La concesión de la denominada “Hidrovía Paraná-Paraguay”, culmina el 30 de abril del año 2021, después de haber estado 25 años en manos de sectores privados extranjeros, por lo cual el 29 de agosto de 2020, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizó un encuentro para la firma del Acuerdo Federal Hidrovía, en el que se proponía en sus considerandos:
- Que, en ese orden de ideas, resulta conveniente integrar a las provincias firmantes a participar en dicho proceso a través de nuevos mecanismos institucionales en un marco de respeto de las competencias exclusivas y concurrentes de todas las partes.
- Que, en tal sentido, la constitución de una Sociedad del Estado para la administración del Sistema Nacional de la Hidrovía en toda su extensión, donde las partes firmantes participen en la composición de su capital y en los órganos de gobierno de la misma, resulta una respuesta adecuada con los objetivos buscados.
- Que dicha Sociedad como administradora del sistema, podrá por si o por terceros ejecutar todas las obras y proyectos necesarios para el desarrollo de la Hidrovía en el sector troncal, dando cumplimiento a los procesos de contratación pública que pudieren corresponder, estableciendo los mecanismos de control y regulación del o los contratos a suscribirse; así como ser el instrumento adecuado para el desarrollo de nuevos sectores u otras vías navegables de interés de la Nación o de las provincias suscriptoras del presente.
- Que, en tal sentido, la sociedad cuya creación impulsará el Poder Ejecutivo Nacional, contemplando la participación de las provincias firmantes, tanto en su capital como en sus órganos de gobierno, será también el marco adecuado para establecer un sistema de control para las nuevas modalidades contractuales que se proyecten, definiendo a través del presente convenio las bases de constitución de la misma, así como aquellos aspectos centrales que posibiliten su mejor desenvolvimiento futuro.
Y dentro del acuerdo firmado en la parte concerniente al Consejo Federal, manifiesta en los puntos:
2.3. El Consejo Federal Hidrovía tendrá como objeto:
a. Planificar el desarrollo del sector a mediano y largo plazo; promoviendo la elaboración de políticas públicas en forma integrada con la política de transporte en general.
b. Fomentar el desarrollo de políticas que contribuyan a la modernización, integración y competitividad de la Hidrovía.
c. Aconsejar sobre modificaciones normativas requeridas a tal fin.
d. Impulsar acciones tendientes a lograr la adecuada armonización de intereses de todas las jurisdicciones.
e. Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y los Poderes Ejecutivos de las provincias en todo lo concerniente al sistema de Hidrovía.
f. Proponer todas las acciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad.
g. Realizar propuestas sobre cambios en las trazas del sistema de navegación y sugerir la incorporación de nuevos tramos, la ejecución de obras de ensanche y dragado, o mejoras en los sistemas de balizamiento y señalización incorporando nuevas tecnologías.
h. Opinar en relación al impacto ambiental de las obras proyectadas en la red fluvial, con el objeto de preservar y conservar el medio ambiente, sin perjuicio de las competencias específicas en la materia y las facultades concurrentes del artículo 41 de la Constitución Nacional y específicamente lo dispuesto por la Ley No 25.688.
i. Proponer las acciones necesarias para coadyuvar a la integración de las distintas modalidades de transporte a la red de la hidrovía.
j. Cualquier otra acción necesaria para el cumplimiento de los objetivos del presente acuerdo.
Teniendo en cuenta que, desde la primera licitación, otorgada al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina EMEPA S.A., no ha habido mejoras en las condiciones de vida de la gente, sino, aumento en las ganancias de las empresas exportadoras, la expectativa sobre el proyecto firmado e Rosario era grande, fundamentalmente por sus potencialidades.
El 26 de noviembre de 2020, el poder ejecutivo emite el Decreto 949/20, donde autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para adjudicar la concesión de obras “para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal” del Río Paraná, delegando en el Ministerio de Transporte de la Nación, la adjudicación de las obras a uno o más concesionarios, quienes estarían también autorizados a cobrar peajes.
Esta situación generó diferentes protestas, aun dentro de la esfera oficialista, comenzando un debate que se mantiene y se extiende a medida que pasan los días y concluye la fecha de la licitación otorgada.
Para Jorge Taiana senador nacional del Frente de Todos y ex canciller en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el decreto manifiesta “el deterioro de la soberanía nacional en términos fluviales y marítimos”, presentando al Senado un proyecto de pedido de informes para conocer diversos aspectos de la nueva licitación.
Uno de esos aspectos, es la no contemplación del canal Magdalena en la licitación, entendiendo que el dragado de ese canal evitaría que las cargas nacionales e internacionales tuvieran que pasar por el puerto de Montevideo y pagar la espera allá para salir de ahí al Atlántico.
