La nueva violencia de las oligarquías corresponde a un plan de exterminio sistemático de los líderes sociales (de restitución de tierras despojadas, ambientalistas y de los derechos humanos), a la ejecución permanente de masacres y al asesinato de guerrilleros reincorporados que aceptaron ingenuamente ubicarse en unas zonas organizadas especialmente entre el Ejército y el sector de las Farc (Timochenko, Catatumbo y Lozada) implicados en la destrucción del movimiento de la resistencia agraria y campesina construida por Marulanda y sus compañeros fundadores de la guerrilla.
Por fortuna, un sector muy importante del movimiento armado no comió el cebo, conservando principios, programas y objetivos revolucionarios en la perspectiva socialista. Es el sector que hace presencia directa en terreno, acompañando y liderando las luchas campesinas y agrarias, al igual que las movilizaciones populares contra el neoliberalismo.
En esta nota queremos resaltar un campo en el que es protuberante la maniobra de engaño de los agentes y funcionarios del gobierno en materia de paz y erradicación de la violencia.
En el primer capítulo de los Acuerdos de paz de La Habana sobre la Reforma Rural Integral se estableció que el instrumento para su ejecución serían los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y sus Planes de Acción. Al momento de organizar esa infraestructura institucional se ordenó constituir 16 Pdet con 170 municipios de los 1113 que existen en la actualidad por todo el territorio nacional[1].
Esos municipios son los que registran mayores niveles de pobreza, miseria, precariedad institucional y violencia generalizada. Son territorios con la mayor presencia de movimientos armados revolucionarios, organizados para la defensa de los campesinos y la movilización por sus derechos.
Esos Pdet fueron utilizados inicialmente para convocar a las comunidades a deliberaciones para elaborar los Planes de acción que a la postre terminaron siendo unas listas de mercado con obras de cemento sin mayor trascendencia en la modificación del latifundio, la democratización de la propiedad rural y la transformación de los territorios en función de los enfoques étnicos, de mujer y social (casetas comunales, canchas deportivas, puentes peatonales, comedores comunitarios así como otras obras de pequeña envergadura). Obras civiles que se convirtieron en la feria electorera de los politiqueros oficialistas que reparten entre sus clientelas esas inversiones sujetas al despojo y las aberrantes prácticas de corrupción, tal como se puede observar en el Pdet del Alto Patía, el más importante de todos, pues está integrado por 24 municipios del Nariño, Cauca y Valle del Cauca, un territorio completamente militarizado con la presencia de casi 30 mil unidades del Ejército, la Marina, la Policía, la Fuerza Aérea y dispositivos de inteligencia y acción judicial en el marco de la guerra contra las drogas[2].
Con el gobierno de Iván Duque esos Pdet fueron transformados en áreas de guerra mediante la constitución de las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) o Zonas Futuro, adoptadas mediante la Ley 1941 del 2018[3], con sus Planes Especiales de Intervención integral, aprobados con el Decreto 2278 del 2019[4], que en esencia son estrategias militares para ejecutar planes violentos de asesinatos y masacres de campesinos, como en efecto viene sucediendo con una febril presencia adicional de grupos neo paramilitares orquestados desde las Brigadas militares, los batallones de guerra y los dispositivos policiales.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Paz y del Ministerio de Defensa las Zonas Futuro se están implementando inicialmente en 64 municipios y 1995 veredas del Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba, Meta, Guaviare, Caquetá, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, en Norte de Santander, El Piedemonte, en Arauca. También se controlará el 48% de los Parques Nacionales Naturales.
En realidad esas «Zonas Futuro» son el regreso disfrazado de las Zonas de Consolidación y Rehabilitación del Gobierno Uribe. Zonas que dejaron destrucción, montajes judiciales y muerte en los territorios. Son una continuidad de las políticas contenidas en el Plan Colombia para controlar algunos territorios que son de su interés; según documentos oficiales del gobierno, como la política de seguridad y defensa, la ley de orden público y el decreto 2278 de 2019.
De acuerdo con los funcionarios del gobierno de Ivan Duque son zonas que tienen baja presencia del Estado, altos índices de criminalidad y de economías ilegales, también bajos índices de garantía de derechos fundamentales para los habitantes, sin embargo, en estas zonas abundan los recursos naturales ya sea para la minería e hidroeléctricas.
Lo que hay detrás de esa política es poder intervenir no solamente con entidades civiles del Estado, sino con la fuerza pública y de policía los territorios. En estos territorios hay intereses económicos públicos y privados, y una dinámica social y organizativa que ha evitado el saqueo de los recursos naturales. Es por tal razón que el Gobierno expide esta política con la que pretende controlar el territorio y la población que las habita.
Pero todo esto ocurre en realidad porque el gobierno del señor Duque no es otra cosa que un tercer periodo de gobierno de Uribe, que está pretendiendo retomar la Seguridad Democrática, lo que conlleva a reactivar uno de los componentes del Plan Colombia que es la consolidación territorial[5].
