El inicio
El gobierno de Javier Milei comenzó con un paquete de medidas regresivas para las grandes mayorías del pueblo. Primero, un acelerado deterioro económico a partir de una mega devaluación del 118 por ciento y un fuerte aumento de la inflación. Fue un anuncio de 10 medidas a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, que implicaron la destrucción de los ingresos, ajuste, eliminación de contratos de trabajo estatales y liberación de importaciones, lo que afectó directamente al sector de trabajo industrial.
En segundo lugar, el gobierno emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, por el cual modificó más de 300 artículos de normas vigentes y derogó otras. Luego, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley Bases o ley Ómnibus, que al momento no prosperó y que buscaba profundizar la transformación del país afectando centenas de regulaciones de distintas áreas, como cultura, economía, educación, seguridad y a las empresas nacionales.
¿Qué es el DNU 70?
Este Decreto de Necesidad y Urgencia, emitido el 20 de diciembre del 2023 por cadena nacional, es un paquete que incluye modificaciones normativas y plantea la derogación completa de algunas leyes, como la de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, de compre nacional, de promoción industrial, de promoción comercial, entre otras. También, reprime la protesta social y afecta regulaciones fiscales, regímenes impositivos, aspectos constitucionales e introduce cambios al código civil y comercial.
En material laboral, impone una profunda flexibilización en las relaciones laborales en detrimento de las y los trabajadores. Esa reforma incluye la baja de las indemnizaciones, extiende períodos de prueba, desfinancia a los sindicatos y las obras sociales, promueve la tercerización y el fraude laboral, crea el banco de horas, por lo cual limita el cobro de horas extras, además de restringir el derecho a huelga y asambleas.
Este último aspecto, incluido en el capítulo cuarto del DNU, se encuentra actualmente suspendido por la Justicia del Trabajo a partir de presentaciones legales de las centrales gremiales CGT, CTA y de otras organizaciones.
Los agrupamientos empresariales del país empujan por la aplicación de esa reforma laboral. En marzo, tras conocerse que la inflación de febrero fue de más 13 por ciento, siendo más de un 276 por ciento anual, el gobierno anunció que liberará beneficios impositivos para ingresar al país productos de venta al por menor provenientes de otros países: carnes, pescados, lácteos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, aceites, cervezas, bebidas sin alcohol, papel higiénico, pastas dentales y medicamentos.
La Unión Industrial Argentina, que nuclea a empresas, empresarios y cámaras patronales, se quejó de la medida argumentando que los productores nacionales deben pagar en cuotas mensuales y con impuestos los insumos para fabricar esos productos. En cambio, propuso eliminar o reducir gravámenes y se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para contribuir en una definición favorable a la aplicación del capítulo laboral del DNU 70.
¿Qué pasó en el Senado con el DNU?
Luego de que el Senado rechazara el DNU, la medida quedó a un paso de ser derogada. Situación que implicaría un impacto para el Gobierno nacional. De todas maneras, el decreto 70 aún tiene que ser tratado por la Cámara de Diputados, por lo cual sigue vigente.
Cuando un Presidente dicta un DNU, entra en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Solo pierde validez cuando es rechazado por ambas cámaras del Congreso. Pero antes de llegar a los recintos, la ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen.
Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.
Según establece la ley que regula en los casos de estos decretos, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir, con la mitad más uno de sus integrantes. Por el contrario, si una cámara lo aprueba quedará firme. De igual manera sucede si el Congreso no se expide: queda el DNU en pie.
En esta ocasión, el Senado votó en contra. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en calidad de presidenta del Senado y con rispideces en el seno del gobierno mediante, había dado vía libre para el tratamiento del mega DNU, que era algo que la oposición venía exigiendo. Finalmente, el 14 de marzo, se rechazó el decreto 70 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones.
El bloque opositor de Unión por la Patria dijo que “no” con sus 33 bancas en la cámara. Sólo se necesitaban cuatro votos más para lograr el rechazo, y se sumaron nueve, cinco de ellos responden a los gobernadores no peronistas de la Patagonia.
