Solo el hecho de pertenecer CAM, La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (más conocida como Coordinadora Arauco-Malleco) era suficiente para los tres jueces en Los Ángeles para condenarlos y sentenciarlos a 15 de prisión. Los mapuches respondieron de iniciar una huelga de hambre que duró 94 días hasta que la Corte de Apelaciones en Concepción anuló la sentencia en mediados de febrero (2024) y ordenó un nuevo juicio que comienza el próximo 12 de marzo. Una parcial victoria del pueblo y solidaridad del pueblo mapuche.
La argumentación principal de los tres jueces en Los Ángeles fue; “Culpable por asociación”, los que nos hace recordar las peores épocas de la guerra fría en Estados Unidos de la década del 50´ del siglo pasado, cuando el senador Joseph McCarthy [1] acusó todo que olía progresista de ser “comunista y agentes soviéticos”, entre ellos “205 supuestos comunistas infiltrados en el Departamento de Estado” (la cancillería estadounidense). El “Cazador Anticomunista” murió como alcohólico y enfermo mental a los 48 años de edad. Lo que expresan las abogadas es lo mismo, que sus clientes son víctimas de un “Macartismo Chileno”.
Por eso la sentencia fue anulada unánimemente por los jueces de la Corte de Apelaciones en la ciudad de Concepción, capital de la Región del Biobío a mediados del mes de febrero de 2024. Ahora comienza un nuevo juicio el 12 de marzo.
Hablamos con las abogadas Josefa Ainardi y Victoria Bórquez , representantes legales de los cuatro líderes mapuches.
La Corte Interamericana dijo ¡“NO”!
Josefa Ainardi. – Fue una sentencia por dos delitos de misión frustrada, un delito incendio consumado y un delito incendio tentado. Eso a sumatoria hace en 15 años y medio aproximadamente de condena, basándose principalmente esta sentencia en conjeturas o conclusiones. Para poder llegar a una decisión de condena, que es lo que tuvo que hacer este tribunal, básicamente señalar, y aquí viene el punto más interesante; que ellos pertenecen a una organización como la Coordinadora Arauco Malleco, que de acuerdo a lo que hice la sentencia es un hecho público y notorio que esta organización se dedica a acciones de sabotaje o de incendios contra maquinaria forestal, básicamente.
Dick Emanuelsson. – ¿Está prohibida, no está proscrita la CAM?
Josefa Ainardi. – Se ha intentado por parte de políticos de nuestro país, del lado de la derecha, declarar inconstitucional esta organización. No se ha logrado, porque el Tribunal Constitucional chileno no ha acogido esa solicitud. Se ha intentado también perseguir por organizar esta organización como delitos terroristas. Pero esto ha sido declarado inadmisible, por así decirlo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Porque si viene en esas oportunidades, en un caso emblemático, el caso Norín Catrimán [2] y otros, versos del estado de Chile, se condenó efectivamente a integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco por delitos terroristas. Pero eso fue a nivel interno de Chile. Pero yendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta corte determinó que los procesos penales seguidos contra los integrantes de la Coordinadora no habían sido debidamente ejecutados. Por lo tanto, se ordenó que se dejaran sin efecto tanto las sentencias y también cualquier otro tipo de actuación en contra de estas personas por pertenecer al grupo CAM.
– Volviendo a la sentencia de 4 de noviembre de 2023, a nuestro parecer es una persecución más política. ¿Por qué? Porque la conclusión de la sentencia se basa principalmente en que son integrantes de este grupo y de esta organización, CAM. Pero no son capaces de posicionar a nuestro representado, a los comuneros en el sitio del suceso donde se habrían producido estos hechos. Lo que más bien en base a la prueba rendía resultan más dudas que certeza en cuanto a la participación criminal de un hecho específico.
