Algunos procesos judiciales se han convertido en auténticos terremotos que han convulsionado países y regiones. Sucedió con el caso Manos Limpias, un proceso judicial de 1991 que destapó una extensa red de corrupción que implicaba a los principales grupos políticos y a diversos grupos empresariales e industriales de la Italia de entonces.
O el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, en el que se investigó el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios y gobernantes de una docena de países para lograr adjudicaciones de contrataciones públicas.
Pues un proceso igual de impactante comenzó la semana pasada en el Vaticano. Se trata del mayor juicio celebrado en esta ciudad/Estado por delitos financieros. Primero por la gravedad de las acusaciones, y después por el número de imputados que serán juzgados en los Museos Vaticanos.
Tras una primera vista que duró siete horas, el presidente del juzgado anunció la reanudación del juicio el 5 de octubre ampliándose así el plazo para la presentación de pruebas y solicitudes de las respectivas defensas
El juicio va a determinar si el Vaticano fue defraudado por un grupo de empresarios, o si se trató más bien de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia.
Malversación, fraude, corrupción, extorsión
En este proceso se juzgan delitos que van desde la malversación hasta el fraude, pasando por la corrupción, la extorsión y el abuso de poder. Los investigadores del Vaticano lo definieron como «un podrido sistema depredador y lucrativo», perjudicando así a la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Otra de las características excepcionales de este proceso es que se juzga por primera vez en casi 300 años a un cardenal, Giovanni Angelo Becciu, hasta hace menos de un año, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Es decir el responsable de la «fábrica de santos» del Vaticano. El último juicio fue en 1732, contra el cardenal Niccolò Coscia, quien fue condenado y excomulgado.
El todopoderoso cardenal italiano Becciu fue defenestrado por el Papa Francisco el pasado 24 de septiembre, aunque conserva la dignidad de cardenal ha perdido todos los derechos y prerrogativas como cardenal de la Iglesia católica.
Junto a Becciu son juzgadas otras nueve personas, incluidos trabajadores laicos y religiosos del Vaticano, así como figuras de las finanzas internacionales y cuatro empresas.
La investigación se inició a partir de las denuncias presentadas en el verano de 2019 por el Instituto para las Obras de Religión (IOR) y por la Oficina del Auditor General. Esta última denuncia alegaba la comisión de delitos graves, tales como, estafa y otros fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción, complicidad y chantaje.
El auditor observó que la mayor parte de las actividades financieras de la Secretaría de Estado se concentraba en el Credit Suisse (77% de la cartera gestionada) y que una parte sustancial de los depósitos procedían principalmente de donaciones recibidas por el Papa «se había utilizado en fondos que, a su vez, se invertían en títulos de los que el cliente no tenía conocimiento», así como en fondos de alto riesgo especulativo, de dudosa ética, colocados en países offshore.
En su solicitud de apertura del juicio los magistrados vaticanos observan «cómo la Secretaría de Estado utilizó los fondos recibidos para fines de beneficencia que por su naturaleza no son susceptibles de ser utilizados con fines especulativos, para realizar operaciones de altísimo riesgo financiero y, en todo caso, con fines ciertamente incompatibles con los de los donantes originales», es decir, con el «objetivo principal de apoyar las actividades religiosas y caritativas del Santo Padre».
Diez acusados
El proceso debe esclarecer si los diez acusados cometieron delitos de corrupción, malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder durante una inversión en 2013 de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres.
El dinero provendría de los fondos del Óbolo de San Pedro, que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad. La compra de ese edificio se realizó a un precio mayor de su valor real y provocó pérdidas sustanciales a las arcas del Vaticano.
Aquel pago se realizó siendo Becciu el sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el de jefe de gabinete del Papa, y se recurrió a un fondo de inversión, manejado en ese entonces por el empresario italiano residente en Londres Raffaele Mincione, por más de 300 millones de euros.
La Secretaría de Estado del Vaticano pidió prestados 200 millones de dólares, la mayor parte al banco Credit Suisse, para invertir en el fondo luxemburgués de Raffaele Mincione (100 en títulos, 100 en la parte inmobiliaria). Al 30 de septiembre de 2018 las acciones habían perdido más de 18 millones en comparación con el valor de la inversión inicial, pero se estima que la pérdida global fue una cantidad mucho mayor.
