Colombia está atravesando un momento muy particular de desafíos estratégicos para la concreción del proyecto de país que planteara Gustavo Petro en su campaña hacia la presidencia. En una difícil situación institucional y política que requiere de coraje e inteligencia para salvar los obstáculos que plantea una transformación radical del Estado y de la relación del mismo con la sociedad, el avance para la consolidación de los derechos conculcados por las políticas neoliberales, la paz total para erradicar la casi centenaria historia de guerra y la lucha contra la corrupción, marcan la pauta que signará la continuidad del proyecto político más allá del tiempo que le quede a esta administración.
Desde la asunción a la presidencia de Colombia las expectativas sobre las posibilidades de un cambio profundo que reivindicara a los sectores postergados históricamente en lo económico, lo social y lo político pasaron del papel al terreno concreto de su ejecución en el cual los proyectos y aspiraciones debían enfrentarse con la arquitectura institucional judicial construida durante años por la derecha criminal guerrerista.
La reforma agraria, el desmonte de los negocios generados por las privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, la revitalización del interior del país y la reversión de los desmanes generados por las licencias inescrupulosas para las empresas extractivistas que dañaron criminalmente el medio ambiente, sumado al combate al entramado de corrupción tejido entre los carteles del narcotráfico y las fuerzas militares y paramilitares, constituyen uno de los desafíos fundamentales que llevan a este gobierno a una lucha sin cuartel contra los intereses de las familias más poderosas del país.
Para conocer los pormenores de la actual situación, recurrimos al análisis del experimentado periodista y politólogo Horacio Duque, quien constantemente recorre el país, participando en asambleas campesinas, recorriendo las veredas y trochas para tomar contacto con los dirigentes indígenas, denunciando los atropellos y comunicando las características que adquiere este momento histórico que trasciende las fronteras de Colombia.
Oscar Rotundo. – En Colombia lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, son una expresión vívida de los momentos y pormenores que sacuden la vida política del recién asumido gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué caracterización general nos brindarías para ir luego a las particularidades que vive el país en esta coyuntura? ¿Cuáles son los alcances del llamamiento que está haciendo el coronel retirado Jhon Marulanda para que haya un golpe de Estado y si este es la punta del iceberg de una movida de parte de la derecha uribista?
Horacio Duque.- La actual coyuntura colombiana en el plano político se caracteriza por una enorme presión de los sectores de la ultraderecha que cada vez están más acorralados con el fin de desestabilizar y propiciar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, que encabeza un proyecto democrático y progresista con importantes transformaciones y alcances en el ámbito de la paz y en el ámbito de los derechos sociales y de la reforma agraria que favorezca a cerca de 13 millones de campesinos que están sin tierra y que fueron despojados por parte de los gobiernos ultraderechistas de Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque. El gobierno tuvo que hacer una recomposición de su gabinete recientemente para desprenderse de algunos ministros que tenían su origen en el centro político liberal porque estaban generando ruido y parálisis al interior del gobierno. Se ha nombrado un nuevo gabinete con ministros más comprometidos con el programa del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Hay también una parálisis en el trámite legislativo del paquete social planteado por el gobierno para modificar el modelo neoliberal de la salud, del trabajo y de las pensiones. A raíz de que se rompió la anterior coalición de gobierno, los sectores tradicionales que hicieron parte de esta y que salieron del gobierno han iniciado una campaña de sabotaje legislativo de las reformas del presidente de la República, aunque hay que destacar que recientemente, la semana pasada, se aprobó el Plan de Desarrollo.
En medio de esa turbulencia política, el presidente Hizo una importante intervención el 1 de mayo en el balcón de la Presidencia de la República para señalar que lo que seguía era lucha y lo que seguía era la confrontación contra la ultraderecha que quiere impedir los cambios y mantener el modelo neoliberal. Hay una cierta frialdad en el movimiento social, hay una indiferencia en el movimiento social que será necesario romper y eso como consecuencia del mal comportamiento del partido de gobierno, del mal desempeño del partido de gobierno, el Pacto Histórico, la Colombia Humana y el Polo Democrático, que están incurriendo en las mismas prácticas clientelistas y de corrupción de los viejos partidos políticos que se suponía serían desplazados del gobierno y del Estado, pero Esto no ha ocurrido y eso está generando el desdén y la indiferencia del movimiento social donde quiere pescar la ultraderecha para proseguir en sus planes de desestabilización del gobierno.
