Las encuestas y los acontecimientos específicos han hecho que el debate habitual sobre la religiosidad en estas elecciones se convierta en estrategias y personajes bien definidos. Por el lado estratégico, la cuestión ha sido cómo las candidaturas de izquierda deben acercarse a los votantes evangélicos, especialmente a los neopentecostales, para enfrentar el predominio de Bolsonaro en este segmento. Y, por el lado del personaje, todas las miradas están puestas en la primera dama Michelle Bolsonaro, una figura importante en la campaña de reelección de Jair Bolsonaro no sólo por suavizar los efectos negativos de la misoginia atávica de su marido, sino también por reforzar el compromiso del bolsonarismo con ciertas denominaciones evangélicas.
El enfoque episódico y personalista se explica tal vez por la urgencia de los cálculos electorales de quienes se presentan a las elecciones, así como por las necesidades de pronóstico de los forasteros. Pero como demuestran los numerosos estudios sobre el conservadurismo, la religiosidad y el auge de la extrema derecha en Brasil y en todo el mundo, este fenómeno es más profundo, más duradero y más amplio. Cuanto mayor sea el éxito político de los grupos de presión vinculados a determinadas confesiones, más se pondrán a prueba los difusos límites de la separación entre las iglesias y el Estado, pilar básico de las democracias laicas, frente a los intentos de expansión confesional de la política.
Esa tensión no comenzó con estas elecciones, pero es probable que aumente después de ellas. En primer lugar, porque desde 1988 no ha habido ninguna otra elección en la que las agendas y los grupos religiosos hayan estado tan abiertamente en el centro de la arena electoral. En segundo lugar, porque Bolsonaro ha convertido la religión en un distintivo de exclusión: «ser cristiano», en su discurso, tiene el mismo papel que «ser un verdadero americano» en el discurso trumpista, o «ser europeo» en la retórica xenófoba de ese continente. En la jerga bolsonarista, «cristiano» es el criterio que define al verdadero ciudadano -el «buen ciudadano»- al que el Estado debe consideración, y denuncia, por exclusión, a los que no lo son.
La mala noticia es que, salvo raras excepciones, la comprensión del llamado principio del Estado laico es menos clara de lo que debería ser entre nosotros. Esta falta de comprensión es una invitación tanto a la intrusión indebida como a las omisiones imperdonables. Si no tenemos claro qué significa la exigencia de laicidad, el Estado cederá cuando tenga que imponerse, será neutral cuando deba actuar y tomará partido cuando deba mantener las distancias. Para colmo, el fino trazado de estos límites ha sido trazado en líneas no siempre claras por el STF, un tribunal que opta por exhibir el símbolo de una fe específica (un crucifijo) en su sala principal de juicios, en una posición más alta que el escudo de la República. Tener claras las exigencias del laicismo es fundamental para afrontar el creciente número de desafíos que impondrán quienes intentan mezclar la fe, la política, el dinero y la Constitución.
Un primer aspecto del laicismo debe estar en el reconocimiento de las diferentes creencias sobre la fe, asumiéndolas como elementos potencialmente centrales en los planes de vida de muchos de sus ciudadanos. Este reconocimiento puede demostrarse de diferentes maneras. La visita de una autoridad pública a un liderazgo o a un lugar de especial valor para alguna religión es una forma de reconocimiento. Cuando una autoridad o un candidato visita un templo, una iglesia, un terreiro o una sinagoga, está reconociendo la existencia de esa comunidad singular, así como la importancia que tiene una fe concreta como elemento organizador de la vida colectiva e individual de sus miembros. Su visita dice: sabemos que existe y respetamos el valor que tienen para usted sus creencias.
Lo mismo ocurre cuando la iniciativa viene de la dirección opuesta: si los líderes religiosos buscan a una autoridad y le presentan un bien sagrado (una imagen, un amuleto) o le ofrecen un canto ritual, una oración, una bendición o un pase, la laicidad no exige que se rechacen estas ofrendas. El intento bastante torpe de Alexandre de Moraes de participar en la pajelança realizada en su despacho por los indígenas de la región de Raposa Serra do Sol, y la aceptación más relajada de Lula del baño de palomitas (un ritual común en las religiones de origen africano) que recibió en Bahía, son ambos signos de reconocimiento. La aceptación deferente no denota una proximidad indebida a una religión en descrédito de las demás, sino sólo el respeto al valor espiritual especial del gesto, y de su importancia para quien lo ofrece.
