En distinta medida y de acuerdo a los contextos, algunos de estos vectores, a veces cobran más nitidez que otros, pero en general uno puede encontrarlos presentes siempre.
En América Latina varios son los ensayos y las líneas de trabajo de reproducción de la sobredeterminación política de los países por parte del Imperialismo. Entra tantas formas abarcan desde neo-golpismos, golpismos clásicos, progresismos transformistas, nuevas derechas, etc. Entre todas estas aparecerá una forma de gestión de Estado, de administración de gobierno, que advirtiendo la retracción de la base social de la democracia liberal opera la articulación de un dispositivo de dominación, de control social, que llamamos neoliberal policial autoritario.
Podríamos pensar que se trata de un ensayo aislado, de situaciones extraordinarias que se presentan en un estado dado y que tal contingencia se resuelve con estados de excepción, pero advertimos una línea de trabajo común, de intercambios de doctrinas de control social, de políticas penitenciarias, judiciales, con matrices punitivas similares, que darán cuenta de un perfil puesto en funcionamiento para los pueblos de Nuestra América.
El Salvador primero, más tarde Ecuador, con algunos síntomas que empiezan a perfilarse en Argentina, dan cuenta de una lógica de producción de poder del neoliberalismo en el marco de la democracia neoliberal de base estrecha.
Justamente la defraudación de la promesa democrática posibilita la emergencia de este tipo de propuestas en la medida de una sobre determinación cultural y política de las elites latinoamericanas.
El Salvador, poderes ilegales que legalizan una dictadura constitucional
El Salvador fue pionero en la instauración de lo que podríamos llamar estado de excepción democrático, sino fuera que la producción política en dicho país ya está normalizada en esa lógica policial autoritaria, donde el tridente republicano de Montesquieu fue asaltado por una creciente concentración de poder de parte del presidente.
Temprano en 2021, el presidente de derecha que hizo su carrera política en el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), envió una orden a la Asamblea Legislativa para destituir y reemplazar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Violando los procedimientos establecidos en la maltrecha Constitución Nacional, la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, presidida por una persona electa inconstitucionalmente, son organismos viciados de nulidad que sólo están legitimados por el poder ejecutivo.
Los tres poderes hoy están reñidos con los términos constitucionales, empezando por la ilegalidad de la reelección de Najib Bukele. Lo mismo con los diputados electos.
Ahora eso es sólo una postal de la articulación de los dispositivos de administración de poder gubernamental. Lo que debemos puntualizar es la práctica crecientemente autoritaria con la excusa de la “seguridad ciudadana”.
Ante un problema real que asola Mesoamérica como son las estructuras de violencia relacionadas con distintas formas de criminalidad, se comenzó a operar un dispositivo de control social con el antecedente ya experimentado en todo el continente de la pandemia y que practicó verdaderos progromos contra población juvenil pauperizada.
Se encarceló en razias indiscriminadas y arrojo a cárceles que violan todos los estatutos alcanzados de respeto a los derechos humanos básicos, cerca del 2,5 por ciento de la población está prisionizada, siendo la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, si esta tasa la ponemos en función de la población económicamente activa, la cifra se vuelva espantosa.
Los últimos registros publicados en marzo registraron 327 casos de desapariciones forzadas, cerca de 80 mil detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 109 mil personas privadas de libertad; una situación de hacinamiento carcelario del 150% aproximadamente, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal en el primer semestre del año.
La represión política contra formas de organización popular está a la orden del día siendo los sindicatos relacionados con el estado los que más sufrieron, aunque no los únicos, donde se practica desde represión salarial (no pago de salarios), hasta encarcelamiento de dirigentes y cesantías masivas, como el cierre de organismos que dejan inmediatamente sin trabajo a los empleados.
Mientras el gobierno pondera su guerra contra las pandillas lo cierto es que la tasa de homicidios no ha bajado significativamente. El narcotráfico avanza colonizando el Estado. Y el Estado se ha vuelto un espacio donde se han parcelado entre los grupos mafiosos burgueses sus incumbencias a los fines de apropiarse de los recursos fiscales para lo cual conforme se consolidan van desmantelando los pocos institutos de cobertura social.
