En medio del clima tenso en la región, las situaciones que viven nuestros países merecen la atención y el análisis para concatenar y comprender los hechos que se desarrollan, no de manera fortuita, sino en el marco de una planificación y sistematización, con una clara intención de injerencia y de control sobre áreas estratégicas de Nuestra América, que busca concretarse a través del redespliegue estadounidense para socavar, aún más, la soberanía de nuestras naciones.
El pasado viernes, concluyó la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-colombiana (COMPERIF). La mesa se realizó en Lima, donde se reunieron ambas cancillerías y donde resolvieron, mediante cooperación mutua, desplegar esfuerzos conjuntos para preservar las condiciones de navegabilidad en el sector Atacuari- Leticia del río Amazonas, en beneficio de los pobladores de la zona.
El comunicado conjunto de la cancillería peruana y colombiana, anunció la aprobación de un plan de actividades para abordar los problemas de sedimentación y erosión en el río Amazonas, la libertad de navegación y se acordó trabajos binacionales para la inspección y mantenimiento de hitos en el sector Línea Geodésica de la frontera. Pese a ello, el primer ministro peruano, Eduardo Arana, declaró que, desde la comisión de inspección de la COMPERIF, no aceptarán algún tipo de discusión sobre la soberanía de la isla Santa Rosa.
Los intereses estadounidenses han puesto el foco en zonas estratégicas de Nuestra América y una de ellas es la Amazonía, no porque busquen liberarnos del narcotráfico. Sino porque, encuentran en el Amazonas una fuente de recursos naturales y un área de control del continente. Como lo pensaron en su momento con el Plan Colombia, donde desarrollaron su política de gendarme y de penetración militar en nuestra región. Buscan que Colombia este bajo su control para ser su portaaviones y el ariete de contención y condicionamiento de países como Ecuador y, sobre todo, Venezuela.
El presidente de Colombia Gustavo Petro, frente a las amenazas de ataque de Trump a Venezuela por la “lucha contra el narcoterrorismo” que busca derrocar a Nicolás Maduro y tomar posesión de otra de las zonas estratégicas por su reserva de petróleo y su ubicación en el Caribe, declaró que su país no prestará su territorio para ninguna invasión. Lo que ha suscitado ataques de los medios colombianos y de la oposición de su país por sus dichos. Al igual que suscitó el reclamo que le hizo al Perú, debido a la actuación provocadora del gobierno peruano de crear un distrito en la isla de Santa Rosa, sin previa consulta o consenso con el gobierno de Colombia.
La activación de conflictos y la consecuente fragmentación de nuestras naciones, en medio de un avance guerrerista socava nuestra fortaleza, nos coloca en una posición más vulnerable en el tablero geopolítico que nos lleva a repensar estrategias conjuntas para mantener la paz de nuestra región y buscar de alguna manera fortalecernos en unidad, priorizando los intereses de nuestros pueblos.
Los Estados Unidos mediante la lucha contra el narcotráfico y la subversión, ha construido un justificativo para elaborar políticas económicas, sociales y militares maquilladas con el mote de ayuda para combatir los carteles y la violencia en nuestros países. Pero en paralelo, a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), ha regulado y sostenido a los propios carteles de droga y ha promovido la violencia en nuestros territorios. La historia lo demuestra, en su claro apoyo a gobiernos como el de Fujimori en Perú, Álvaro Uribe en Colombia, Noboa en el Ecuador, actualmente, y Santiago Peña en el Paraguay.
Perú, durante la década de los noventa tuvo el mayor vínculo con el narcotráfico. El gobierno de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos se caracterizó por inaugurar la década neoliberal en el país andino, donde tuvieron pase libre para operar con los carteles de Colombia. Montesinos fue el principal protector de los narcotraficantes colombianos en Perú, según lo declaró el narcotraficante peruano alias “Vaticano”. Además, Fujimori estuvo involucrado en el tráfico de armas hacia Colombia y en el uso de aviones de la Fuerza Aérea Peruana (FAP)- incluido el avión presidencial- para el contrabando masivo de drogas.
Según los documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, publicados en 2020 y 2025, Álvaro Uribe- durante los noventas- como gobernador de Antioquia y luego en la presidencia, mantuvo vínculos directos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). También, existen informes de la CIA y la DEA donde aclaran que en su etapa de senador tuvo cercanía con Pablo Escobar y con los hermanos Ochoa Vásquez del Cartel de Medellín. Estos vínculos llegaron a sustentar sus campañas, a mantener el control territorial armado y desplegar alianzas con sectores militares y policiales que crearon destacamentos clandestinos para la persecución política y los asesinatos selectivos. Washington lo sostuvo como funcionario, priorizando sus intereses en la región sobre cualquier consideración ética o jurídica. Este blindaje permitió el despojo de tierras, la destrucción de sindicatos, la persecución a líderes sociales y una reconfiguración institucional que benefició los intereses del capital transnacional.
Por su parte, Ecuador, un importante punto de tránsito de cocaína hacia Europa, Estados Unidos y Asia, recibió al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 3 de septiembre. La reunión tuvo como fin, afianzar la relación entre ambos países y firmar acuerdos con Washington que buscan, nuevamente, “enfrentar la violencia de los cárteles de drogas”. Tras la declaratoria de un “conflicto armado interno” por parte de Noboa, este busca llevar a cabo un plebiscito que pueda alterar la constitución y permitir, un punto clave en este redespliegue, el regreso de bases militares extranjeras al Ecuador.
