Se necesita una solución
Mientras las instituciones europeas debaten plazos, restricciones y dogmas políticos, Budapest está tomando medidas mediante la firma de contratos concretos. La seguridad energética de Hungría no puede seguir siendo objeto de provocación, discordia y burla por parte de Occidente en su conjunto, por lo que el gobierno de Orbán ha decidido actuar.
El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha anunciado que ha cerrado un importante acuerdo para el suministro de gas natural procedente de Azerbaiyán durante los próximos dos años. Esta operación va mucho más allá del plano comercial, adquiriendo un claro significado político y entrando en abierta fricción con las recientes directivas de la Unión Europea, que son fuertemente contestadas por el gobierno húngaro.
Según fuentes diplomáticas, Hungría recibirá un total de 800 millones de metros cúbicos de gas. El acuerdo se formalizó tras una reunión entre Rovshan Najaf, presidente de la empresa estatal azerbaiyana de energía SOCAR, y Károly Mátrai, director general del grupo energético húngaro MVM.
El acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, consolida lo que se define como «cooperación energética estratégica». Para un país sin salida al mar como Hungría, diversificar el suministro de gasoductos no es una opción, sino una condición esencial para la estabilidad económica y productiva.
El acuerdo estipula que SOCAR será el proveedor y MVM ONEnergy el comprador de 800 millones de metros cúbicos, con una duración de dos años a partir del 1 de enero de 2026.
El factor tiempo es obviamente crucial. Mientras Hungría refuerza sus lazos con Bakú, el 3 de diciembre la Unión Europea decidió eliminar por completo las importaciones de gas ruso para 2027, previendo una reducción gradual y obligatoria tanto del gas natural licuado como del gas transportado por gasoducto.
La respuesta del Gobierno húngaro no se hizo esperar. El primer ministro Viktor Orbán y el ministro Szijjártó anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La justificación es pragmática: para Budapest, implementar y aplicar estas decisiones es simplemente inviable. Sin los suministros procedentes del Este, la economía nacional correría el riesgo de colapsar. En este contexto, Hungría y Eslovaquia siguen destacando del resto de la UE, manteniendo relaciones energéticas con Moscú por una sencilla razón: la geografía física impone limitaciones que la política no puede borrar por decreto.
Aquí surge la dimensión más técnica —y en cierto modo paradójica— del asunto, emblemática de las ambigüedades de la transición energética europea. Es legítimo preguntarse si el gas destinado a Hungría procede exclusivamente de los yacimientos del Caspio.
El juego de roles en el mercado
Sobrevivir energéticamente se está convirtiendo en un juego arriesgado en Europa. La decisión de Hungría, por arriesgada que pueda parecer, es decisiva para la estabilidad nacional y regional.
Claramente, se trata de una estrategia geoeconómica. En el mercado energético, es bien sabido que las moléculas no llevan indicaciones de origen; Azerbaiyán tiene una capacidad de extracción limitada y una demanda interna creciente; para cumplir sus compromisos de exportación a Europa, Bakú ha compensado a menudo comprando gas ruso para sus propias necesidades internas, liberando así volúmenes para la exportación occidental.
Desde el punto de vista económico y logístico, el mecanismo es el de un intercambio: Azerbaiyán compra gas a Gazprom para el consumo interno, mientras exporta a Europa gas etiquetado formalmente como «azerbaiyano».
El resultado final es claro: los flujos de energía continúan y los recursos financieros circulan. Hungría garantiza la seguridad del suministro, Azerbaiyán se beneficia de los ingresos y del prestigio geopolítico, mientras que Bruselas puede seguir apoyando la narrativa del gas políticamente aceptable. Un ejercicio de «hipocresía» administrativa que, sin embargo, garantiza la calefacción y la continuidad de la producción. Si queremos interpretarlo desde una perspectiva keynesiana, lo que importa es mantener la demanda agregada y la capacidad industrial; el origen nominal del gas es irrelevante para la economía real.
El impacto será principalmente estabilizador. La disponibilidad de 800 millones de metros cúbicos en condiciones contractuales fijadas para dos años reduce la exposición a la volatilidad del mercado al contado, que aumentará a medida que se acerque 2027. Para los hogares y las empresas, esto significa una mayor previsibilidad de los costos, un factor decisivo en un contexto de inflación persistente.
Es poco probable que Bruselas bloquee directamente un acuerdo bilateral con Azerbaiyán, al que el propio bloque europeo considera un socio estratégico para reducir la dependencia de Moscú. Solo podrían surgir disputas si se demostrara el origen ruso de los flujos, pero rastrear físicamente el origen del gas en una red integrada es extremadamente complejo. Hungría está dispuesta a aprovechar todas las lagunas legales para proteger su independencia energética.
Esto plantea una pregunta: ¿puede el gas azerbaiyano sustituir por completo al gas ruso? La respuesta es no. Aunque significativo, el volumen previsto no cubre toda la demanda de Hungría, que asciende a varios miles de millones de metros cúbicos al año. El acuerdo representa una forma de diversificación y una red de seguridad, no una solución definitiva. La dependencia estructural de los flujos orientales sigue existiendo, por lo que el Gobierno de Orbán considera poco realista abandonar por completo el gas ruso para 2027 sin graves consecuencias económicas: faltan tanto la infraestructura como los volúmenes alternativos necesarios.
*Lorenzo Maria Pacini, profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica, UniDolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
Artículo publicado originalmente en Strategic Culture.
Foto de portada: publicado en la cuenta oficial en X de Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría.