Este reconocimiento, que no sólo es protocolario, sino que da sentido y valor a las distintas prácticas religiosas, viene exigido por la laicidad de nuestra Constitución por dos razones. La primera es que esta forma evaluativa y positiva de reconocimiento es una exigencia tanto del respeto a la dignidad humana como de la libertad religiosa. La dignidad exige que los seres humanos sean tratados plenamente como tales, mientras que la libertad religiosa, prevista como derecho fundamental, reconoce que la religiosidad, la libre expresión individual de la fe y la organización social de los cultos y rituales religiosos son formas de expresión de nuestra humanidad (y, por tanto, están comprendidas en el espacio de la dignidad humana). La libertad religiosa no sólo respalda las creencias y las prácticas rituales, sino también el derecho a conducir nuestras vidas y acciones de acuerdo con estas creencias. El reconocimiento genuino refuerza que este derecho pueda ejercerse sin reprimendas injustificadas.
Muchos de los conflictos jurídicos reales a los que se enfrentan los tribunales constitucionales de las democracias laicas de todo el mundo se refieren a los límites de esta libertad de acción: ¿cómo deben hacer frente los regímenes laborales y las obligaciones políticas a las limitaciones horarias impuestas por las religiones que obligan a guardar determinados días de la semana? ¿Hasta qué punto son invasivas las leyes que restringen el uso de símbolos religiosos por parte de los agentes del Estado en relación con las personas que profesan religiones en las que a veces se exigen adornos más visibles, como kipás, turbantes y velos? ¿Qué hay de los sacrificios de animales en los rituales religiosos, practicados en las mismas sociedades que sacrifican mamíferos sintientes para alimentarse o para servir a la industria de la moda? Responder a estas preguntas no es fácil en tiempos de reflexión serena; qué decir cuando la religión es llevada al centro de los debates políticos marcados por la polarización afectiva.
La segunda razón por la que el reconocimiento es necesario es que se presupone para el diálogo que incluso un Estado que aspira a ser laico, como Brasil, puede tener con las iglesias. Dentro de ciertos límites y observando ciertas precauciones, el poder público puede actuar en colaboración con entidades religiosas. El artículo 19, punto I, de la Constitución prevé explícitamente la «colaboración en el interés público» como forma legítima de actuación conjunta entre las iglesias y el Estado. Pero en la religión, como en la política, el Diablo -para los que creen en él- siempre vive en los detalles: es necesario asegurarse de que esta posibilidad no se utilice para permitir la transferencia indebida de dinero público a grandes empresas, gestionadas por empresarios de la fe.
No basta con que un Estado laico reconozca y permita la existencia de creencias, cultos y organizaciones religiosas. En determinadas situaciones, la protección de la dignidad, de la que forma parte la posibilidad de vivir según la religión elegida, requiere una acción positiva para la protección de determinadas comunidades religiosas. Por eso, la posición del Estado frente a las religiones no se entiende bien si se ve como un simple deber de no intervención: cuando un grupo es objeto de intolerancia religiosa, incluso por razones de antagonismo religioso por parte de otro grupo, el compromiso con la libertad religiosa exige que se actúe, para que el grupo discriminado sea protegido en su libertad de creer y de vivir según sus creencias. Aquellos que viven bajo la amenaza de la violencia a causa de su fe están siendo obviamente violados en su libertad religiosa, y el hecho de que el propio autor esté motivado por otra religión no disminuye en nada esa violación.
La Constitución exige «la protección de los lugares de culto y sus liturgias», promete que «nadie será privado de sus derechos por razón de sus creencias religiosas» y se compromete a proteger a las personas contra «cualquier […] forma de discriminación». En el caso de las religiones más asociadas a etnias y razas específicas, como las religiones afrobrasileñas, la protección contra la discriminación religiosa es una dimensión más de la lucha contra el racismo, otra promesa explícita de la Constitución.
La diferencia entre los deberes de reconocimiento y protección contra la discriminación muestra por qué no hay nada de malo en que Lula reciba el baño de palomitas en Salvador, pero hay problemas en asociar las religiones de origen africano con «principados y potencias de las tinieblas», como hizo la candidata bolsonarista Sonaira Fernandes (Republicanos-SP), directamente, y la primera dama Michelle Bolsonaro, indirectamente, al compartir la publicación de la primera. Lula reconoció y fue reconocido, sin discriminar ninguna fe, pero Sonaira y Michelle hicieron exactamente lo contrario: difundieron un discurso discriminatorio para instigar el no reconocimiento de Umbanda. Se trata de otra explotación de falsos paralelismos, en este caso en detrimento de la integridad de los practicantes de las religiones afrobrasileñas, que desde hace tiempo sufren el aumento de la violencia religiosa.
Un tercer aspecto del laicismo es el deber del Estado, en las relaciones que puede y debe mantener con las organizaciones y liderazgos religiosos, de mantener la equidistancia respecto a todos ellos. Esto implica no utilizar la estructura, los recursos, la simbología y la legitimidad inherentes a las instituciones públicas para favorecer a determinadas religiones y perjudicar a otras. Es lo que llamamos neutralidad axiológica (Gilmar Mendes) o imparcialidad (Joana Zylbersztajn) – que, por los deberes de reconocimiento y protección, no puede confundirse con un supuesto deber de total absentismo del Estado en todo lo que concierne a la religión.