El actual artículo 5 de la constitución ecuatoriana señala que, “el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Santiago Peña, presidente del Paraguay, se reunió con el comandante del Comando Sur, Alvin Holsey, el pasado 23 de agosto, donde abordaron temas de seguridad y lucha contra el crimen. El representante estadounidense fue al Paraguay a difundir su lucha, junto al gobierno de Peña, que está fuertemente vinculado con Horacio Cartes, ex presidente paraguayo que fue acusado por el Congreso estadounidense por lavado de dinero y narcotráfico.
En una entrevista a Sixto Pereira, presidente del partido Popular Tekojoja y parte de la coalición Frente Guasu de Paraguay, para PIA Global aseveró, “el sistema de gobierno narco neoliberal tiene que lavar. El estado está capturado por la mafia y por los traficantes. El parlamento, el ejecutivo y el poder judicial, entonces, garantiza esa acumulación del capital y lava esa plata sucia”. Y agregó, “lo nocivo del tema neoliberal y doy énfasis de que el narco estado neoliberal es mucho más jodido, la dictadura fue dura, pero este es mucho más duro”.
Pereira señaló que Paraguay pasa hambre y que estos gobiernos, “juegan con el hambre de la gente”. El lavado de dinero proveniente del narcotráfico ante la ausencia de un estado que vele por las necesidades y el desarrollo de sus pobladores, se convierte en fuente de trabajo sin condiciones laborales, porque la gente pelea por obtener un plato de comida y encuentra un modo de sobrevivir, en un contexto de precariedad y marginalidad, características sociales que se erigen sobre las estructuras económicas muy propias de nuestra región.
La experiencia de estos países lleva a preguntarnos sobre el blindaje que otorga la Casa Blanca, a los que llegaron a configurarse como narcoestados y sobre la operación mediática que ahora montan, con discursos moralistas de sus luchas, en contra de Venezuela, que no presenta flujo de salida de drogas, pero que su gobierno desde la revolución bolivariana viene resistiendo la injerencia estadounidense y el bloqueo.
El pasado 8 de agosto, Trump firmó una directiva dirigida al Pentágono para el uso de la fuerza militar contra cárteles de droga en México, Venezuela, Haití y El Salvador, categorizados como organizaciones terroristas. Este suceso se traduce en la intensificación del guerrerismo como parte de su estrategia imperialista, que lo vienen aplicando en conjunto con el lobby sionista en otras regiones del mundo.
La Casa Blanca acusó al gobierno venezolano de Nicolás Maduro de encabezar el supuesto “Cartel de los Soles”. Pero el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU reconoce a Venezuela como un país libre de cultivos ilícitos de estupefacientes. Sin embargo, el aparato comunicacional estadounidense ha puesto en marcha la dosis de propaganda para socavar al gobierno de Venezuela. Pino Arlacchi, exdirector ejecutivo del programa antidrogas de la ONU, dijo que esa narrativa fue construida por Estados Unidos y no aparece en ninguna investigación seria a nivel internacional.
El gobierno de Trump ha lanzado acusaciones y discursos de salvataje a los países de nuestra región, sin mirar su propio país que se ubica como el mayor consumidor de estupefacientes a nivel global- donde su población hace frente a epidemias de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo – y donde circula la mayor cantidad de dinero negro por ese consumo, debido a la liberalización de los mercados.
Desde el 17 de junio de 1971, cuando Richard Nixon en la Casa Blanca dijo- “Declaro la guerra contra las drogas”- no hay un solo efecto de esa lucha que afecte al narcotráfico. Al día de hoy, hay más sustancias prohibidas accesibles. Las organizaciones criminales se profesionalizaron y globalizaron, expandiéndose a todo el mundo con la ayuda de bancos estadounidenses y europeos que lavan cifras exorbitantes de dinero del negocio de las drogas que se ha transnacionalizado.
La guerra contra el narcotráfico ha pasado por alto a la banca privada que permite el blanqueo de capitales y el flujo de miles de millones de dólares a través de su sistema financiero global. Según un informe de la Asociación Mundial de Cumplimiento (AMC), los bancos que más han sido sancionados por tener escasos controles contra el lavado, son el francés BNP Paribas, el suizo UBS, los estadounidenses Goldman Sachs y JP Morgan Chase, los ingleses HSBC y Standard Chartered.
Para lo que ha servido esta guerra contra las drogas, es para dar cauce a la expansión e injerencia sobre nuestras naciones y fomentar la caotización a través de la fragmentación y la violencia. Es justo concatenar todos los hechos que estamos atravesando en Nuestra América para poner en evidencia esta política exterior en contra de nuestras soberanías y alertar a los pueblos que buscarán resistir.
Lucia Izaguirre* Periodista miembro del equipo editorial de PIA Global
Foto de portada: Cubadebate
Referencias:
https://www1.udel.edu/leipzig/270500/ela121100.htm
https://actualidad.rt.com/opinion/cecilia-gonzalez/395291-devastadora-guerra-narcotrafico-eeuu-50-anos-fracasos
Esteche, Caviasca, Acuña. Destinados por la Providencia, 200 años de la Doctrina Monroe.
https://actualidad.rt.com/actualidad/564437-plan-noboa-vuelvan-bases-militares-eeuu-ecuador
https://actualidad.rt.com/actualidad/564728-mensaje-secretario-guerra-eeuu-hemisferio-occidental
https://actualidad.rt.com/actualidad/562094-bancos-usados-narcos-estaran-agenda-trump
https://www.youtube.com/watch?v=FJcYi7hCd6o Paraguay enclave del redespliegue imperialista en la región
