Este análisis examina la relación entre esta crisis y la influencia de agencias de inteligencia extranjeras, como la CIA y el MI6, el uso del sistema judicial por transnacionales mineras mediante la práctica de «lawfare», así como el rol de programas de intercambio como Fulbright en la formación de actores clave del sistema judicial. Además, se abordará la frecuente intervención del FBI en casos de conmoción social en Chile y la influencia de becas otorgadas por el Pentágono y el Departamento de Estado de los EE.UU. en la formación de fiscales.
Antecedentes: la reforma procesal penal y su influencia externa
La reforma procesal penal chilena, implementada bajo el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000, representó un cambio profundo en el sistema de justicia. Se creó el Ministerio Público como un ente autónomo, lo que separó las funciones investigativas de las judiciales, permitiendo avances en eficiencia y transparencia. Sin embargo, analistas y críticos han señalado que esta reforma también permitió la posible infiltración de agencias extranjeras como la CIA y el MI6, que, mediante programas de asesoría y formación profesional, podrían haber influido en las decisiones clave del sistema judicial chileno.
La influencia de programas internacionales: el caso Fulbright y becas del Pentágono
El programa Fulbright en Chile es un ejemplo central de cómo se promueve el intercambio educativo y profesional entre Chile y Estados Unidos. Desde su creación, este programa ha formado a cientos de profesionales chilenos en diversas disciplinas, incluidas las ciencias jurídicas y la administración de justicia. Sin embargo, se ha señalado que varios fiscales chilenos han recibido becas y formación directamente del Departamento de Estado de EE.UU. y del Pentágono, lo que genera preocupación sobre la independencia judicial frente a intereses geopolíticos externos.
Estas becas, que en teoría tienen el propósito de mejorar el entendimiento y la cooperación, podrían ser utilizadas como herramientas de influencia estratégica. Los fiscales que han recibido formación bajo la influencia de estas agencias estarían en una posición clave para favorecer intereses foráneos, particularmente cuando se trata de decisiones judiciales que afectan sectores estratégicos de la economía chilena, como la minería.
Intervención del FBI en casos de conmoción social
En momentos de crisis y conmoción social en Chile, se ha facilitado la intervención del FBI en investigaciones de alto perfil y en el manejo del orden público. Esta colaboración es producto de los históricos vínculos entre Chile y Estados Unidos en temas de seguridad y justicia. Sin embargo, esta intervención plantea preguntas sobre el grado de control e independencia del sistema judicial chileno, sobre todo en casos que tienen repercusiones políticas o económicas internacionales.
La intervención del FBI en estas situaciones refuerza la percepción de que el sistema judicial chileno podría estar siendo utilizado como un mecanismo para salvaguardar intereses estadounidenses en el país, en lugar de actuar como un órgano verdaderamente independiente al servicio de la justicia nacional.
Transnacionales mineras y el uso del «Lawfare»
Un aspecto crucial en esta crisis es el papel de las transnacionales mineras, que han utilizado el sistema judicial chileno como un instrumento para sus propios intereses a través de la práctica conocida como «lawfare». Este término, que combina «law» (ley) y «warfare» (guerra), se refiere al uso indebido de procedimientos judiciales para atacar o debilitar a actores políticos, sociales o económicos, favoreciendo los intereses de grandes corporaciones o actores internacionales.
En Chile, las transnacionales mineras, que controlan gran parte de los recursos naturales del país, han recurrido al lawfare para asegurar condiciones favorables para sus operaciones. Han empleado estrategias judiciales para desactivar movimientos sociales y demandas ambientales, utilizando el poder económico para influir en el sistema judicial y asegurarse de que las decisiones legales les sean favorables.
El lawfare aplicado por estas transnacionales no solo perpetúa la explotación de recursos naturales sin un control adecuado, sino que también socava la soberanía nacional y erosiona la confianza en el sistema judicial. Estas empresas, con frecuencia respaldadas por intereses extranjeros, utilizan su capacidad económica para prolongar juicios, desmovilizar a comunidades locales y controlar las decisiones legales sobre concesiones mineras y explotación de recursos.
Agencias de inteligencia y narcotráfico: un contexto de infiltración
La influencia de agencias como la CIA y el MI6 no solo se manifiesta a través de la formación de fiscales o jueces. Existen teorías que sugieren que estas agencias han facilitado el narcotráfico como una forma de financiar operaciones encubiertas, tanto en Chile como en otras regiones. Este tipo de operaciones, que no pasan por los controles habituales del Estado, agravan la situación de seguridad interna y contribuyen a la desestabilización política.
El narcotráfico no solo representa un problema de seguridad pública, sino también una herramienta para controlar sectores claves del país. Las agencias de inteligencia podrían estar utilizando este mecanismo para influir en decisiones políticas y judiciales, lo que genera una falta de transparencia en el sistema judicial y pone en duda su verdadera independencia.
Crisis actual y propuestas de reforma
Luis Cordero, Ministro de Justicia de Chile, ha identificado esta crisis como un problema sistémico. Su propuesta de reforma, que se espera para octubre de 2024, busca mejorar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y regular los conflictos de interés entre jueces, fiscales y abogados privados. Sin embargo, la reforma también deberá enfrentar el problema de la injerencia extranjera y la influencia de las transnacionales en el sistema judicial.
El actual proceso de nombramiento de jueces y ministros, que involucra a los tres poderes del Estado, ha sido criticado por ser susceptible a influencias políticas y económicas. Las reformas de Cordero deberán garantizar una mayor transparencia e independencia en estos procesos, con un enfoque especial en la protección del sistema judicial frente a la manipulación externa, tanto de gobiernos extranjeros como de empresas multinacionales.
Conclusión a tomar
La crisis del sistema judicial chileno es multifacética y está profundamente influenciada por factores internos y externos. Internamente, el sistema se enfrenta a problemas de corrupción, conflictos de interés y falta de transparencia. Externamente, la influencia de agencias de inteligencia extranjeras, facilitada por programas de formación y la intervención del FBI, junto con la práctica del «lawfare» por parte de transnacionales mineras, agravan la situación.
Para resolver esta crisis, las reformas deben ser integrales y abordar tanto las deficiencias internas como las influencias externas. Es crucial fortalecer la independencia del sistema judicial chileno, garantizando que no esté sujeto a los intereses de agencias de inteligencia, transnacionales o gobiernos extranjeros. Solo un sistema judicial transparente e independiente puede restaurar la confianza pública y garantizar una justicia equitativa y soberana.
Alfonso Ossandón Antiquera* Periodista y presentador de televisión chileno, miembro de Corresponsalía Milano, fue jefe de redacción del área internacional en medios de comunicación de Bolivia, Chile y Venezuela.
Foto de portada: elextremosur.com/
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