La reciente ofensiva del grupo rebelde M23 en Goma, capital de Kivu del Norte en la República Democrática del Congo (RDC), ha reavivado tensiones históricas y ha puesto de manifiesto la injerencia de actores externos en los conflictos africanos. Esta crisis no es solo un enfrentamiento entre grupos locales, sino que se inscribe en un complejo tablero geopolítico en el que participan diversas potencias con intereses estratégicos en la región. Según estimaciones recientes, más de 200.000 personas han sido desplazadas debido a los combates, agravando la crisis humanitaria en una región que ya enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria y violencia.
El M23, Ruanda y los ecos del genocidio de 1994
El conflicto en la República Democrática del Congo no puede entenderse sin examinar los antecedentes históricos que lo preceden. Uno de los eventos más determinantes fue el genocidio de Ruanda en 1994, en el que aproximadamente 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en un período de cien días. Tras la victoria del Frente Patriótico Ruandés (FPR), liderado por Paul Kagame, cientos de miles de hutus, incluidos exmiembros de las milicias genocidas Interahamwe y de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR), huyeron hacia el este del Congo, lo que desencadenó una serie de conflictos que derivaron en las Guerras del Congo (1996-1997 y 1998-2003).
Paul Kagame, quien ha gobernado Ruanda desde el final del genocidio, ha sido un actor clave en la política regional. Su gobierno ha intervenido en la RDC en diversas ocasiones bajo el pretexto de garantizar la seguridad de Ruanda y eliminar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado compuesto en parte por remanentes del genocidio. Sin embargo, múltiples informes han señalado que Ruanda ha utilizado estos conflictos para explotar los recursos minerales del este congoleño, especialmente el coltán y el oro, fundamentales para la economía global.
La presencia de Ruanda en el conflicto congoleño se ha manifestado también en su respaldo al M23, un grupo compuesto principalmente por tutsis congoleños que aseguran luchar contra la discriminación por parte del gobierno de Kinshasa. No obstante, su accionar ha estado marcado por crímenes de guerra, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. Se estima que el M23 ha desplazado a más de 200.000 personas en los últimos meses, profundizando la crisis humanitaria en Kivu del Norte.
Además del componente geopolítico y económico, la división étnica ha sido utilizada como una herramienta de guerra en la región. La rivalidad histórica entre hutus y tutsis, exacerbada por el colonialismo belga que impuso una jerarquización racial en Ruanda, sigue siendo un factor de tensión que trasciende fronteras. En la RDC, esta división ha generado enfrentamientos entre comunidades y ha servido como pretexto para la intervención de Ruanda y Uganda, ambos países con intereses estratégicos en la zona.
La continuidad del conflicto en el este del Congo demuestra que la guerra de 1996-2003, conocida como la «Gran Guerra de África» debido a la participación de múltiples países, nunca llegó a una resolución definitiva. La inestabilidad en la región es alimentada por la impunidad de los crímenes cometidos en el pasado, la falta de gobernabilidad en la RDC y la persistente interferencia extranjera en busca de beneficios económicos y políticos.
El Movimiento 23 de Marzo (M23) es una agrupación rebelde que ha operado en el este de la RDC durante más de una década, con un historial de insurgencia y alianzas fluctuantes. Su resurgimiento y la rapidez con la que ha tomado posiciones estratégicas han puesto en entredicho la estabilidad del gobierno congoleño. Ruanda ha sido señalado reiteradamente como un actor clave en este conflicto, con acusaciones de apoyo logístico y militar al M23. Se estima que hasta 4.000 soldados ruandeses han operado dentro de la RDC, lo que ha escalado las tensiones diplomáticas entre ambos países.
Desde el punto de vista económico, la región de Kivu del Norte es rica en recursos naturales, incluyendo coltán, oro y diamantes, lo que hace que la presencia de grupos armados tenga un componente geopolítico más profundo. Muchas de las explotaciones mineras están en manos de redes ilícitas que financian tanto al M23 como a otras milicias activas en la zona. La creciente demanda de estos minerales en el contexto del avance tecnológico global, en particular para la producción de dispositivos electrónicos, baterías de litio y tecnología militar, ha intensificado la explotación de estos recursos a cualquier costo. Las grandes corporaciones multinacionales, especialmente aquellas dedicadas a la industria tecnológica, dependen de estos minerales para sostener su producción y maximizar sus ganancias, lo que ha incentivado prácticas de extracción a muy bajo costo, sin importar las condiciones en las que se obtienen.
