A la República Saharaui, la monarquía anacrónica y sanguinaria del Reino de Marruecos, le niega sus derechos históricos e inalienables, con la complicidad de muchos gobiernos occidentales que se erigen ante la opinión pública como defensores de los derechos humanos y la libertad.
La persistencia y convicción del pueblo saharaui y de su gobierno, la inquebrantable lucha del Ejército de Liberación Popular Saharaui y la heroica presencia del Frente Polisario, han generado una corriente de solidaridad que abarca a personalidades, organizaciones políticas y de solidaridad, sindicatos y gobiernos, de distintos países del mundo que están dispuestos a acompaña el destino y la gloria de la Nación Saharaui.
La pandemia, desatada en el marco de un sistema capitalista agotado, está generando procesos de flexibilización laboral que llevan a muchas empresas a la quiebra y a millones de personas al desempleo, a la pobreza, y al desamparo, fundamentalmente donde los Estados han mercantilizado el sistema de salud y los servicios básicos para la sobrevivencia y bienestar de la población y no cuentan con políticas de contención social para acompañar a los sectores más vulnerables en desgracias como la que vivimos y de la cual no se tiene idea sobre su permanencia en el tiempo y el alcance de su perjuicio.
España es un país rico y desigual y para paliar parte de sus contradicciones políticas y sociales, el gobierno, echa mano a recursos y acuerdos que causan la repulsa de los sectores consientes y solidarios de su comunidad y de otras latitudes.
“El pasado 9 de enero, la ministra de Hacienda del gobierno de España y miembro del partido socialista andaluz, la Sra. María Jesús Montero, anunció un acuerdo con Marruecos en virtud del cual, la empresa pública Navantia procederá a la construcción de un buque de guerra, por un importe de 150 millones de euros”; así nos lo hace saber la Asociación del Colectivo Saharaui de la Provincia de Jaén; la Asociación de saharauis en Granada y la Asociación Saharaui de Estepona, Costa del Sol; en una carta publicada en Sevilla, 08 de febrero del año en curso [1].
En dicha carta, se hace referencia a como la Monarquía de Mohamed VI, anunció públicamente en 2004, que nunca permitiría la celebración de un referéndum de autodeterminación por parte del pueblo saharaui, saboteando el proceso político, rompiendo el acuerdo del alto el fuego establecido, extendiendo su ocupación militar, a la zona desmilitarizada del Gargarat, imponiendo al pueblo saharaui la vuelta a una guerra de agresión.
Y continúa recordando la carta mencionada que, la Resolución 2548/2020 del Consejo de Seguridad, de 30 de octubre de 2020, había reafirmado la necesidad de que las partes «se abstengan de emprender cualquier acción que pueda menoscabar las negociaciones facilitadas por las Naciones Unidas o desestabilizar aún más la situación en el Sáhara Occidental”.
También hace mención de que, durante la conferencia de embajadores celebrada el pasado 19 de enero de 2021, el presidente del gobierno de España, el Sr. Pedro Sánchez, subrayó la necesidad de «relanzar el proceso de negociaciones en el Sahara Occidental y avanzar hacia una solución política, justa y duradera».
Es por eso que no se entiende que el presidente de España pueda abalar lo actuado por su Ministra de Hacienda, al firmar un acuerdo con Marruecos en el cual una empresa pública procederá a la construcción de un buque de guerra, desconociendo el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el “Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, que en su artículo 7.1. a) establece que, “las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas en los supuestos siguientes:
- “Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.
Obviamente, los buques de guerra forman parte de la estrategia, con la cual el monarca marroquí pretende perpetuar la ocupación militar del territorio en conflicto.
La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los pueblos y países coloniales, establece que «todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la presente declaración, sobre la base de la igualdad, la no intervención en los asuntos internos de los demás estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial».
También, la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 1965, afirma que el «uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención» y la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de octubre del 1970, declara solemnemente que «todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al Derecho Internacional, entraña responsabilidad».
Al parecer, el gobierno de España hace caso omiso al cumplimiento de la legalidad internacional, y no considera la salvaguarda de la paz y los derechos humanos, como una cuestión de Estado fundamental para el sostenimiento de su discurso democrático, violando con su accionar, nuevamente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
La complicidad de la monarquía del Estado Español con el despótico régimen monárquico de Marruecos, no mellara la voluntad de lucha del gobierno de la República saharaui y de su pueblo; ni la solidaridad de las personas que aman la justicia y la paz en el mundo entero y que no dejarán de protestar ante los atropellos y violaciones a los derechos humanos de estos gobiernos que existen a contramano de la historia y del destino de felicidad que le corresponde a la humanidad.
Nota:
*Analista políticos del equipo de Periodismo Internacional Alternativo PIA Global
