurantes de lujo en playas exclusivas para surfistas extranjeros, va convirtiendo a El Salvador en un país de dos mundos, el de la riqueza, el espectáculo, la especulación, el lavado de dinero y el lujo, exclusivo para una élite microscópica e impune a cualquier violación a las leyes del país, con tal que sean amigos del presidente o de su entorno.
El otro es el país de este mundo, el de las mayorías que no logran obtener recursos para satisfacer necesidades materiales elementales, como afrontar una canasta básica alimenticia que se dispara mes con mes; un país sin hospitales pero con propaganda y promesas eternas de su pronta construcción, sin escuelas capaces de albergar estudiantes y docentes en un entorno digno, con universidad pública sin presupuestos necesarios para su desarrollo pero con obras para promover torneos deportivos centroamericanos a costa de eliminar las escasas áreas verdes que alberga el campus capitalino; un país, en fin, de hambre y miseria, empujado a un constante deterioro de las condiciones materiales de vida de las mayorías.
Ese país enfrenta además un poder militarizado y represivo, que se está acostumbrando a su condición de impunidad, con la que hace uso y abuso de su autoridad. Vemos un El Salvador que recuerda cada vez más aquella Cuba batistiana en manos de mafias que hacían del país el paraíso de la prostitución, el juego y el vicio a costa de la miseria de las grandes mayorías populares; un El Salvador que recuerda también su propia historia de sátrapas y dictadores, que todos sabemos cómo terminaron, en Cuba y en Centroamérica. Por eso el régimen duerme cada noche con un ojo abierto; no confía en absoluto en aquellas cifras de popularidad en que se escuda para engañar y disfrazar su propia realidad ante los otros.
Desde el inicio de año la tendencia a la profundización de la crisis no solo avanza, sino que se agudiza. Los datos lo demuestran más allá de las fantasías pintadas en colores brillantes desde las cuentas en redes sociales oficiales y desde los medios de desinformación al servicio del gobierno. Los datos empiezan a ser más duros y de más peso que las fantasías y espectáculos presidenciales.
Por ejemplo, hace pocos días el gobierno pagó deuda con deuda, pero recurrió a toda su capacidad propagandística para manipular los titulares de medios, haciendo creer que una supuestamente renovada confianza de los acreedores externos había desmentido las afirmaciones de la oposición, a la cual no cesa de despreciar e insultar. La verdad es muy distinta, y solo se necesitó una semana para demostrarlo. La profunda desconfianza hacia el país permanece inalterable:
“Contrario a la expectativa del Ministerio de Hacienda, de que la calificación del país mejorara a partir de este año, Fitch Ratings reafirmó que mantendrá la nota de El Salvador en ‘CC’, pues considera que, a pesar de la reforma de pensiones y del pago del bono 2023, la situación fiscal del país sigue siendo delicada”.
La agencia calificadora argumenta que la liquidez fiscal de El Salvador está muy «ajustada» y que su acceso al mercado es «extremadamente restringido en medio de las altas necesidades de financiamiento», lo que hace probable algún tipo de incumplimiento «dentro del horizonte de calificación».
Fitch señala, además, que el canje de deuda entre los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) descrito en la reforma de pensiones, que fue aprobada en diciembre anterior por la Asamblea Legislativa, «podría equivaler a un incumplimiento», de acuerdo con sus criterios de calificación soberana.” (LPG, 3 de febrero de 2023) [1]
A este panorama se suma la caída sustancial de la recaudación fiscal y la desaceleración de la economía. Si el gobierno afirma que ha tenido éxitos sin precedentes en el combate a la evasión fiscal, y, sin embargo, la recaudación ha bajado de manera drástica, entonces esa reducción se debe a que estamos en presencia de una economía cada vez más estancada. Así lo demuestran los datos expuestos recientemente, por ejemplo, por el economista César Villalona:
“En enero de este año, los ingresos corrientes del Gobierno (tributarios y no tributarios) cayeron en -$24.1 millones (-3.7%) con respecto a enero de 2022. [2]
La reducción es significativa, pues se trata de un solo mes. Además, en su programación presupuestaria, el Gobierno esperaba recaudar $32 millones más que en enero de 2022 y recaudó 24.1 millones menos.