Los llamados que hace el coronel retirado John Marulanda a defenestrar al guerrillero Gustavo Petro de la Presidencia de la República, como ocurrió con Pedro Castillo en el Perú, son muy delicados y graves porque se hicieron en medio de una movilización grande en la Plaza de Bolívar de Bogotá de miles de reservistas y de militares retirados de las fuerzas armadas, generando un ambiente todavía más complicado desde el punto de vista del gobierno y de la gobernabilidad y en medio de una confrontación y un choque bastante fuerte entre el presidente de la república y el fiscal general de la nación que responde a los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del expresidente Iván Duque, interesado en desarrollar, ese fiscal Barbosa, una estrategia de guerra jurídica contra el presidente de la república y de guerra política para bloquear la estrategia de paz total y las negociaciones de orden jurídico con las mafias del narcotráfico y con los carteles del narcotráfico, porque a la derecha no le interesa que los capos del narcotráfico empiecen a contarle a la justicia, en el marco de una ley de sometimiento y desmantelamiento que está pendiente de aprobarse, todo su contubernio y sus alianzas con el poder de los grandes hacendados, de los empresarios, de los bancos y de la prensa, como está ocurriendo actualmente con el señor Mancuso, que es un exparamilitar muy importante que fue extraditado en el dos mil seis por Álvaro Uribe Vélez a los Estados Unidos para que no le contara la justicia colombiana, todas las relaciones que Uribe ha tenido con los grupos paramilitares, pues ahora la Justicia Especial de Paz (JEP) que se creó a raíz del acuerdo de paz con las FARC en el dos mil dieciséis, está escuchando desde una cárcel de los Estados Unidos donde está pagando sus delitos el señor Mancuso que es un paramilitar de origen italiano socio de los creadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, los señores Castaño, está contando allí en la JEP, en los tribunales de la JEP, que opera sobre los principios de la verdad, justicia, reparación, y no repetición, está contando todos los vínculos de los paramilitares desde los años noventa y durante el gobierno de Uribe y de Santos con la política, con los empresarios, con el presidente, y los presidentes, y ministros, y los altos mandos militares y policiales de ese momento. Eso está generando un hondo impacto en la sociedad colombiana, que viene a enterarse por boca de uno de los principales protagonistas del paramilitarismo, de cómo fue este contubernio, esta alianza y este compadrazgo entre el paramilitarismo y la política ultraderechista, los empresarios, los banqueros, los militares, los generales y los grandes terratenientes. Esas declaraciones están impactando y están marcando el rumbo político de Colombia hoy con grandes incidencias políticas porque la verdad se está imponiendo y la verdad está sirviendo para aclarar también cuál es el compromiso y la responsabilidad del presidente Gustavo Petro en la erradicación definitiva de la violencia en Colombia.
O.R.- ¿Cuáles son los avances económicos del gobierno de Petro? ¿En qué medida se viene desarrollando la reforma agraria? y ¿cuál es la participación de los campesinos en ella y ¿cómo ves el desarrollo del proceso de paz total y sus características, fundamentalmente las diferencias con el planteado en el 2016 en la Habana?
H.D.- Los avances económicos del presidente Gustavo Petro y de su gobierno tienen que ver fundamentalmente con la aprobación en el semestre anterior de una importante reforma agraria que obliga a los sectores más ricos de la sociedad a contribuir y a pagar los impuestos correspondientes que permitan financiar todos los programas sociales que quedaron incluidos en el plan de desarrollo recientemente aprobado que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Son aproximadamente 100 billones de pesos en 40 meses que se recaudarán por concepto de esta reforma tributaria que tiene un sentido progresivo y que es muy importante.
Después viene la inclusión de estos dineros en el presupuesto general de la nación, como va a ocurrir en este año 2023, y buena parte de estos dineros van a ser canalizados para los programas sociales y para lo que se llama la economía popular. En el plan de desarrollo quedó aprobado un eje muy importante de desarrollo productivo en que la economía popular, o sea, la alianza del Estado con las economías populares va a ser bastante importante en la reactivación económica y en los procesos de transición energética para enfrentar el cambio climático. Esa es como la línea de avance en el plano económico del gobierno del presidente Petro.
