El régimen ilegítimo e ilegal que usurpó el poder en 2024 no ha logrado desde entonces estabilizarse, y cada una de sus respuestas parece hundirlo más en sus propias contradicciones.
Desde inicios de 2025, la dinámica de los acontecimientos se acelera. Esta situación subraya la incapacidad del oficialismo para enfrentar múltiples problemas y desafíos de manera adecuada. En esas circunstancias aparece su natural instinto intolerante, arrogante y represivo.
Tres hechos recientes marcan a un gobierno que parece haber perdido el timón:
- La crisis de los deportados venezolanos y la transformación de El Salvador en una especie de colonia penitenciaria de EEUU, amarró el destino del usurpador al de Donald Trump. La atención internacional que generó el encuentro de los dos mandatarios en Washington, y las implicaciones de los acuerdos firmados, revelaron entreguismo, sumisión, irrespeto a los derechos humanos, desdén por la justicia y desprecio a las leyes, incluso las internacionales.
- La publicación de El Faro, confirmando los entretelones de la tregua entre quienes gobiernan actualmente El Salvador y las pandillas, para hacerse en primer lugar con la alcaldía de San Salvador, y luego con la presidencia de la República, fue una bomba de profundidad para el régimen que, desde entonces, pasó del silencio amenazante contra los periodistas que revelaron los detalles de aquellos pactos oscuros, a la “narrativa creativa” que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, fue asignada al vicepresidente Félix Ulloa, autor del “hallazgo” del famoso “artículo oculto de la Constitución”, descarado argumento que pretendió justificar la ilegal reelección del actual binomio presidencial. Esta vez le tocó en suerte “negar la existencia del sol”, y lo hizo con su habitual desparpajo y cinismo. Argumentó que jamás existió una política de negociación y que, si acaso había sucedido, se trataría de algún funcionario que negoció con vendedores informales, sin saber que se trataba de pandilleros. La desfachatez del personaje no conoce límites. Fue el mismo Ulloa quien lanzó la ocurrencia de que El Salvador ofrecía “servicios de alojamiento penitenciario”, ante la escandalizada ola internacional de repudio a los oscuros acuerdos Trump-Bukele.
- Finalmente, las consecuencias de la incapacidad del gobierno para llevar adelante obras públicas confiables y seguras se demostró pocos días atrás, con el derrumbe de un tramo de carretera en construcción que dejó una buena parte del país incomunicado por vía terrestre. Las reacciones desde el Estado autocrático fueron tan injustificadas como autoritarias. El presidente ordenó, sin ningún asidero legal y de manera demagógica, la gratuidad del transporte público (en manos de empresarios privados), en todo el país, no solo en la zona afectada; lo ordenó a través de redes sociales, sin respaldo legal alguno. Ante la aparente falta de disposición de algunos empresarios para cumplir los deseos del presidente, los mandó encarcelar, haciendo gala de su talante autoritario.
Son semanas de pesadilla para un gobierno que, ante la avalancha de malas noticias se muestra desesperado, porque empieza a ser reconocido en el mundo como lo que es, una dictadura brutal asentada en un pacto con criminales.
Tratando de ocultar su profunda incapacidad para gobernar volvió a recurrir a chivos expiatorios. Para prevenir que nuevas investigaciones periodísticas siguieran insistiendo en temas sensibles, el ejército trató de imponer la censura a un grupo de reporteros extranjeros que buscaba documentar las afueras del CECOT. No debemos olvidar el incómodo decomiso en Panamá de un cargamento con sacos de café promovido por el gobierno, que ocultaba un cargamento de drogas.
Ante ello, la comunicación gubernamental ha intentado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores, presentando esta obligación como una virtud (“inyectaremos mil millones de dólares a la economía”, anunciaron por segunda vez desde abril).
Atrapado en la mentira, la negligencia, la incapacidad y la corrupción, el régimen agota rápidamente sus posibilidades.
