Hace justo un año que se destapó el escándalo del programa de ciberespionaje Pegasus, usado para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho. Hoy, Amnistía denuncia que no hay ninguna medida nueva que restrinja la venta global de programas informáticos espías, mientras asegura que Pegasus sigue usándose en España y otros países.
La directora adjunta del área de tecnología de la citada ONG, Danna Ingleton, asegura que «un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global».
El controvertido programa de la firma israelí NSO Group salpicó de lleno a España; el propio presidente Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, sufrieron robos de datos de sus móviles. Aquel caso de ciberespionaje al Gobierno coincidió con el momento en el que debía decidir si indultaba a los líderes del procés y con la crisis con Marruecos que derivó en una avalancha de migrantes en Ceuta.
Posteriormente, una investigación periodística sobre Pegasus destapó el llamado Catalangate, el espionaje con este software a líderes independentistas; gracias al revuelo causado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo que reconocer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados los casos de escuchas a políticos catalanes con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El asunto le costó el puesto a la directora del CNI, Paz Esteban. en mitad de una grave crisis que enfrentó al ministro de Presidencia y anterior directo del Gabinete del presidente, Félix Bolaños, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuya cartera depende orgánicamente el CNI.
Periodismo ciberespiado
También hubo periodistas víctimas de Pegasus. En España, Ignacio Cembrero fue uno de los profesionales de la información cuyo teléfono estuvo infectado por este sistema de cibervigilancia. Concretamente, tuvo «confirmación» de haber sido «objetivo de Marruecos el domingo 18 de julio de 2021», cuando el consorcio de Forbidden Strories publicó su nombre en el marco de su investigación sobre Pegasus/NSO.
Cembrero es uno de los mejores especialistas en la cobertura informativa del Magreb, especialmente Marruecos, lo que le ha colocado en muchas ocasiones en el punto de mira de las autoridades de Rabat por publicar información incómoda para el régimen, contrastada y veraz.
Preguntado por Público, Cembrero explica que tuvo que tomar medidas drásticas: «Cambié de móvil y de ordenador», explica, y añade que compró un modelo de móvil recomendado por los expertos en seguridad informática a los que consultó. «Recibí consejos de seguridad que pongo en práctica», añade, y entre las herramientas que también utiliza se encuentra una potente red virtual (VPN) para sus comunicaciones.
Para alguien que maneja información sensible «lo mejor es que te compres un móvil barato y lo cambies cada diez o 12 meses», añade este veterano corresponsal, que concluye que con el tiempo uno se vuelve «más prudente en el uso del móvil o del ordenador» conectado a internet.
Investigación de la Eurocámara
Mientras tanto, el comité específico del Parlamento Europeo que investiga el escándalo Pegasus arranca precisamente al año de destaparse una serie de visitas a ciertos países afectados por el caso, informa Elnacional.cat. Estos viajes arrancan precisamente hoy y en Israel, en donde está la sede de NSO Group (empresa creadora de Pegasus). El citado medio asegura que no hay previsto viaje a España por desinterés de Populares y Socialdemócratas.
Tal y como recuerda Amnistía Internacional, el Proyecto Pegasus fue una iniciativa de colaboración entre periodistas de 17 empresas de comunicación, procedentes de 10 países, cuya coordinación corrió a cargo de Forbidden Stories.
A lo largo del último año, el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia. Además, el laboratorio ha confirmado por su cuenta que, en numerosos casos, se seguía utilizando Pegasus para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.
Es más, la ONG apunta que «L3Harris, empresa contratista de defensa de Estados Unidos, está negociando para hacerse con la propiedad del ‘software’ Pegasus».
Amnistía Internacional recuerda que «la vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad, y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica».
*Pablo Romero, periodista.
Artículo publicado en Público.es
Foto de portada: Imagen de presentación del Proyecto Pegasus. — Forbidden Stories / AMNISTÍA INTERNACIONAL
