El posible acuerdo de “finalización” de la guerra en Ucrania impulsado e impuesto por Donald Trump es la evidencia más contundente del fracaso del globalismo belicista que dominó la política exterior europea en los últimos años. Si la guerra termina bajo un diseño estadounidense, específicamente en manos de Trump sin ningún tipo de consulta a los europeos, el saldo estratégico es inequívoco: la OTAN queda derrotada en su propia guerra proxy y la Unión Europea aparece como una estructura incapaz de sostener las consecuencias de sus propias decisiones.
La pregunta implícita ante un escenario de posible fin de guerra ucraniano en manos de Trump es: ¿podría este acuerdo significar el inicio de la desintegración de la UE y la OTAN?
La propuesta de Trump es, en los hechos, un acuerdo de rendición para Ucrania. Implica reconocer que las metas proclamadas durante dos años, sobre Crimea, Donbass, el ingreso a la OTAN y la presencia de tropas europeas en suelo ucraniano, no sólo son imposibles, sino que fueron utilizadas para sostener una narrativa disociada de la realidad política y del campo de batalla.
Ese reconocimiento equivale a admitir la derrota de la OTAN ante Rusia y el fracaso de toda la arquitectura de presión, sanciones y guerra híbrida que la UE impulsó. No obstante, incluso en un escenario donde se negocie el fin de la guerra, Rusia seguirá siendo presentada como el gran enemigo de Europa. Las élites globalistas que controlan la Comisión Europea, en especial el núcleo von der Leyen, necesitan sostener esa enemistad para justificar el plan de ReArme continental, la estandarización militar bajo mandos de la OTAN (EEUU) y la subordinación energética a EEUU.
Es, en realidad, otra victoria estadounidense sobre Europa:
- cortar definitivamente el vínculo energético, industrial y político con Rusia, incluyendo lo cultural por el aumento de la retórica rusófoba;
- reemplazar gas barato ruso por GNL norteamericano;
- sustituir la industria militar europea por armamento estadounidense;
- y consolidar una dependencia estructural que impida cualquier autonomía estratégica.
De todos los frentes que tiene abiertos, Europa es el único donde Trump puede demostrar una victoria geopolítica real. No porque derrote a Rusia, sino porque ataca al globalismo europeo, cuyo proyecto central era la guerra proxy en Ucrania. Al quitarles ese sostén, derrumba su relato, su legitimidad y su capacidad de conducción de la política exterior europea.
Al mismo tiempo, Washington continúa negociando aranceles y acuerdos industriales que aseguran que Europa compre energía, armas y tecnologías estadounidenses. Es un doble movimiento, desarma al globalismo europeo y refuerza la dependencia europea de EEUU.
Mientras Trump impone a Kiev, sin mucho márgen de negociación, los términos del acuerdo, Europa queda otra vez relegada. No le permiten participar, ni lo toman como actor geopolítico de interés, por un lado por su pérdida de legitimidad e importancia política y por otro porque cuando interviene, lo hace para sabotear cualquier intento de paz, sosteniendo premisas que ya nadie toma en serio: que Ucrania ingresará a la OTAN, que recuperará Crimea, que Rusia devolverá territorios o aceptará tropas europeas.
Ese desvarío político de Bruselas contrasta con la gravedad del escándalo que hoy sacude a Kiev: el mayor caso de corrupción desde que comenzó la guerra, instalado en el corazón mismo del Estado ucraniano. Y aquí empieza la parte más incómoda para las instituciones europeas.
Mientras Europa insiste en presentarse como farol democrático y modelo de anticorrupción, exigiendo transformaciones internas a todos los países que aspiran a ingresar en la Unión, guarda hoy un silencio ensordecedor. Hace oídos sordos al escándalo ucraniano, al mismo tiempo que su propia arquitectura de poder está liderada por Ursula von der Leyen, dirigente que nunca fue elegida por el voto popular europeo y que atraviesa una investigación por uno de los mayores casos de corrupción del continente, ligada a los contratos de vacunas durante la pandemia.
Operación Midas: el caso de corrupción que golpea a Zelensky y desnuda la injerencia estadounidense
A comienzos de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) lanzó la Operación Midas, una investigación de enorme escala sobre el sector energético ucraniano, en particular sobre Energoatom, la empresa estatal que gestiona todas las plantas nucleares del país.
