La frase se transformó en metáfora de la podredumbre de sistemas políticos que, como los pescados, comienzan a podrirse desde la cabeza.
El Salvador de estos días, recuerda cada vez más aquella Dinamarca de Hamlet, aunque peor en todos los sentidos; el hedor a corrupción y podredumbre no logra disimularse con distractores tan gigantescos como los juegos centroamericanos y del Caribe, ni con declaradas guerras contra pandillas y contra la corrupción (de otros, jamás de los corruptos del gobierno), ni con Bitcoin o patéticos shows pagados cada día en las plazas céntricas, con personajes locales bailando para que los turistas tomen videos que suban a las redes, mostrando “la felicidad del pueblo”; tampoco el hedor se disimula disminuyendo la cifra de insatisfechos por vía de persecución, migración forzada, acoso a medios, elecciones amañadas y reelecciones ilegales.
El viernes 23 de junio, con pretenciosa pompa y patrioterismo, el gobierno dio por inaugurados los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Más allá de lo reportado en el informe anterior, en relación con la incapacidad de gestión, incumplimiento de contratos, oscuridad en las adjudicaciones, para empujar la realización de los que posiblemente sean los juegos más improvisados de la historia, han empezado a salir a la luz las maniobras corruptas del oficialismo para asegurar jugosos contratos a amigos y aliados, nacionales y extranjeros.
Medallas de oro
Pero antes de entrar a detallar lo oscuro y negativo, es justo destacar lo positivo, aquello que brilla con luz propia en estos días de glorias deportivas.
Hasta el momento hay dos importantes sectores sin los cuales cualquier competición amateur internacional no podría jamás tener éxito, y que en este caso no han sido la excepción: los y las atletas participantes de todas las delegaciones, quienes en base a voluntad y decisión de competir con dignidad y deportividad, superan todo obstáculo que pudiera entorpecer el desarrollo de los juegos y, por otra parte, la legión de voluntarias y voluntarios, muchos de ellos también deportistas en niveles inferiores, que han dado todo de sí para facilitar el desarrollo de las actividades y hacer sentir a cada participante, local o visitante, como en su casa.
Son, sin duda, las y los ganadores de la medalla de oro de este evento, abanderados del deporte y la amistad entre los pueblos, porque otorgaron al torneo el carácter de unión y hermandad, sana competencia y esfuerzos de superación.
Ese cuerpo de voluntarios y atletas ha hecho todo lo posible para superar cada una de las innumerables dificultades que generó la pésima organización de infraestructura oficial. Nada en ellos y ellas ha habido de interés egoísta o mezquino, y pocos ejemplos pueden encontrarse que superen la actitud de dignidad y deportividad de la atleta cubana de tiro, Laina Pérez, al devolver la medalla a la mexicana Alejandra Cervantes, legítima ganadora del bronce en el torneo, pero desplazada del triunfo por un tecnicismo reglamentario.
Las sospechosas comidas de los juegos
Por supuesto, esas voluntarias y atletas de todo tipo que protagonizaron los juegos no han tenido en mente lucrarse con la explotación del sacrificio de centenares de personas que actuaron siempre bajo el espíritu de Pierre de Coubertin. Pero sin duda que hay otros, muchos otros, muy alejados del espíritu deportivo, y guiados por el ansia del lucro desmedido del capitalismo salvaje y el “liberalismo entre amigos”, que ven en cada evento público la oportunidad de la ganancia económica a expensa de otros.
Es el caso, por ejemplo, de una empresa de amigos del círculo de poder en El Salvador, que recibió la concesión para la alimentación de los atletas. La empresa de origen colombiano Servicios de Alimentación N.P. S.A., conocida como La Vianda, administra el comedor de atletas en la Universidad de El Salvador (UES). El contrato supera los cuatro millones de dólares y fue adjudicado cuando esa empresa todavía no se había ni siquiera registrado en el país sede de los Juegos, acto legal que realizó un día después de dicha adjudicación, según revelaba recientemente una publicación de la Revista Factum.
En Colombia, esa sociedad, propiedad de la familia Navarro Polania, brinda servicios de alimentación desde hace más de cuatro décadas, y fue investigada por vender canastas alimenticias a sobreprecios a la alcaldía de Barranquilla durante la pandemia por Covid 19. En El Salvador, la empresa colombiana provee la alimentación de 5,000 atletas y 3,000 delegados deportivos en un comedor provisional instalado en la UES.
La sociedad colombiana inició las negociaciones para su contratación con el Comité Organizador sin siquiera estar inscrita en el Registro de Comercio salvadoreño, como lo manda el Código de Comercio. Según consta en documentos oficiales, el 22 de febrero de 2023 el jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), César Fuentes, solicitó la adjudicación del contrato para la alimentación de los atletas, basado en que a principios de febrero de 2023 se promovió un proceso de contratación directa sin competencia e invitaron a un solo participante: Servicios de Alimentación N.P. S.A.
Justificaron que la empresa colombiana había empezado los trámites para abrir una sucursal en El Salvador, pero no era cierto. Según datos del medio de investigación citado, la sucursal salvadoreña de Servicios de Alimentación, N.P. S.A. fue inscrita el 24 de febrero de 2023, dos días después de ganar el millonario contrato. El capital inicial de esa empresa fue de $12,000. El giro comercial con el que puede hacer negocios es la compra, preparación, transformación y venta de alimentos a casinos, residencias, empresas y a todo tipo de personas a domicilio o preparados en el lugar.
