En paralelo a ese desmontaje se avanza en el diseño de un Estado a la medida de la burguesía emergente. Al desmantelamiento de mecanismos de control ciudadano sobre el uso de los dineros públicos le siguió el establecimiento de leyes que les permiten utilizar esos fondos discrecionalmente.
Se trata de un gobierno profundamente clasista, conservador y retrógrado en lo político y social; rabiosamente neoliberal en lo económico. Un régimen asentado en una popularidad sustentada en apariencias y manipulaciones mediáticas, que aplasta derechos populares y ciudadanos, conquistados a lo largo de décadas de lucha, a un alto precio en vidas, cárceles, exilios, desapariciones, proscripciones y toda clase de sufrimientos.
Garantizado el control centralizado del aparato estatal como instrumento de concentración de riquezas para el grupo económico emergente, y persecución judicial, policial, militar o mediática contra cualquier tipo de oposición o reclamo popular, el siguiente paso fue la reestructuración del Estado para asegurar la continuidad del régimen.
La reorganización municipal territorial, la reducción de escaños en el parlamento unicameral, la sumisión del resto de órganos del Estado, incluido los autónomos y responsables de garantizar elecciones limpias, o controlar el padrón ciudadano, así como los cambios drásticos en el método de asignación de escaños, son pasos que garantizan la continuidad de manera ilegítima (por lo tramposa) pero inapelable (en razón del montaje de control estatal previamente mencionado) y con una apariencia de legitimidad que solo es eso: apariencia, porque además es inconstitucional.
Ofensiva contra el pueblo
El régimen parece entrar a una nueva etapa; esta vez el objetivo es el pueblo y los sectores menos favorecidos, así como los núcleos organizados, en particular las organizaciones populares, los sindicatos y los medianos y pequeños productores, en beneficio de las empresas aliadas al círculo de poder.
En lo referente a la avanzada en contra de los pequeños productores, un claro ejemplo son las nuevas regulaciones para zonas francas y las reformas a la ley de comercialización que incluye productos alimentarios, favoreciendo a grandes empresas (nacionales y multinacionales), convirtiéndose en una casi segura condena a muerte para los pequeños y medianos productores agrícolas, incapaces de competir frente al poderío económico de grandes inversores.
Decían que el dinero alcanza cuando no se roba
No todo, sin embargo, parece obedecer a un plan previamente diseñado. Ciertas medidas oficiales en el ámbito económico parecen responder a la necesidad de encontrar desesperadamente fondos ante la asfixiante iliquidez. En pocas palabras, el gobierno roba, se endeuda y no le alcanza para pagar lo que pide prestado. Sigue pidiendo hasta que los acreedores dicen “este deudor es peligroso, no me va a poder pagar”.
El dinero se encarece, los intereses se elevan y la probabilidad del impago crece en la medida que las fuentes de financiamiento internacional se cierran y las locales -bancos y fondos de pensiones-, se agotan.
Ante esa situación, el régimen responde a su naturaleza clasista. Decide que la crisis de liquidez que sufre un gobierno que ha puesto el Estado al servicio de sus empresas, la paguen los de siempre, las mayorías populares históricamente olvidadas. Entre ellos, la niñez que asiste a las escuelas públicas y ve reducirse o en algunos casos desaparecer, la alimentación que en los gobiernos del FMLN había recibido sin retrasos, con buena calidad y de manera permanente.
Estudios de organismos como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), o el BID, es decir, aquellos que quedan fuera de la órbita de control oficial, porque de otro modo jamás se hubieran conocido esos datos, nos revelan que con base en información obtenida en 2021 por la Fundación Mundial de Nutrición Infantil (GCNF, en inglés), se estima que la alimentación escolar en El Salvador llegó al 59 % de los estudiantes inscritos en primaria en 2022; 41 puntos porcentuales menos que el 100 % alcanzado en 2020, el primer año de la pandemia de covid-19.
La información está contenida en el reporte «Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe 2022″, publicado esta semana, y se basa principalmente en resultados de las Encuestas Globales de Programas de Alimentación Escolar, realizadas por la GCNF.
Destacamos dos datos importantes para El Salvador: 1) que de una población meta de 1.19 millones de estudiantes que debían recibir alimentos en las escuelas en 2022, solo lo recibieron 703,506; y 2) que tres países retrocedieron en la provisión alimentaria escolar, Ecuador (de una cobertura del 100% en 2020 pasó al 84% en 2022), Panamá (del 95% al 71%) y El Salvador (del 100% al 59%).
Es decir que ese país de maravillas que vende el bukelismo es el de mayor retroceso en América Latina en alimentación escolar. No obstante, propagan en redes sociales que su gobierno pone al pueblo por delante, y que los anteriores “no hacían nada” por ese pueblo.
Otra evidencia de las prioridades de este gobierno de la burguesía emergente, asociado a sectores de la oligarquía y de capitales multinacionales, es la virtual liquidación del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
En el caso del INSAFORP se trata de una institución dedicada a ofrecer apoyo y formación profesional orientada al mercado laboral, en particular a jóvenes de escasos recursos. Las cotizaciones recibidas por la institución provienen de la empresa privada y del sector público.
Cada institución cotizante paga un monto equivalente al 1% de su planilla y este fondo es utilizado para funcionamiento y para financiar las capacitaciones que brinda a la población en diferentes rubros. Según el presupuesto del INSAFORP para 2023, los ingresos por cotizaciones serían de $46.4 millones. De estos, $41.9 millones provienen del sector privado, y $4.5 millones son del sector público.
La creación de la Dirección de Integración absorberá las funciones de ambas instituciones que serán liquidadas, según indica el proyecto de ley. El personal de ambas instituciones será sometido a evaluación para decidir quienes se quedarán en la nueva dirección. En el caso del INJUVE son 76 mujeres y 96 hombres, quienes podrían quedar sin empleo desde el 31 de diciembre de 2023.
