A diferencia de procesos anteriores, en los cuales cabía alguna posibilidad de sorpresas del electorado, porque se ajustaban a reglas de juego conocidas, aceptadas y respetadas en gran medida por todos los actores, no solo por los competidores sino también por los árbitros electorales y el Estado, esta vez las cosas son muy distintas.
Esta vez, hasta los estudios de opinión resultaban inútiles, porque era muy poco lo que tenían para revelar. Ese hecho, en todo caso, subraya las condiciones de unas elecciones tan viciadas, tan diseñadas y controladas desde las más altas esferas del poder estatal, que hasta las parodias de procesos electorales montadas durante los años de los gobiernos militares de preguerra parecerían más serios que el actual.
Las respuestas ciudadanas a algunas consultas de opinión refuerzan esta idea. Por ejemplo, de acuerdo al estudio realizado por el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), del 3 al 8 de enero, como parte de los esfuerzos de Observa El Salvador 2024, un consorcio de observación electoral conformado por instituciones académicas e iglesias locales, los salvadoreños dicen no conocer quiénes son los candidatos de los partidos políticos, distintos a Nuevas Ideas, que corren para a la presidencia de El Salvador, según muestran los resultados de la VI Encuesta de Humor Social y Político: “Estos son los datos, no se enojen”.
Los resultados indican también que la figura del presidente como cara visible del partido de gobierno vuelve a ser decisiva en la preferencia de los ciudadanos a la hora de votar por diputados y alcaldes.
Cuando a las personas se les preguntó qué factor influye más en su decisión para votar por diputados/as a la Asamblea Legislativa el 34.7% dijo que depende de que apoyen al presidente, 26.7% señaló que de las propuestas que presenten, 18.2% del candidato, 9.5% del partido político y 4.2% que sean de oposición.
Esto tiene su correlato en las ínfimas posibilidades que tuvieron los partidos de oposición, e incluso aquellos asociados al oficialismo, fuera de Nuevas Ideas, para contar con recursos de campaña, frente al abrumador trabajo realizado desde el Estado, desde cada oficina pública, cada funcionario de alto nivel y los medios de comunicación a su servicio, para difundir exclusivamente publicidad favorable al inconstitucional candidato a la ilegal reelección presidencial.
Por otra parte, y como si esto no fuese suficiente, se acumulan las denuncias de propaganda partidaria no oficialista retirada de la vía pública por personal de las alcaldías a cargo de Nuevas Ideas, utilizando no solo recursos públicos para esta acción ilegal, sino que las labores de amenazas e intimidación a quienes se opusieran corrían a cargo de agentes de seguridad de esos mismos municipios.
Cada actividad gubernamental se ha transformado en acción proselitista, sancionado por la legislación electoral pero ignorado no solo por los políticos oficialistas sino por un patético árbitro electoral incapaz de emitir opinión independiente.
En El Salvador nadie desconoce esta situación, así como el poder del oficialismo y la larga mano de la fuerza militar y policial para disciplinar a los díscolos.
Para eso sigue vigente el régimen de excepción bajo el cual irá a las urnas la ciudadanía; una medida masivamente aceptada por una población que, al menos por ahora, ha sucumbido a las ofertas autoritarias de mano dura y cárcel sin investigar y sin preguntas, sin derechos y sin defensa legal, con absoluta impunidad policial y militar. Con alto grado de ocultación de las acciones represivas para mantener en pie la farsa del país en paz y seguro, vendida tanto a su electorado como a la comunidad internacional, la cual ha dejado de comprar ese mensaje viciado y falso.
El acumulado de irregularidades ha comenzado a naturalizarse a lo largo de un proceso que, partiendo de maniobras legislativas ordenadas por el Ejecutivo, comenzó a alterar sistemáticamente la estructura legal, en función de la construcción de un Estado a la altura de los intereses de la burguesía emergente, que se ha hecho con el poder decidida a perpetuarse en él.
En ese marco se encuentra la decisión legislativa de permitir alterar las reglas de juego electoral en cualquier momento, incluso a menos de un año de los comicios. Del mismo modo, la reorganización territorial de 262 a 44 municipios, asegura la concentración efectiva de poder local; lo mismo ha sucedido con la reducción de 84 a 60 diputaciones a la Asamblea Legislativa, que junto con el cambio de método de contabilización de votos favorece abiertamente al partido más fuerte.
No es un secreto el descrédito del árbitro electoral. Respecto a la confianza en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el estudio mencionado reporta que 34.6% dijo que confía mucho en el trabajo de esta instancia, mientras el 45% confía poco, 14.8% no confía nada y 4.7 % no sabe o no respondió.
La masiva propaganda oficial tiene sus efectos. Es conocido, por ejemplo, el casi nulo trabajo gubernamental en favor de los derechos de la mujer, sobre todo al compararlo con políticas de gobiernos anteriores. Sin embargo, las respuestas a la pregunta ¿Cuál de los gobiernos ha hecho más por la mujer? La respuesta contradice los hechos: ARENA, 1.4%; FMLN, 4.9%; Nuevas Ideas, 59.0%; ninguno, 26.3%; NS/NC, 8.5%.
Si vemos el caso de la educación, sucede lo mismo. Pocas áreas públicas se han deteriorado más por la ausencia de inversión oficial que la educación, pero el 61.9% afirma que ha mejorado mucho, frente a un 22.7% que responde que está igual, mientras solo un 13.2% reconoce que ha empeorado.