La reforma agraria es un anuncio muy importante del gobierno y está relacionado con la implementación del primer punto del acuerdo de paz con las FARC en el 2016, donde el Estado se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas y titular 7 millones de hectáreas que estaban en la informalidad, eso estaba paralizado y el gobierno ha reactivado eso mediante un programa de compra de tierras de las mejores tierras para entregarle a los campesinos. Ayer el presidente hizo una entrega de tierras en la parte del Caribe colombiano, e igualmente se están entregando las tierras que son tierras de muy buena calidad incautadas a la mafia.
Hay una entidad del gobierno que se llama la Sociedad de Activos Especiales que administra las tierras que le han decomisado a la mafia que son una gran cantidad de fincas y que se les vienen entregando a los campesinos con un acompañamiento policial porque obviamente ahí hay unos riesgos muy grandes porque la mafia tiene sus ejércitos privados para impedir cualquier proceso de reforma agraria como efectivamente está ocurriendo pero el presidente dio la orden de crear una policía especial que proteja a los campesinos. Esperemos que esa policía no se corrompa y que los campesinos puedan avanzar tranquilamente en el proceso de organización de la producción agropecuaria con los apoyos económicos del gobierno.
La reforma agraria todavía eh está en sus pasos iniciales, hay mucha retórica agraria, se han aprobado unas leyes importantes que tienen que ver con la creación de la jurisdicción agraria y con la declaratoria de los campesinos como sujetos de especial derecho en los términos que lo ha establecido las Naciones Unidas. Ese programa agrario avanza, hay importantes desarrollos en cuanto a la organización campesina, pero todavía hay mucha retórica en los funcionarios del Gobierno y en la anterior ministra de Agricultura que debió ser desplazada del cargo por su ineficiencia y por su exceso de retórica.
La política de paz total avanza en varios frentes, uno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que se desarrolla en estos momentos en La Habana, Cuba, en su tercera reunión para reglamentar unos diálogos populares que permitan con las comunidades en las regiones identificar claramente las causas de la violencia, los factores de la violencia en cada una de las regiones. Eso se va a reglamentar ahorita en la reunión que se está haciendo en La Habana, igualmente se va a mirar el cese bilateral del fuego que debe estar focalizado en las regiones para mejorar las condiciones humanitarias de la población.
De otro lado, está pendiente la instalación de una mesa de negociación de diálogos con un sector de las FARC que no se desmovilizaron, que son las FARC con su estado mayor central, ellos han planteado un programa de reforma agraria, de protección de la Amazonía, de intervención del tema de los cultivos de coca en favor de los campesinos cocaleros y de reconversión productiva de la producción de la hoja de coca, de la marihuana y de la amapola.
También están en curso conversaciones con un sector de las FARC que está bajo el liderazgo de Iván Márquez, que se llama la segunda Marquetalia. Esto todavía no cuaja, esto está en sus pasos iniciales para ver cómo ocurre este proceso político con las FARC que lidera Iván Márquez. Y hay una estrategia de sometimiento y desmantelamiento de las mafias y de los carteles del narcotráfico, de la criminalidad ligada al paramilitarismo, no está autorizada una ley todavía en ese sentido, pero el gobierno está desarrollando algunas gestiones para que estos jefes de la criminalidad urbana y de la criminalidad de las drogas se acojan a la justicia y empiecen también a destapar sus vínculos con los políticos en las regiones, con los militares, con la policía, con la fiscalía y de esa manera resolver este problema básicamente con los urabeños, clan del Golfo y con un grupo paramilitar que está ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta y con las bandas criminales de Medellín que son como la matriz de toda esta criminalidad que sucede en distintos ámbitos del país.
O.R.- En torno al proceso electoral que se aproxima donde se elegirán autoridades regionales ¿Qué importancia revestiría un triunfo de las fuerzas del gobierno para la continuidad del plan de desarrollo y para afianzar el proceso de paz y si ocurriera un revés como lo aprovecharía la derecha para fortalecer su plan destituyente?
H.D.- Respecto de las elecciones locales, municipales y departamentales que se adelantarán en Colombia el próximo 28 de octubre, pues hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre porque el partido del gobierno, que es el Pacto Histórico y la Colombia Humana, que es el partido del presidente de la República, están en una situación de mucho deterioro político. Si bien estas fuerzas políticas surgieron asociadas con la explosión social de abril del dos mil veintiuno, a mi juicio, no han sido coherentes ni consecuentes con las demandas populares que se visibilizaron en aquel momento. Tanto el Pacto Histórico como la Colombia Humana y el Polo Democrático han degenerado hacia un clientelismo político y hacia una corrupción aberrante en la repartija de cargos públicos y en la distribución de las partidas presupuestales, en el desconocimiento de la base que apoyó al presidente Gustavo Petro y eso ha generado una frialdad popular, un desdén popular que es evidente.