La región del sur se posicionó de manera casi unánime. Es que los gobiernos provinciales, de distintos partidos políticos, habían tenido en las semanas anteriores una fuerte disputa con el Poder Ejecutivo por distintos recursos públicos. Incluso habían conformado el bloque “Provincias Unidas del Sur”.
La situación parece revigorizarse por estos días después de que el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, aclare la situación respecto a los fondos para jubilaciones en las provincias: se enviarán a los distritos una vez que «culmine el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la ANSES».
En la Cámara alta, cada provincia está representada por tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría. El bloque regional de la Patagonia lo conforman seis provincias, en total cuenta con 18 legisladores propios. En la votación, todos los senadores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego lo rechazaron, junto a dos de Chubut y uno de La Pampa. Aportaron 15 de los 42 votos de rechazo.
Otro capítulo de la votación en el Senado se la llevó la Unión Cívica Radical (UCR), cuyo presidente, Martín Lousteau, votó en contra a pesar de que, de sus otros 12 correligionarios, sólo uno lo siguió y uno se abstuvo. Esto generó enormes críticas, no sólo por parte del oficialismo, sino dentro de sus propias filas partidarias.
Los votos afirmativos al DNU provinieron mayoritariamente de los bloques completos de La Libertad Avanza y el PRO. Y, aunque el DNU sigue vigente hasta su tratamiento en la Cámara de Diputados, el rechazo en senadores significa un revés político para el Gobierno.
¿Qué pasará en Diputados?
Eduardo Valdés, abogado, diplomático y político argentino, diputado nacional de Unión por la Patria, explicó cómo piensan afrontar la estrategia de cara al tratamiento del DNU. “Nosotros estamos trabajando permanentemente para poder rechazar el DNU en la Cámara de Diputados, sabemos que tenemos que conseguir 129 votos”, comenzó.
Tras la derrota de la Ley Ómnibus en la misma Cámara y luego de lo acontecido en el Senado con el DNU, valoró que ve perspectivas sobre la posibilidad de que el decreto sea rechazado.
“Debo recordar que hubo una sesión especial que había convocado el partido Hacemos Coalición Federal, sesión a la cual La Libertad Avanza se opuso. Y ese día terminaron sentados en las bancas 124 diputados, y fue el día que los aviones no volaron a la Ciudad de Buenos Aires por la fuerte lluvia. Así y todo terminamos sentados 124”.
“Yo tengo mucha expectativa en que se dupliquen los diputados de la Unión Cívica Radial, ese día había 5 en el recinto. Ninguno pertenecía al sector de Martín Lousteau”, dijo Valdes. “Y después de haber visto a Lousteau jugando muy fuerte en el Senado oponiéndose al DNU, y teniendo en cuenta que hay cerca de 7 diputados en el bloque de la UCR que responden a él; estos deberían sumarse a esos 5”, agregó.
Tras el capítulo de los radicales, siguió con la evaluación de los diputados que provienen de las distintas provincias argentinas, sobre todo del sur del país. “A su vez creo que de los gobiernos provinciales hay algunos que va a ser muy difícil que voten a favor. Estoy hablando de la provincia de Santa Cruz, cuyos dos senadores ya votaron contra el DNU y, por lo que veo, el gobernador Vidal sigue planteando lo mismo”, evidenció en relación a la postura contra el decreto 70.
Sobre las fuerzas políticas con las que dialogan para impedir la aprobación, puntualizó: “Estamos buscando los votos por fuera de los 99 de Unión por la Patria, que esos están todos juntos para rechazar el DNU, más los 5 de la izquierda (FIT). Nosotros tenemos que encontrar la suma de 129. Tenemos mucha esperanza que eso suceda y que suceda lo antes posible”.
