“Es más honorable para nosotros morir que coexistir con quienes cometen asesinatos contra mujeres, hombres, niños y enfermos”. Estas fueron las palabras del Ministro de Finanzas de Sudán en una de sus últimas intervenciones sobre al fin de la guerra. Sus declaraciones son una consecuencia de una cadena de sucesos que han llevado al país a caer en uno de los conflictos más cruentos de su historia reciente.
La magnitud de la crisis quedó patente en octubre de 2025, cuando la ciudad de El Fasher, capital de la región de Darfur del Norte, se convirtió en el epicentro de una tragedia que muchos observadores equiparan con algunos de los peores crímenes del siglo XXI.
La masacre no fue un hecho aislado ni repentino. Fue el desenlace de 18 meses de asedio llevado a cabo por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que habían cercado sistemáticamente la urbe hasta provocar su colapso.
Contexto de la guerra civil sudanesa
Desde su independencia de Egipto y el Reino Unido en 1956, Sudán ha estado marcado por profundas tensiones políticas, económicas y étnicas. El poder central, tradicionalmente controlado por élites árabo-islámicas asentadas en el valle del Nilo, mantuvo una relación históricamente desigual con las regiones periféricas, habitadas mayoritariamente por comunidades africanas no árabes.
Esta asimetría estructural fue el origen de sucesivos conflictos armados, incluidos dos prolongados periodos de guerra civil (1955-1972 y 1983-2005), que erosionaron la cohesión estatal e impidieron la consolidación de instituciones inclusivas. Tras tres décadas de régimen autoritario bajo el mando de Omar al-Bashir, su derrocamiento en abril de 2019 abrió una breve etapa de expectativas democratizadoras.
Sin embargo, la transición hacia un gobierno civil –gestionada por un frágil equilibrio entre militares y actores civiles– se mostró inestable desde sus inicios. Finalmente, en octubre de 2021, el proceso fue interrumpido mediante un golpe militar encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), y Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).Para ampliar: ¿Un nuevo genocidio en Darfur?
La rivalidad entre ambos dirigentes se intensificó a partir de diciembre de 2022 con la propuesta de reforma del sector de seguridad, que contemplaba la integración de las RSF en el ejército regular en un plazo limitado. Hemedti rechazó esta iniciativa por considerarla una amenaza directa a su autonomía operativa y al poder económico acumulado por su fuerza paramilitar, lo que agravó las tensiones entre ambos bloques.
El 15 de abril de 2023, tras semanas de despliegues irregulares y escaladas retóricas en Jartum, estallaron los enfrentamientos abiertos entre las SAF y las RSF, marcando el inicio oficial del actual conflicto armado.
Según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las hostilidades se extendieron rápidamente desde la capital hacia múltiples regiones del país, evidenciando que el enfrentamiento no responde únicamente a una disputa militar, sino que constituye una lucha estructural por el control político, territorial y económico del Estado sudanés y de sus recursos estratégicos.
La difícil historia de la región de Darfur
La región de Darfur, situada en el sudoeste de Sudán y con una población de más de seis millones de habitantes, es el epicentro histórico de las tensiones étnicas, económicas y políticas que alimentan la guerra civil sudanesa.
Pero su conflicto no comienza en 2023, sino que sus raíces se remontan entre 1980 y 1990, momento en el cual, bajo el gobierno islamista de Jaafar Nimeiri, y posteriormente bajo el régimen de Omar El-Bashir, el Estado sudanés impulsó la formación y el armamento selectivo de milicias locales para reforzar el control político y territorial en la región.
Esta política está ampliamente documentada en informes del Panel de Expertos sobre Sudán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que señalan la instrumentalización gubernamental de actores armados con criterios étnicos y clientelares.
El estallido contemporáneo del conflicto en Darfur se produjo en 2003, cuando dos grupos rebeldes –el Movimiento de Liberación de Sudán (SLM/A) y el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM)– se levantaron en armas contra el gobierno en Jartum, acusándolos de discriminación étnica, marginación económica y falta de representación política.
