Más de dos docenas de demócratas de la Cámara de Representantes enviaron el martes una carta a la administración Biden cuestionando sus afirmaciones de que el gobierno israelí está utilizando armas estadounidenses en pleno cumplimiento de la legislación estadounidense e internacional, tal como exige un memorando que el presidente Joe Biden emitió en febrero.
Los representantes demócratas de Texas. Verónica Escobar y Joaquín Castro encabezaron la carta del Congreso al Secretario de Defensa, Lloyd Austin, al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. Los 26 demócratas señalan que durante meses, «representantes electos, organismos intergubernamentales, tribunales internacionales, observadores de derechos humanos israelíes y mundiales -junto con los propios funcionarios del gobierno- han expresado persistentemente su grave preocupación por las acciones del gobierno de Netanyahu.»
Escobar es copresidenta nacional de la campaña de reelección de Biden para 2024, y la carta es el último desacuerdo que ha tenido con el presidente en una cuestión política clave. Escobar es miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, mientras que Castro es miembro de los comités de Inteligencia y Asuntos Exteriores.
La carta está respaldada por dos docenas de organizaciones de defensa, entre ellas Indivisible, Amnistía Internacional USA, «pro-Israel, pro-paz» Americans for Peace Now, y el MPower Change Action Fund, dirigido por musulmanes.
El memorando de Biden de febrero, conocido como Memorando de Seguridad Nacional 20, exige a los países que reciben armas de Estados Unidos que proporcionen garantías «creíbles y fiables» de que cumplen el derecho humanitario. En caso de que Israel no proporcione tales garantías, o si éstas se consideran inadecuadas, Estados Unidos interrumpiría o suspendería las transferencias a ese país.
«Es simplemente indignante aceptar las ‘garantías’ de Israel en virtud del Memorando de Seguridad Nacional-20 (NSM-20) de que no está cometiendo violaciones del derecho internacional humanitario ni retrasando, restringiendo o bloqueando la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos», afirmó Yasmine Taeb, directora legislativa y política de MPower Action. «Estas garantías simplemente no son creíbles e Israel, por lo tanto, no cumple con la NSM-20, que exige a la administración Biden que suspenda inmediatamente las armas a Israel».
El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios. El Departamento de Estado y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
En las últimas semanas, la administración Biden ha afirmado repetidamente que Israel cumple el memorando.
«No hemos constatado que Israel viole el derecho internacional humanitario, ni en la conducción de la guerra ni en el suministro de ayuda humanitaria», declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, durante una rueda de prensa el mes pasado. Para entonces, Israel ya había matado a unos 200 trabajadores humanitarios en su guerra contra Gaza y llevaba meses bloqueando las entregas de ayuda, lo que llevó a Estados Unidos a empezar a lanzar paquetes de ayuda desde el aire y a proponer la construcción de un muelle para facilitar las entregas de ayuda.
Días después, The Intercept pidió a Miller que aclarara en qué consistían esas «garantías» de Israel. Miller se limitó a decir que el gobierno israelí había proporcionado garantías «que son coherentes con los requisitos del memorando de seguridad nacional» y que los procesos estadounidenses para «examinar incidentes específicos en el desarrollo de la campaña» están en curso y aún no han concluido.
La carta de los demócratas escudriña esos «procesos», preguntando qué agencias han participado en la evaluación de la conducta de Israel en Gaza, y si el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia han contribuido al proceso, y cómo lo han hecho.
Por su parte, el gobierno de Biden reafirmó su defensa del cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel después de que las fuerzas israelíes mataran a siete trabajadores humanitarios de la Cocina Central Mundial el 1 de abril. El asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no sólo no había pruebas de que Israel hubiera atacado deliberadamente el vehículo de ayuda claramente señalizado, sino que de hecho no ha habido ningún incidente por el que la administración haya considerado que Israel violaba el derecho internacional humanitario.
La conducta de Israel en Gaza ha sido objeto de un mayor escrutinio tras el ataque contra el convoy de World Central Kitchen -en el que murieron varios occidentales, entre ellos un ciudadano con doble nacionalidad canadiense y estadounidense- y contra un edificio del consulado iraní en Siria.
Impulsados por el ataque contra World Central Kitchen -organización capitaneada por el chef y humanitario mundial José Andrés-, 40 congresistas, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, enviaron una carta pidiendo que se detuvieran las transferencias de armas a Israel y que se realizara una investigación independiente sobre el ataque.
Ese esfuerzo obtuvo mucho más apoyo que la resolución de enero del senador Bernie Sanders, que habría exigido al Departamento de Estado que presentara un informe al Congreso sobre las acusaciones de que Israel comete violaciones de los derechos humanos, y sobre si Estados Unidos desempeñó un papel y respondió a esos actos, y de qué manera. El texto abría la puerta a que el gobierno pudiera entonces condicionar, restringir o poner fin a la ayuda militar a Israel. Sanders, independiente de Vermont, forzó una votación sobre la resolución, y sus colegas del Senado votaron 72-11 a favor de presentarla.
La carta del Congreso de esta semana también citaba una declaración del 23 de marzo de decenas de organizaciones -entre ellas Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de Rescate, Oxfam America y Save the Children USA- que denunciaban que las autoridades israelíes denegaban, restringían e impedían «de forma sistemática y arbitraria» la ayuda humanitaria.
«Seguimos preocupados por las marcadas diferencias y lagunas en las valoraciones que hacen el Departamento de Estado y la Casa Blanca sobre cómo no se ha considerado que Israel haya violado el derecho internacional humanitario, ni en lo que se refiere a la conducción de la guerra ni en lo que se refiere a la prestación de ayuda humanitaria, que son contradictorias con las que hacen destacados expertos e instituciones mundiales», escribieron los congresistas.
*Prem Thakker es periodista político de The Intercept, donde fue publicado originalmente este artículo.
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