Congreso brasileño aprueba aumento del fondo electoral en plena crisis social

Escrito por Ana Dagorret

Más allá de la importancia que tiene que el Estado sea capaz de financiar las campañas para fortalecer la actividad democrática, un abismo cada vez más grande se abre entre los representantes políticos y la realidad de millones de brasileños.

La aprobación en el Congreso brasileño del aumento del Fondo Electoral en medio a la crisis social, económica y sanitaria que vive el país provocó una ola de críticas por parte de partidos de izquierda y organizaciones sociales. No es para menos. El aumento del presupuesto lleva de 1,8 a 5,7 billones reales el presupuesto destinado a partidos políticos para financiar campañas electorales de cara a la disputa que se avecina en 2022.  

En lo que fueron dos sesiones maratónicas en la Cámara de Diputados y el Senado en el mismo jueves 15 de julio, el proyecto de Ley de Directivas Presupuestarias fue aprobado en diputados por 278 votos contra 145. Una vez concluido el trámite y con fuertes críticas de parlamentarios de varios partidos, el proyecto pasó al Senado, donde esa misma tarde fue aprobado por 40 votos a 33. Lo que sigue es esperar por la sanción de la ley por el presidente Jair Bolsonaro. 

El Fondo Electoral es una iniciativa que fue creada por el Congreso en el año 2017 luego de que el Supremo Tribunal Federal prohibiera en 2015 las donaciones personas jurídicas a candidatos a cargos electivos. Según establece dicha legislación, quienes reciben los mayores montos del fondo son los partidos con mayor cantidad de diputados y senadores. Como se trata de dinero disponibilizado por el Estado, todo lo que se gaste en concepto de campaña debe ser rendido ante el Tribunal Electoral, organismo con autoridad para cuestionar irregularidades y, eventualmente, impedir que candidatos electos que no cumplan con estas prerrogativas ejerzan sus mandatos.

De cara a 2022, los principales beneficiados serían el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Social Liberal (PSL), este último la sigla con la cual se eligió el actual presidente y en la que aún actúa el diputado y tercer hijo del mandatario Eduardo Bolsonaro. En el caso del PT, la totalidad de los miembros del partido votaron en contra de la medida y criticaron la iniciativa por considerarla desproporcionada en el actual contexto. Ya en el caso del PSL, aquellos diputados que forman parte de la base más dura del gobierno en la Cámara votaron a favor de la medida. Aún así, varias figuras del oficialismo utilizaron sus redes sociales para posicionarse en contra del aumento, motivo por el cual fueron blanco de reclamos y acusados de mantener un doble discurso.

Más de la mitad de la población pasa hambre

La aprobación de un presupuesto tres veces más alto para la financiación de la campaña electoral de 2022 llega en un momento donde la crisis social, producto de la crisis económica y de la pandemia de covid 19, golpea fuerte el bolsillo de millones de brasileños. 

“Todo está muy alto, muy caro y ya no sabemos más qué comer” dice esta mujer en un supermercado en la ciudad de Maceió, capital del estado de Alagoas.

Según la encuesta de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede Penssan) publicada en abril de este año, casi 117 millones de personas (más del 50% de la población) tienen dificultades para alimentarse todos los días en el país. Con la llegada de la pandemia, unas 19 millones, el 10% de  la población del país, pasaron hambre durante 2020, situación que empeoró en 2021 con la reducción del auxilio de emergencia a la mitad y con la inflación de los alimentos y servicios esenciales.

“El acceso insuficiente en cantidad y calidad de los alimentos para la familia ha aumentado mucho” dijo a la revista Exame Rossana Salles, una de las analistas responsable por la encuesta: “Esta es la primera pérdida, que viene acompañada de la pérdida de puestos de trabajo o de recortes salariales. Pero no imaginamos que menos de la mitad de la población tuviera seguridad alimentaria en Brasil.” 

La situación de hambre afecta principalmente a las personas negras, quienes representan el 56% de la población del país y siete de cada diez entre los más pobres. Aún con estos datos que crecen diariamente, las medidas adoptadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo no fueron tan aceleradas y efectivas como si lo fue el aumento del presupuesto del Fondo Electoral.

La situación de pobreza es visible con un aumento de la población que pasó a vivir en las calles y a depender de ollas populares para comer. En San Pablo, principal ciudad del país, la crisis humanitaria ya no está presente solamente en las periferias. En otras capitales como Cuiabá, las largas filas de personas para recibir donaciones de huesos en las carnicerías evidencian la realidad de aumento exponencial de la inseguridad alimentaria de la cual hablan las encuestas. 

El padre Julio Lacenlotti comparte diariamente en sus redes imágenes de la situación de abandono que viven miles de personas en la capital paulista.

Con la situación de hambre empeorando a cada día, el gobierno buscó a inicios de abril recrear el auxilio de emergencia para trabajadores informales. Así como sucedió durante los meses de agosto y septiembre de 2020 con el pago de tres cuotas de $600 ($105 dólares),  el objetivo era incentivar el aumento de popularidad del presidente en el año previo a la elección y ante el aumento de contagios y muertes por covid y el consecuente desgaste de la imagen del gobierno. Sin embargo, la reducción del valor en $150 reales (menos de 30 dólares), no logra cubrir ni un tercio de la canasta básica en un momento donde la inflación generó aumentos de hasta el 50% en alimentos básicos y servicios como el gas y la electricidad. 

Las maniobras del Ejecutivo

Aún con la situación social empeorando a cada día, además de la reforma de la Ley presupuestaria que aumentó en tres veces el dinero para campañas, el poder Ejecutivo también llevó adelante una serie de modificaciones que aumentaron los salarios del presidente y sus ministros en plena pandemia y con el hambre y la miseria en abrupto crecimiento. 

A partir de una regla editada en mayo de este año por Bolsonaro, varios funcionarios con cargos altos dentro del gabinete pasaron a poder recibir más de lo que el techo constitucional permite para un funcionario público. Con la reforma, los salarios más altos llegaron a $66 mil reales (más de $10 mil dólares) mensuales. En no pocos casos, quienes son beneficiarios son figuras de las altas patentes del Ejércitos, quienes ya reciben salarios abultados aún tratandose de figuras de la reserva.

Lejos de hacerse eco de las demandas de la población y de actuar en consecuencia, el propio presidente llegó a descalificar a simpatizantes que le reclamaron por el aumento de precio de los alimentos: “Andá a comprar arroz a Venezuela” respondió el mandatario a un aliado que reclamó en una ocasión. 

“Bolsonaro bajá el precio del arroz por favor, no aguanto más” le dice al presidente uno de sus simpatizantes en Brasilia. El presidente respondió al reclamo diciendo “andá a comprar arroz a Venezuela”.

Con la situación sanitaria lejos de resolverse, solamente un 41% de la población vacunada con una dosis, la pobreza y el valor de los alimentos aumentando y los escándalos de corrupción en la compra de vacunas por parte  del gobierno, la jugada del legislativo para aumentar el presupuesto de las campañas parece contribuir con el descontento latente. Las manifestaciones convocadas para el 24 de julio prometen concentrar miles de personas en todo el país, ahora con un reclamo dirigido también a diputados y senadores en un contexto que puede marcar un punto de inflexión en la realidad política y social brasileña.

Sobre el Autor

Ana Dagorret

Periodista, colaboradora de medios populares de Argentina y Brasil y ayudante diplomada de la Cátedra de RRII de la Fac. De Periodismo y Com. Soc. De la UNLP. Desde 2018 trabaja como corresponsal en Río de Janeiro.

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