De acuerdo a este convenio, las islas Galápagos pasarán a ser una base militar de Estados Unidos, recibiendo en los próximos días los primeros buques y tripulaciones estadunidenses.
Este archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, en 1978, sufrirá un impacto de consecuencias incalculables al permitir la presencia de buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos, los cuales con su presencia y sus actividades alterarán el ecosistema de la isla.
Queda una vez más demostrado que al neoliberalismo no le interesa en absoluto la vida. Cuando el 10 de diciembre se aprobaron el Proyecto de seguridad integral en la región insular y el Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, se dejaba sentado que la prioridad era hacer frente a los retos de seguridad, combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador.
Noboa, no solo sede este importante territorio para las actividades militares estadounidenses, también les otorga beneficios como la excepción de tasas (impuestos) administrativas a los buques de guerra, buques de Estado, aeronaves y tripulaciones estadunidenses para ingresar a la isla.
Este acuerdo da continuidad al firmado por Guillermo Lasso con Washington el 6 de octubre de 2023 en el cual se adelantaba que se otorgaría al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas, privilegios, exenciones, e inmunidades similares a lo recibido por el personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena.
Como no podía ser de otra manera, el gobierno de Noboa viola la constitución de 2008, la cual deja expresamente prohibida la presencia de fuerzas o bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y a sabiendas de ello, hace dos semanas envió a la Asamblea una reforma parcial a la Constitución para eliminar el artículo que prohíbe la presencia de bases de otros países, sin tener todavía respuesta del poder legislativo.
La aprobación de este acuerdo, para muchos representantes de la oposición es inaceptable, vergonzoso, peligroso, indigno por su servilismo colonial rememora la experiencia negativa de base militare extranjera de Manta, y flagela la soberanía nacional y los intereses del Ecuador.
La presencia de Estados unidos nuevamente en Ecuador, responde a su arquitectura geopolítica y no a la lucha contra el narcotráfico y a criterio de los representantes de organizaciones sociales y ambientalistas sobre Galápagos, ya se han producido algunos eventos de presencia militar estadunidense en los que se documenta que no respetan las mínimas normas establecidas en la misma Constitución del Ecuador.
El artículo 258 de la Carta Magna, establece un Gobierno especial para la provincia de Galápagos: “su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine”.
Lo cual, a decir de ellos, esta norma se viola flagrantemente ya que en la implementación del proyecto se plantea adecuar o construir instalaciones adicionales en los puertos o aeropuertos locales.
Foto de portada: Imagen de archivo. Vista aérea de la bahía de Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador, el 21 de enero de 2018. Pablo Cozzaglio / AFP
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