Lo que sucedió es que Raffaele Mincione invirtió el dinero de la Iglesia en «operaciones especulativas», entre ellas la compra de bancos italianos con problemas financieros.
El Vaticano comprendió que no tenía la capacidad para controlar tales inversiones, por lo que decidió, cuatro años más tarde, a finales de 2018, poner fin a esa alianza.
Indemnización de 55 millones
Para ello, eligió como nuevo intermediario a Gianluigi Torzi, quien negoció la salida de Mincione, indemnizándolo con 55 millones de dólares y modificando el acuerdo financiero para que el Vaticano finalmente se convirtiera en el único dueño del edificio.
Pero ahora Torzi de nuevo, según las investigaciones de los fiscales, recurre a operaciones de ocultamiento, mantiene el control de las finanzas y engaña a la Santa Sede. La documentación aportada por los magistrados vaticanos muestra que Mincione y Torzi estaban de acuerdo «para seguir gestionando juntos la propiedad de Londres» y que Torzi logró sacarle al Vaticano 15 millones con el falso argumento de que eran para rescatar esa propiedad.
Los magistrados identificaron también a las dos figuras claves que ayudaron a Mincione y a Torzi a entrar en las redes del Vaticano a cambio de dinero.
Se trata de Enrico Crasso, conocido hombre de negocios de nacionalidad suiza, ex Credit Suisse, quien gestionó por décadas los dineros de la Secretaría de Estado.
El otro es Fabrizio Tirabassi, importante funcionario laico de la Secretaría de Estado, a cargo de las inversiones, quien recibía además comisiones de los bancos por sus intervenciones y era considerado la mano derecha del cardenal Becciu.
Además de ellos se sientan en el banquillo:
- monseñor Mauro Carlino (antiguo secretario del Sustituto de la Secretaría de Estado),
- Tommaso Di Ruzza (antiguo director de la AIF, la Autoridad de Supervisión Financiera),
- Nicola Squillace (abogado implicado en las negociaciones para que Torzi sustituyera a Mincione)y
- René Brülhart (expresidente de la AIF).
El escándalo se destapó casi por casualidad cuando en 2019 se estudió la inversión del citado edificio en Londres —ubicado en el barrio londinense de Chelsea y que solía pertenecer a Harrods— y se comprobó que el precio era desorbitado, incluso para esa lujosa zona. Y de ese hilo comenzó a tirar el fiscal vaticano Gian Piero Milano.
Dinero para el hermano del cardenal
Como no podía ser de otra manera, los beneficios salpican a la famiglia del cardenal. Según los magistrados, Becciu desvió dinero para financiar la cooperativa de su hermano Antonino. Concretamente 600.000 euros procedentes de los fondos de la Conferencia Episcopal Italiana y de 225.000 euros procedentes de los fondos de la Secretaría de Estado.
«Las donaciones procedentes de la Secretaría de Estado», se lee en el auto, «en contra de la tesis defensiva de Becciu, habrían sido ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas».
Una parte sustancial de los fondos de la cuenta corriente de la cooperativa del hermano habría sido «desviada y utilizada para fines no caritativos», incluyendo préstamos a una sobrina del cardenal para la compra de una propiedad en Roma.
Y, como en cualquier trama cinematográfica de corrupción y finanzas, hay una oscura figura femenina, Cecilia Marogna, una amiga del cardenal también imputada. Una carta firmada por Becciu la describe como «analista geopolítico y consultor de relaciones exteriores». Según la agencia oficial del Vaticano, en abril de 2020, la Nunciatura Apostólica hace llegar a los magistrados del Vaticano un informe de la Policía eslovena sobre movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa Logsic Humanitarne Dejavosti D.O.O. de Cecilia Marogna. Ya se sabe que pocas cosas se escapan a los ojos de Dios.
Dinero para rescatar a una religiosa secuestrada
La empresa de la mujer recibió entre el 20 de diciembre de 2018 y el 11 de julio de 2019 pagos realizados por la Secretaría de Estado por 575.000 euros. Las investigaciones permitieron constatar que esas cifras «fueron utilizadas, en su casi totalidad, para realizar compras” no compatibles y, por lo tanto, no justificables con el objeto social de la misma empresa», que fue constituida el día anterior a la primera transferencia y que es controlada en su totalidad por Marogna.