– Es por ello que nosotros, luego de esa sentencia recurrimos de nulidad ante la Corte de Apelaciones de acá de Concepción. Luego de escuchar los alegatos, la Corte de Apelaciones de Concepción en la Sexta Sala se terminó anular tanto el juicio como la sentencia justamente porque se entendía por parte de este tribunal la Corte de Apelaciones de Concepción, que la fundamentación de la sentencia no era suficiente en el sentido de que no se había valorado toda la prueba y más bien se habían estipulado en la sentencia solo en lo referido por parte de la policía en que decía relación con la teoría de la fiscalía, más no se habían hecho cargo de los contrainterrogatorios o la teoría de la defensa en base justamente a poner en duda lo que estaban declarando estas policías o estos peritos expertos en antena para georreferenciar a los imputados.
– Entonces lo que procede ahora es un nuevo juicio porque la Corte de Apelaciones de Concepción así lo determinó por existir un vicio de nulidad en la sentencia que permita anular tanto la sentencia como el juicio oral.
La histeria anticomunista de los 50´
Dick Emanuelsson. – En la década del 50´ del siglo pasado, en Estados Unidos empezó la era McCarthy, o sea “Culpable por Asociación”. Todos los que eran sospechados de pertenecer al Partido Comunista fueron sentenciados, no porque habían cometido algún delito sino solo por el hecho de ser sospechados de ser comunistas. Sindicatos, hasta Charles Chaplin fue condenado y tuvo que exiliarse en Francia. ¿Así es Chile de hoy bajo este nuevo gobierno del presidente Boric?
Victoria Bórquez. – Sí, justamente lo relevante de esta sentencia, es lo que nosotros hemos dicho varias veces; cómo corre el cerco o cómo va corriendo el límite en torno a la manera en que condenan. Un tribunal, entendemos nosotros, que tiene que condenar debe hacerlo en base a hechos, no persiguiendo personas. Hoy día nosotros vimos justamente en esta sentencia que lo que se hizo durante el proceso de investigación, fue perseguir a personas en particular y tratar a ellos de vincularlos con un hecho que no pudieron hacer. Resulta muy relevante, igual que lo que dice mi colega, ¿en qué sentido? En el sentido de que justamente a ellos hoy día uno de los motivos y tú al leer la sentencia es claro que indica que justamente ellos pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco. Como pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco no queda más que concluir que fueron ellos quienes cometieron estos delitos.
Dick Emanuelsson. – ¿Automáticamente?
Victoria Bórquez. – Automáticamente. Y estos delitos que ocurrieron, estos hechos ocurrieron a 15 kilómetros de donde a ellos los podrían haber localizado con una mayor precisión. Es decir, estás condenando a alguien que está acá en un determinado lugar por un hecho que ocurrió 15 kilómetros más allá. Corre relevancia porque estamos viendo cómo la judicatura ya no está condenando a las personas solo por haber cometido un determinado ilícito, sino por qué existe una pertenencia a una determinada organización. Que a juicio de ellos sería una especie de organización delictiva. Pero al menos en Chile, por ejemplo, se ha intentado calificar a la CAM como una asociación ilícita. La derecha chilena, el año pasado, si mal no me equivoco, intentó declarar inconstitucional a la CAM, cuestión que, por supuesto fue declarada inadmisible, no quedó en nada.
– Porque entendemos, que primero no es una organización terrorista, no es una asociación ilícita, tampoco tiene por qué ser inconstitucional. ¿Qué es lo que deja la sentencia del Tribunal de los (tres) jueces en Los Ángeles? Deja la prueba de la persecución política que ha existido desde que Chile es Estado hacia el pueblo Mapuche. ¿Y cómo se hace la tenta? Mediante la criminalización, mediante la condena, mediante la cárcel. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Finalmente, lo que se hace es utilizar al Poder Judicial, en este caso en particular a los jueces de un tribunal de juicio oral, para intentar solucionar un conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo Mapuche. ¿Cómo lo ha tratado de solucionar? Mediante el encarcelamiento de estas personas.
El conflicto es político no criminológico
– Porque el Estado no ha tenido la capacidad, ni este Gobierno, ni al anterior, del anterior, del anterior de poder dar una solución a este conflicto, que es un conflicto político histórico, que no es un conflicto criminológico. Y ellos lo han querido pasar a esta sede. Y así lo han hecho de otros tiempos, como decía mi colega, se intenta inculparlos o que sean condenados bajo la Ley Antiterrorista.
