Este trabajo pretende ser un aporte al debate acerca de la importancia y la vigencia que tiene la realidad de los “pueblos indígenas” o “pueblos originarios” en América Latina, insertos en la vasta diversidad que posee nuestro continente – económica, geográfica, cultural e histórica. La llegada de los imperios español y portugués, con su acción de invasión, conquista y colonización, produjo un choque en las cosmogonías de sus habitantes que los desestructuró por siglos.
En estas páginas no analizaremos la disputa aún no terminada entre la “leyenda negra” y “la leyenda blanca”. Menos aún –pensando en la coyuntura política de los tres países sudamericanos que aquí analizaremos– ahondaremos en las historias particulares de cada uno de ellos. América Latina, amerindia, a causa de su complejidad, lejos estaba de ser una homogeneidad cultural a la llegada de los colonizadores-conquistadores. Lo demuestran los imperios Azteca e Inca, centralizados y también con historias imperiales, urbanizados y de un desarrollo cultural y religioso impactante. Junto a ellos, cientos de pueblos nómades o seminómades, cazadores, recolectores, caníbales, muchos de ellos sin escritura, otros tantos aislados. Sin embargo, a su modo y a su tiempo resistieron a esa violencia usurpadora y recién hacia finales del siglo XVIII21 esa tensión que se manifestó en todos los ámbitos comenzó a pensarse desde una posible unidad que desembocaría en las guerras independentistas de diverso signo y contenido desde el actual México hasta el Río de la Plata.
Esto implicó –e implica– la búsqueda de una identidad latinoamericana ante esa alteridad violenta que se desplegó desde Alaska hasta Tierra del Fuego contra los comúnmente denominados “indios”, en el continente descubierto “por error” –tal como lo definió Alain Rouquié (1990), autor que también recuerda los términos de índole política del peruano Raúl Haya de la Torre y el nicaragüense Augusto César Sandino: “Indoamérica” e “Indolatinos”, respectivamente. A comienzos del siglo XVI se lo nombró “América”, y a partir exactamente del año 1861 con los escritos del crítico literario de origen colombiano José María Torres Caicedo, “Latina” (Soler, 1980: 182; Rouquié, 1990, 16), sin olvidar las disputas, más que semánticas, políticas, a partir de los años 60 del siglo XIX entre los términos ya acuñados desde las guerras de Independencia como el de “Hispanoamérica” y “la América” –este último, tras el escudo del “Panamericanismo” lo escondía Estados Unidos para iniciar una nueva etapa de colonialismo e imperialismo desde su proyecto expansionista y anexionista.
Contra estos avances imperiales, la búsqueda de unidad estuvo presente desde la construcción de las naciones latinoamericanas, con el ideal de los generales José de San Martín y Simón Bolívar, continuado por el Congreso de Panamá en el año 1826, por Francisco Morazán entre los años 1827 y 1842 bregando por la República Centroamericana, el segundo Congreso Hispanoamericano de los años 1847-1848, hasta el triunfo del panamericanismo en el año 1880 y las intensas gestiones de intelectuales y políticos desde antes del cuarto Congreso Hispanoamericano llevado a cabo en Lima en el año 1864. A contramano del imperialismo norteamericano – impulsado desde la Organización de Estados Americanos fundada en 1947– surgió también el proyecto ABC (Argentina, Brasil y Chile) pensado y ejecutado por el general Juan D. Perón, Getulio Vargas y el general Carlos Ibáñez del Campo; y también el MERCOSUR, tendiente a integrar política y económicamente a los países de esta región; el grupo Contadora para bregar por la paz en Centroamérica en la década de 1980, convocado por México y Colombia, a quienes se sumaron Panamá, Venezuela y el denominado grupo de apoyo integrado por Argentina, Perú, Brasil y Uruguay; a comienzos del siglo XXI el UNASUR, compuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela; y el ALBA, integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Mancomunidad de Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela.
Fue un largo recorrido no exento de rupturas y profundas tensiones –muchas veces violentas– surgidas al calor de modelos socioeconómicos, culturales y políticos que las clases dirigentes locales consensuaron con los factores de poder internacionales. Lo hicieron en clara disputa –junto a ocasionales aliados en diferentes estamentos sociales– con el sujeto Pueblo, nucleado éste en movimientos o frentes nacionales que trataron –y perseveran aún hoy– de construir alternativas inclusivas, democráticas y populares ante estas imposiciones, que también perduran. En este amplio contexto, un sector vulnerable –minoritario muchas veces en estos procesos históricos– integrado por los pueblos originarios está siempre presente, logrando por momentos ser parte principal y eje de la política nacional, como se dio en estos últimos dos años en los países hermanos de Chile, Bolivia y Perú. La agenda del Estado vuelve a escribirse, como dijo Raúl Haya de la Torre pensando en ellos, desde el “espacio-tiempo-histórico americano”.
