El pasado viernes por la tarde, el Ministerio de Hacienda de Canadá hizo pública su propuesta modificada de impuesto sobre los bienes de lujo, haciendo uso de una tradición consagrada en la comunicación gubernamental. Fuera de la temporada de impuestos, por supuesto, la mayoría de la gente no visita regularmente los sitios web del gobierno. Pero enterrar un comunicado oficial en la madrugada de la semana laboral hace aún menos probable que alguien se dé cuenta de algo potencialmente polémico o embarazoso. En este caso, el momento del Gobierno se debe casi con toda seguridad a una nueva disposición añadida a la legislación desde su redacción inicial el año pasado, que dice lo siguiente: «Se propone ampliar la desgravación para las aeronaves a fin de tener en cuenta los vuelos que reúnan las condiciones necesarias y que se realicen en el curso de un negocio con una expectativa razonable de beneficios».
Es una secuencia de palabras bastante soporífera, incluso con más contexto. Pero lo que parece significar es que el Partido Liberal, que gobierna en Canadá, tiene previsto modificar su propuesta de impuesto sobre los nuevos coches y aviones de lujo para que se puedan amortizar los jets privados utilizados en el curso de los negocios. Si se revisa el lenguaje del presupuesto de los liberales para 2021 y el documento de referencia más detallado publicado en agosto, la palabra «beneficio» no aparece. Se mencionan algunas posibles exenciones al impuesto, pero en su mayoría tienen que ver con los aviones importados para uso de hospitales, gobiernos locales o departamentos de policía y bomberos.
En otras palabras: en los aproximadamente siete meses transcurridos desde que el Gobierno publicó su anterior versión de la legislación, se ha añadido una importante excepción que abre visiblemente la puerta a todo tipo de evasiones por parte de los individuos ricos. Según el comunicado del viernes, el proyecto enmendado «refleja y responde a las aportaciones recibidas durante las consultas con las partes interesadas», lo que muy probablemente significa que los propietarios de aviones privados solicitaron una exención.
No sería la primera vez que los ricos de Canadá defienden con éxito la introducción de exenciones obscenas en la política fiscal. Al romper su promesa de cerrar una laguna legal de 750 millones de dólares en materia de opciones sobre acciones, utilizada casi exclusivamente por los directores generales y otros ejecutivos, el ex ministro de Finanzas Bill Morneau afirmó que había recibido información «de muchas pequeñas empresas e innovadores» en el sentido de que «utilizan las opciones sobre acciones como una forma legítima de compensación». Los documentos publicados por PressProgress, sin embargo, descubrieron que Morneau (él mismo un ex ejecutivo adinerado) había sido presionado agresivamente por las empresas canadienses para mantener una laguna jurídica utilizada casi exclusivamente por ocho mil de las personas más ricas del país.
El sistema fiscal canadiense está plagado de exenciones absurdas como ésta. Puede que sean completamente indefendibles como extensiones del interés público, aunque también son habituales dados los desequilibrios de poder inherentes a quién ejerce presión sobre el gobierno y los recursos de los que disponen los diferentes grupos para hacerlo. Es un caso claro de captación de intereses especiales y de sesgo de clase en la elaboración de políticas, pero también un recordatorio de uno de los defectos cardinales en la forma en que el Estado liberal concibe la neutralidad. Al menos sobre el papel, los Estados liberales en una democracia representativa actúan como árbitros neutrales del interés público. A veces, por supuesto, esto requiere compensaciones políticas o el equilibrio de demandas contrapuestas. En cualquier caso, se supone que lo que surge es autónomo de las consideraciones particularistas de uno u otro grupo de interés.
Sin embargo, incluso en el caso de algo totalmente no controvertido, como un impuesto sobre los bienes de lujo o sobre las opciones de compra de acciones, rápidamente se hace evidente que muchas políticas rara vez se ensamblan de esta manera. En el transcurso de la elaboración de políticas, varias «partes interesadas» hacen lobby, agitan y presionan al gobierno, pero los que tienen los medios para hacerlo de forma más eficaz suelen ser actores privados con dinero, más que grupos de interés público o ciudadanos preocupados. Especialmente cuando se trata de políticas fiscales o de grandes gastos, los primeros suelen tener a su disposición un ejército de abogados, grupos de presión y profesionales de las relaciones públicas, por no hablar de su considerable influencia en virtud de su ubicación en la economía. Salvo en algunos casos excepcionales, es poco probable que los segundos puedan movilizar algo parecido al mismo alcance o presión.
El resultado, como parece evidente aquí, es a menudo una política que no cuenta con una aceptación popular significativa y que ninguna persona sensata que no esté pagada para pensar de otra manera podría defender de forma convincente.
*Luke Savage es redactor en Jacobin Mag, donde fue publicado originalmente este artículo.