Ecuador concretó una operación de caotización y narcotización.
La toma de un canal de TV, de la Universidad, y de las cárceles; ofrecieron condiciones para que Noboa declare el “estado de excepción” y “estado de conflicto armado interno”, facultando a las FFAA a operar internamente, en medio de la suspensión de las garantías constitucionales.
La irrupción de una decena de muchachos mal armados y peor organizados en la tv, y de otros tantos en la Universidad, facilitaron y aceleraron la creación de unas condiciones que incluso ponen a Ecuador a expensas de la “ayuda” norteamericana. Que estos chicos estén mal armados y peor organizados no quiere decir que la criminalidad ecuatoriana se reduzca a estos episodios. Pero evidencia el montaje, que opera como excusa necesaria, para el cambio de naturaleza del estado de derecho.
se trató de unas docenas de chicos enlistados en las bandas criminales sin mayor prospecto ni reivindicaciones que esgrimir su capacidad de violencia. Asesinar frente a la filmación de los teléfonos a los guardiacárceles sin ningún motivo, lejos de emparentarlos con las peores prácticas ¨políticos militares¨ de algunos carteles mejicanos, de algunas guarimbas contrarrevolucionarias venezolanas, o de Daesh, los muestran como practicantes de una violencia inconducente y sin sentido.
Aquí cobra importancia el llamado “paquete” Bukele que fue caballito de batalla de campaña para Noboa, y ha sido trabajado estos tiempos de gobierno con asistencia oficial israelí, expertos en confinamientos y torturas.
La colonización del Estado y de la política ecuatoriana de parte del crimen organizado (financiada por este) es una evidencia cada vez más indisimulable.
El asesinato del candidato presidencial que venía denunciando la cooptación estatal de parte del crimen organizado, Fernando Villavicencio, fue corolario de una sucesión de crímenes contra dirigentes políticos como el alcalde de la portuaria Manta, o Pedro Briones en Esmeraldas, en esa misma costa, dirigente correísta; como demostración de fuerzas de las bandas criminales frente a un Estado y un sistema político impávidos e impotentes. Pero para intentar entender la genealogía de la violencia criminal en el país debemos primero contemplar algunas cuestiones que favorecieron esta situación.
Ecuador limita con los grandes productores de coca, Perú y Colombia; tiene los puertos del pacífico y la red caminera en mejores condiciones de la región.
La economía dolarizada facilita operaciones de blanqueo; la desregulación en el comercio exterior que posibilita el contrabando (las aduanas y puertos son privados); el aparato de inteligencia contra-criminal fue desarmado por Lenín Moreno, lo mismo que el Ministerio de Justicia que administraba el servicio penitenciario.
Las pandillas del país se sofisticaron y ganaron organización y complejidad. Controlan un abanico de economías criminales.
Hoy el país es una plataforma financiera alimentada por fondos provenientes del narcotráfico y del contrabando de oro, de trata de personas; y otras actividades criminales.
La desarticulación estatal operada por Lenin Moreno primero y por Guillermo Lasso luego, facilitaron la infiltración y colonización de las instituciones y de la política de parte de las bandas criminales. Esto es, la penetración criminal en los aparatos estatales; la policía, la justicia, la fiscalía general, y el poder ejecutivo.
En plena pandemia se dieron las terribles y trágicas revueltas carcelarias que pusieron en evidencia la impotencia estatal y el control criminal del sistema carcelario. Fue por entonces cuando asesinaron a un importante jefe de la más grande banda criminal de entonces y donde muchos encontrarán las razones de la explosión pandillera.
Nosotros sostendremos que dicha explosión más probablemente tenga que ver con los diferentes roles y disputas por espacios de poder que empiezan a jugar los distintos grupos en las variadas etapas de la producción, transporte, y comercialización, en el caso de la droga.