Chile
“El Estado de Chile tienen una deuda histórica con La Araucanía” (Michelle Bachelet, 29 de diciembre de 2015).
Desde el año 1980 estaba institucionalizada una Carta Magna gestada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El estallido social del mes de octubre del año 2019 contra el modelo socioeconómico neoliberal dejó más de 30 muertos y miles de heridos y detenidos. La salida a esta crisis fue el impulso por parte del gobierno de Sebastián Piñera al llamado de un plebiscito por una nueva Constitución. Este referendo obtuvo la aprobación de un 80% de la población para llevar a cabo el cambio. La participación política de los pueblos originarios y los resultados obtenidos reflejaron la siguiente realidad poblacional: “Desde el Censo de 2017, a pesar de ir en constante aumento desde los años 90, la población indígena no ha tenido mayores variaciones, resultando 2.185.792 de personas que se auto identificaron como indígenas, lo que es equivalente al 12,8% de la población total del país (17.076.076).
El pueblo mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo aymara (156.000 personas) y el pueblo diaguita (88.000 personas). Destaca la tendencia respecto al incremento sostenido de la población urbana indígena por sobre la rural, que arroja un 87,8% de miembros indígenas frente a un 12,2% que habita en zonas rurales” (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Esto ocurrió a pesar de las múltiples trabas institucionales y de la represión sostenida con el encarcelamiento de cientos de activistas de los pueblos autóctonos, que llegó a incluir huelgas de hambre de las y los encarcelados, con una duración de más de cien días. “En menos de un mes la inscripción de un total de 185 candidatos convencionales de todos los pueblos indígenas. Se trata de un hito histórico ya que será la primera vez que los pueblos indígenas en Chile participarán, junto al pueblo chileno, en la elaboración de una carta fundamental que establezca nuevas bases de convivencia interétnica e intercultural y que esperamos reconozca sus derechos colectivos como pueblos” (IWGIA, 2021).22
No fue casualidad, por tanto, que la recientemente elegida en segunda vuelta como presidenta de la Convención Constitucional integrada por 155 miembros23 fuera Elisa Loncón Antileo de 58 años, quien a su vez ocupó uno de los siete escaños mapuche –dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. Nacida en Traiguén en la región de La Araucanía, al sur de Chile, la constituyente vivió toda su infancia en la comunidad Lefweluan y antes de lograr sus variados títulos de grado y de posgrado –profesora de inglés de la Universidad de La Frontera, magíster en Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), PhD en Humanidades de la Universidad de Leiden (Holanda), doctorada en Literatura en la Universidad Católica de Chile, posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad de Regina en Canadá– recorrió durante toda su infancia ocho kilómetros, muchas veces a pie, para ir a la escuela primaria.
Al igual que en Bolivia y Ecuador, una de las principales demandas de los pueblos originarios es la creación de un Estado plurinacional que garantice su autonomía y sus derechos en cuestiones territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua. A sabiendas que Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental, en diálogo con BBC Mundo Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad Católica de Chile, afirmó: “Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental.
Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes”. En su discurso inaugural, Elisa Loncón habló en Mapuzungún, su lengua originaria y expresó: “Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde lafkén, el mar, hasta la cordillera, en las islas, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Agradecerles el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la Nación Mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país. Nosotros lamngen, felices por esta fuerza que nos dan, esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan. (…) Para todo lamngen y organizaciones, este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual.
Este saludo es para las mujeres que caminaron en contra de todo sistema de dominación, agradecerles que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir, transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, en los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas, contra toda dominación, lamngen”.
La importancia de remarcar la posibilidad de forjar “un Chile plurinacional” la coloca en un mismo tiempo político con Bolivia, ya que convoca a “todas las naciones que conforman este país”, ampliando la democracia y la participación popular, con el objetivo de obtener “los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños”. Y haciendo un llamado solidario para “con los otros pueblos que sufren. Hemos escuchado por la información de la televisión, lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias”.
Reconociendo sus referentes políticos, culturales y familiares en las figuras femeninas de “la autoridad originaria del pueblo Mapuche, a la machi Francisca Linconao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre, una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefeluan. Una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, pu lamngen. Finalmente, mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando”. Su llamado entonces se sintetizó en esta consigna que funge como modelo: “Que se funde un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios.
Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución. (…) Mañun pu lamngen, Marrichiwew, Marrichiwew, Marrichiwew!”.24 Este discurso de características inclusivas estaba dirigido no solamente a las naciones originarias, sino fundamentalmente a los sectores sociales vulnerables más allá de sus etnias: las mujeres, las niñas y los niños, y con una clara orientación ecológica de defensa del medio ambiente en momentos donde el cambio climático se muestra en todo el planeta con sus efectos devastadores. En aquel llamado a “refundar” el Estado y la nación chilenas deja atrás –sin por ello olvidarlo– el modelo represivo del neoliberalismo instaurado por la dictadura del general Augusto Pinochet.
A las fuertes carencias de infraestructura que el gobierno de Sebastián Piñera se encargó de “garantizar”, se le debe sumar que Elisa Loncón es víctima de violencia racista, de género y política, que si bien se centran en ella desde los medios de comunicación –claramente en manos del establishment neoliberal– sintetizan en su figura la agresión de un Estado en manos de la poderosa derecha política del país trasandino, que se niega desde hace décadas a permitir la ampliación de derechos, ya no solamente para las poblaciones indígenas, sino para esas multitudes que ganaron las calles en el año 2019, y con ellas el llamado a reformar la Constitución pinochetista. De acuerdo a su análisis, esto se produjo “con el proceso del estallido social donde todas las organizaciones sociales e independientes asumieron la bandera mapuche como la bandera de la resistencia y que buscaba un nuevo Chile. El estallido social hizo inteligible nuestra bandera” (Página 12, 20-8-2021). Elisa es una dirigente consciente del diálogo y la articulación, no solamente con lo que ella define como diversas “minorías”, sino también con la “derecha”. Los temas que se plantean en la discusión así lo ameritan: la defensa de la “madre tierra”, el derecho al agua, a la salud y un acuerdo que exceda la agenda mediática “monocultural” tal como ella claramente la define, que tiene por objetivo darle continuidad a aquella Constitución.
Aparecen así los conceptos que debemos rescatar para una rediscusión de los proyectos nacionales en América Latina, tales como plurinacional, diversidad, colonialismo y sus secuelas. En ese contexto estratégico está el rol de la mujer que ella define como “criada” en un “pueblo” que es el mapuche, el cual sabe y conoce el estigma de ser llamado “indio”. En ese tono afirma: “soy una mujer mapuche y nosotras distinguimos fuerzas femeninas en el aire, el agua, la montaña, somos gente de la tierra y tenemos esa espiritualidad y desde ahí dialogo con los feminismos, sabiendo que además de estar entre nosotras tenemos las fuerzas femeninas de la tierra”. Evidentemente, a pesar del estigma cargado de odio racista que escupen las redes sociales, “esta indígena sabe leer”, no solamente lee, también conduce y articula cómo se palpa en el aire de Chile la refundación del país hermano. Junto a mujeres, niñas, niños, jóvenes, minorías y pueblos originarios.
Bolivia
“Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios” (Papa Francisco, Santa Cruz de la Sierra, segundo Encuentro de Movimientos Populares, 2015).
El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en el mes de enero del año 2006 y la reelección presidencial de Evo Morales en diciembre de 2009 implicó el inicio de acciones por parte del Estado en pos de articular las demandas sociales en torno al nacionalismo y al indigenismo. En enero de ese mismo año se redactó una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente entre los años 2006- 2007 que fue aprobada mediante un referéndum. En su contenido confluyeron intereses de diferentes estamentos de lo que podríamos definir como un movimiento nacional: por un lado, la principal base de apoyo de Evo Morales, campesinos, trabajadores e indígenas, y por otro, empresarios, comerciantes, población urbana y organizaciones regionales enroladas en los partidos políticos tradicionales.
Surgió de este modo la Constitución Política del Estado (CPE), con una clara orientación de intervención estatal en las políticas sociales y económicas, y la democratización en las bases de la sociedad con el respeto hacia las autonomías departamentales mediante la elección directa de los denominados prefectos gobernadores. Nacionalismo, populismo, Estado presente con un claro sentido social e indigenista: “En cuanto al indigenismo, la centralidad de las reivindicaciones étnicas en la CPE muestra el carácter irreversible de la inclusión de las demandas e identidades campesinas e indígenas que fueron reconocidas como derechos colectivos. El Estado republicano ha sido redefinido como Estado Plurinacional; no obstante, ese rasgo todavía es más retórica que realidad institucional y su materialización es lenta. Por ahora se expresa en el reconocimiento de circunscripciones especiales indígenas que constituyen alrededor del 5% de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la existencia de cuotas étnicas en varios órganos del Estado, incluyendo el electoral y el judicial” (Mayorga y Rodríguez, 2010: 99).