Tras lo ocurrido en Senado, Milei anunció que, en el caso de haber rechazo presentaría diferentes leyes que incluyan el contenido del DNU. “Si mandan ley por ley, da lo mismo, nosotros votaremos en contra de las leyes que creemos que van en contra de las mayorías de nuestro pueblo. No le tenemos miedo a eso, y creo que tenemos que restituir varias leyes que ellos han derogado con el DNU”.
Perspectivas, estrategias y puntos clave
Podría decirse que Unión por la Patria tiene el desafío de tejer por abajo y de mantener unido su bloque. Sus diputados de Tucumán, que se fueron en enero, son por ahora la única pérdida. Esto es relevante debido a que mucho de lo que suceda tanto en relación al DNU, como a la nueva ley Ómnibus o Bases que elabora el Poder Ejecutivo, está atravesado por las negociaciones del gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Y eso impacta en los legisladores que representan a cada uno de esos distritos.
El quiebre en la UCR es una hendidura para seducir a radicales. Las posiciones de legisladores de otros bloques, como Coalición Federal o espacios provinciales, requieren alguna cautela, podría estimarse que no quieren quedar “pegados” al kirchnerismo votando en contra, pero reniegan del costo político que les significaría votar a favor. De nuevo, las negociaciones con gobernadores no pueden despreciarse a la hora de evaluar cómo serán los votos. Así como tampoco puede desdeñarse el aspecto sobre hasta dónde llega la tolerancia social al ajuste brutal que lleva adelante el Ejecutivo.
El gobierno juega a ganar tiempo para hacerse de los votos. Mientras suceden las negociaciones que impactan en lo que acontezca con el DNU, es ostensible que existe un encadenamiento entre las discusiones por el decreto, por la nueva ley Bases, por el Pacto de Mayo y por los acuerdos fiscales. Cualquier avance que acerque posiciones en esos puntos decantará en un mayor apoyo al oficialismo en Diputados.
En esta línea, hay puntos en debate por fuera de estas “mega” normas, que tampoco pueden ser soslayados. Esto es, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias, la nueva fórmula de actualización de pensiones jubilatorias o el Fondo de Incentivo Docente. Sobre este último aspecto, han reclamado la restitución todos los bloques, salvo el PRO, aliado al oficialismo.
La periodista parlamentaria Carina López Monja explica que, en las últimas dos semanas, “el Gobierno tiene el Congreso casi paralizado, producto de que definieron que la ley Bases la van a mandar oficialmente después de Semana Santa”. A lo que agregó que, “un caso paradigmático de lo que está pasando es que distintos bloques presentaron proyectos para actualizar los haberes jubilatorios, hay 16 proyectos, punto que aparecía en la primera ley Bases y que el gobierno quería incluir en esta nueva ley”. Sin embargo, no prosperaron las discusiones previstas y el gobierno decidió por DNU la actualización de las jubilaciones “a la espera de que esto no tensione otra vez la nueva ley Bases o el rechazo al DNU 70”.
Entonces, son los distintos elementos en debate en el seno del Congreso, así como las negociaciones del gobierno con gobernadores, los que definirán cómo van a votar las y los legisladores un decreto que no es ni necesario ni un urgente, un decreto que sienta bases de dimensiones refundacionales, afectando la vida común de las enormes mayorías populares.
De la misma manera, en un otoño que asoma vientos fríos y climas inestables, la discusión no dependerá solamente de lo que suceda en las cámaras o en las negociaciones palaciegas: la tolerancia o la ebullición social del pueblo argentino es otro de los aspectos clave que podrá repercutir en el porvenir de los acontecimientos posteriores a Semana Santa.
Úrsula Asta* Periodista, licenciada en Relaciones Institucionales, con posgrado en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina y el Caribe y maestranda en Comunicación y Criminología Mediática. Integrante del colectivo de dirección de la cooperativa Radio Gráfica y conductora del semanario radial Feas, Sucias y Malas. Miembro del equipo de PIA Global
Twitter: @ursuasta
*Artículo publicado en el medio de comunicación asiático United World International (UWIDATA).
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