Es dable señalar, para entender este fenómeno, que se trata en general de bandas con terminales en organizaciones criminales mayores del extranjero como el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, y que usan estas bandas como ejecutores en el territorio ecuatoriano. Lo mismo con grupos criminales europeos e incluso australianos.
Cuando hablamos de colonización institucional estamos sosteniendo la penetración criminal en los propios aparatos estatales; policía, justicia, fiscalía general, y poder ejecutivo.
La “muerte cruzada” mecanismo constitucional por la cual se precipitó la renuncia de Guillermo Lasso, tiene que ver con denuncias que exponen la relación entre la mafia albanesa y el entorno presidencial.
La retirada del Estado de la contención social por los ajustes neoliberales fue rápidamente suplida por las distintas redes criminales. Los jóvenes entre 18 y 25 años no tienen otro destino posible que enrolarse en la militancia criminal que no sólo les asegura un ingreso y un rol social, sino que además resuelve el control policial de la territorialidad que domina, y la asistencia a viudas, familiares de presos, y enfermos que puedan necesitarlo. Del lado estatal sólo reciben expulsión, desprecio y persecución. Es una ecuación trágica perfectamente aplicada.
Ecuador es hoy un importantísimo centro de distribución de cocaína para Estados Unidos y Europa. En Europa se han descubierto grandes cargamentos de cocaína disimulados en envíos de bananas, justamente bananas es el rubro comercial del actual presidente Daniel Noboa.
El desarme y traslado de la insurgencia colombiana dejó un vacío de poder y un terreno a ocupar en la frontera con el país, que fue rápidamente ocupado por la criminalidad.
La consolidación de Europa como mercado de consumo opera también en la importancia de los puertos ecuatorianos y explica también la presencia de mafias como la albanesa.
La liberalización del comercio entre Ecuador y la Unión Europea, a partir del acuerdo de libre comercio de 2016, no solo aumenta el flujo del transporte comercial, sino que los controles se vuelven más lábiles facilitando las operaciones criminales.
Desembarco obsceno del Comando Sur
Unas semanas después de lo que pretendió ser el paroxismo de la caotización en Ecuador, con los hechos de la toma del canal de TV, Universidad y cárceles; llegó al país la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur, acompañada por el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd. Esta delegación de alto nivel evidenció el apoyo y la voluntad de ayuda norteamericana con el país andino.
Anunciaron un plan de seguridad para Ecuador con una duración de cinco años, una suerte de micro plan Colombia, donde el país del norte se compromete a financiar equipamiento, logística y armamento variado a las fuerzas policiales ecuatorianas.
El acuerdo prevé profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico.
En el pos-correísmo los distintos gobiernos de Ecuador se apresuraron a resolver los crecientes requerimientos del Comando Sur que resolvió rápidamente, en una ofensiva diplomática de cooperación, sustituir su presencia en el país desde la desmantelada base de Manta, para pasar a controlar directamente los altos mandos, el equipamiento y la logística militar del país.
Corresponde señalar que ingentes inversiones y esfuerzos en cooperación militar que redundan en millones de dólares llegados a Ecuador, tuvieron como resultado el crecimiento exponencial de una criminalidad como no conocía Ecuador. Durante el período 2021-2022 Ecuador fue el mayor receptor de ayuda militar norteamericana con la transferencia de 172millones de dólares.
Ecuador repuso sus envíos de contingentes militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés).
El Salvador y Ecuador también participan del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador.
Tanto la WHINSEC en la dimensión operativa y en la adecuación de hipótesis de conflicto funcionales al Comando Sur, así como la dependencia con el mismo; como la ILEA en la construcción de dispositivos policiales y judiciales de control social, construcción de orden, y sobre determinación política de las naciones latinoamericanas; con instructores norteamericanos e israelíes, son las plataformas de homogeneización y operacionalización de las líneas largas del redespliegue norteamericano en América Latina.
Dr. Fernando Esteche* Dirigente político, profesor universitario y director general de PIA Global
Este artículo ha sido publicado en el portal UWI. Data
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