El conflicto culminó con el gobierno de al-Bashir apoyando y armando a las milicias árabes Janjaweed, que llevaron a cabo ataques sistemáticos en los que murieron más de 300.000 personas y alrededor de 2,7 millones fueron desplazadas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Esta crisis llegó a requerir el despliegue de misiones de paz internacionales entre 2004 y 2020, así como múltiples intentos externos por poner fin a la guerra –como el Acuerdo de Paz de Abuya o el Documento de Doha para la Paz en Darfur–, todos ellos sin éxito.
Posteriormente, el territorio pasaría a estar militarizado, y las milicias Janjaweed, por decreto de al-Bashir –quien en la actualidad tiene diversas órdenes de arresto por crímenes de guerra, de lesa humanidad y un delito de genocidio–, se convertirían en una fuerza regularizada: las ya mencionadas Fuerzas de Apoyo Rápido, comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”.
La caída y catástrofe de El Fasher
La movilización de las RSF en El Fasher y alrededores se endureció en agosto de 2025, cuando construyeron una enorme barrera de arena elevada para bloquear cualquier ayuda humanitaria. A principios de octubre, el asedio era total.
Se bloquearon carreteras y accesos con el objetivo de doblegar a las SAF y a la población civil, en una violación flagrante del Derecho Internacional de los Conflictos Armados y del Derecho Internacional Humanitario, denunciada por numerosas organizaciones internacionales.
El 26 de octubre, tras 18 meses de asedio, El Fasher cayó en manos de la RSF. La ciudad se trataba del último bastión de las SAF en la región y había resistido gracias a la ayuda de grupos locales y comunidades desplazadas. La ofensiva final fue devastadora, con combates que duraban días y una población civil desprotegida una vez se retiraron las fuerzas del ejército.
Entonces comenzó el verdadero terror: soldados riendo mientras recorrían cuarteles abandonados, bombardeos contra el hospital civil de El Fasher, detenciones arbitrarias de médicos locales –denunciadas por Médicos Sin Fronteras– e incluso combatientes que, en un vídeo difundido por la BBC, se jactaban abiertamente de los crímenes que estaban perpetrando.
Las consecuencias humanitarias no tardaron en hacerse visibles. Según Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien visitó Sudán durante cinco días, desde la captura de la ciudad por las RSF más de 100.000 personas han huido, una cifra verificada por ACNUR el 14 de noviembre.
El 79% se ha refugiado en aldeas situadas al oeste y al norte; unas 38.990 personas han escapado al estado de Kordofán del Norte y otro 7% a Tawila, que ya acoge a más de 650.000 desplazados desde el inicio del conflicto en 2003.
Otros tantos han huido hacia campamentos improvisados en Chad, mientras miles permanecen atrapados en la ciudad sin agua potable ni refugio. En total, el número de desplazados en Sudán asciende a 13 millones de personas, en su mayoría desplazados internos.
Tras la retirada de las SAF, Naciones Unidas describió la zona como un territorio “sin ley dominado por actores armados irregulares”. En respuesta, las RSF han intentado lavar su imagen difundiendo en redes sociales vídeos de supuestos arrestos a miembros propios implicados en violaciones. Sin embargo, estas acciones parecen más un ejercicio de propaganda que un intento real de rendición de cuentas o regularización de sus prácticas.
La masacre de El Fasher a punta de satélite
Hasta la fecha, ningún organismo internacional ha podido verificar el número de muertos que ha causado la guerra en Sudán. Esta opacidad es aún mayor en el caso de la caída de El Fasher, donde no ha sido posible realizar una verificación independiente.
Del mismo modo, no existían imágenes que documentaran la magnitud de la violencia en las inmediaciones y en el centro urbano de la ciudad hasta el momento de su colapso.
Diversos medios internacionales –como RTVE– han difundido imágenes por satélite –analizadas por organismos como el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale— que evidencian la destrucción total de barrios y carreteras, así como ejecuciones masivas y presencia de cadáveres.
Estas imágenes refuerzan la hipótesis de una campaña sistemática de limpieza étnica, ejecutada en una ofensiva cuyos fallecidos no pueden cuantificarse con precisión. Aun así, algunos episodios permiten hacerse una idea de lo que ha ocurrido: se estima que solo en los dos primeros días tras la caída de la ciudad fueron asesinadas unas 2.000 personas, y más de 460 habrían fallecido en un ataque contra el hospital de maternidad el 28 de octubre.