Los mayores descensos se dieron en el impuesto sobre la renta (-$11.1 millones), el IVA (-$10.2 millones) y los ingresos no tributarios (financieros; tasas y derechos; venta de bienes y servicios; y transferencias corrientes), que disminuyeron en -$2.2 millones. La caída del IVA se dio en los productos importados.”
Desde la mirada popular lo que se registra es una descomunal alza de precios de productos esenciales como los huevos, el maíz o los frijoles, y de los combustibles, cuyo aumento no solo afecta a los usuarios de vehículos particulares e incluso a quienes se desplazan en transporte público, ya que los propietarios comienzan a incrementar el precio del pasaje sin autorización del gobierno, pero con su complicidad, sino que también se refleja en el alza de los costos de producción y transporte, llevando consecuentemente a nuevas dinámicas inflacionarias.
Las nulas políticas públicas para fomentar inversiones productivas llevan a la economía de El Salvador a un agujero negro donde la especulación reina, y la entrega de recursos naturales parece la opción más clara de un gobierno sin vocación de defensa de lo nacional. El caso de la cada vez más evidente laxitud oficial ante el posible retorno de la minería metálica, o la explotación indiscriminada de recursos acuíferos por corporaciones privadas, indica hacia donde apuntan las líneas del gobierno.
Finalmente, en materia económica es bueno revisar también las expectativas de crecimiento para la región y comprobar así la patética situación salvadoreña, que no es más que el reflejo de las reales prioridades de un gobierno antipopular, interesado en impulsar medidas salvajemente neoliberales, en un proyecto asociado a las grandes multinacionales y sus intereses imperiales, poniendo para ello al conjunto del Estado al servicio exclusivo de una nueva burguesía ascendente parasitaria, especulativa y financiera.
Según el último informe estimativo del crecimiento económico en el istmo centroamericano, presentado por el FMI, El Salvador continuará siendo en 2023, y con una gran diferencia, el de menor crecimiento en la región (1.7), frente a Costa Rica (2.9), Nicaragua (3.0), Guatemala (3.4), Honduras (3.5), Panamá (4.0), o República Dominicana (4.3). Según las estimaciones del Fondo, las perspectivas salvadoreñas son aún peores para 2024, a las que asigna un pírrico crecimiento de 1.5.
Persecución y criminalización de las luchas populares
Esta es la situación real del país una vez que corremos los velos de la mentira descarada, de la falsedad hecha política, del insulto y la agresión oficial contra quien pretenda cuestionar sus inhumanas y retrógradas políticas. Todos esos insultos, sin embargo, no bastan para frenar las críticas, internas y externas.
Por ello, el régimen se prepara claramente para profundizar su veta represiva, atacar toda posible forma de organización popular, y para ello recurre a las cánones del fascismo clásico, combinar represión con propaganda, al tiempo que construye la infraestructura necesaria para intentar controlar a las fuerzas populares una vez que, más temprano que tarde (y eso lo saben con absoluta certeza los enemigos del pueblo en el gobierno) esas masas despierten del sueño embrutecedor de la propaganda, superen el miedo, el engaño o la duda, rompan con las políticas que las mantienen fragmentadas y divididas, y avancen en búsqueda de su propio destino.
Como no siempre la propaganda gubernamental funciona, especialmente cuando el pueblo empieza a defender sus derechos, entonces el régimen recurre a lo que su instinto fascista le dicta, la represión, la cárcel, la muerte, la amenaza, el despliegue autoritario. Por ahora, focaliza y concentra preventivamente su represión en golpes aislados.
Estas últimas semanas lo vimos con claridad. Primero pretendieron abortar las luchas sindicales y los justos reclamos de las y los trabajadores por el pago de sus salarios; las protestas pacíficas terminaron con dirigentes sindicales municipales de Soyapango violentamente capturados y encarcelados por defender derechos laborales. Pocos días después, el ataque a una de las comunidades históricamente mejor organizadas desde los días del conflicto armado, y particularmente desde sus luchas por la defensa de los recursos naturales, mostró nuevamente un régimen represivo, defensor de intereses multinacionales, y sobre todo que respalda sin cuestionamientos a una fuerza armada que, treinta años después de terminado el conflicto, vuelve por sus fueros bajo la protección de un gobierno que requiere de los militares para asegurar su poder y sus arbitrariedades.
