Los dirigentes de Gibraltar y la isla de Man han rechazado la idea de que se establezcan en su territorio centros de detención para solicitantes de asilo Roelf Odendaal / EyeEm / Getty
La tradición británica de conceder asilo político a quienes huían de la guerra y la persecución política y religiosa, y no digamos la de ser un país relativamente abierto a la inmigración, ha pasado a mejor vida. El Gobierno de Boris Johnson se ha puesto como modelo de política migratoria la de Australia, con sus polémicos centros de detención en la isla de Nauru y en la de Manus (Papúa Nueva Guinea, este último ya cerrado).
Londres contempla “deslocalizar” a los solicitantes de asilo y se ha planteado enviarlos lo más lejos posible, como la isla de Ascensión (a 6.800 kilómetros de distancia), o a la de Tristan da Cunha (casi 10.000 kilómetros), ambas colonias británicas en el medio del Atlántico. Literalmente, los rincones más remotos de lo que queda del Imperio. Las obvias complicaciones logísticas han hecho, sin embargo, que se fije en opciones más próximas y realistas como Gibraltar, las Hébridas y la isla de Man, en el mar de Irlanda.
El objetivo de Londres es taponar la llegada de inmigrantes en barcazas cruzando el canal de la Mancha.
La iniciativa es la respuesta al creciente número de solicitantes de asilo que, después del Brexit, cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Como el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, no puede devolverlos al lugar en el que embarcaron (Francia en la mayoría de casos), sino que por ley ha de recibirlos y procesar su solicitud en este país. Muchos acaban en un gran centro de detención que hay en las proximidades del aeropuerto de Heathrow.
Las organizaciones humanitarias han calificado de crueles las intenciones de Johnson, teniendo en cuenta los resultados de la experiencia australiana (dos asesinatos, diez suicidios, una incidencia de problemas mentales doscientas veces superior a la normal, y un promedio de permanencia en los campos de siete años, hasta que la gente es devuelta a sus países de origen o, excepcionalmente, aceptada como refugiado). Pero la ministra de Interior Priti Patel dice que se trata justamente de lo contrario, una manera “humana y compasiva de afrontar el problema, para disuadir a los extranjeros de que pidan asilo y caigan en manos de gángsters”.
Las organizaciones humanitarias han calificado de crueles las intenciones de Johnson.
La Administración británica matiza que solo serían enviados a la Isla de Man, Gibraltar o las Hébridas escocesas los demandantes de asilo que lleguen por “rutas ilegales” (es decir, el mar, o como polizontes en un barco, o escondidos entre las ruedas de un camión), y no los que lo hacen por “rutas convencionales”, es decir, a un aeropuerto con la cara por delante, para que puedan ser puestos en el primer avión de vuelta a casa sin costar un duro.
Pero así como el problema de “deslocalizarlos” en medio del Atlántico es logístico, en lugares más cercanos es político. Fabián Picardo, el primer ministro gibraltareño, ha mostrado su sorpresa por no haber sido consultado al respecto por la metrópoli, y ha recordado que habría “consideraciones legales y constitucionales, así como limitaciones geográficas”, que tener en cuenta. Ahora que Madrid y Londres se han puesto de acuerdo en principio sobre el futuro estatus de la colonia, establecer un campamento de solicitantes de asilo a las puertas de La Línea de la Concepción no parece una gran idea (una revisión de los objetivos de seguridad del Reino Unido recién publicada plantea aumentar el número de cabezas nucleares y de soldados para responder, entre otras hipótesis, a un ataque extranjero en las aguas territoriales de Gibraltar).
Howard Quyle, el primer ministro de la isla de Man (una dependencia de la corona que no es parte del Reino Unido sino “posesión” de la reina Isabel, cuyos ciudadanos son británicos pero tienen su propio pasaporte) ha preguntado en público a Johnson si se trataba de una inocentada, porque jamás daría su visto bueno a semejante disparate. “Después de la de construir un puente o túnel entre Escocia e Irlanda del Norte, es la tontería más grande que he escuchado”, dice.
La isla de Man (85.000 habitantes) está satisfecha con ser un paraíso fiscal sin impuestos (excepto un 10% sobre la renta), tener el Parlamento en continuo funcionamiento más antiguo del mundo, unas famosas carreras de motos, un idioma celta extinguido, un programa espacial y una especie de gatos que no tienen cola. También de ser la cuna de los Bee Gees, antes de que emigraran primero a Manchester y luego a Australia. Pero de un centro de detención no quieren saber nada.
En la era victoriana Gran Bretaña enviaba a los delincuentes a colonias penales en las Antípodas. Deshacerse de los solicitantes de asilo en el siglo XXI le va a ser más difícil, incluso a la vuelta de la esquina.
Artículo publicado en La Vanguardia.