No hay ningún problema en que un Estado reconozca que las manifestaciones de origen religioso forman parte del patrimonio cultural e histórico del país, por ejemplo. Hay edificios eclesiásticos y conventos de innegable valor histórico y arquitectónico; y hay acontecimientos esencialmente religiosos, como el lavado de Nuestro Señor de Bonfim y el Cirio de Nazaré, que también son acontecimientos culturales valiosos en cualquier sentido del término.
El quid de la cuestión es observar si, en la relación entre el poder público y las distintas confesiones religiosas, no debe haber un excesivo favorecimiento simbólico y material de unas en detrimento de las otras. La carga histórica, en este aspecto, va en contra del cristianismo, cuyo reconocimiento simbólico domina la vida material brasileña, empezando por las fiestas religiosas oficiales. Así, las leyes municipales, estatales y federales que extienden el reconocimiento a otras religiones, como la ley del estado de Río de Janeiro que instituye el día de la Umbanda y de los umbanda, o las leyes federales que crean días nacionales dedicados a la celebración del espiritismo y de la comunidad judía, no perjudican necesariamente la laicidad del estado. Cabe destacar que la comunidad neopentecostal también tiene un día propio, instituido, de hecho, en el segundo mandato de Lula, que sancionó la ley federal que oficializó el Día Nacional de la Marcha por Jesús.
La exigencia de neutralidad, o imparcialidad, sugiere que hay problemas en que el gobierno de Bolsonaro se haya transformado gradualmente, desde el punto de vista simbólico y material, en una especie de régimen monofónico. Por eso, el hecho de que su campaña esté coqueteando con la posibilidad de una publicidad negativa para Janja, la esposa de Lula, por su asociación con religiones de matriz africana, y de éstas con los «demonios» y las «tinieblas», abrirá espacio para la intervención de la Justicia Electoral -cuando no a través de un proceso penal ordinario, por la práctica del racismo.
Nadie debería poder presentarse a las elecciones con una plataforma política que sancione, explícita o veladamente, la intolerancia racial o religiosa contra un grupo, y el favoritismo explícito hacia otro. Esto equivaldría a la promesa del sectarismo religioso como programa de gobierno, algo obviamente no permitido por la legislación brasileña. La injerencia se justifica porque una plataforma de esta naturaleza causa daños aunque el candidato que la promueve no gane las elecciones: el simple refuerzo, en la arena de los debates políticos, de la idea de que luchar contra determinadas razas y confesiones es una posición política legítima ya sirve para extender la percepción de que la violencia religiosa es una acción esperada, si no exigida, de sus partidarios. Precisamente para evitar el arraigo de este punto de vista, la Constitución promete combatir todas las formas de discriminación y ordena castigar el racismo.
Si hay debates sobre lo que pueden decir los líderes religiosos en las celebraciones y liturgias, lo que explica la advertencia hecha por el STF en la decisión que reconoció que la homofobia y la transfobia son crímenes, esta controversia no tiene lugar en los actos de campaña. Y antes de que alguien se haga a la idea, conviene señalar que la simple transposición del discurso de campaña en el interior de iglesias y templos no elimina la advertencia: la ley electoral prohíbe la «propaganda de cualquier tipo», positiva o negativa, en los «bienes de uso común», entre los que se encuentran los edificios religiosos.
También en lo que respecta a la neutralidad o imparcialidad, el laicismo prohíbe el excesivo favoritismo material de ciertas confesiones en detrimento de otras. Hay que tener cuidado, por último, de que, con el pretexto del reconocimiento de la religión y la posibilidad de colaboración en el interés público, no se practique la buena corrupción de siempre, tanto en el sentido amplio del término, propuesto por Conrado Hübner Mendes, como en el más estricto, como el toma y daca que supuestamente implicó a pastores evangélicos con estatus de autoridad en el MEC de Jair Bolsonaro.
Los vendedores de templos han encontrado en los últimos años oportunidades de trabajo únicas en Brasil. Nunca ha habido tanto dinero para las comunidades terapéuticas dirigidas por las denominaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas. Son el brazo lucrativo de las políticas de represión criminal contra el consumo de drogas defendidas a ultranza por la bancada evangélica y los fieles aliados de Bolsonaro, como Osmar Terra, donde se practica un amplio proselitismo religioso financiado con dinero público. Pero esta presión no nació con Bolsonaro, ni morirá con el fin de su gobierno. Aquí vale menos el Evangelio de Mateo (22:21), que relata el episodio en el que Jesús enseñó a sus interlocutores a desprenderse de las monedas estampadas con la cara del César, y más el viejo consejo de otro emperador romano, Vespasiano: «el dinero no tiene olor» (pecunia non olet), tanto si gana la izquierda como la derecha.
*Rafael Mafei es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y es autor de Como remover um presidente (Zahar, 2021).
FUENTE: Revista Piauí.