– No se logra, y como no se logra, entonces ahora vamos por delitos comunes. Y finalmente, vemos nosotros que hace este intento por parte del tribunal de juicio oral de Los Ángeles, finalmente, no lo logra, se anula esa condena y se anula la sentencia.
– Lo hemos dicho también, hay que considerar que los tres jueces de la República, que, según esta misma Corte de Apelaciones, no fueron o no lograron situar a nuestros representados en el lugar de los hechos. Tres jueces de la República que no fueron capaces de explicar cómo sucedieron los hechos, cómo ellos participaron en cada uno de los ilícitos que se le imputan.
– La relevancia de este fallo está porque nos está diciendo también, oye, acá hubo una fundamentación, una investigación también, que tuvo un carácter de ser sesgada. Es decir; porque a ellos se les condena. Si ellos (los jueces) mismos no son capaces de explicar cómo se localizaron en el sitio del suceso.
– Vemos que esto no es algo nuevo, la criminalización al pueblo Mapuche y en particular a personas pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, acá hay un conflicto político, social y un problema histórico que ha tenido el estado chileno con estas personas. Hoy de la mano con la empresa forestal, la empresa forestal es extractivista, que viene acá al sur del país, se instala en territorio Mapuche, se instala en el Wall-Mapu [3], comienza a explotar estos recursos, secar la tierra, dejar producir la tierra. Estas personas (los mapuches imputados) hacen lo contrario. Comienzan de nuevo con procesos de volver a recuperar el territorio de manera de poder cultivarlo de nuevo, recuperar la tierra, recuperar millas, etcétera.
Los poderes económicos
– Por otro lado, tenemos la forestal, que quiere venir acá y quiere extraer y secar y dejar todo y luego irse a otro lado para seguir haciendo esto mismo en otro territorio. Ellos (los mapuches) claramente están siendo una piedra de tope para esta empresarial. Y el estado le presta ayuda a través de esta criminalización, utilizando al poder judicial. No solo el Poder Judicial, sino utilizando también al poder legislativo, que aprueba leyes cada vez más represivas. Lamentablemente tenemos hoy un gobierno que se supone indigenista, un poco más progresista, un poco más socialdemócrata. Pero que no ha hecho sino más que intensificar la criminalización al pueblo Mapuche, enviando más militares, más fuerzas armadas hacia el Wall-Mapu, ampliando querellas que había realizado el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha. Y hoy este gobierno viene y amplía querella, como es el caso de Héctor Llaitul, en el caso de nuestros representados. Viene el gobierno, se interpone también una querella y se queda ahí hasta el final del juicio, participa en el recurso de nulidad de mano del Ministerio Público, también de mano de la propia forestal, aunque la misma forestal, en este caso desaparece, se declara abandonada la defensa. Pero el gobierno sigue persiguiendo al pueblo Mapuche. Ahora vamos a un segundo juicio. El gobierno no ha retirado la querella y sigue participando como tal.
Dick Emanuelsson. – A mí me parece muy extraño que el gobierno sea un actor ofensivo y lanzado. Lo vimos cubriendo todo el juicio contra dos líderes mapuches en Temuco entre 22 a 25 de enero (2024), donde el consorcio forestal reiteró incluso su facilitador como testigo. Este había negociado con los Mapuches para llegar a un acuerdo, lo que entendemos era una trampa. En el caso de Temuco la enviada especial de Boric, sentada al lado del fiscal que pedía 8 años de cárcel y la delegada de Boris exigía 10 años. A mí me parece muy raro que un gobierno se mete con un ente que es autónomo en relación con el estado.
Josefa Ainardi. – Exactamente. En el caso que nosotros defendemos inició también, junto con la fiscalía una querella por parte de la forestal. Porque en realidad son delitos comunes. Como lo estábamos hablando, hacen una distinción también entre delitos de carácter político y delitos de carácter común, o delito de asociación ilícita o terrorista.
– Porque ahora ya Chile no está persiguiendo a través de la Ley Anti-Terrorista o a través de otras leyes más de persecución política, porque justamente en la corte interamericana los condenó, ya condenó al estado de Chile. Y ahora, como no pueden quedar como racistas y colonialistas, que es lo que yo creo que es este estado; entonces ¿qué hacen? “Nosotros perseguimos delitos comunes y solo perseguimos hechos” tratando de blanquear esta persecución.