La participación de empresas multinacionales en la extracción y comercialización de estos recursos es un elemento clave en el expolio de la riqueza natural del Congo. Se han documentado múltiples casos en los que grandes compañías han adquirido minerales provenientes de minas controladas por grupos armados, contribuyendo indirectamente a la perpetuación del conflicto. Además, los intermediarios en la cadena de suministro permiten que estos minerales ingresen al mercado global sin una trazabilidad clara, lo que facilita la impunidad de estas prácticas. A pesar de iniciativas regulatorias como la Ley Dodd-Frank en EE.UU. o el Reglamento de Minerales en Conflicto de la Unión Europea, el tráfico ilegal sigue prosperando debido a la corrupción y la falta de una aplicación efectiva de estas normativas.
El expolio de los recursos naturales en la RDC no es un fenómeno reciente, sino una continuidad de las dinámicas coloniales que han sometido al país a una extracción descontrolada en beneficio de actores extranjeros. Esta realidad refuerza la necesidad de un control soberano de estos recursos por parte de los congoleños, garantizando que su explotación no siga siendo una fuente de financiamiento para la guerra, sino una vía hacia el desarrollo económico y social del país.
La respuesta de las potencias y el papel de la ONU
Las reacciones de los actores internacionales han sido dispares. Naciones Unidas ha expresado su preocupación, pero sus fuerzas de paz en la región han mostrado una capacidad limitada para frenar el avance rebelde. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO) cuenta con aproximadamente 16.000 efectivos desplegados, pero su efectividad ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. En los últimos años, la MONUSCO ha sido objeto de críticas por su inacción ante ataques a civiles y su incapacidad para evitar la expansión del M23.
Estados Unidos y la Unión Europea han emitido declaraciones de condena, pero sin tomar medidas concretas para modificar la correlación de fuerzas en el terreno. Rusia, por su parte, observa con interés la evolución del conflicto, buscando consolidar su presencia en África en un contexto de competencia global con Occidente. En los últimos años, Moscú ha fortalecido sus relaciones con varios países africanos mediante acuerdos de seguridad y cooperación económica, en un intento por ampliar su influencia en la región de los Grandes Lagos.
La RDC, por su parte, enfrenta una crisis de legitimidad y gobernabilidad. A pesar de los esfuerzos por reforzar su ejército, con un estimado de 144.000 efectivos, el Estado sigue dependiendo de apoyo externo para contrarrestar las ofensivas rebeldes. La falta de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional refleja el desinterés estructural en una región que ha sido históricamente explotada por potencias extranjeras.
El impacto en la reconfiguración del África poscolonial
La ofensiva del M23 en Goma no solo afecta a la República Democrática del Congo, sino que también se inserta en un proceso de transformación más amplio dentro del continente africano. En las últimas décadas, África ha experimentado una redefinición de sus estructuras de poder, con una creciente resistencia al dominio neocolonial y una búsqueda de autonomía política y económica. El conflicto en el este del Congo es un reflejo de estas dinámicas, en las que los intereses de actores regionales e internacionales colisionan en un escenario de recursos estratégicos y disputas geopolíticas.
El resquebrajamiento del modelo tradicional de influencia occidental en África, simbolizado por la erosión de la Francafrique y la emergencia de nuevas alianzas regionales, ha generado una mayor polarización dentro del continente. Mientras países como Malí, Burkina Faso y Níger han optado por alejarse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y han conformado la Alianza de Estados del Sahel (AES) en un intento por reducir la injerencia de potencias extranjeras, otras naciones aún mantienen una fuerte dependencia de Occidente. Esta fractura geopolítica se traduce en un reordenamiento de las alianzas africanas y en una mayor presión sobre la RDC, que se encuentra en una posición estratégica para la configuración del nuevo equilibrio de poder.
El conflicto en el este del Congo también ha puesto en evidencia las limitaciones de las instituciones africanas para responder a las crisis internas. La Unión Africana, históricamente vista como un instrumento para la estabilidad del continente, ha mostrado una capacidad limitada para mediar en este tipo de conflictos, lo que ha llevado a una creciente desconfianza en su efectividad. Al mismo tiempo, la injerencia de actores externos como Estados Unidos, Rusia y China en el continente ha generado una competencia geopolítica que influye en la toma de decisiones de los gobiernos africanos.
Desde una perspectiva más amplia, la lucha en la RDC es un ejemplo del desafío que enfrenta África en su búsqueda de una verdadera soberanía. La explotación de recursos naturales por parte de corporaciones multinacionales y la intervención de gobiernos extranjeros en los conflictos internos siguen siendo obstáculos significativos para el desarrollo del continente. Sin embargo, el auge de movimientos panafricanistas y la creciente movilización de la sociedad civil africana muestran un camino alternativo, en el que la autodeterminación y el control sobre los propios recursos se convierten en objetivos centrales para el futuro de África.