Actualmente, el INSAFORP recibe el 100% de las cotizaciones y la Ley establece que únicamente puede utilizar el 20% en gastos administrativos. El restante 80% es para capacitaciones.
“Si la nueva ley se aprueba tal como fue recibida por la Asamblea, de cada $1 que se paga en cotizaciones: $0.50 centavos le quedarán a Hacienda (sin definir cuál será el destino del dinero), $0.20 centavos le quedarán para capacitaciones, y los restantes $0.30 centavos le quedarán también a Hacienda para que asigne según sus prioridades”, explica la economista Tatiana Marroquín a la prensa. Nuevamente la discrecionalidad y opacidad en la utilización de fondos se hace presente.
Aunque, según el anteproyecto, la disolución del INSAFORP deba terminar el 31 de diciembre de 2023, el órgano ejecutivo estableció que la institución está obligada a transferir el 50 % de su saldo disponible de cotizaciones al ministerio de Hacienda, en un plazo de 15 días hábiles luego que entre en vigencia la normativa. Lo que subraya la desesperación oficial por obtener liquidez.
Otro ejemplo de la inexistente preocupación gubernamental por las necesidades y penurias de los sectores populares, es su absoluta pasividad ante el dramático aumento del costo de la vida, que afecta con muchísima más dureza a los sectores más desprotegidos. Si hace apenas un mes denunciábamos el escandaloso récord de la canasta básica urbana, que superaba los $250, esta semana el aumento exponencial de precios de los productos esenciales para el consumo popular la ha llevado a $255, mientras los salarios de hambre siguen sin ser tocados.
Objetivo: la clase trabajadora
Si hay un sector golpeado en esta etapa son los trabajadores, en particular los sectores organizados. Uno de esos golpes sucedió esta semana, con la reforma a la baja del escalafón de personal de Salud, que el MINSAL se había comprometido a respetar. En paralelo continúan los despidos de trabajadores de salud y representantes sindicales que reclaman sus derechos.
La ofensiva anti-sindical se manifiesta también contra los trabajadores municipales, como en el caso de la Alcaldía de Zacatecoluca, cabecera del departamento de La Paz, cuyos integrantes reclaman salarios caídos de varios meses, mientras la respuesta oficial es la amenaza de usar el régimen de excepción en su contra (supuestamente establecido para luchar contra las pandillas pero, como ya hemos insistido, orientado a mantener el control social represivo sobre sectores organizados de la sociedad), y el bloqueo del acceso de los trabajadores a los centros laborales.
Asimismo, los trabajadores de otra importante institución, el Ministerio de Obras Públicas, que intentaban negociar un nuevo contrato colectivo, fueron arteramente emboscados por el jefe de esa cartera, Romeo Rodríguez, quien luego de simular interés en establecer una mesa de negociación, y al conocer el rechazo de los representantes sindicales a su insuficiente oferta, decidió despedir a tres de los representantes laborales, y al contador de uno de los sindicatos. Desde el martes, y en otra de las acciones que caracteriza a este gobierno arrogante y autoritario, las instalaciones del ministerio están militarizadas.
Del mismo modo, se supo que esta semana 11 directivos sindicales, incluido el secretario general del Sindicato de trabajadores del ministerio de Cultura fueron arbitrariamente despedidos. Una vez más este gobierno dictatorial y represivo, irrespeta tratados internacionales y fueros sindicales reconocidos por la OIT y sigue violando el derecho de las y los trabajadores a su libre organización.
La rana y el agua caliente
En cada uno de estos casos, el silencio oficial y la casi nula cobertura mediática de los conflictos, favorece el éxito de las estratagemas de un régimen que parece haber optado por utilizar el ejemplo de la rana y el agua caliente para controlar al pueblo organizado.
Es conocido que, si se lanza una rana en agua caliente, esta saltará y huirá rápidamente del peligro. Pero si se la coloca en agua fría y se calienta lentamente el agua, la rana morirá hervida, sin intentar eludir el peligro. Esta parece la analogía del gobierno de El Salvador enfrentando al pueblo.
Poco a poco ha ido aumentando los niveles de represión contra organizaciones comunales y sus dirigencias, contra organizaciones juveniles, contra mujeres, contra sindicatos. Todo ello sin apenas generar denuncias masivas, manteniendo cada lucha fragmentada y aislada, y recurriendo rápidamente a distractores que mantengan a la mayoría de la opinión pública, desde ya proclive y víctima de la manipulación oficial, atenta siempre a la nueva “ocurrencia” presidencial, que se convertirá en tema de discusión en medios, sepultando así lo verdaderamente importante.
Así hemos llegado a la actual situación, con sindicalistas encarcelados, periodistas perseguidos, trabajadores expulsados y centros de trabajo militarizados, sin que se haya logrado articular una sólida campaña de denuncia nacional e internacional, que demuestre claramente la intencionalidad de un gobierno que se siente impune.
Resulta evidente que ante semejante situación la lucha de calles, la movilización constante, la denuncia pública nacional e internacional, pero sobre todo la continuidad y permanencia de esa lucha organizada, permitirá avanzar en la conciencia del pueblo, en la realización de la dramática situación que enfrenta y de la urgente necesidad de responder enérgicamente a las ínfulas dictatoriales de quien ocupa la presidencia de la República como si se tratara de una monarquía absoluta medieval.
Se acerca el 15 de septiembre y parece una fecha adecuada para salir nuevamente a las calles, como cada año, a hacer frente a la dictadura y al neofascismo que avanza, como lo viene haciendo en el conjunto del continente.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: AP/Salvador Meléndez