– Entonces en el caso de nosotros inició con una querella de la forestal, porque era la dueña de los camiones afectados, resulta que la forestal ni se interesó en seguir, ni concurrió ni a la audiencia preparación de juicio oral y ni tampoco mucho menos a la audiencia de juicio. Pero en ese sentido, con lo que tú dices, llama la atención que el querellante del gobierno sí insistió, aun cuando la víctima directa, sí que era la forestal de estos hechos, no insiste. Y aun cuando no se trata de delitos de carácter ni con connotación política.
La Ley Antiterrorista
– Ahí una empieza a analizar en los hechos más que en la teoría o lo formal, en los hechos sí hay una persecución política. Porque a pesar de que no están siendo perseguidos por Ley Antiterrorista o Ley de Seguridad Interior del Estado, si todo el contexto es político. Sí ellos nos dicen, está bien que esté el querellante del gobierno, porque aquí se trata de un hecho de connotación política, de connotación para la seguridad interior o para la seguridad pública. Pero resulta que, en otros delitos de incendio, cuando son personas jugadas, no mapuche, no está el querellante del gobierno.
– En ese sentido vemos este sesgo que hemos ido denunciando y alegando en todas nuestras intervenciones ante los tribunales de las instituciones, que es algo estructural. No es algo que el fiscal X en particular como individuo sea racista, sino que las instituciones son colonialistas y son racistas y tienen un sesgo al momento de juzgar. Por lo mismo estos tres jueces llegan a una conclusión, porque para mí entender este sesgo viene de siglos de dominación. Entonces es difícil cuando hay 500 años de historia colonial, que una persona que vivió en un país de 500 años de historia colonial, no sea capaz de dejar ese sesgo de lado,
– Yo entiendo eso, pero los juzgadores están llamados a, valga la redundancia, juzgar hechos concretos. No, si esta persona participa o no en alguna organización política, en alguna organización indígena o cultural, sino que es lo que hizo en concreto, y si es que ese hecho es constitutivo de delito, está sancionado, perfecto. Pero aquí, con solo ese antecedente, no da para poder condenar a nuestro representado. Porque todo el contexto y el grosor de la sentencia que termina condenando a mi representado en realidad dice relación con pertenencia a una organización como es la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
“El Estado ve el mapuche como un enemigo”
– El otro sesgo que yo veo, es también por parte de todos los agentes del Estado y las instituciones, es considerar, aunque no lo dicen explícitamente, a la Coordinadora Arauco Malleco como un enemigo. Y en ese sentido el derecho penal también tiene principios básicos, que no lo inventé yo, no lo inventó mi colega ni tampoco la Coordinadora Arauco Malleco, son principios básicos del derecho penal moderno que se tratan de perseguir hechos concretos, no personas. También lo llaman por la doctrina moderna, el derecho penal del enemigo.
– Es decir, como el Estado identifica grupos de personas, en este caso el integrante del pueblo Mapuche y los ve como un enemigo, justamente por lo que decía Victoria; por la contrariedad que existe entre el desarrollo económico, que no permite estar en este Estado neoliberal y que su sustento base, al menos en este territorio, son las forestales y la hidroeléctrica. Y eso se contrapone con la cosmovisión de un pueblo como el pueblo Mapuche, en general o en particular respecto de cómo se concibe la naturaleza y el territorio. Esa pugna no ha tenido una solución más que la criminalización al pueblo indígena.
– Porque aquí lo que vemos en realidad es que se trata una y otra vez de proteger y favorecer los intereses forestales, los intereses económicos. No nos queda más que pensar que es lo único que nos interesa como país, como Estado. Nos interesa entonces propender al desarrollo de estos pueblos que han sido históricamente ancestralmente desplazados, discriminados y con un despojo territorial y colonial bastante significativo. Entonces tampoco nos sirve que el Estado chileno venga y se suscrito a todos los tratados internacionales respecto de los derechos, la protección a los derechos de los pueblos indígenas, cuando lo concreto es la acción, no está más que desconociendo y no solo desconociendo, sino que persiguiendo a quienes quieren detentar ese derecho que les corresponde por ancestralidad.