Esta empresa suministra más de la mitad de la electricidad del país, un salvavidas durante los apagones en tiempos de guerra. Para proteger la red eléctrica durante la guerra, la legislación ucraniana introdujo una norma especial: los tribunales tienen prohibido ejecutar las deudas contra Energoatom hasta que finalicen las hostilidades. En la práctica, esto significaba que Energoatom pagaba a los contratistas solo después de que el trabajo estuviera terminado, pero los contratistas no podían demandar a la empresa para recuperar los pagos atrasados y, por lo tanto, no tenían ningún recurso legal si Energoatom se negaba simplemente a pagar.
El esquema investigado por la NABU incluía la manipulación de contratos en empresas estratégicas, sobornos estimados en 100 millones de dólares, sanción a proveedores que no pagaran su “comisión”, pagos retenidos gracias a una ley especial de guerra que impedía demandar a la empresa.
La bomba política explotó cuando se difundieron más de 1.000 horas de grabaciones que implican al círculo íntimo de Zelensky. El nombre más resonante es Timur Mindich, empresario, coproductor de la compañía audiovisual que Zelensky fundó antes de ser presidente y uno de sus confidentes más cercanos. Mindich huyó de Kiev horas antes de ser detenido y se cree que está en Israel.
Los medios ucranianos revelaron que el FBI seguía la pista de Mindich desde hace años; que un testigo clave del caso Odessa habló con agentes estadounidenses; que la NABU mantuvo reuniones formales con enlace del FBI; y que los investigadores temen que Mindich entregue “peces más grandes”, incluido Zelensky. Los indicios detrás de la investigación del caso apuntan a EEUU y no a Moscú.
Pero Mindich fue sólo el comienzo. Esta semana los agentes de la NABU irrumpieron en el departamento de Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente y verdadero arquitecto del poder de Zelensky. Las escuchas lo identificaban como “Ali Baba”.
De acuerdo a Clara Statello, el propio Yermak lo confirmó en sus redes sociales:
«Hoy, la NABU y la SAP están llevando a cabo acciones procesales en mi domicilio. No hay obstáculos para los investigadores. Se les ha concedido pleno acceso al apartamento y mis abogados están allí interactuando con las fuerzas del orden. Por mi parte, colaboro plenamente».
Además, “el bloguero disidente Anatoly Shary escribe que el motivo del registro es la orden que Yermak había dado de vigilar ilegalmente a los empleados de la NABU y la SAP. Posteriormente, habría utilizado los resultados de la vigilancia de los investigadores para: advertir a las personas implicadas en los casos, ocultar los delitos y a los miembros del grupo delictivo organizado que él dirigía”, argumenta Statello.
Horas más tarde, antes de cualquier arresto, Yermak renunció. Su dimisión destruye la estructura de poder que sostenía a Zelensky ya que, según explica Statello, Yermak garantizaba la disciplina política dentro del Parlamento, mantenía alineada a la mayoría oficialista y articulaba la coordinación con estructuras clave del Estado: la Fiscalía General, los servicios de seguridad internos (SBU) y la Oficina de Investigaciones. También era quien manejaba la dimensión política de los choques con la NABU. Su ausencia dejaría a Zelensky sin el operador que manejaba los hilos del poder.
El análisis de Statello recorre cuáles son los escenarios que se abren tras el vacío de poder que deja Yermak y la disputa por su sucesión. Así, Zelensky queda convertido en un presidente simbólico, sin poder real, justo cuando Trump presiona con el acuerdo de 28 puntos para el fin de la guerra, ¿casualidad?.
El escándalo pone en crisis tres pilares del discurso europeo la “credibilidad democrática” de Zelensky, la transparencia del uso de la ayuda financiera y la narrativa de que Ucrania está lista para ingresar a la UE. A esto se suma un hecho sensible: Energoatom está integrada al mercado energético europeo desde 2022. Su corrupción impacta directamente en la seguridad energética de la UE.
En los mismos días que se dio a conocer el caso de la NABU, von der Leyen envió una carta urgente a los Estados miembros reclamando una solución para financiar los 135.000 millones de euros que Ucrania necesita entre 2025 y 2027. Propone tres opciones:
- aportes bilaterales,
- deuda conjunta europea,
- préstamos garantizados con activos rusos congelados.
La realidad es que nadie quiere pagar la guerra. Y aún menos tras el colapso político en Kiev.
