El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene bajo revisión más de 5,000 concesiones mineras que podrían ser canceladas en caso de que se encuentren anomalías, advirtió este miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.
«Tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de 5,000», dijo Quiroga a periodistas, durante un evento de la industria.
El sector minero, que contribuye con un 4% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, fue castigado recientemente en el mercado de valores por el temor a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulse cambios legislativos que puedan afectar sus operaciones.
El mes pesado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero del país, dijo a Reuters que impulsará una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.
En el país hay más de 27,100 concesiones mineras vigentes, según los más recientes datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía.
Sin embargo activistas y ambientalistas aseguran que muchas de las concesiones violan los derechos de las comunidades donde se encuentran.
“Los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y no se afectan los derechos de ninguna de las partes”, manifestó el funcionario tras participar en la inauguración del México Mining Forum 2019.
“Como cabeza de sector, exigimos desde ya respeto al medio ambiente, la consulta a comunidades anfitrionas, el cumplimiento fiscal, remediación completa, así como respeto de los derechos humanos y políticos de comunidades y trabajadores”, afirmó.
Agregó que la meta es alcanzar mejores prácticas al ir hacia una minería sostenible, incorporar a las comunidades anfitrionas, crear capacidades productivas en comunidades, lograr una carga regulatoria competitiva y una percepción pública asertiva de la minería, así como contribuir a la construcción de ciudadanía como actor de pacificación.
Pidió además corresponsabilidad de inversionistas, directivos de empresas, asociaciones gremiales, cámaras, representantes populares y dirigentes sindicales para ver hacia el futuro y encontrar soluciones, integrar alianzas, alcanzar coincidencias y consolidar voluntades.
Con informaciones de Expansión Política.