¿Y la Constituyente?
Dick Emanuelsson. – En esta gira por Chile como reportero me sorprende lo que cuentan ustedes, porque los derechos del pueblo Mapuche estaban discutiendo mucho en la Constituyente. Mucha gente estaba muy de acuerdo con los reclamos del pueblo Mapuche, los derechos históricos. Y ahora uno ve que hay enemigos bastante poderosos como el complejo de celulosa inmenso en la Comuna Ránquil, cuyos dueños controlan 70 por ciento de la producción nacional chilena de celulosa. Producen un millón 27 mil toneladas metro cúbicos. ¿Qué intereses representan el estado y el gobierno chileno? Los consorcios forestales ¿están por encima de las instituciones del estado chileno?
Victoria Bórquez. – Hoy día vemos, lamentablemente a través de estas causas, que no es una la que nosotros representamos, es una de ellas. Pero también has visto que hay otras causas de este mismo tópico. Lamentablemente hemos visto cómo el gobierno chileno se ha aliado justamente con la forestal, aun cuando se supone que era un gobierno que se hacía llamar de carácter indigenista. Hoy día vemos la persecución a través de la participación de estos juicios, con un querellante, lo cual como dices tú es bastante extraño.
– Hay un persecutor del estado que es el Ministerio Público, que es la fiscalía, el ente designado por ley y por la constitución, para perseguir delitos. Pero hoy día también el estado suma a otro más, el mismo gobierno, y el mismo gobierno sigue participando de esta persecución y no ha cesado. Vemos que tampoco va a parar o tiene ánimo tampoco de siquiera sentarse a negociar o a conversar con el sector del pueblo Mapuche, particularmente con lo que nosotros conocemos que se denomina como el movimiento autonomista. En ese sentido no se ha podido trabar ningún tipo de diálogo.
– Es más, hay que mencionar que hace muy poco había una demanda de nulidad. Se inició una huelga de hambre que terminó la semana pasada. En esa huelga de hambre existía como demanda no solo la nulidad de este juicio, sino que también las mejoras de las condiciones carcelarias. Y las mejoras de las condiciones carcelarias le pertenecen en particular, o quién puede tomar decisiones respecto de esto en particular, es justamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
– El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pertenece directamente al Gobierno. Y que eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos simplemente no dio nada en este sentido. Es decir, no hay mejoramiento de las condiciones carcelarias para el pueblo Mapuche, aun considerando que ellos se encuentran amparados por una serie de convenios internacionales, y ahí recojo también lo que dice mi colega acá, que es muy importante. ¿De qué nos sirve estar firmando tratados internacionales? Que se supone que protege en estos pueblos, se suponen que protege en la identidad, la cultura del pueblo Mapuche, sea al final.
Ratifican convenios internacionales, pero no las aplican
– ¿Que va a hacer el gobierno, o sea el Estado, a través del Gobierno? Porque ya tiene una política de persecución, una política de persecución que no solo viene de ahora, sino que viene, como lo digo, desde que Chile es Chile. ¿Qué hacemos con estos tratados? Desde mi punto de vista, y lo que yo creo es que finalmente se firman estos tratados solo para efectos económicos. ¿Por qué para efectos económicos? Por qué vienen países o empresas del primer mundo, europeas, etcétera a invertir, acá en Chile. Dentro de las exigencias de esas empresas para poder invertir en un país como Chile, se encuentra la descripción de determinados tratados.
– Porque hay una política social de empresa, mucho más fuerte en países del primer mundo. Entonces vamos firmando, vamos firmando tratados. ¿Qué hacemos después con esos tratados? El Estado tiene que cumplirlos. ¿Pero qué hace el Estado de Chile? No lo hace, simplemente los deja, no los aplica.
– Hace muy poco, de hecho, un par de días atrás, tuvimos la audiencia de revisión de prisión preventiva. Porque la idea no está es que se revocara la prisión preventiva y nuestros representados puedan esperar el nuevo juicio, la libertad o algo menos en su casa. ¿Qué fue lo que dijo el juez del mismo tribunal de juicio oral en lo penal de Los Ángeles?, que “el convenio 169 no se aplicaba nuestros representados porque eran delitos comunes”. Algo a nuestro gusto totalmente fuera del lugar. ¿Por qué no se va a aplicar el convenio 169 cuando el convenio 169 se aplica a personas pertenecientes a pueblos originarios? Y ellos son personas pertenecientes a pueblos originarios.