Reacciones internacionales y diplomáticas
Las reacciones internacionales a la caída de El Fasher y a la violencia utilizada de forma arbitraria por parte de las RSF no tardaron en llegar, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la urgencia en una respuesta internacional unitaria.
En primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) convocó en noviembre de 2025 una sesión especial sobre Sudán, destacando que existen “razonables indicios de crímenes bajo el derecho internacional”, incluyendo ejecuciones sumarias, limpieza étnica y violencia sexual generalizada.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por su parte, emitió una declaración denunciando las condiciones en El Fasher, destacando que podrían constituir un castigo colectivo, así como la nula distinción entre objetivos civiles y militares.
La Comisión Europea también se ha pronunciado al respecto mediante una declaración conjunta firmada por la mayoría de Estados miembro en la que exige un alto el fuego inmediato, la apertura de negociaciones para poner fin a las hostilidades, la entrada sin obstáculos de ayuda humanitaria y el respeto estricto del Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, tanto la Unión Europea como Reino Unido y Estados Unidos han planteado la imposición de un embargo de armas a Sudán con el fin de frenar la continuación de las hostilidades.
Por último, el 14 de noviembre, representantes de la ONU y de la Unión Africana expresaron ante el Consejo de Derechos Humanos su preocupación, advirtiendo que la alerta de genocidio es “real y aumenta cada día”.
En esa sesión intervinieron diversas autoridades sudanesas, que expresaron su preocupación por los hechos ocurridos en el país, instaron a la ONU a reconocer la existencia de un genocidio y reclamaron mayor presión internacional contra las RSF y contra Emiratos Árabes Unidos, al que señalan como proveedor de apoyo militar y equipamiento estratégico.
Pese a la indignación expresada por la comunidad internacional, la capacidad de acción exterior ha quedado seriamente limitada por múltiples obstáculos. Entre ellos destacan el bloqueo impuesto por las RSF sobre la ciudad, que ha impedido la entrada de ayuda humanitaria –con convoyes detenidos e incluso atacados–, así como la imposibilidad de verificar de forma independiente lo ocurrido debido al control ejercido por el grupo paramilitar en la zona circundante.
A esto se suma la ausencia de fuerzas internacionales de protección –tras la retirada de la misión UNAMID en 2020–, el apoyo logístico y financiero que actores externos brindan a las RSF y la fatiga política de la comunidad internacional, desbordada por otras crisis globales como la Franja de Gaza, Ucrania o el Sahel.
¿Se trata de un genocidio?
Ésta es una cuestión bastante común cuando se habla de la crisis humanitaria que está asolando Sudán en los últimos años y, específicamente, en las semanas recientes.
De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), el genocidio se define en su artículo II como “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” mediante actos como matar a miembros del grupo, causarles daño físico o mental grave, someterles intencionalmente a condiciones destinadas a su destrucción física, impedir nacimientos o realizar traslados forzosos de niños.Para ampliar: Sudán, una guerra enquistada sin salida a la vista
Según los actus reus de este conflicto, específicamente de la ofensiva en El Fasher, los hechos cumplen varios de los criterios: asesinatos masivos de civiles no combatientes, bloqueo prolongado e intencional, ataques deliberados contra hospitales y campos de refugiados, desplazamientos forzosos a gran escala y ejecuciones selectivas por motivos étnicos.
No obstante, donde se encuentra el matiz para definir si es o no un genocidio es en el mens rea, esto es, en la determinación judicial que confirme la intencionalidad de exterminio hacia otras comunidades por parte de las RSF. Los patrones observados son bastante consistentes, pues incluso testigos aseguraron que los atacantes separaban a las víctimas por su grupo étnico antes de ejecutarlas.
Si bien serán las investigaciones internacionales las que esclarezcan los hechos, el pasado reciente de Sudán invita a pensar en esa dirección. El genocidio perpetrado en Darfur entre 2003 y 2005 –protagonizado por los mismos grupos étnicos que hoy participan en el conflicto– constituye un precedente difícil de ignorar.
*Javier Angulo, periodista
Artículo publicado originalmente en Descifrando la Guerra
Foto de portada: generada por IA extraida de BBC