En materia de la legalidad o no de la candidatura oficialista, se ha demostrado hasta el hartazgo la inconstitucionalidad de su postulación, así como la de su vicepresidente. Sin embargo, el estudio de la UFG señala un 77% de apoyo a la postulación, frente a un 12.2% en contra. Así funciona y afecta la propaganda oficial.
Como todo régimen profundamente autoritario, este no se tranquiliza con una oposición débil, sino que requiere una sumisa y controlada, en especial cuando se trata de disputar, aunque sea mínimas cuotas de conocimiento popular. Por eso, aunque las respuestas de 84.1% de los encuestados afirman conocer al candidato oficial, le resultará sin duda molesto que el candidato del partido FMLN, instituto al que desde un primer momento se prometió aniquilar, resulte hoy el siguiente más conocido y que más convence; en efecto, el candidato Manuel “el chino” Flores ocupa el segundo lugar en intención de voto después del autócrata, aunque sea a una muy considerable distancia.
Por su parte, las conclusiones de otro estudio, el del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP destaca que El Salvador afronta la campaña más desequilibrada de los últimos tiempos, según consideró el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano:
“Estamos ante unas elecciones que van a ser una especie de trámite para los intereses de quienes tienen el poder. A eso nos acercamos el 4 de febrero y el 3 de marzo, unas elecciones que van a ser funcionales al régimen de turno.
El académico señaló que no hay coherencia ni respeto a las reglas del juego ni se respeta el derecho a competir en condiciones de equidad y de igualdad. A pocos días de las elecciones, los partidos de oposición no han recibido la denominada “deuda política”, una partida presupuestaria que debe ser adjudicada por el Ministerio de Hacienda antes de las elecciones a los partidos en contienda.
Serrano se refirió al voto en el exterior y lamentó que la ciudadanía no tenga ningún indicador “para verificar si lo que dicen que está pasando” es verdadero. Y es que ese parece constituir el punto central de la masiva maniobra de fraude en favor del oficialismo, que ha limitado y manipulado desde el Estado y a través de un TSE a su servicio, todas las normas y controles del voto en el exterior, cuyos resultados en materia legislativa van a parar a la circunscripción de San Salvador, garantizando así a su favor el departamento abrumadoramente superior en cuanto a representación legislativa (16/60).
Se señala el alto nivel de desconocimiento ciudadano acerca de las recientes reformas electorales; así, la ciudadanía desconoce el nombre del municipio al que conformará su distrito, y un alto porcentaje de personas que aseguraron conocer el nombre del municipio no lo contestaron correctamente. También hay un alto porcentaje (36%) que a la fecha del estudio desconoce cuál será su centro de votación.
El miedo como factor también se puede medir. Actualmente la población salvadoreña está teniendo “más cuidado” al momento de emitir sus opiniones sobre la situación política del país, según el citado estudio de IUDOP. Un 62.7% de los encuestados afirmó estar teniendo más cautela ante las opiniones políticas que hacen públicas.
Finalmente, la encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo) denominada “Evaluación ciudadana del año 2023 y percepciones en torno a las elecciones de 2024”, revela que cuatro de cada diez personas tienen poca confianza en el proceso electoral de cara a los comicios de febrero y marzo de este año. El 20.6% expresó tener mucha confianza, el 26.8% alguna confianza, el 41% respondió tener poca confianza, el 11.2% respondió que no tiene ninguna confianza y el 0.4% no respondió a la consulta.
Además, siete de cada 10 personas (69.9%) señalan que la economía es el problema más grave que enfrenta el país actualmente. Por su parte, el 4.4% identifica problemas asociados con la inseguridad y violencia, el 2.2% problemas políticos y de gobernanza, mientras que 1.8% señala el régimen de excepción, el 0.1% el COVID-19 y 8.3% otro tipo de problemas. A su vez, el 9% de la población no reconoce ningún problema en particular, mientras que el 4.3% no sabe o no responde.
Importante señalar que desde el año 2021 la economía es identificada como la principal preocupación por la población salvadoreña, pasando de 28.9% en noviembre/diciembre de 2021 a 69.9% en noviembre/diciembre de 2023.
La realidad económica pretende ser ocultada mediante la propaganda habitual, hoy convertida en proselitista, y el circo a que nos tiene acostumbrados, que esta semana incluyó un nuevo espectáculo deportivo para seguir durmiendo conciencias.
Mientras los estudios evidencian el estado de ánimo y opinión popular frente al proceso electoral los funcionarios hacen campaña desde sus puestos oficiales pagados por impuestos ciudadanos y actúan como saben hacerlo, como matones de barrio que, acostumbrados a su impunidad en base a la fuerza y el miedo, piensan que su poder durará para siempre.
La historia universal demuestra que no es así, en particular la de El Salvador, que señala que los arrogantes, autoritarios y delincuentes que se aprovechan del Estado y violan la Constitución en su propio beneficio, tarde o temprano terminan en la cárcel, por más legislaciones amañadas que diseñen, y a pesar que conciban sus batallas con la figura del tigre suelto peleando “valientemente” contra burros amarrados.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Animación de Nayib Bukele durante la «Bitcoin Week». (Reuters)
