Con las salvedades correspondientes, el caso salvadoreño puede constituir un precedente para realidades semejantes en América Latina
En una semana, según lo que anticipan los medios nacionales e internacionales, la ilegal, ilegítima e inconstitucional reelección presidencial tendrá lugar en El Salvador, cuando la ciudadanía encuentre en las papeletas de votación a la primera magistratura el rostro y nombre de un personaje que, de acuerdo a la misma Constitución que pisotea, ha perdido sus derechos ciudadanos, tal como lo han perdido sus cómplices en las cortes de justicia, en el parlamento y en el tribunal electoral.
Los han perdido porque así lo determina taxativamente la Constitución, que sigue rigiendo porque fueron incapaces de reformarla, siguiendo las leyes que lo establecen, o bien de convocar a una constituyente que les allanara el camino para perpetrar sus planes de permanencia indefinida en el poder. Al abrigo de su propia impunidad fabricada a fuerza de manipulación mediática, matonería en redes sociales y poder militar y policial, se sienten invulnerables. Pero el tiempo sigue sin jugar a su favor.
Mafia, miedo y corrupción
Sin duda, la baja de homicidios y la reducción de acciones criminales pandilleras trajo réditos políticos al oficialismo, y muchos justifican en ello su apoyo electoral. Pero, desde que el gobierno, fracasado su pacto con las pandillas, que le aseguraba la drástica reducción de homicidios a cambio de beneficios para esos grupos criminales a los que ahora persigue y utiliza como aval electoral, impuso a la ciudadanía un régimen de excepción inconstitucional, se adjudica al miedo ciudadano una de las razones de la aprobación a la gestión presidencial.
No podemos negar que puede haber población a la cual afecte el miedo a la cárcel o la persecución arbitraria y la militarización; la condición de anonimato de las denuncias, que deja a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad ante venganzas, celos o disputas de cualquier tipo, resueltas mediante una llama telefónica que nadie cuestionará, pueden haber incidido, pero sería válido suponer que en esos casos más que apoyo al régimen puede haberse registrado un silencio u ocultamiento de los verdaderos sentimientos.
En cambio, puede que resulte más factible que lo que explota el autoproclamado “dictador cool”, sea el miedo a la miseria, no irreal ni inventada por la oposición política, sino creada a lo largo de su catastrófico quinquenio de abandono a toda política social y de políticas económicas desastrosas, que llevaron a un aumento decisivo de la pobreza extrema y relativa, produciendo el mayor retroceso en las condiciones de vida de las mayorías populares desde la llegada de la democracia con los acuerdos de paz de 1992.
Quienes evitan caer en esos crecientes bolsones de pobreza son, por ejemplo, los empleados públicos, hombres y mujeres que, sin embargo, reconocen que su futuro depende de una decisión anónima e inmisericorde, en la medida que su lealtad al régimen pudiera ser cuestionada de alguna forma. Ese miedo es real, porque presenta a cada funcionario (de cualquier escalafón o nivel) ante la perspectiva muy real de perder su fuente de ingresos, su empleo, su casa, el ahorro para el estudio de sus hijos, su movilidad, su programa de salud, un estilo de vida y una cierta seguridad financiera. Esa perspectiva que ronda a decenas de miles de trabajadores del Estado es, sin duda, una real causa de miedo y terror paralizante, que también gana voluntades.
Nadie puede culpar a un ser humano por su temor ante la amenaza de una fuerza muy superior, que ha demostrado sobradamente su crueldad, espíritu de venganza y desprecio por la justicia, pero es importante registrar este factor para comprender también sobre qué ejes basa parte de su “apoyo” el personaje que proclama su popularidad.
Esta semana que acaba de finalizar nos presentó otro ejemplo de la forma que actúa un régimen mafioso, acostumbrado al chantaje y la represión como método de disuasión. Ante el reclamo masivo en las calles por parte de organizaciones magisteriales, exigiendo revisiones salariales que llevan retrasadas desde 2022, los esbirros del régimen en el ministerio se dedicaron a identificar el personal que participó de la marcha con el fin último de gestionar su despido.
Lo mismo había sucedido con los médicos, que meses atrás reclamaron sus pagos por trabajo nocturno y otras prestaciones adeudadas y terminaron despedidos. Ante estas arbitrariedades no existe instancia arbitral que valga porque el ministerio de Trabajo está en manos de mafiosos sindicales de larga data, que fueron y siguen siendo sustento del actual régimen. Paralelamente, la persecución sindical constituye uno de los pilares de la represión orientada al control social, círculo vicioso que se completa con la militarización y el régimen de excepción, utilizado para lo que en realidad fue creado, controlar el peligro potencial del movimiento popular organizado.
Mientras se busca ahogar toda expresión popular de repudio y resistencia al institucionalizado abuso de autoridad, las estructuras mafiosas del gobierno siguen funcionando a pleno. Se conoce así, a través de la prensa de investigación, acerca de la liberación de activos jefes pandilleros realizadas por personeros del gobierno, así como diversas negociaciones para coordinarse con carteles internacionales del crimen organizado.
Nada de esto es nuevo, y ya se conocieron ese tipo de lazos desde los días de la pandemia, con las relaciones del narcotráfico asentado en México y la provisión de paquetes de ayuda alimentaria que el gobierno salvadoreño entregaba en todo el país. Hoy los paquetes siguen distribuyéndose de manera ilegal en plena campaña electoral. Esta vez distribuye con fines proselitistas alimentos donados por el gobierno chino.