– Entonces, ¿de dónde se saca esa fundamentación? Y hay un recojo, y nuevamente lo que dice mi colega, que hay un tema estructural de persecución al pueblo mapuche. Aquí hay una política estatal en donde participan todas las instituciones en esa persecución y decanta en la criminalización y en la prisión de esta canción particular, nuestro representado, en la prisión del pueblo mapuche en general.
– Intentamos solucionar todas estas cosas a través de la prisión. Vamos sacando conclusiones que no corresponde como es esa de que no se aplica el convenio 169, que no entendemos tampoco de dónde salió esa argumentación en particular.
Víctimas como Julio Assange
Dick Emanuelsson. – Yo creo que han aclarado este asunto muy bien, igual como ha sido aclarado ante todo el planeta, todos los pueblos en el mundo el caso de Julián Assange, también otro preso político, un caso que es una barbaridad que hoy concluyó su juicio de dos días en Londres. Y cada vez cuando escucho más detalles sobre el caso de los compañeros mapuches me parece también son víctimas de un caso muy vergonzoso. Les agradezco muchísimo. ¿Quieren agregar algo para la gente que vea esta entrevista?
Victoria Bórquez – Por mi parte agradecer que esté acá, que puedas difundir también este caso en particular y también lo relativo al estado chileno con el pueblo Mapuche. Acá en este país, lamentablemente los medios han invisibilizado estas causas. Han preferido callar. Casi finalizada la huelga de hambre o cuando Esteban en particular ingresa al hospital regional, es que se comienza a visibilizar un poco más. Cuando fue el fallo de nulidad, resulta que comenzaron los incendios en el norte (Viña del Mar y Valparaíso) resulta que el señor Piñera (ex presidente de la derecha, responsable por la terrible represión durante la Revuelta 2019) tuvo su accidente en helicóptero.
– Son cuestiones que también escapan de nuestras manos, por supuesto. Pero durante todo este periodo, incluso desde que se inició el juicio ayer en Los Ángeles, no hubo cobertura mediática respecto de esto. Y eso es muy importante porque la mediatización de estas causas ayuda a que la población conozca, qué es lo que realmente está ocurriendo acá. Sino que caemos en la ignorancia, que caemos en opiniones que no corresponden, que están fuera de lugar. También hacemos parte a toda la población de ese cejo, de ese político, de ese cejo racial. Es importante justamente llevar esto a fuera que se sepa, que se entienda cómo está actuando el estado chileno a través de un gobierno que se dijo que se supone progresista indigenista, y que hoy día vemos que claramente, no está en eso, sino que inclusive actúa peor que los propios gobiernos de derecha o de la concertación anterior. Agradecida por tu presencia y esperemos que esto se pueda difundir lo más posible también en donde sea.
Josefa Ainardi. – Asumo el agradecimiento, para nosotros es súper importante que se visibilice esto, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y decir también que nosotros al menos no nos vamos a cansar y vamos a instar en cada palabra que se nos dé de visibilizar y de hacer llegar esta información de la manera que debiese ser de entender nuevamente los derechos políticos, los derechos comunitarios, los derechos ancestrales que tiene el pueblo indígena en particular, pero todo pueblo indígena.
– No descartando llegar a instancias internacionales nuevamente cuando no nos satisfaga lo de este estado, en particular Chile por justamente lo que decíamos de esta estructura colonial, de pensamiento, de institucionalidad, etcétera. Si les molestará algunos o no, nos tiene sin cuidado. Porque nosotros creemos lo que defendemos y así lo seguiremos haciendo.
¡Gaseados y detenidos por el MinJusticia!
Dick Emanuelsson. – Entrevisté a Valeria Barra, la pareja de Esteban Henríquez, que nos contaba que los de la huelga de hambre fueron sancionados por la Gendarmería. Sus familiares no pueden hacer visitas en la cárcel. Es decir, un doble castigo. Cuando va una delegación a Santiago para encontrarse con el representante del Ministerio de Justicia, son recibidos por las bombas lacrimógenas y son detenidos. ¿Cómo se explica esto?
Valeria Barra – Es que es inexplicable. El mundo del que no se entiende nada. Porque como dice ahora, se nos ha comunicado que se les ha interpuesto una sanción disciplinaria a los comuneros que depusieron su huelga de hambre. Si uno lo quiere ver desde una perspectiva formal o técnica jurídica, efectivamente el reglamento establecimiento penitenciario, si contiene como una falta grave al régimen penitenciario el hecho de hacer una huelga de hambre. Pero si uno analiza cuál es el fundamento de esa falta al sistema penitenciario, la huelga de hambre tiene que ir de la mano con una alteración al orden interno, por la seguridad del penal, cosa que en este caso jamás existió.
– De hecho, es más, tanta razón tenía sus demandas, a través de la huelga de hambre que el juicio se invalidó. Entonces era justa su demanda. Tenemos que ver también que las huelgas de hambre son parte integrante de la protesta social. Si no entendemos eso de mala forma vamos a poder llegar a un buen término. En ese sentido no solamente, como decías tú se persigue, si criminaliza a través de juicio y de imputaciones de delitos, sino también acá, que entiendo que sería también un doble castigo. Seguimos y seguimos con la misma tónica, como decía Victoria de perseguir una y otra vez por todos los medios posibles que ellos tengan y utilizan todas las herramientas, todos los recursos.
– Recordar que en el juicio donde nosotros estamos participando se contrató un sistema informático de millones de dólares, sólo para revisar los teléfonos de estos, nuestro representado. En ningún otro juicio se había visto, solamente en causas Mapuche. Se despilfarra una cantidad significativa de recursos del Estado, sólo para esto.
– Vemos cuando no hay justicia para las mujeres. Muchas veces hay denuncias de maltratos hacia las mujeres, los femicidios que son pan de cada día, el Estado pareciera mirar hacia el lado. Pero cuando se trata de perseguir mapuche todo con todas las armas que ellos tienen, van y lo hacen.
Boris tiene militarizada el Wall-Mapu
– Que sigamos o que se siga por parte de las autoridades tratando de maquillar esto y tratando de engañar a la ciudadanía como diciendo que “somos un gobierno indigenista”, cuando en realidad lo único que se han preocupado es de criminalizar y seguir criminalizando el Wallmapu, como nos gusta nosotros nombrarlo porque ese es el territorio Wallmapu que ellos llaman “Macro Zonas”, como para darle un contexto más de miedo a las personas, para instaurar el miedo para instaurar de que hoy no se acerca a esta zona porque aquí hay gente peligrosa, eso es lo que trata de hacer el Estado.
– Pero en realidad y en el Wallmapu, como digo, se ve que el gobierno de Boris ha tenido militarizada el Wall-Mapu durante todo su periodo, cuestión que ni siquiera gobiernos de derecha han hecho. Parece una vergüenza, no solo a nivel interno sino a nivel internacional.
– Además de parecer una vergüenza es preocupante. Porque como decía Victoria, se corre el cerco, se extiende cada vez más la facultad de las atribuciones de persecución del Estado a través de leyes represiva, a través de interpretaciones judiciales de errónea o al menos con una nula capacidad de entendimiento de lo que significa los derechos humanos de los pueblos indígenas.
– Nosotros aquí no estamos inventando la pólvora. Nosotros estamos solicitando lo mínimo que en una sociedad democrática debería existir y un estándar que también a nivel internacional es mínimo. No nos creamos tampoco aquí que es el país más desarrollado. Nos comparamos siempre con Europa, pero al momento de lo que hubo, seguimos siendo colonialistas, por decirlo menos.
Dick Emanuelsson* Reportero sueco en América Latina
Este artículo ha sido publicado en el Bloc del autor chile-dickema.blogspot.com/
Foto de portada: Juana González
Referencias:
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy [2] https://www.youtube.com/watch?v=6-zgNzSysLQ [3] es.wikipedia.org/wiki/Wallmapu
