En un país sometido a la manipulación de la mentira mediática y la ficción de las redes sociales, el mandatario se vanagloria de los resultados ante cada encuesta que él mismo, o su grupo de poder, patrocina, para afirmar que esto lo legitima para hacer lo que le dé la gana, violar leyes o utilizarlas a su discreción, jugar con los fondos públicos en medio de una total oscuridad informativa, o despreciar a cualquier persona, organismo o sector social que exprese críticas a su gestión. Todo en base al resultado de las encuestas, que justificarían su popularidad, avalando supuestamente cualquier actitud, indigna de un estadista.
La lógica presidencial nos recuerda aquel dicho de “dime de que presumes y te diré de que careces”. Así, el funcionario afirma una y otra vez que no le interesa en lo más mínimo lo que diga la comunidad internacional, ni le presta atención a las críticas de los organismos de DDHH, las instituciones multilaterales de crédito, las calificadoras de riesgo, etc., etc. También asegura que a nadie le importa lo que digan los medios de prensa que aún no controla del todo, ya sea por la vía de la compra de voluntades o de las leyes mordaza y que, por lo tanto, no siguen a rajatabla el discurso oficial. Además, sostiene que tampoco le interesa la oposición, en especial las fuerzas del FMLN y, sin embargo, no pierde ocasión de atacarlas, de denostarlas, de afirmar su irrelevancia.
Parece ser entonces que, lejos de no importarle todos estos asuntos al presidente, la verdad es que le incomodan, le molestan, lo enervan, lo sacan de sus casillas, y no puede resistirse a atacarlos. Y no solo eso sino que, para intentar neutralizar aquella presión internacional (que dice no importarle), no dudó en inventarle una gira por la Unión Europea a su vicepresidente, durante la cual Félix Ulloa no tuvo mejores ocurrencias que hablar del famoso “articulo oculto de la Constitución” que otorgaría el derecho presidencial a la reelección o que, ante las críticas por la justificación del Estado salvadoreño a la violación de derechos humanos, se proponga a la comunidad internacional “actualizar los acuerdos internacionales en la materia”.
Del mismo modo, ordenó a sus funcionarios (porque nada sucede en ámbitos oficiales sin la aprobación directa del presidente) mentir descaradamente al responder las preguntas de los organismos internacionales contra la tortura, tanto de la ONU como de la OEA, en relación a las cientos de denuncias presentadas.
De modo que aquel discurso original de hace tres años y medio, lleno de odio, rebuscado en el rencor, explotando burdamente las frustraciones del pueblo y los errores de la izquierda previamente en el gobierno, se ha ido desgastando y consumiendo hasta transformarse en la actual letanía presidencial que oculta, detrás de la agresión verbal y decisiones políticas a base de venganzas y odios, una profunda debilidad política. El gobierno está estancado, hundido y quebrado, y en esas condiciones, mantener en agenda los distractores adecuados resulta esencial para el gobierno (a los 7.967 millones de dólares presupuestados por el Estado para 2022, se ha sumado ya una deuda añadida de más de 1000 millones de dólares; al final creció a $9,052.1 millones; aun así, los proyectos no se realizan, el dinero no aparece, la Asamblea Legislativa sigue aprobando deuda y esta es utilizada por el Ejecutivo para destinarla a publicidad y propaganda).
El mandatario en su laberinto
Esta semana, esa graduación policial sirvió para que el presidente despliegue su discurso de odio contra la comunidad internacional, en especial contra las Naciones Unidas, por haber respaldado y patrocinado los Acuerdos de Paz de 1992, de los que el mandatario no pierde oportunidad de renegar y vilipendiar. En esta ocasión, los calificó de espurios pactos entre corruptos que se habrían distribuido el botín del poder del Estado.
Puede parecer enfermiza su voluntad de seguir negando la historia de lucha de este pueblo, pero la realidad es que una gran parte de que pueda tener éxito el proyecto de dominación de esta fracción burguesa fascistoide y autoritaria, descansa en asegurar que este pueblo pierda su memoria, y con ella su voluntad de luchar ante la injusticia y la pérdida de derechos.
La narrativa presidencial se dirige a su público para convencerlo de que enfrenta un enemigo común y poderoso, que se opone a que El Salvador avance. Es su manera de mantener a sus seguidores unidos detrás de una bandera. No extraña esa actitud: es la opción que le queda, porque si esos seguidores despiertan de ese sueño embrutecedor, lo que tendrán ante sí, será la profundidad de la pobreza y la miseria que prolifera en el país, reconocerían la falta de soluciones; aquel pueblo, y en especial aquella juventud de la que se llena la boca cada funcionario legislativo o ministerial, resulta ser la juventud con mayor nivel de desempleo del continente, según datos recientes de CEPAL. El país se sigue hundiendo, las oportunidades para el pueblo brillan por su ausencia, pero los cantos de sirena presidencial siguen anunciando un futuro de maquetas brillantes y bien iluminadas.
