Como cada año, la Comisión Europea ha publicado sus Recomendaciones Específicas por País. Se trata, como su nombre indica, de indicaciones y sugerencias particulares que la Comisión da a los Estados miembros de la UE en relación con las políticas presupuestarias nacionales. Todo ello en el marco del llamado Semestre Europeo, el mecanismo a través del cual las instituciones europeas coordinan las políticas presupuestarias de los distintos Estados miembros y velan por que se ajusten a los objetivos fijados en Bruselas.
Como hemos señalado repetidamente en el pasado, estas Recomendaciones -y en particular las dirigidas a Italia- siempre se han caracterizado históricamente por su absoluta monotonía, repetitividad e insistencia en un único tema: según estas indicaciones, la deuda pública de Italia es demasiado elevada y representa una amenaza fundamental para la estabilidad económica y financiera, tanto la nuestra como la del conjunto de Europa.
Por lo tanto, la receta sólo puede ser reducirlo, introduciendo políticas de austeridad (es decir, recortando el gasto). Entre los recortes a realizar, vemos una especial obsesión por el gasto en pensiones, que se va a recortar cada vez más a pesar de que décadas de contrarreformas han provocado el empobrecimiento progresivo de cientos de miles de pensionistas y el continuo retraso de la edad de jubilación.
El último capítulo de esta saga está fechado el 24 de mayo de 2023, con la publicación de las últimas recomendaciones. Aunque parezca increíble, prácticamente nada ha cambiado con respecto a lo que nos han contado en los últimos años (alerta de spoiler: no es tan cierto, como intentaremos explicar al final de este artículo). Pero vayamos por orden. En palabras de la Comisión, Italia «presenta desequilibrios macroeconómicos excesivos…(y) vulnerabilidades persistentes relacionadas con una elevada deuda pública».
Para saber qué hay que hacer para afrontar este reto, basta con adentrarse un poco más en la lectura. La receta es, como es lógico, «políticas fiscales prudentes con superávits primarios adecuados». Lo que traducido a palabras sencillas significa aplicar medidas de austeridad, es decir, persistir en una política fiscal caracterizada por que el Estado saca de la economía -a través de impuestos y recortes- más de lo que ingresa a través del gasto público.
Además, esta es exactamente la orientación que han seguido todos los sucesivos gobiernos de los últimos treinta años, independientemente de su color político (con la excepción temporal de los últimos años de emergencia caracterizados por pandemias y guerras).
Como se mencionaba al principio, no puede faltar, por supuesto, la referencia a la necesidad de «nuevas iniciativas políticas… en el ámbito de los sistemas de pensiones», para no contradecir el odio hacia quienes intentan llevar una vida digna tras el final de su vida laboral. Tampoco falta la enésima llamada a la subida del IVA, con las consabidas consecuencias regresivas que ello conllevaría.
Las Recomendaciones para Italia contienen otros aspectos interesantes. Por ejemplo, salta a la vista el uso político e instrumental que se hace de la inversión pública como vector para imponer recortes. El razonamiento propuesto es paradigmático porque presenta de forma concreta lo que significa el concepto de «escasez», uno de los principios cardinales en torno a los que gira la teoría económica dominante.
Las Recomendaciones se deshacen en elogios hacia la inversión pública (lo cual está muy bien, ya que es un importante motor de crecimiento). El problema es que la inversión pública es, para el Estado, una partida de gasto, y la única manera de gastar un euro más en un lado -dentro del dogma del equilibrio presupuestario- es gastar uno menos en el otro.
Ahí está, el mito de la escasez de recursos en funcionamiento, con la consecuencia de que mientras por un lado la Comisión reclama más inversión pública, por otro y precisamente por ello exige recortes en el gasto público corriente, es decir, recortes en los salarios de los funcionarios, en las pensiones, en las prestaciones y en las transferencias a los hogares.
Otro concepto que, en la mejor tradición de la mistificación de conceptos aparentemente neutros, se esgrime en detrimento de los intereses de la mayoría de la población es el de «productividad», otro problema atávico que -nos dice la Comisión- asola la economía italiana y que hay que atajar al son de las reformas del mercado laboral, es decir, más precariedad y menos derechos para los trabajadores.
El documento que nos ocupa también revela algunas cosas que quizá sean obvias para quienes se hayan tomado la molestia de mirar más allá de la propaganda, pero que chocan con el bombo mediático: el gasto público financiado a través del programa de subvenciones de la UE Next Generation asciende al 0,9% del PIB en 2022, y ascenderá al 1,4% en 2023: se trata, en esencia, de una pequeña gota en el mar de recesión en el que estamos atrapados.
También es esclarecedor el pasaje en el que la Comisión explica por qué deben desmantelarse cuanto antes las subvenciones que todos los gobiernos europeos han concedido a hogares y empresas para intentar contrarrestar los efectos más extremos de los elevados precios de la energía: aunque estas subvenciones han protegido a hogares y empresas vulnerables, «no preservan plenamente la señal de precios necesaria para reducir la demanda».