Por otro lado, el escándalo de corrupción en Ucrania vuelve a exponer la tensión permanente entre Zelensky & Co. y los organismos anticorrupción creados bajo tutela occidental. Esto no es un dato menor. En julio, Zelensky impulsó y aprobó una ley que recortaba las facultades de la NABU y de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, una jugada que desató las mayores protestas desde el inicio de la Operación Militar Especial. La presión social y diplomática obligó al presidente a retroceder y a aprobar, de urgencia, un marco legal que restituía las competencias de estas instituciones y que, al menos formalmente, prometía devolverles independencia.
Para entender la situación actual es clave comprender el origen mismo de la NABU. La agencia nació en 2014–2015 por expresa exigencia del FMI, la UE y Estados Unidos. Su diseño institucional contó con asistencia de USAID, de la embajada estadounidense en Kiev e incluso de consultores del FBI y la CIA, como parte de sus programas de “gobernanza democrática”. Esto está documentado en informes públicos de USAID. Del mismo modo, sus juntas de supervisión estuvieron, desde el inicio, dominadas por expertos occidentales. Es decir: los mismos actores que hoy señalan la corrupción ucraniana como un problema estructural fueron quienes moldearon las herramientas anticorrupción y, al mismo tiempo, quienes toleraron, e incluso probablemente dejaron crecer, la red de irregularidades en el Estado ucraniano.
Este panorama abre un posible escenario más complejo. Washington habría permitido que ese entramado de corrupción se consolidara, dejando en manos de Zelensky un talón de Aquiles perfectamente utilizable llegado el momento. Y el momento llegó. Las tensiones previas entre Zelensky y las agencias NABU-SAPO, incluidos intentos del presidente por intervenir en su funcionamiento, podrían indicar que el entorno presidencial ya intuía la amenaza y trató, sin éxito, de frenarla.
Al comienzo, las especulaciones sobre el escándalo giraban en torno a varios posibles desenlaces: un movimiento para desplazar a Zelensky; la caída de la Rada y la convocatoria forzada a elecciones; o la necesidad de compartir poder con otros bloques, incluido el sector vinculado a Poroshenko. Como señalaban algunos analistas rusos, tal vez no se trataba de derrocar directamente al presidente, sino de reducir drásticamente su margen de acción y empujarlo hacia concesiones políticas inevitables, domesticar su poder para reordenar el tablero interno.
Pero la situación comenzó a encajar cuando se conoció la propuesta de los 28 puntos impulsada por la administración Trump para poner fin a la guerra y, casi en simultáneo, el caso de corrupción comenzó a escalar hasta tocar los círculos más cercanos al presidente, culminando en el allanamiento y posterior dimisión de Andriy Yermak.
El destape de la trama de corrupción podría ser, en este contexto, una herramienta estratégica más eficaz que cualquier presión diplomática. Un instrumento para forzar un escenario en el que Zelensky y los europeos se queden sin margen y deban aceptar un acuerdo que, en los hechos, se asemejaría a una rendición. Es decir, por un lado se construye una crisis institucional que deja a Zelensky sin nada para resistir; por el otro, una Europa desacreditada, sin capacidad para ofrecer una alternativa viable y, en los hechos, alineada con el plan estadounidense porque tampoco puede sostener financieramente la continuidad de la guerra.
Para Trump, cerrar la guerra en Ucrania con un arreglo impuesto sería una victoria múltiple: podría proclamar que “resolvió” un conflicto donde la OTAN naufragó; despegaría a Estados Unidos de una derrota estratégica europea; quedaría en buenos términos con Rusia; a la vez que mantendría separadas a Europa y Moscú durante años; y, además, aseguraría los negocios en armas, energía, reconstrucción y acceso a recursos críticos como las tierras raras ucranianas. De todos los frentes internacionales que enfrenta Trump, Europa es el único donde realmente podría proclamar una victoria geopolítica limpia y rentable.
Este posible acuerdo acelera la crisis interna de la Unión Europea, que atraviesa un momento de redefinición profunda. El continente ya funciona bajo un nuevo equilibrio geopolítico, más fragmentado, lleno de disputas y tensiones, pero con un clara certeza: el rumbo actual es insostenible. El fin de la guerra en Ucrania, tal como lo impone Trump obliga a Europa a decidir qué quiere ser en el mundo que ya se encuentra en la multipolaridad.
*Micaela Constantini, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: afp_tickers