Más recientemente, en otro reclamo sindical, esta vez en la Imprenta Nacional, el gobierno recurre al engaño y la traición, haciendo creer a las y los trabajadores que estaba en disposición de negociar con ellos, para finalmente movilizar efectivos policiales militarizados, que se llevan capturados a los líderes sindicales.
Esa es la esencia de este régimen. Así actúa, disponiendo a voluntad de jueces y fiscales según su necesidad, utilizando cada resorte del poder para ocultar información, impedir que el pueblo conozca hasta las causas de los arrestos, la situación de las y los capturados; mientras sus fiscales y jueces se aseguran de mantener a los luchadores populares encarcelados, favorecen con detenciones domiciliarias a delincuentes y lúmpenes que, eso sí, responden a la línea oficial como propagandistas del régimen.
Un gigante con pies de barro
Pero si algo demostró el estilo gubernamental de hacer y decir al estilo clásico fascista, fue la inauguración en cadena nacional y a hora de máxima audiencia, de una monstruosa construcción que establece claramente las prioridades del régimen.
Lo que pomposamente el autócrata de CAPRES definió como “la cárcel más grande de América Latina”, en uno de los países más pequeños del continente, y que en la actualidad mantiene en sus cárceles a alrededor del 1% del total de su población de poco más de 6 millones de habitantes, se convirtió en un show apologético del militarismo, de la impunidad, de la irrelevancia de la división de poderes, según el discurso y la visión dictatorial del presidente.
El mandatario fue secundado por algunas de sus figuras más serviles, como su carcelero mayor, Osiris Luna, acusado de corrupción por organismos internacionales y denunciado por sus vínculos con pandillas, encargado de reunir en cárceles de máxima seguridad a líderes pandilleros y oficiales del gobierno para negociar las treguas durante la actual administración, tal como lo demuestran y documentan videos y artículos publicados por medios de investigación como El Faro y Factum y reproducidos por numerosos medios internacionales[3].
También lo acompañaba el Ministro de obras públicas, encargado de repetir cifras que ponderaban las proporciones bíblicas de un recinto destinado a mantener a unas 40 mil personas en condiciones violatorias de derechos humanos elementales, establecidas por normas regulatorias como las reglas Mandela de la ONU. Organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos ya han criticado abiertamente el adefesio.
Por supuesto, para el régimen no hay inauguración que valga sin hacer ostentación de despliegue militar, y esta vez no fue la excepción; el show estuvo a cargo de la comitiva presidencial, entre ellos el Director de la Policía y el Ministro de Defensa.
Ese asfixiante ambiente parece encantarle a esta dictadura de publicistas que, sin embargo, en su aparente fortaleza muestra sus miserias. Algunos datos demuestran las prioridades de la dictadura. Demoró diez meses en construir la monumental cárcel, para lo cual violó derechos de propiedad de comunidades que fueron desplazadas de sus lugares de residencia histórica, hoy ocupadas por la prisión.
Mientras construye una mega-cárcel en tiempo récord, lleva más de tres años sin construir el más importante hospital de El Salvador, el Rosales, para el cual el gobierno anterior dejó gestionados y habilitados los fondos correspondientes. Lo mismo sucede con el hospital de Nejapa, del que tampoco se tienen noticias, ni de las miles de escuelas que se están cayendo a pedazos sin que el presidente y sus ministros se inmuten, más allá de buscar alguna foto de esas construcciones decrépitas para criticar administraciones anteriores.
En esta exuberancia de apariencias, en este esfuerzo por demostrar un músculo represivo potencial, el régimen acusa en realidad sus flaquezas y debilidades. Sigue siendo, cada vez más, un gigante con pies de barro, vanagloriándose de supuestas fortalezas como recurso intimidatorio y amenazador contra el pueblo. Pretende tener controlada una situación que no controla en absoluto. La economía se va por el despeñadero, y la paciencia de la población se abrevia. Los tiempos no están, sin duda, a favor de los autócratas.
Raúl LLarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Derechos de autor REUTERS/José Cabezas
Referencias:
[1] https://www.laprensagrafica.com/economia/Fitch-ratings-los-problemas-fiscales-de-El-Salvador-se-mantienen-20230202-0101.html [2] https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DPEF-IF-2023-00109.pdf [3] Ver: Inteligencia Policial del actual Gobierno perfila a Osiris Luna como un delincuente