Ella, entrevistada por el programa Rai Report, afirmó haber recibido esas sumas de dinero para realizar actividades de inteligencia, encargadas por Becciu. Éste afirmó que los desembolsos eran para el pago de un rescate por la liberación de una religiosa secuestrada.
Por su parte, Marogna sostiene que el dinero fue una compensación legítima por sus servicios y también cubrió gastos personales. Es evidente que no hay serie de Netflix que lo supere.
Jueces laicos
Otra novedad es que será el primer caso en que un cardenal es juzgado por un tribunal ordinario y laico. En el mes de abril, el Papa derogó la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretó que a partir de entonces pudieran comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos.
Hasta entonces solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, junto con el Papa.
Esta característica impidió el procesamiento de cardenales en el pasado, como en el caso de un desvío de dinero en la reforma del ático en el que vivía el exsecretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone.
Otra limitación de los tribunales religiosos es que no pueden recurrir a las solicitudes de extradición a otros países porque el Vaticano no cumple los requisitos de separación de poderes requeridos por varias convenciones europeas de derechos humanos.
Todo apuntó que la reforma de abril señalaba al procesamiento del cardenal Becciu.
Sin duda este juicio muestra que desde el Vaticano se puede robar, lo que también descubrimos ahora es que no es tan fácil robarle al Vaticano.
Cuánto tiempo y hasta dónde llegará
Las dos incógnitas ahora son cuánto puede durar este juicio y hasta dónde puede llegar. No olvidemos que la anunciada determinación de Bergoglio de «hacer limpieza» en el Vaticano supone reconocer que existe o ha existido un «Vaticano paralelo», con toda su estructura de finanzas, diplomacia e intereses políticos y económicos.
Las revelaciones sobre escándalos financieros y corrupción en el Vaticano han sido una constante en los últimos años y suponen un reto fundamental para el Papa Francisco si de verdad quiere sanear la «corresponsalía de Dios».
En 2015 el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó en el libro Mercaderes en el templo, donde se dirigía al Papa:
«Santo Padre (…) hay una ausencia total de transparencia en la contabilidad tanto de la Santa Sede como de la Gobernación (…) los costes están fuera de control. Esto se refiere en concreto a los gastos de personal, pero se extiende a otros ámbitos».
Tres años antes, Nuzzi publicó otro éxito editorial Su Santidad y destapó el escándalo que llevó a la condena del mayordomo del papa Benedicto XVI al desvelar la correspondencia papal confidencial que detallaba corrupción e intrigas políticas en el Vaticano.
Ese mismo año 2015 se publica otro bombazo editorial contra la línea de flotación moral del Vaticano, el libro Avaricia, del periodista de L’Espresso Emiliano Fittipaldi, recoge investigaciones de años de fuentes confidenciales, con una gran cantidad de documentos internos vaticanos que permitieron cartografiar el primer mapa del imperio financiero de la Iglesia: de los lujos que se conceden los cardenales a los fraudes millonarios, de las fabulosas inversiones en todo el mundo al gigantesco negocio de los hospitales, de las tramas del IOR a la realidad del tesoro del papa.
La reacción del Vaticano ante la publicación de estos dos libros fue acusar en los tribunales a cinco personas, entre ellas dos periodistas y un prelado, por la filtración y publicación de documentos secretos.
Esperemos que si, como dijo el apóstol Pablo, los caminos del Señor son inescrutables, al menos los caminos de sus embajadores en la Tierra no lo sean y la justicia pueda descubrir la verdad. Esa verdad que, como dijo Jesús a los judíos, nos hará libres, aunque quizá, tras este juicio, algunos pierdan la libertad terrenal.
*Pascual Serrano, periodista español. Fundó en 1996 el medio alternativo digital Rebelion.org. Fue asesor editorial de la televisión latinoamericana Telesur. Premio de Periodismo de Derechos Humanos 2019 de la Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE). Especialista en medios y analista político. Colabora en Eldiario.es, Le Monde Diplomatique y La Aventura del Saber (TVE2). Dirige la colección de libros de actualidad A Fondo, en la editorial Akal.
Artículo publicado en Sputnik.
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