En un primer momento, el Comité Organizador pidió en los términos de referencia que fueran preparados 73,082 desayunos, almuerzos, cenas y snacks, además del servicio de alquiler de una carpa que funciona como comedor para atletas y oficiales deportivos en la Universidad de El Salvador. La oferta inicial de la empresa colombiana fue de $4,793,416.10 y sobrepasaba el presupuesto asignado por la organización de los Juegos de San Salvador, que era de $4,738,008.60.
En la fase de negociación, la empresa colombiana ofreció sus servicios con precios unitarios de $18 los desayunos, $20 los almuerzos y cenas, $4.30 los aperitivos y a $240,407.50 la instalación y alquiler de la carpa- comedor en la UES.
Para ajustarse al presupuesto que tenía el Comité Organizador, y otorgar el contrato a la empresa colombiana, el jefe de la UACI detalló que redujeron las cantidades de alimentos solicitadas a 71,000 desayunos, 71,000 almuerzos, 71,000 cenas, 71,000 snacks e incluyeron el alquiler de la carpa para finalizar con un costo total de $4,663,707.50. Con ese monto fue sellada la contratación.
El 15 de marzo de 2023, se reformó el artículo 19 de la ley de los Juegos para que las compras públicas no fueran regidas por la entonces vigente Ley de Contrataciones y Adjudicaciones de la Administración Pública (LACAP); con la reforma se dejó habilitado al Comité Organizador para que elaborara manuales que detallen los procedimientos para la adquisición de equipo, servicios, la construcción y la reconstrucción de infraestructura deportiva. Sin embargo, la información de al menos cuatro contratos importantes fue declarada como información reservada por tres años, por lo que nadie puede saber cuáles fueron los criterios técnicos para otorgarlos.
Escudado en el Manual de Compras Públicas de los Juegos, el INDES también declaró la inexistencia de información de contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas entre enero, febrero y marzo de 2023.
Vale la pena preguntarse, en el caso de la contratación de alimentación para los juegos, si no existirá en El Salvador ni tan siquiera una empresa en condiciones de realizar ofertas que garanticen la calidad requerida para un evento internacional de esta naturaleza, a precios mucho más competitivos que los escandalosos valores ofertados por la empresa de los amigos de los organizadores.
Así, la oscuridad en el abastecimiento y todo tipo de contratos para los Juegos Centroamericanos se suma a la larga lista de corrupción y oscuridad en el manejo de las finanzas públicas por un gobierno que se anuncia decidido a luchar contra todo aquel que considere corrupto, en tanto no pertenezca a las filas de sus leales.
“Nuestros” corruptos; “sus” corruptos
Los ejemplos abundan. Jamás se investigó, en especial con la gestión del actual fiscal, Rodolfo Delgado, impuesto por la presidencia de la República, una sola de las acusaciones contra la actual administración; tampoco se realizaron acciones contra el carcelero mayor de El Salvador, Osiris Luna (cuya lista de acusaciones se suman sin cesar: uso de prisioneros obligados a realizar trabajos en propiedades privadas relacionadas a la madre de Luna; venta de paquetes alimenticios comprados por el gobierno para atender la pandemia; vuelos privados en jet de lujo de los cuales jamás dio explicaciones, etc.).
Como decimos, la lista es larga y sigue creciendo, desde la jefa de gabinete, Carolina Recinos, hasta el jefe de bancada legislativa, el ministro de Salud, el presidente de la Asamblea, el exministro de Agricultura, entre muchos otros.
El caso de los diputados oficialistas, aprobando leyes para garantizar impunidad a funcionarios involucrados en compras durante la pandemia, a través de la llamada Ley Alabí, en alusión al ministro de Salud, Francisco Alabí, y declarando en reserva prácticamente todos los gastos públicos, es el mejor ejemplo de los que este gobierno opina de la transparencia, la rendición de cuentas, y los mecanismos de control democrático que, alguna vez – si bien es cierto brevemente- El Salvador tuvo.
No es necesario abundar en más ejemplos, pero uno refleja con claridad la forma en que las finanzas públicas han sido puestas al servicio de un grupúsculo elitista, que se sirve descaradamente del Estado para llenar sus arcas privadas y facilitar negocios a sus socios y familiares. Se trata de la toma de dinero de los fondos de pensiones y la declaración de reserva a toda información relativa al pago de esta deuda, que afecta las pensiones de todos los trabajadores.
En estos primeros cuatro años de gobierno, hay aproximadamente cuatro mil millones de dólares cuyos destinos son desconocidos; podemos sumar a esto el incierto origen y destino de fondos para comprar bitcoins.
Lo que el gobierno llama guerra contra la corrupción luce como un discurso electorero y una herramienta para perseguir opositores. Cuando lanzaron su “guerra contra pandillas” recurrieron al viejo e inmoral truco de calificar como delincuente en favor de las pandillas a toda persona que cuestionara las medidas, violatorias de los más elementales derechos; esa misma lógica deforme, que solo puede engañar a un público desinformado y poco educado, será sin duda aplicada con el mismo descaro a quienes critiquen su falsa guerra contra la corrupción; todo aquel que la cuestione se convierte en defensor de corruptos.
Sin duda, la Dinamarca de ficción de Shakespeare ha sido ampliamente superada por la podredumbre -real y no ficticia- de la emergente burguesía salvadoreña y sus socios/cómplices oligarcas e imperiales.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Imagen You Tube