El presidente desde luego expresa una gran disposición y una gran voluntad, pero lo cierto es que no hay un partido político organizado, consistente, articulado directamente al mundo popular, al movimiento popular, y yo creo que eso va a pasar factura en octubre de este año en las elecciones locales y departamentales y va a permitir que sectores de la derecha, no necesariamente el uribismo que está quedando muy mal con estas denuncias de Mancuso ante la justicia especial de paz, otros sectores de la derecha, incluso un feminismo de la derecha que está siendo muy protagónico, puede ser el que recoja una gran votación en las elecciones de octubre colocando en una posición bastante complicada al gobierno, generándole dificultades.
Si el gobierno no reacciona, si las fuerzas políticas asociadas al gobierno no reaccionan, si el Estado sigue en manos del uribismo y de la derecha, porque eso es lo que está constatando la gente, yo creo que ahí se puede venir lo peor en las elecciones de octubre para el Gobierno y eso complicaría aún más la gestión del presidente de la República y obligaría a que el movimiento social y popular vuelva y levante cabeza para marcar un nuevo ritmo y un nuevo rumbo en las transformaciones de la sociedad colombiana.
Yo no creo que regresemos a un escenario parecido al de Chile, ni creo que vaya a ocurrir lo del Perú, pero hay factores de deterioro y hay factores de descomposición desde el lado del campo progresista que generan alarmas y que generan preocupaciones en todos los protagonistas de la vida política, pues el Pacto Histórico y la Colombia Humana y el Polo Democrático no han estado a la altura de los compromisos del presidente de la República.
Hay en este momento, digámoslo en términos generales, una tención muy fuerte, una disputa muy fuerte, a la que el presidente no renuncia, si no que por el contrario, la explicita, lo importante es que esa disputa no se convierta en un escenario mas de guerra, que se tramite en términos no bélicos, y que el presidente pueda ir consolidando ciertos avances, ciertos progresos en la configuración de un nuevo sujeto político, en el reconocimiento de los derechos de los sectores populares del país, en la construcción de la paz, en la vinculación de los actores armados en la vida democrática de las regiones, a la construcción de la paz en las regiones.
Si el presidente Petro hace efectivo el principio que se está utilizando en los diálogos y las negociaciones con el ELN, que lo que se acuerda por parte del Estado con la guerrilla se cumple de manera inmediata, pues hay un futuro promisorio en ese sentido para la paz y para las transformaciones de fondo en Colombia. Yo destaco el liderazgo del presidente, la capacidad y la destreza del presidente para manejar las coyunturas políticas, la reciedumbre y la consecuencia de su discurso y de sugestión política, pero el presidente carece de una fuerza coherente, consistente, que lo acompañe y ese es un gran riesgo que tenemos.
Esperemos a ver que surge de los pasos con la reforma agraria, del proceso de paz con las mafias del narcotráfico, por lo menos de su sometimiento a la justicia y de la implementación del plan de desarrollo que me parece a mí, dotó al gobierno de un instrumento clave, que le da claridad a su actividad, a su trabajo y a su acción.
Yo creo que en términos generales la continuidad del gobierno del presidente no está en riesgo, por lo menos esa es la lectura que se puede hacer de la coyuntura. El presidente ejerce un liderazgo vigoroso, incluso, el fiscal que hasta ayer estaba en abierto choque contra el presidente Gustavo Petro, hoy madrugó a ordenar una investigación contra los militares golpistas y yo creo que en la medida que se vayan desarrollando las políticas del nuevo plan de desarrollo, que se vaya incrementando la renta ciudadana para favorecer casi cuatro millones de hogares, que la reforma agraria dé nuevos saltos, que se reorganicen las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, eso le dará más estabilidad y garantizará la continuidad del gobierno durante los próximos cuarenta meses que son los que quedan de la actual administración. Esperemos a ver que los líderes del Pacto Histórico, senadores, representantes, líderes populares y de las otras fuerzas políticas que hacen parte del Pacto Histórico, recuperen la sensatez y caigan en cuenta del distanciamiento que hay en estos momentos con el movimiento social y popular colombiano.
Foto de portada: asuncion del presidente Petro/ Foto de archivo