Aunque, al leer la prensa oficialista, encargada de difundir “las buenas noticias del gobierno” se pudiera creer que todo está bajo control, y que sus acciones gozan de enorme apoyo de la población, la realidad está muy lejos de parecerse a la que presenta el aparato de propaganda de la dictadura.
La lectura, de estudios de opinión independientes, muestran una tendencia que desafía las lógicas gubernamentales. Ya en enero de este año, los primeros datos de estudios de opinión de la Universidad Francisco Gavidia, demostraban que, aunque la población seguía apoyando la gestión presidencial con una nota de 7,73 (en una escala de 0 a 10), esta resultaba ser la evaluación más baja del mandatario desde que llegó al poder Ejecutivo en 2019.
De acuerdo con los datos presentados por expertos del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), la nota otorgada a Bukele en ese momento era inferior en 0,7 puntos al 8,43 registrado en octubre de 2024. Esa caída, lejos de detenerse parece acelerarse.
En estos días comenzó a circular en redes sociales un estudio del Centro de Estudios de Opinión, que identifica claramente la tendencia declinante, tanto de la popularidad del mandatario como de los niveles de aprobación a sus políticas.
La gráfica muestra claramente que, en la evaluación del gobierno, las tendencias negativas y positivas se acercan hasta casi cruzarse. Es de destacar que el estudio llega hasta febrero de este año; esto significa que aún no se registraba la crisis de los migrantes venezolanos (marzo 2025), ni las revelaciones de El Faro acerca de las negociaciones con pandillas (abril 2025), ni había sucedido el colapso de la carretera de Los Chorros (mayo 2025).
Es de suponer que a estas alturas los próximos estudios muestren una alteración radical de la situación, invirtiéndose la tendencia, pasando a ser superiores los señalamientos negativos.
Del mismo modo, se puede establecer la caída de las percepciones positivas del presidente frente al alza de las observaciones negativas.
En síntesis, una rápida mirada a los acontecimientos recientes, y a las aproximaciones respecto de la percepción ciudadana, nos permite explicar la errática actitud de un presidente en crisis ante una serie de descalabros, que hoy lo pintan ante el mundo como realmente es, más allá de los aparatos de propaganda, y de fanatismos promovidos a través de enormes inversiones en redes sociales.
Para terminar de complicar el panorama, esta semana se presentó el informe de seguimiento anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En él se señala que el Estado salvadoreño sigue sin dar total cumplimiento a las recomendaciones realizadas en derechos humanos tras su visita al país en 2019 y de la publicación de su último informe en 2021.
De las 38 recomendaciones, 14 están «pendientes de alcanzar», de 19 su cumplimiento es «parcial». En 3 de las recomendaciones muestra un estatus de «parcial sustancial», es decir que estos apartados se mantienen igual que en el informe presentado anteriormente, por lo que no ha existido avances o trabajo significativo, según la Comisión. Solo una recomendación se cumplió y otra reportó mejoría.
Según la CIDH, las autoridades siguen sin crear un marco legal que dé protección y defensa a las personas defensoras de derechos humanos, tomando todas las medidas necesarias para que cese la estigmatización y los señalamientos degradantes originados en el Estado o sus agentes. Esta categoría figura como pendiente de cumplimiento.
Esa es la realidad de la crisis en El Salvador, que tiene además un elemento extra de enorme peso, la economía, que sigue estancada, sin inversiones y con el peor crecimiento de la región, muy a pesar de la propaganda del régimen, que insiste que, con la seguridad garantizada, las inversiones llegarán de todo el mundo.
Lo cierto es que las inversiones no llegan, que el mundo desconfía de un gobierno que miente todo el tiempo, que se sigue endeudando, mientras la ciudadanía continúa identificando los problemas económicos como sus principales motivos de preocupación.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: Un manifestante sostiene un cartel que dice “No a la dictadura” durante una protesta en El Salvador. SOPA Images (SOPA Images/LightRocket via Gett)