A partir de la puesta en marcha de la CPE, la República de Bolivia cambió su nombre por el de Estado Plurinacional de Bolivia, y los poderes del Estado pasaron a denominarse: Órgano Legislativo Plurinacional, Órgano Ejecutivo Plurinacional y Órgano Judicial Plurinacional, y se creó un cuarto poder, el Órgano Electoral Plurinacional. Pero no solamente hubo un cambio de nombres en las instituciones. El gobierno dio un contenido filosófico y cultural sostenido en la historia de los pueblos originarios, sustentado entre otras consignas en una búsqueda en “mejorar la calidad de vida” que fue definida como “sumaj kausay en quechua o sumaj khamaña en aymara”, cuyo significado es el “vivir bien”: “un principio extraído de las tradiciones andinas, adoptado y convertido en idea fuerza del discurso oficialista”. Está “conectado también al rasgo progresista de inquietud constante por la ecología; los discursos indígenas sostienen que la Pachamama está enferma, que la ‘madre tierra’ se muere”.
En materia educativa, si bien se crearon universidades indígenas, la medida fue cuestionada en ámbito académicos e inclusive por sectores de las poblaciones originarias, al plantearse que se podría dar un proceso de segregación si, tal como se estipulaba, la enseñanza solo se impartía en idiomas nativos. El pedido se centró en utilizar también durante el proceso educativo el idioma castellano. A pesar de que el 60% de sus poco más de diez millones de habitantes en el censo de 2012 se definió como indígena, lograron la incorporación de siete escaños legislativos a nivel nacional que los representaran. Por ello esta definición grafica esta nueva realidad: “el MAS es un movimiento político que representa identidades y demandas campesinas y étnico-culturales, se asienta en un conglomerado de organizaciones sindicales, movimientos sociales y pueblos indígenas, esgrime un proyecto de nacionalismo estatista y despliega una política internacional afín a Venezuela y Cuba. Finalmente, se articula en torno al liderazgo de Evo Morales, ‘primer presidente indígena’, dirigente de los sindicatos de campesinos productores de hoja de coca y figura relevante en el movimiento antiglobalización o altermundista”.
Estos conceptos se deben enmarcar en el tránsito de un proceso que, como ya dijimos, se comenzó a dar a inicios del siglo XXI, transformando no solamente nomenclaturas institucionales, sino también un enfrentamiento socio-cultural que podemos además ubicar geográficamente entre un oriente conservador, tradicionalista, racista y neoliberal, y un occidente de fuertes tradiciones fundadas en la historia precolombina. La conformación de este Estado Plurinacional fue jaqueado a causa del golpe de Estado encabezado por Jeanine Añez el día 10 de noviembre de 2019. Su resolución fue favorable para los sectores populares tras el triunfo del candidato de Evo Morales, Luis Arce, con el 55% de los votos en las nuevas elecciones presidenciales.
Finalmente, se realizó el ritual (sutiyaqui) por parte del gobierno boliviano donde se nombró Saphi, según las creencias andinas, a la niña momia recuperada del exterior, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz y estuvo encabezado por el presidente Luis Arce y su vice, David Choquehuanca, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El vicepresidente, tras criticar al colonialismo, reivindicó que un Pueblo debe tener “orgullo, protección, valoración y alimento de la raíz cultural” para “no perecer”. Mientras, el presidente denunció la profanación de la tumba de la niña por parte de colonizadores ávidos de riqueza, siendo el Estado Plurinacional de Bolivia el que logró repatriarla. Una clara muestra del recupero de la identidad, la historia y la memoria de los pueblos originarios.
Perú
“Somos una cuna, desde hace cinco mil años, de civilizaciones y culturas trascendentales” (Pedro Castillo, presidente electo del Perú).