De nuevo, dicho de forma sencilla: según la Comisión Europea, la forma correcta de hacer frente a la energía cara -y, por tanto, a las facturas caras, la gasolina, la calefacción, etc.- es mantener las luces menos encendidas, no encender la calefacción e ir a trabajar a pie, de forma que las consecuencias de la locura bélica las pague y sufra íntegramente el individuo. – es mantener menos encendidas las luces, no encender la calefacción e ir a trabajar a pie, para que las consecuencias de la locura bélica las pague y sufra íntegramente el individuo. No es casualidad que en marzo, el gobierno de Meloni ya cerrara el grifo de las ayudas a la economía para combatir las elevadas facturas.
Las Recomendaciones también se permiten una amenaza no demasiado velada, cuando recuerdan que la Comisión, todavía en la primavera de 2023, decidió no iniciar procedimientos (traducido, no presentar el proyecto de ley a través de sanciones) contra aquellos países con déficits presupuestarios excesivos. Sin embargo, se acabó la diversión.
De hecho, la Comisión «propondrá al Consejo iniciar procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2024 sobre la base de los datos definitivos de 2023. Italia deberá tenerlo en cuenta en la ejecución del presupuesto de 2023 y en la preparación del documento de planificación presupuestaria de 2024». La vuelta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento está a la vuelta de la esquina, y ya no se permitirán las fechorías de los años de la pandemia Covid-19.
Como puede leerse en el documento de recomendaciones específicas para Italia, sería necesario un ajuste presupuestario de al menos el 0,7% del PIB, es decir, algo menos de 15.000 millones de euros. Estos miles de millones se encontrarían principalmente y a través de recortes en el gasto público primario neto financiado internamente (el nuevo parámetro establecido por la reciente reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre el que tendrán que actuar los gobiernos para imponer la austeridad).
Hasta aquí, nada más que la enésima repetición de las recetas que han condenado a Italia, y no sólo a Italia, al estancamiento, al estancamiento salarial y al paro desde mucho antes de la pandemia y de la guerra. ¿Nada nuevo, pues, bajo el sol? No del todo, porque la Comisión parece haber encontrado finalmente en el gobierno Meloni al cómplice y sodálico perfecto.
Tras constatar, de hecho, que hasta ahora Italia «ha mantenido suficientemente bajo control el crecimiento del gasto corriente financiado internamente», las Recomendaciones ofrecen una última joya. Para mantener a raya las cuentas públicas, la Comisión calcula que el gasto primario neto (es decir, el gasto público deducidos los intereses de la deuda pública) debería tener un incremento máximo, en términos nominales, del 1,3% en 2024.
Es fundamental señalar que, dada la inflación prevista para 2024 (3% según las estimaciones de Eurostat), ese aumento en términos nominales (euros gastados) corresponde a una disminución en términos reales (bienes y servicios que presta el Estado) del 1,7%. Esto se debe a que si los euros gastados crecen menos de lo que crecen los precios, la cantidad de bienes y servicios adquiridos por el Estado disminuye.
La misma austeridad de siempre a la europea, como decíamos. Pero aquí viene la sorpresa. Siguiendo leyendo, se descubre en efecto que: «las previsiones de primavera de 2023 de la Comisión prevén un crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional del 0,8 % en 2024, es decir, por debajo de la tasa de crecimiento recomendada».
Más realista que el rey, más entregado a los recortes que los que inventaron e institucionalizaron los recortes, el gobierno Meloni se pone manos a la obra y es intérprete y portador de la austeridad -es decir, de la miseria, de los recortes en la sanidad y la educación públicas, etc.- en mayor medida incluso de lo que ha pedido la Comisión.
Todo esto sucede mientras el Primer Ministro Meloni declara que el Gobierno se dispone a gastar miles de millones en la reconstrucción de Emilia-Romaña. Precisa, sin embargo, que la cobertura económica se encontrará aquí y allá en los pliegues del presupuesto (es decir, recortando otras partidas de gasto).
Al margen de la retórica que esgrimen cada día los representantes del Gobierno, estas cifras certifican, por si hiciera falta, el espíritu antipopular del Gobierno Meloni. Además de los continuos ataques al mundo del trabajo, el ejecutivo de Meloni se muestra aún más austero que el ya estricto gobierno de Draghi.
Prometer más austeridad de la que prescriben las instituciones europeas es perpetrar políticas de matanza social y de ataque a los más débiles, continuando el proyecto político preciso de desmantelamiento del Estado del bienestar. Sólo una lucha sin cuartel contra este ejecutivo podrá frenar esta debacle.
Artículo publicado originalmente en Coniare Rivolta
Foto de portada: extraída de L’Antidiplomático.