Ivan Duque quiere con las Zonas Futuro dar una dinámica más acelerada para poder extraer los bienes comunes de la naturaleza. El Plan Colombia, en su continuidad, sigue siendo un plan contrainsurgente que va orientado a desarticular cualquier expresión de resistencia o de oposición al sistema político de la oligarquía
En estos territorios lo que se quiere es garantizar el círculo del negocio completo del narcotráfico. Tal es el caso del Pacífico Nariñense y el Catatumbo, zonas donde hay alta producción de coca, pero donde también desde hace muchos años hay una presencia militar muy fuerte, y lo que se quiere es lograr instaurar una fuerza militar con toda una legitimidad para garantizar no solamente el extractivismo, sino un negocio del narcotráfico sin contratiempos que beneficie a esta elite política en el poder regional y local.
Por otro lado, en regiones como el Nordeste Antioqueño, hay una actividad histórica de las comunidades campesinas, que gira alrededor de la minería artesanal y que las comunidades han logrado organizar; que hoy en esa pretensión del Estado de controlar todo bien natural, quiere intervenir para seguir satisfaciendo las riquezas de las grandes transnacionales.
En regiones como el departamento de Arauca, esta intervención la justifican para controlar la economía ilegal del contrabando. Esta política de intervención es un paquete de agresión integral que se profundiza en contra de los sectores populares, el tejido social que largamente ha batallado en estos rincones olvidados y en los que el gobierno central tiene una deuda histórica de inversión social.
Para el caso del departamento de Arauca, las Zonas Futuro se ubican en 311 veredas de los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Van a intervenir el piedemonte araucano, donde está el mayor acumulado histórico de resistencia en el departamento de Arauca, zona que está milimétricamente cuadriculada y entregada en concesión para la exploración petrolera. Zona productiva que la ha puesto en el primer renglón de producción de plátano, cacao, ganadería y leche.
Las Zonas futuro tiene un componente muy alto en lo militar, ideológico, social, económico, es decir, mayor pie de fuerza para estos municipios que garantice el expansionismo extractivista de las petroleras y mayor represión al movimiento social.
La inversión social que se plantea en las Zonas Futuro es efímera, similar a la del Plan Colombia que solo llevó programas asistencialistas a las comunidades, y que sirvió para incluir a las familias campesinas humildes en el conflicto armado.
Las comunidades deben tener claro que toda la inversión que el gobierno pretende hacer con las ZEII, va orientada y controlada por el Ejército, que a su vez busca focalizar ambientes sociales de cooptación como los jóvenes con el programa “jóvenes a lo bien”.
La población del departamento de Arauca vivió en carne propia la política criminal de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, merced a la política de Seguridad Democrática, de Uribe y el Plan Colombia, que significó miseria, muerte, desplazamiento. Fue en ese periodo (2004-2010) donde más se incrementó la persecución, las capturas masivas y el asesinato.
El Ejército de Colombia con el nombre de paramilitares asesinaba campesinos, comunales, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales. Ejemplo de ello es la masacre el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco, municipio de Saravena, en contra de Héctor Alirio Martínez, líder campesino; Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, líderes sindicales. Además de la masacre cometida en Flor Amarillo, Piñalito, y Cravo Charo, municipio de Tame. Masacre donde se asesinaron 11 campesinos por paramilitares en complicidad con el ejército los días 19 y 20 de mayo de 2004.
Hoy con las Zonas Futuro, el gobierno pretende desempolvar esas prácticas genocidas. Lejos de perseguir el narcotráfico, por el contrario, lo va a fortalecer.
Ante esta situación, desde las comunidades y organizaciones sociales se proponen fortalecer los instrumentos de denuncia y movilización; todo lo que vaya en contra de la vida y del movimiento popular, debe ser denunciado y confrontado a través de la movilización. El peligro se avecina. Las comunidades no deben dejarse engañar con programas asistencialistas que solo buscan ponernos al servicio de la guerra. La población debe apropiarse de las figuras que las organizaciones y el movimiento social han creado para la defensa de la vida y los territorios.
Hoy la tarea de las comunidades y los movimientos sociales será nuevamente la defensa y la permanencia en el territorio, como legítimo derecho.
Esa es la tarea del inmediato futuro frente al engaño de la paz neoliberal de Santos, Duque y la rosca de la Rosa que lideran Timochenko, Lozada y Catatumbo.
[1] Ver al respecto en el siguiente enlace electrónico https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/ [2] Ver el siguiente enlace electrónico https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-pdet-estan-divorciados-del-acuerdo-de-paz-los-reclamos-de-las-comunidades/ [3][3] Ver el siguiente enlace electrónico http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036011 [4] Ver el siguiente enlace electrónico https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104212 [5] Ver al respecto el siguiente enlace electrónico en el que nos hemos apoyado para la construcción de esta nota https://trochandosinfronteras.info/zonas-futuro/*Periodista colombiano
