En febrero se cumplen cinco años de la firma de los acuerdos de entendimiento entre Libia e Italia y Libia y la Unión Europea, que ha privilegiado a la Guardia Costera como el principal gestor de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo central. El 3 de febrero de 2017 se ponía en pie la llamada Declaración de Malta, con la que la UE trató de frenar el flujo de personas a través del Mediterráneo.
El sistema establecido por la UE ha proveído de formación, lanchas motoras y un centro de coordinación de salvamento marítimo a la Guardia Costera, que ha tenido la capacidad de llevar a cabo desembarcos en Libia de personas interceptadas a pesar de la manifiesta peligrosidad que entraña la vida en el país norteafricana, en un conflicto interno que se extendió oficialmente desde 2014 —tres años antes de la firma del acuerdo— hasta octubre de 2020.
A mediados de enero, The Associated Press obtuvo un informe confidencial recopilado por Stefano Turchetto, comandante de la Operación Irini de la Fuerza Naval de la Unión Europea Mediterráneo, en el que se reconocía el “excesivo uso de la fuerza” por parte de la Guardia Costera Libia y que ésta hace caso omiso de las recomendaciones hechas por los responsables de Irini, dispositivo militar en el que participan barcos franceses, italianos y griegos y que cuenta con recursos de otros tres países de la UE.
“Nuestras investigaciones indican que las violaciones contra los migrantes son cometidas a gran escala por actores estatales y no estatales, todo lo cual sugiere crímenes de lesa humanidad”, indicó un enviado especial de la ONU
Pese al escándalo generado por la divulgación del informe, la Comisión Europea decidió no intervenir en el asunto sino reforzando “la capacidad” de Libia para actuar en el Mediterráneo. Para el eurodiputado de La Izquierda, Miguel Urbán, el acuerdo entre la UE y Libia en estos cinco años ha supuesto un cambio de actitud por parte de las instituciones europeas, “a diferencia de unos años atrás, lo que está pasando ahora es que por parte de la UE ya no hay ninguna intención de ocultar las violaciones de derechos humanos, ni de ocultar que estas violaciones son funcionales a la política de la Unión”, denuncia. “Hemos entrado ya en una etapa en la que son los propios informes de la UE los que defienden la necesidad de llevar a cabo detenciones, arrestos e interceptaciones, incluso en el caso de menores”, explica Urbán.
En octubre de 2021, investigadores de Naciones Unidas determinaron que se estaban cometiendo “posibles crímenes de guerra” en Libia, especialmente sobre la población migrante que, en ese momento, era víctima de una campaña masiva de redadas. Mohamed Auajjar, enviado especial de la ONU, denunció que se estaban violando los principios de proporcionalidad y diferenciación, que obliga a distinguir entre combatientes y civiles en contextos de guerra.
Chaloka Beyani, otro de los enviados especiales de la ONU en esa misión, explicó a su regreso de la misma que “Los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados están sujetos a una lista interminable de abusos en el mar, en los centros de detención y a manos de los traficantes (…) Nuestras investigaciones indican que las violaciones contra los migrantes son cometidas a gran escala por actores estatales y no estatales, con un alto nivel de organización y con el apoyo del Estado, todo lo cual sugiere crímenes de lesa humanidad”.
Todo tipo de malos tratos
Durante este tiempo, se han extendido las denuncias de ONG ante los numerosos relatos de “detención arbitraria, tortura, condiciones de detención crueles e inhumanas, violación y violencia sexual, extorsión, trabajos forzados y homicidios ilegítimos”, según Amnistía Internacional.
En torno a 82.000 personas han sido interceptadas por la Guardia Costera libia en los últimos cinco años. A día de hoy se desconoce el paradero de 20.000 de ellas. Oxfam ha trasladado a la opinión pública que esas personas fueron a parar a los centros de detención clandestinos, o prisiones secretas, dirigidas por redes de trata.
Amnistía denuncia que el Gobierno de Unidad Nacional de Libia (GNU) ha seguido facilitando los abusos y la impunidad de estas redes de trata, como demuestra el nombramiento como director del Departamento libio de Lucha contra la Migración Ilegal de Mohamed al-Khoja, responsable del centro de detención Tarik al Sikka, sobre el que la organización publicó un informe con testimonios de malos tratos y abusos criminales.
Para Urbán, el acuerdo de Malta ha creado un marco que siguen las nuevas regulaciones del pacto migratorio. Un acuerdo en el que, resume este diputado “las únicas y poquísimas garantías se quedan en suspenso o no se aplican al movilizar un nuevo espacio pre-europeo, inexistente en la legislación europea e internacional”. Un limbo en el que la UE “se escuda para no tener que dar explicaciones” sobre su acción o inacción en las fronteras.
2021 se confirmó como el peor año en el trayecto fronterizo en torno a las costas libias. En ese periodo fueron interceptadas 32.425 personas refugiadas y migrantes en el mar que fueron devueltas a Libia. 1.553 personas murieron o desaparecieron el año pasado en la ruta central del Mediterráneo.
Artículo publicado en El Salto, editado por el equipo de PIA Global