Hace tiempo que se conocen casos de liberación de pandilleros y del trato privilegiado que siguen teniendo estos sujetos con el gobierno que dice perseguirlos. Muchos siguen operando en El Salvador y otros desarrollan sus actividades en otros países, pero lo que el gobierno no puede ya negar, y por eso prefiere ignorar cada mención al tema que aparezca en algún medio, es la contundencia de las grabaciones, documentos, fotos, copias de mensajes intercambiados entre funcionarios oficiales y criminales de la peor calaña. Ese es el carácter mafioso de un gobierno que, mientras dice perseguir delincuentes negocia con ellos, pero persigue pobres, y centra su inteligencia represiva en las organizaciones comunitarias y el movimiento popular organizado, mientras se lucra políticamente de la abierta manipulación mediática para ganar votos.
El odio que conduce a la demagogia
El recurso al odio como factor de división social fue esgrimido como un mandoble sobre la sociedad salvadoreña desde mucho antes que el clan en el poder llegara al Ejecutivo. Ya lo había utilizado desde sus puestos al frente de alcaldías como la capitalina. El odio a los políticos en general, sin distinción alguna, con generalizaciones insultantes, las acusaciones de corrupción y otros delitos, sin pruebas, pero presentando su proyecto como en las antípodas de esas acciones, construyó a la vez simpatías hacia sus promesas y odio hacia lo conocido. Lo mismo sucede con la insultante y falsa narrativa histórica respecto al conflicto armado y a los acuerdos de paz.
La siembra del odio provoca sentimientos permanentes de división social que no se corresponde con la realidad salvadoreña. La proclamada “paz verdadera” que el autócrata asegura que vive El Salvador no se condice con los datos oficiales ni con los diferentes estudios de la paz social en el mundo. Las cifras condenan y delatan las mentiras del oficialismo, que las oculta a conciencia para que no lleguen a la población cautiva que, al abastecerse informativamente en los medios y redes sociales oficialistas, permanece ignorante de esa realidad.
Según informa el portal Datos Macro del periódico Expansión
“El Salvador no está en un buen puesto en el ranking de paz global, situado en el puesto número 122 […] puede considerarse un país peligroso. Ha empeorado su posición, ya que en 2022 estaba en el puesto 117. Ha obtenido 2,279 puntos en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publica el Institute for Economics and Peace, con lo que empeora su puntuación respecto al informe de 2022, en el que obtuvo 2,256 puntos.
Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país.”
¿Cómo se explica entonces la narrativa vacía del presidente y sus repetidores profesionales de bulos y mentiras? La realidad lo reta y derrota.
El Índice de Paz Global toma en cuenta 23 indicadores cuantitativos y cualitativos. Mientras mayor es el índice, más violento es el país. La seguridad supone también que la ley se aplica por igual a cualquier ciudadano y que está por encima de los caprichos de los gobernantes; que la gente tiene una vivienda en la que se siente segura y a gusto; que cuenta con empleo y salario dignos. Seguridad es no sentir temor a expresar las opiniones y preferencias personales. No puede ser seguro un país cuando adrede no se contabilizan entre los homicidios las osamentas encontradas en fosas clandestinas, ni los muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, o los asesinados en los centros penales.
En el discurso presidencial y el de sus cómplices en la Asamblea Legislativa, la manipulación y el odio prevalecen hasta el límite del ridículo, como el impresentable presidente del Legislativo, quien afirmó que nunca consideraría propuesta alguna de una diputada, por ser de la oposición. Como vemos, los Milei, Trump, Bolsonaro y Bukele tienen una diversa fauna de repetidores de incoherencias que parece ganar espacio.
Así llegamos a las elecciones, y podemos entonces preguntarnos si será el miedo, la popularidad, los actos arbitrarios, los dichos, o la propaganda lo que definirá el voto popular en El Salvador.
Creemos que la respuesta, siendo compleja y con múltiples componentes -que posiblemente incluyan parcialmente cada uno de los elementos antes mencionados- se asentará, como suelen repetirnos los gurús del marketing electoral, en las emociones y sentimientos de la gente. Puede ser. Pero lo que parece indudable es que ese pueblo irá a votar sufriendo un bombardeo desinformativo permanente, que lo engaña con una realidad paralela e inexistente. También votará con la ilusión de las promesas que jamás serán cumplidas, como no lo fueron en los primeros cinco años, pero que mantiene en pie las aspiraciones populares. Votará con odio infundido desde el poder, con miedo a lo impredecible, pero no obstante consciente de su decisión. Cuando eso sucede, no es un ejercicio democrático lo que estamos viendo sino la consolidación de la Demagogia como forma de gobierno.
El desafío
A las fuerzas populares y revolucionarias les queda pues una ardua tarea de concientización de amplios sectores de masas, partiendo de las resistencias construidas, y sobre todo del importante avance en las relaciones directas con el pueblo y sus sentimientos, desarrolladas de punta a punta en todo el territorio nacional, y que será sin duda el activo más importante para luchar hasta que caiga el régimen ilegítimo, ilegal, inconstitucional, mafioso y corrupto. Hasta que por fin el pueblo llano abandone su inclinación demagógica para construir su verdadera democracia, una que sea participativa, asamblearia, directa y protagónica.
Es tiempo de trabajar entonces, desde el sentido de victoria que nos da el hecho de que la autocracia fue incapaz de cortar esos lazos históricos, de fuerzas poderosas, como la militancia del FMLN con su pueblo. No pudo y no podrá, y allí reside el germen de su derrota estratégica, por más reclamos de victoria superficiales y vacíos que declare, a la luz de resultados electorales viciados y fraudulentos.
Raúl Larull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Twitter
Referencias:
*DEMAGOGIA: Degeneración de la democracia, consistente en que políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder
Real Academia de la Lengua Española.