Más allá del conflicto inmediato, la ofensiva del M23 en Goma debe analizarse en el contexto de los cambios geopolíticos que están redefiniendo el continente africano. La fractura de la influencia francesa en África Occidental ha sido acelerada por la emergencia de la Alianza de Estados del Sahel (AES), conformada por Malí, Burkina Faso y Níger. Estos países, tras romper con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), buscan establecer una nueva forma de cooperación regional libre de la tutela occidental.
El debilitamiento de la CEDEAO, estructurada en gran medida bajo la influencia de Francia y otras potencias occidentales, y la consolidación de la AES marcan un punto de inflexión en la lucha por la autodeterminación africana. En paralelo, países como Argelia y Sudáfrica han reforzado su discurso antiimperialista, apostando por una mayor integración africana sin injerencias externas. La expansión de este nuevo bloque y su distanciamiento de Occidente generan un precedente que podría influir en otras regiones del continente, incluyendo la región de los Grandes Lagos donde se desarrolla el actual conflicto.
Hacia una perspectiva anticolonial y antiimperialista
Desde una óptica anticolonial y antiimperialista, la crisis en la RDC no puede entenderse únicamente como una cuestión de conflictos étnicos o rebeliones aisladas. Es, en esencia, una manifestación de las estructuras de dominación heredadas del colonialismo y perpetuadas por el neocolonialismo. La presencia de actores externos que financian, arman o manipulan los conflictos internos responde a intereses geopolíticos y económicos que buscan mantener a África en una posición subordinada dentro del sistema internacional.
El avance del M23 y la reconfiguración de alianzas en África Occidental demuestran que el continente se encuentra en un punto de inflexión. Los pueblos africanos, a pesar de las dificultades y las injerencias extranjeras, continúan luchando por una verdadera soberanía política y económica. La clave para el futuro de la RDC y de África en su conjunto radica en la consolidación de estructuras que permitan a los propios africanos definir su destino, sin la intervención de intereses ajenos que solo buscan perpetuar su control sobre la región.
En este sentido, se observa un creciente descontento en la sociedad congoleña hacia las intervenciones extranjeras, lo que ha derivado en manifestaciones y llamados a una mayor independencia en la gestión de sus recursos naturales. Los movimientos sociales y las organizaciones civiles han tomado un papel activo en la denuncia de la injerencia externa y el papel de las grandes potencias en la perpetuación del conflicto. La lucha por una África libre de neocolonialismo sigue siendo un desafío, pero también una aspiración compartida por muchos de sus pueblos.
El actual escenario geopolítico global, marcado por la transición hacia un mundo multipolar, ofrece nuevas oportunidades y desafíos para África. La creciente presencia de China, Rusia y otros actores emergentes ha permitido a muchos países africanos diversificar sus alianzas y reducir su dependencia de Occidente. Sin embargo, este cambio no garantiza automáticamente un beneficio para los pueblos africanos, ya que muchas de estas nuevas relaciones siguen estando mediadas por intereses estratégicos y económicos ajenos a las necesidades locales.
En este contexto, la posible reelección de Donald Trump en Estados Unidos podría generar un nuevo punto de inflexión en la política internacional y, por extensión, en África. Durante su primer mandato, Trump mostró un desinterés relativo por el continente, reduciendo la influencia de EE.UU. en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, en un mundo cada vez más polarizado, una nueva administración de Trump podría adoptar una postura más agresiva en la disputa con China y Rusia, lo que podría repercutir en la RDC y en toda África.
El fortalecimiento de bloques regionales como la Alianza de Estados del Sahel (AES) y el debilitamiento de la influencia de la CEDEAO reflejan la búsqueda de alternativas al dominio occidental. En este sentido, la crisis en el Congo es un microcosmos de las tensiones globales entre las potencias tradicionales y los nuevos centros de poder. La consolidación de un orden multipolar podría ofrecer a los países africanos mayores márgenes de maniobra para negociar sus intereses, siempre y cuando estos procesos sean acompañados por una verdadera voluntad de autodeterminación y una movilización popular que evite caer en nuevas formas de dependencia.
El desafío para África, y en particular para la RDC, radica en transformar esta transición global en una oportunidad para establecer un modelo de desarrollo soberano y equitativo. En última instancia, la lucha por la independencia económica y política de África sigue siendo el eje central de cualquier perspectiva que aspire a desmantelar las estructuras neocoloniales e imperialistas que han definido la historia del continente.
*Beto Cremonte, Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP
