En esta realidad, se desarrolla una lucha permanente entre los intereses de los sectores populares por la construcción de una sociedad equitativa con justicia social, soberanía económica y política y los de la oligarquía cívico-militar que no tiene reparos en convertir a Colombia en una república colonial, subordinada a las políticas e intereses geoestratégicos de Estados Unidos.
Con la victoria de Gustavo Petro a la presidencia del país, muchos sectores se «entusiasmaron» de que la tarea de pacificar y democratizar la vida económica y política en 4 años sería una tarea menos complicada de lo que realmente podía ser, teniendo en cuenta el amplio arco que esta candidatura construyó y acompañó la fórmula presidencial.
Situación en el Catatumbo
En el departamento de Norte de Santander, específicamente en la subregión occidental, se encuentra la región del Catatumbo (casa del trueno) en lengua barí, que cuenta con unos 300 mil habitantes.
La región colombiana del Catatumbo es altamente compleja en términos económicos, sociales y políticos, ya que se encuentra en una frontera binacional con una historia de conflictos étnicos y sociales, incluido el conflicto armado.
Es por eso que el Catatumbo es el eslabón débil de la política de «paz total», especialmente para las poblaciones, sociedades y comunidades de los 11 municipios de esa región.
Dentro de esta complejidad nos encontramos con que la propuesta del gobierno de «Paz Total» con participación comunitaria no ha tenido el resultado que se esperaba de la narrativa de la campaña. Esto se ha debido a la responsabilidad de los diferentes actores involucrados, principalmente la Alta Comisionada para la Paz Otty Patiño, y otros miembros del gobierno de Gustavo Petro.
La falta de implementación de una reforma agraria integral, el fracaso de la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la (falta de) protección de la vida de los excombatientes que firmaron los acuerdos de paz de 2016 y permanecieron en la región para implementar la reforma, revelan la peligrosa ausencia del Estado, reflejada por diversas organizaciones sociales, indígenas, y organizaciones campesinas.
El tema de la propiedad de la tierra y los enfrentamientos legales con la burocracia aumentan la conflictividad en la región. «El acceso efectivo a la propiedad rural enfrenta dificultades relacionadas con un alto nivel de informalidad en la propiedad, conflictos interétnicos y la ocupación indebida de áreas protegidas», según un informe del Programa de Desarrollo Territorial (PDET).
El 20 de enero, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33 de las FARC dejaron un saldo estimado de 80 muertos, según recuentos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander. Se estima, porque solo se han recuperado 41 cuerpos debido a la situación en zonas rurales remotas del Catatumbo, donde las autoridades aún no habían podido acceder.
Los combates provocaron el desplazamiento de más de 36.000 personas, principalmente hacia Cúcuta, la capital departamental, y las localidades de Ocaña y Tibú.
En los primeros días de la confrontación, se estimó que cientos de personas cruzaban la frontera hacia Venezuela todos los días.
El factor Venezuela
Este hecho ocurre en concordancia con la visita de Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de enero a Cúcuta, capital de Norte de Santander, gobernada por tercera vez por William Villamizar, sucesor del expresidente, donde encabezó un mitin en el centro de la ciudad en apoyo a María Corina Machado y Edmundo González y en el que expresó: «lo que pedimos es una intervención militar internacional, acompañada por el Ejército venezolano y preferiblemente avalada por la ONU, para desalojar a la dictadura».
Cabe recordar que Norte de Santander, Colombia, comparte frontera con los estados venezolanos de Táchira y Zulia, siendo este último el distrito electoral más poblado de ese país, gobernado por Manuel Rosales, uno de los líderes históricos de la oposición venezolana. A lo largo de los años, el Zulia ha sido escenario de una serie de conflictos, entre ellos la presencia de grupos armados, la explotación ilegal de recursos naturales, el contrabando y una crisis migratoria.
Días después de la presencia de Uribe en Cúcuta, ocurrió esta tragedia que es funcional a la agenda de desestabilización y caos en la que se encuentra inmerso el Estado profundo proimperialista. Por un lado, señalan el creciente desgaste del gobierno de Gustavo Petro y por el otro el caos y la militarización de la frontera con Venezuela, que también sirve como garante del diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano para llegar a un acuerdo de paz.
Ante los graves acontecimientos ocurridos en esa región, el Presidente Gustavo Petro viajó a Tibú (Norte de Santander) para anunciar el «Estado de Conmoción Interna y Militarización», montando una operación contrainsurgente, al tiempo que continuaba postergando la firma y ejecución del denominado Pacto Territorial por el Catatumbo, acuerdo mediante el cual el Gobierno Nacional se comprometió con las comunidades para que el Estado comenzara a pagar la histórica deuda social con esta zona de la país.
El «estado de excepción» en el noreste del país es una figura que le otorga poderes legislativos extraordinarios y la posibilidad de restringir algunos derechos con los que busca hacer frente a la reciente escalada de violencia. Esta decisión presidencial no se daba en esa zona desde que Álvaro Uribe Vélez creó «zonas especiales» en Arauca hace más de 20 años, cuando la insurgencia aún era fuerte.
Con la aplicación de esta medida, hemos observado que han comenzado a desembarcar en la zona fuerzas militares uniformadas y portando mochilas con las banderas colombiana y estadounidense, pertenecientes al «ejército binacional Vanguardia Sur» para tomar posición y desplegarse en la región (ejercicio de tropas norteamericanas y colombianas).
Una historia y un escenario de consecuencias impredecibles
José Carlos Cueto, periodista a sueldo del establishment y corresponsal de BBC News Mundo en Colombia, ha señalado en un editorial, alimentado por fuentes de la red imperialista de creación de sentido: «En múltiples ocasiones y a través de los comandantes del Frente Oriental del ELN, los líderes guerrilleros declararon lealtad a Maduro y a su proyecto, que conciben como un proyecto socialista de todo el continente». Cueto agrega que «un informe de 2024 de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia describió que el ELN llega a los territorios presentándose como defensores de la ‘revolución bolivariana'» y que «la organización Human Rights Watch, también con base en información de ‘múltiples testigos, desplazados y funcionarios humanitarios’, testificó en 2022 sobre ‘operaciones conjuntas’ de la FANB y la Guardia Nacional Bolivariana con «guerrilleros del ELN».
Este guion, repetido una y otra vez para asociar al gobierno bolivariano con la insurgencia colombiana, vuelve a estar sobre la mesa en momentos en que Donald Trump, conspirador y partícipe necesario del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, coloca a Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo sin ningún argumento sólido, y Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado del gobierno de Trump, se regodea diciendo en su columna en el Miami Herald en agosto de 2024: «El resultado de esta farsa electoral era totalmente predecible desde el principio. Más aún por los tres años de concesiones y negociaciones con la narcodictadura de Maduro…» y en julio de 2017 dijo: «Diosdado Cabello no es un simple líder político, es el Pablo Escobar de Venezuela de hoy, un narcotraficante».
En medio de esta operación para desestabilizar tanto al gobierno de Petro como a la Revolución Bolivariana, desde Haití, el mandatario colombiano dijo que «ha estado en contacto con Nicolás Maduro para lanzar un plan de acción para ‘erradicar’ a los grupos armados de la frontera con Venezuela», dejando una publicación bastante llamativa en X: ««He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para cubrir los cruces ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y para actuar con vuelos de ambos lados, contactamos (sic) la presencia de 1.580 compatriotas en un campo de refugiados del otro lado».
Entre amenazas y ambigüedades, la situación en la frontera entre ambos países se está volviendo muy preocupante. Del lado venezolano se están llevando a cabo los ejercicios militares «Escudo Bolivariano 2025 en defensa de la paz y la democracia», y del lado neogranadino, con la presencia del ejército regular en un escenario de guerra, se pueden poner en marcha todo tipo de provocaciones.
Un Poder Ejecutivo acosado por el Ministerio Público y el Poder Legislativo que muestra un deterioro creciente meses antes de un proceso electoral, no puede presentarse de manera ambigua en su relación con un gobierno vecino que es fundamental para desbloquear los hechos del Catatumbo.
La derecha criminal, paramilitar y mafiosa que gobierna el norte de Santander sabe explotar las contradicciones entre la burocracia gubernamental y las necesidades de la población campesina y productiva de la región. La derecha no quiere la paz, ni la sustitución de cultivos, ni relaciones respetuosas con el gobierno bolivariano. Quiere seguir alimentando el caos para su propio beneficio y desestabilizar la región para complementar los planes hegemónicos del comando sur.
La militarización del Catatumbo abre la puerta a una provocación que dañará aún más la unidad y el entendimiento entre dos gobiernos que, dada la realidad regional, deberían estar estrechamente vinculados. La mala interpretación de lo ocurrido en las elecciones en Venezuela del 28 de julio y la tímida actitud en el trato dado por el presidente Petro a Nicolás Maduro pueden complicar aún más las cosas.
Oscar Rotundo* Analista político internacional, editor de PIA Global
Foto de portada: BBC