En el año 2016 los pueblos indígenas25 han obtenido “la consolidación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW). Este proyecto nació en noviembre de 2015 como una manifestación colectiva de autonomía por parte del pueblo Wampis frente al Estado peruano” (IWGIA, 2021b). Esto implicó acceder soberanamente a un territorio de 1.300.000 hectáreas, donde habitan alrededor de 11 mil wampis; la ubicación es entre las regiones de Loreto y Amazonas, protegidas del extractivismo capitalista. Este caso marca un hito en materia de soberanía indígena, ya que “la estructura de gobierno de la Nación Wampis está basada en su Estatuto Constitutivo, que refleja la visión del pueblo Wampis en todas las áreas de su vida que incluyen religión, espiritualidad, educación, lenguaje y la recuperación de nombres de lugares ancestrales. El Estatuto Constitutivo se basa en la obligación del Estado Peruano a respetar los derechos y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
Entre otros principios, en el Estatuto Constitutivo se afirma que cualquier actividad que pudiese afectar al territorio Wampis, tiene que contar con el consentimiento libre, previo e informado de la Nación Wampis”. Esto ha inspirado a otros pueblos indígenas, como el Kandozi y el Chapra, decididos a recorrer este mismo camino (IWGIA, 2021b). Y tal como ellxs mismos lo expresaron en un video que registró sus palabras y pensamientos, la idea es sostener su derecho a la autonomía y a la autodeterminación construyendo un gobierno indígena, pero, aclararon, no convertirse en otro país dentro de los límites del Perú. Sí ser reconocidos como una nación originaria de siete mil años de antigüedad. En este marco es bueno saber y recordar que la cooperación entre organizaciones civiles e indígenas hizo posible la implementación de la Ley 28.736 para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. A esto debemos sumar la creación de la Dirección de Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI): “entre 2013 y 2014, este organismo adoptó una perspectiva de derechos: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el respeto del principio de no contacto y la toma de medidas para su protección” (IWGIA, 2021c).
Sin embargo, de la lectura de estos trabajos se desprende que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas aún continúa, a pesar de estos avances institucionales, ya que solamente los ministerios de Cultura, Salud, Agricultura y Ambiente habrían sido los que tomaron medidas concretas de protección, mientras la burocracia y la falta de una perspectiva nacional más abarcativa no permite un desarrollo tangible de las políticas de inclusión y protección. El desafío para el nuevo gobierno electo está planteado.
Notas:
* Profesor Universitario de Historia, integrante del Consejo Directivo Nacional de UPCN
Referencias:
21) Sería materia de otro trabajo las guerras de resistencia a partir de mediados del siglo XVI de Chichimecas en el norte de México, Chiriguanos en el Perú y Araucanos al sur del río Bío Bío en Chile: son solo tres de los más importantes ejemplos de la lucha contra los peninsulares.
22)“De ellos 12 fueron rechazados por no cumplir los requisitos establecidos por el Servicio Electoral para estos efectos” (véase www.servel.cl).
23) “La Convención Constituyente está formada por 77 mujeres y 78 hombres; de estos 155 delegados, 48 son independientes, 37 de la coalición de derechas cercana al Gobierno de Piñera, 17 pertenecen a los pueblos originarios y el resto a la izquierda y centroizquierda. Después de la elección de Elisa Loncón, los constituyentes tendrán 9 meses, prorrogables hasta un año, para escribir la nueva Constitución histórica para Chile” (France 24, 5-7-2021).
24) Lamngen: hermano o hermana. Mari mari es un saludo. Marrichiwew: cien veces venceremos.
25) “La población que se autoidentificó como perteneciente a un pueblo indígena u originario de los Andes, en el CPV 2017, alcanzó un total de 5 millones 771 mil 885 personas, que equivalen al 24,9% de la población censada de 12 y más años de edad del país. De este total, 2 millones 801 mil 412 son hombres (48,5%) y 2 millones 970 mil 473 son mujeres (51,5%). El quechua fue declarado como la lengua con la que aprendieron a hablar en la niñez 2 millones 893 mil 670 personas que se autoidentificaron como indígenas u originarias de los Andes, es decir, el 50,1%.
Una segunda lengua fue el castellano, señalada por 2 millones 473 mil 986 personas (42,9%) como su lengua materna. El aimara se encontró en el tercer lugar con 392 mil 228 personas (6,8%) que indicaron que en su niñez aprendieron a hablar en esta lengua. En la población que se autoidentificó como blanca(o)/mestiza(o)/otra(o), las lenguas con las que la población aprendió a hablar son principalmente dos: en primer lugar, el castellano con 15 millones 540 mil 786 personas (94,9%), y como segunda lengua se encuentra el quechua, declarada por 558 mil 762 personas (3,4%) indígenas u originarias” (INEI, 2017).
Fuente: https://www.revistamovimiento.com/
