Por Germán Gorraiz López*
Guantánamo ( Gitmo para los norteamericanos), se habría convertido en un anacronismo propia de la etapa soviética (gulags), blanco de las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como Code Pink, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que han denunciado prácticas inaceptables para la dignidad humana (privación del sueño, encierro de los prisioneros desnudos en habitáculos con bajas temperaturas , interrogatorios extenuantes y suicidios) así como un lastre para el contribuyente estadounidense (540 millones $ en el 2018 según The New York Times).
La deriva totalitaria de EE.UU.
El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal y sería “una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso , en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad (habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema.
Así, en los sótanos del establishment, se estaba fraguando un verdadero golpe de Estado virtual que tendría su detonante en el impactante atentado de las Torres Gemelas (conocido como 11-S), atribuido a Al Qaeda quedando desde entonces implementada la lucha contra el Eje del Mal (Irak, Irán y Corea del Norte) como leit motiv de la miopía política del nefasto mandato de George W. Busch y entronizando de paso a Bin Laden como icono del Imperio del Mal.
Así, un mes después del atentado del 11-S, el gobierno de George W. Bush decidió secretamente anular una de las principales protecciones constitucionales de este país (habeas corpus) mediante la ley conocida como USA- Patriot Act bajo la justificación de su “lucha contra el “terrorismo”, según documentos oficiales revelados a finales de 2005 en una serie de reportajes en el New York Times y la posterior revelación por dicho periódico de la existencia de un programa de escuchas telefónicas altamente clasificado para vigilar correos electrónicos y llamadas telefónicas en todo el mundo para buscar patrones sospechosos, heredera natural de la unidad de contra-inteligencia creada por Rumsfeld y conocido como Talon. Además, según una investigación del Washington Post, desde el 2002 se estableció la Oficina de Apoyo Estratégico (SSB), que trabajó clandestinamente sin limitaciones legales y bajo las órdenes del secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld y entre cuyas acciones estarían los sangrantes episodios de vulneración de los Derechos Humanos en Abu Ghraib y Guantánamo, que pasarán a la Historia como paradigmas distópicos de naturaleza real (no ficticia) del siglo XXI.
El limbo jurídico de Guantánamo
Tras la significativa erosión de la imagen de EE.UU. en el mundo tras los sangrantes episodios de vulneración de los Derechos Humanos en Abu Ghraib y Guantánamo, una de las primeras decisiones de Obama tras su investidura en el 2009 fue firmar una orden ejecutiva para exigir el cierre de la prisión en la base naval de Guantánamo en el plazo de un año. Pero, en su segundo mandato, sus asesores todavía seguían buscando los mecanismos legales para finiquitar el «limbo jurídico» de Guantánamo, un espacio virtual fruto de la ingeniería jurídica del llamado «Comité de Guerra» ( nombre en clave del selecto grupo de juristas y asesores que trabajaron a las órdenes de la Troika formada por Rumsfeld, Hayden y Cheney), verdaderos detentores del poder durante el nefasto mandato de George W. Bush.
Por su parte, la mayoría republicana en el Congreso continuó su labor entorpecedora en un desesperado intento para evitar el esperado cierre de la prisión. El Congreso de EE.UU. aprobó una enmienda del congresista republicano Jackie Walorski que prohíbe asignar fondos para la transferencia de los 56 detenidos de nacionalidad yemenita a su país, aduciendo «el posible efecto contagio al radicar en Yemen grupos terroristas asociados a Al Qaeda” y continuando con su política obstruccionista. El Congreso rechazó asimismo una enmienda de los demócratas que pretendía eliminar las restricciones de fondos para el traspaso a territorio norteamericano de presos, lo que ha favorecido el retraso “sine die “ del esperado cierre de Guantánamo.
El Plan de Joe Biden para cerrar Guantánamo
La ONG Amnistía Internacional ha pedido al presidente Joe Biden “asumir su compromiso de 2009 de cerrar esta cárcel extrajudicial”. Biden contaría para ello con la inestimable baza del ex-fiscal jefe de la comisión militar Davis, quien en declaraciones a Change.org recomienda el cierre de dicha prisión, argumentando que “si cualquier otro país estuviera tratando a sus presos como nosotros a los de Guantánamo, lo criticaríamos rotundamente y con razón”.
El coste de su mantenimiento sería, según The New York Times, de cerca de 540 millones en el 2018 para mantener a los 40 presos que están recluidos en la actualidad desde hace más de una década, sujetos a detención indefinida. El estatus de «detenido indefinido» fue establecido por el Congreso de Estados Unidos en 2001 como un tipo de prisionero de guerra kafkiano, pues no pueden ser liberados al suponer, según el Pentágono, “un serio peligro para la seguridad nacional”. Tampoco pueden ser juzgadas, al no existir pruebas suficientes en su contra o estar las evidencias invalidadas tras haber sido obtenidas mediante prácticas inadecuadas, ( léase tortura).
Según el citado informe de la ONG Amnistía Internacional, de los 40 detenidos, sólo uno fue formalmente condenado y cumple condena; 15 permanecen encarcelados sin cargos y podrían ser liberados y 24 está en un limbo jurídico, sin acusaciones en su contra. En consecuencia, Biden podría designar a un funcionario en la Casa Blanca para que desarrolle un plan para cerrar la prisión que incluiría el empleo de Fondos Federales para enviar a territorio extranjero los 39 presos sin cargos activos y el envío del único condenado en firme (Kalid Sheij Mohamed, autoproclamado cerebro del 11S) a una prisión de alta seguridad de EEUU ( se baraja la opción de Standish en Michigan) con lo que Biden dejaría como legado para la posteridad el finiquito del lacerante episodio de Guantánamo.
Éste articulo fue publicado por TeleSur.
Editado por PIA Noticias.
*Analista económico y geopolítico, colabora habitualmente en varias publicaciones digitales e impresas españolas y latinoamericanas.
