El régimen de facto surgido de las acciones de fuerza y represión contra el pueblo, se aplicó en la persecución, encarcelamiento, asesinato y exilio de la dirigencia de la oposición política y social, imponiendo un régimen totalitario que violó sistemáticamente los derechos constitucionales y que registró miles de violaciones a los derechos humanos; el pueblo respondió dignamente con la creación del histórico Frente Nacional de Resistencia Popular (Primero Frente Contra el Golpe de Estado), que se dio a la tarea de crear espacios de organización, formación política, movilización popular, articulación de sectores y orientación general de la lucha por la restitución del gobierno constitucional y en demanda de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria.
En pocos meses la dictadura de Roberto Micheletti había dilapidado decenas de miles de millones de lempiras que provenían de los fondos de Petrocaribe y comenzaron a desmontar los avances sociales logrados por el gobierno del Poder Ciudadano del presidente Zelaya. El gobierno siguiente en el que asumió Porfirio Lobo Sosa en enero de 2010 luego de elecciones espurias, se encargó también de entregarle al capital extranjero mercados que empresas nacionales habían comenzado a conquistar o aquellos en los que el Estado mantenía sus monopolios (como los de energía eléctrica y telefonía, por mencionar algunos).
El capital extractivista tenía cerca de 790 concesiones mineras al inicio del gobierno que terminó con el golpe; este proceso de entrega paulatina de la riqueza del subsuelo también fue frenado antes de la asonada militar de 2009, pero debido al poder de influencia de esos capitales, no se los hizo retroceder en ese periodo. Al cabo de doce años, las concesiones aumentaron a más de 1200, que representan más del 30% del territorio nacional, gravadas a penas con el 1% de impuesto a las alcaldías de los municipios afectados, mismos que la mayoría del tiempo no son pagados y que dejan una destrucción considerable del medio ambiente.
América Latina experimentaba hasta ese momento una importante oleada de gobiernos de izquierda y progresistas que tomaban el poder por la vía democrática. El mensaje de las clases populares podía sintetizarse en dos grandes factores: el fin de la partidocracia representativa de los intereses de las clases oligárquicas y el rechazo contundente al neoliberalismo como modelo capitalista que entrega las riquezas nacionales a manos extranjeras en claro detrimento del desarrollo nacional y fortaleciendo élites parasitarias.
El golpe en Honduras tuvo también sus versiones subsecuentes en Paraguay y Brasil, en las que las acciones de Parlamentos corruptos y Cortes de Justicia, manipulando la opinión pública e inventando actos de corrupción –que uno a uno se fueron desvaneciendo con el tiempo- dieron zarpazos a los procesos progresistas que demostraban capacidades nunca antes experimentadas con el desarrollo y la distribución de las riqueza social, prosperidad, acceso a la cultura y a la reconstrucción de las identidades nacionales y también a la identidad latinoamericana con diversos proyectos de integración continental.
A la vez los fraudes electorales, la traición de Lenin Moreno en Ecuador, las acciones de acompañamiento de Luis Almagro al mando de la Organización de Estados Americanos OEA y la dirección del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tuvieron cada vez una participación más abierta y descarada en frenar, desnaturalizar y vaciar de contenidos los procesos de transformación en los diferentes países del continente. El ciclo progresista fue cerrado a fuerza de golpes, fraudes, sanciones y violencia.
Tales acciones comenzaron a marcar un límite al llevar nuevamente a los pueblos de américa latina a la profundización de la pobreza y miseria. Los otrora bastiones de la derecha conservadora y de los norteamericanos, como Colombia y Chile, rompieron su tradición con las fuerzas populares conquistando las calles y demostrando su amplia mayoría en rechazo al modelo. Lo mismo en las urnas otros pueblos dieron lecciones importantes que marcarían el inicio de un nuevo ciclo a su favor, como en el caso de México, Bolivia y Argentina.
El turno de Honduras podría estar marcado por las elecciones que se realizarán en cinco meses, el 28 de noviembre de 2021, pero también por un movimiento nacional que ha surgido en defensa de la soberanía y contra el proyecto de las llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” con el que la oligarquía trasnacional pretende entregar más del 35% del territorio nacional al capital extranjero. La combinación de ambas fuerzas emancipadoras, la democrática en las urnas y las populares en las calles, podrían revertir de una vez la grave situación que atraviesa Honduras; todo optimismo es necesario en las actuales circunstancias, pero también sabemos que las fuerzas conservadoras se aplicarán con todos los alcances de sus capitales y sus aliados. El pueblo organizado tendrá la última palabra.
Notas:
*Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
Fuente: colaboración
