Este martes se lanzó en San Pablo el programa de gobierno impulsado por Luis Inácio Lula Da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre de este año. El documento, titulado Diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil 2023-2026 es la versión inicial de la propuesta, que desde ahora se encuentra disponible en una plataforma virtual que convoca a la sociedad a enviar sus propuestas.
Si bien a principios de junio se había filtrado un documento similar que generó varias críticas por parte de sectores que ven con recelo la vuelta de Lula al poder, el lanzamiento oficial mostró una propuesta acorde a los intereses de esos sectores.
En la versión anterior, el Partido de los Trabajadores proponía la derogación de la reforma laboral aprobada en el gobierno del entonces presidente Michel Temer (MDB), que flexibiliza las normas de contratación, salarios y prestaciones que perjudican en gran medidas a los asalariados.
El cambio respecto a la reforma laboral fue una señal positiva para la comunidad empresarial y el mercado financiero. Ahora, el documento sólo habla de “marcas regresivas de la actual legislación laboral” y refuerza la necesidad de revisar puntos de la reforma. Paralelamente el proyecto propone abrir mesas de diálogo con las entidades, incluidos los representantes del mercado, para una posible negociación de propuestas de revisión de la reforma laboral.
El documento también incluye propuestas dirigidas a las policías, una categoría con fuertes lazos con el bolsonarismo a la cual la alianza opositora busca agradar. A su vez y a diferencia de la versión anterior, se excluyó en el texto la referencia a medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo cual atiende a las demandas de los votantes conservadores, otro grupo identificado con Bolsonaro.
Uno de los puntos que permaneció y es resistido por sectores del mercado es el fin de la política de paridad internacional de los precios de los combustibles aplicada por Petrobras. Algunos analistas advierten que esta medida puede disminuir la competitividad de la empresa estatal, reducir su capacidad de inversión y provocar pérdidas.
A su vez, otro punto que aún genera incomodidad entre sectores que se resisten a acompañar a Lula y que ya aparecía en la primera versión del documento es la regulación de los medios de comunicación, una medida a la que se apunta como ataque a la libertad de expresión y de prensa.
El nuevo texto presentado el martes aún no es definitivo y consta de 117 directrices, 27 más que el primer documento a las cuales ya adhirieron miembros del PSB, el Polo, la Rede, el PCdoB, el PV y Solidaridad. Según expresaron los referentes del partido que participaron del evento, el mismo estará abierto al aporte de propuestas de los sectores populares.
“Estamos en un proceso de reconstrucción del país. Cualquier construcción comienza con unos buenos cimientos. Este plan que presentamos hoy es una base, pero nuestro programa lo construiremos escuchando a la gente. Y ejecutar esta política si ganamos las elecciones”, declaró Lula acompañado del candidato a vice Gerlado Alckmin, quien busca dialogar y se presenta como garantía de los sectores de la sociedad que tienen resistencia a acompañar a Lula en la próxima elección.
Polémica en puerta
Uno de los momentos que se destacó en la prensa brasileña durante la presentación del plan de gobierno fue la irrupción en el plenario del concejal por San Pablo Eduardo Suplicy, un cuadro histórico del Partido de los Trabajadores. Suplicy interrumpió la asamblea para exigir que se incluya en el plan la propuesta de salario básico universal al tiempo que acusó a la dirigencia del partido de excluirlo del debate.
La reacción del concejal dejó entrever las fuertes diferencias hacia dentro de la alianza entre el ala más progresista y aquellos sectores exigen concesiones para sumar adhesiones. Si bien desde la dirigencia de los partidos se habla de que el proyecto presentado se trata de un “texto posible” ante la situación actual, existe desconfianza acerca de cuáles son esas posibilidades, teniendo en cuenta las limitaciones que ya se le imponen al proyecto desde su confección.
En una reciente entrevista con PIA Noticias, el profesor y analista político Luis Felipe Miguel apuntaba las contradicciones que hoy quedan expuestas en la alianza: “Lo que se está vendiendo es la idea de que no se darán los enfrentamientos necesarios para ir cambiando la correlación de fuerzas y así ir ganando fuerza para promover cambios más profundos paulatinamente”.
Con las concesiones exigidas por los sectores capaces de garantizar la gobernabilidad, el mensaje es que esta se dará siempre y cuando no se altere significativamente el rumbo de la política económica ni se condicionen los intereses de quienes de ella se benefician. Si bien el propio Lula insiste en reducir las expectativas, la campaña impulsada por la alianza muestra que es posible modificar la realidad que vive el país con una serie de medidas que a simple vista difícilmente cuenten con el apoyo de esos sectores.
Ante la proximidad de las elecciones y la estrategia de Bolsonaro de mantenerse en el poder a cualquier costo, se espera que la alianza Vamos Juntos por Brasil que encabezan Lula y Alckmin continúe en su búsqueda de apoyos con gestos hacia sectores del centro y la derecha política. Será preciso acompañar esa articulación para saber cuántas concesiones serán necesarias para gobernar el país a partir de 2023.