El ingeniero naval Horacio Tettamanti, ex subsecretario de puertos y vías navegables de la Nación durante la segunda Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expresó a la prensa, su desacuerdo en que “se continúe con esta idea de que al Río lo manejen los privados y no se sabe cuánto se recauda ni qué se transporta”, solicitando que “el Estado se haga cargo del peaje y contrate los trabajos de dragado”.
El lunes 22 de febrero se realizó en la Sede de Casa de Gobierno de Santa Fe en Rosario, el primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía (CFH), al que asistieron integrantes del Poder Ejecutivo y Gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
En el mismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof expresó: que el tratamiento del proyecto “No es un tema empresarial ni exclusivamente económico, es una cuestión fundamentalmente de soberanía nacional”.
En otro pasaje de su intervención manifestó que, «Hay que fijar los objetivos: para Buenos Aires es una oportunidad. Estamos en la puerta que abre el camino al desarrollo de una marina mercante de pabellón nacional, de nuevos canales, de discutir de dragas locales, y una mejora logística” … “La provincia de Buenos Aires considera que la discusión sobre la etapa siguiente de nuestra vía navegable troncal tiene que estar atada al Canal Magdalena, no se puede cortar un organismo en dos”, y agrego la necesidad incluir “la discusión sobre la reintegración del sistema portuario nacional, que fue en parte privatizado y redundó en una fragmentación”.
También consideró, “Además de los objetivos de promoción, desarrollo, fomento e incentivo tenemos que ponernos muy firme en lo que hace el control de la cantidad de buques, cargas, fiscalización de excedentes, los problemas de sub declaraciones y contrabando, es una oportunidad enorme”.
Los datos estadísticos señalan que, por la vía troncal del Paraná, 4.500 buques transitan anualmente e ingresa el 80% de la mercadería en contenedores y 100 millones de toneladas de carga.
De acuerdo a los datos que se manejan en torno a lo que sería el costo de la obra a licitar, se calcula que la misma costaría unos U$S 3.800 millones, y que mediante una de tarifa de peaje de U$S 2,82 por TRN (Tonelada de Registro Neto), 8% menor que la actual de U$S 3,06, sería suficiente para financiar todas las obras de ensanche y profundización.
Pero, ¿ que piensan los representantes populares de las provincias afectadas, sobre este decreto y su proyección hacia el futuro?.
PIA Global consulto a Oscar Mathot referente en la provincia de Misiones de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) del Partido político Miles, que nos manifestó
“La resolución 949 tiene como virtud, el haber puesto en debate varios temas; la integración regional, el federalismo, los modelos de desarrollo; acá hace 60 años el río era fundamental, en el transporte y en las comunicaciones de misiones; el papel que tiene el estado en la promoción, en el control, en la administración, en la seguridad de un bien común, como es la cuenca hídrica de la que estamos tratando, potenciando las herramientas que tiene, como son los puertos, las vías navegables, y el cuidado del equilibrio ambiental, tema ineludible del estado.
También puso en debate, reafirmar los ejes de desarrollo y articulación territorial qué tiene el eje del Uruguay, que sería este caso complementario y fundamentalmente el eje Paraná- Paraguay, que son ejes ya definidos en el plan estratégico territorial.
También podemos destacar la participación que tienen los trabajadores con su organización y sindicatos en la defensa de su fuente de trabajo y en la potencialidad de nuevas fuentes de trabajo y desarrollo regional como fue históricamente el papel que tuvo el Paraná para todos los misioneros”
O sea, se abrió un debate en torno al papel del Estado en la administración de los recursos naturales, pero con el decreto aparece una discusión mucho más profunda que atañe al tema de la soberanía y el federalismo.
Raúl Aramendy, miembro del Servicio de Paz y Justicia de la Provincia de Misiones, nos manifestaba en el siguiente video:
También recogimos la opinión de Jorge Almada referente del Frente Patria de Misiones que explicaba:
Cuando tocamos el tema de la soberanía, también hablamos de la soberanía alimentaria y del impacto que esta privatización va a tener sobre el costo de los alimentos y todo lo que se traslade por tierra, ya que el dragado de la troncal central del rio, no incluye el dragado de los puertos a lo largo de su trayecto.
Dar esta batalla, para que el proyecto popular se fortalezca, es definitiva, este debate no se agotará en las próximas semanas, no debe ser un debate sólo de las autoridades, tiene que convertirse en un gran debate nacional, fundamentalmente porque en él, se encuentra el debate sobre nuestro futuro y la lucha contra los delincuentes que saquean y han saqueado el país, a lo largo de nuestra historia.