En ese mismo laberinto presidencial encontramos un Bitcoin que sigue cayendo sin remedio. El salto al vacío declarado con el anuncio de compras diarias del criptoactivo se confirma en toda su gravedad, y a las actuales tasas de compra, esta acción significaría una dilapidación (sería un insulto a la inteligencia llamarlo inversión) de al menos diez millones de dólares de las arcas públicas, en lo que resta de su mandato. Al mismo tiempo, y en otra muestra de persistencia en su propia obstinación, el gobierno anuncia la creación de la Oficina Nacional del Bitcoin.
La reelección presidencial no es una opción
Para el régimen, para sus funcionarios, para sus cómplices dentro del gobierno, la reelección presidencial no puede ni debe ser una opción sino una obligación. La única solución posible para cumplir con dos objetivos centrales:
Garantizar el cumplimiento del proyecto de construcción hegemónica planteado por el grupo burgués emergente que se hizo del poder hace casi tres años y medio, y que desde entonces avanzó en una estrategia de tierra arrasada sobre cada uno de los instrumentos que dan sentido al estado de derecho dentro de un esquema demoliberal tradicional. Dicho proyecto no vislumbró jamás una alternancia gubernamental, sino la transformación revolucionaria-burguesa de lo que fuese necesario para asegurar la adecuación y revitalización del modelo de dominación capitalista neoliberal dependiente. Para ello jamás se plantearon límites temporales sino objetivos a cumplir.
La segunda razón se relaciona con las acciones cometidas a lo largo del tiempo de gobierno. Acciones que exceden con creces cualquier error que una administración pudiera cometer en la ejecución de la función pública. Los casos son tantos y tan evidentes, las denuncias y las pruebas son tan abundantes, que la única forma que pueden encontrar los partícipes de la actual administración, en complicidad o asociación para cometer delitos es tan evidente, que solo manteniéndose en el poder podrán evitar enfrentar juicios, condenas y cárceles, no por razones políticas sino por corrupción flagrante, por violaciones obscenas de derechos humanos y ciudadanos, en fin, por haber puesto el Estado al servicio de los intereses privados del grupo de poder y del clan familiar que lo hegemoniza y controla. Por eso necesitan el recurso del fraude electrónico, la cooptación actual del Tribunal electoral, la prevaricación de jueces y fiscales y la impunidad de policías y militares. Ese aparato institucional es la garantía de la impunidad del grupo en el poder, en tanto allí se mantenga.
Como señaló recientemente un editorialista, el presidente tiene todo a su medida para reelegirse, solo le falta la razón y la ley.
Otra vuelta de tuerca
El discurso presidencial ante los nuevos policías graduados fue también el escenario ideal para volver a establecer agendas distractoras de la opinión pública. Dos anuncios/afirmaciones presidenciales dan la pauta que los propagandistas del régimen han decidido explotar hasta el último día aquello que, según los estudios de opinión, cuenta con respaldo sólido de la población: el régimen de excepción y la llamada guerra contra pandillas.
Mientras intenta negar la presión internacional y manda a sus voceros a mentir descaradamente en nombre del Estado salvadoreño ante organismos internacionales de DDHH, en el frente interno asegura que el estado de excepción será permanente mientras dure su mandato presidencial, transformando así lo excepcional en natural y permanente. Por cierto, esta situación equipara a El Salvador con Haití, país que vive en régimen de excepción ininterrumpido desde hace 30 años. En aquel país las potencias injerencistas lo justifican por un llamado “Estado fallido” ¿Estará El Salvador en ese rumbo?
Pero no le resultó suficiente con este tipo de anuncios. También se inventó una “Fase 5” del Plan de Control Territorial, que no es más que el anuncio de estados de sitio focalizados en barrios, pueblos, cantones o ciudades, susceptibles de ser rodeadas militarmente, manteniendo el cerco mientras, al decir del presidente, “entraremos a buscar a los pandilleros en sus casas”.
Sin duda, la orfandad de la población en materia de DDHH y derechos civiles en general, genera las condiciones propicias para la continuidad de los abusos y violaciones de derechos fundamentales. Pero el punto es explotar al máximo un aspecto favorable en el marketing publicitario. Nada importa que la medida misma anunciada demuestre con elocuencia que, lejos de los grandes titulares y anuncios espectaculares, el Plan Control Territorial no ha servido para cumplir el objetivo propuesto y solo con un régimen de excepción permanente, y ahora con la suma total de 14,000 militares en tareas de seguridad, este gobierno es capaz de mantener la apariencia de tranquilidad en las calles, la falsa sensación de paz, que no impide que siga proliferando el delito.
Raúl Llarul* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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