No es novedad que el gobierno brasileño es, en sí mismo, un gobierno militar. Si bien se trata de una gestión que llegó al poder a través del voto y por voluntad de más de 47 millones de brasileños, el gobierno del capitán reformado Jair Bolsonaro cuenta con más militares incluso que en la última dictadura iniciada en 1964.
La presencia militar en la política brasileña no es nueva sino que se remonta a 1889, cuando un grupo de uniformados insatisfechos con la gestión de la corona y apoyados por la elite indignada con la abolición de la esclavitud en 1888, impulsó un golpe de estado e instaló una República. A lo largo de los años que siguieron y hasta 1985, diferentes gobiernos militares fueron instalándose en el poder de forma directa e indirecta, dictando los rumbos de la historia oficial, cuya última experiencia fue en 1964 y se extendió por 21 años.
Con el fin de la última dictadura en 1985, los militares se retiraron de la vida política pública a los cuarteles. Desde allí y hasta 2018, cuando embarcaron en la aventura bolsonarista, articularon alianzas y sentaron posiciones que por sí solas fueron dictando el rumbo de la democracia brasileña. “Dentro de las fuerzas hay procesos de deliberación política sobre quién tiene que gobernar. Esos procesos son a veces un poco más explícitos y otras veces más simplistas, más encubiertos, menos golpistas” explica a PIA Global Marina Vitelli, doctora en Relaciones Internacionales, profesora visitante en la Universidad Federal de São Paulo e investigadora del Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).
Si bien durante la campaña electoral de 2018 se buscó instalar la idea de que el apoyo del Ejército a la candidatura de Bolsonaro era una garantía de control de esa figura política exótica, lo cierto es que a más de dos años de iniciada la gestión, esa idea parece cada vez más difícil de ser defendida. A partir de ciertas decisiones y posiciones adoptadas por el comando de la fuerza, algunos analistas afirman que es el propio Bolsonaro quien controla al Ejército, al cual se refiere como propio y sobre el cual parece mostrar cada vez más influencia.
La decisión del comando de no reprender al ex ministro de Salud, General Eduardo Pazuello por participar de un acto político electoral en Río de Janeiro (algo que el reglamento del Ejército prohíbe a los miembros de la activa) parece ser una demostración de dicha influencia. “Yo veo muchas personas alertando sobre que ahora va a comenzar la indisciplina, la quiebra de jerarquía. Eso ya pasa hace un montón” sostiene Vitelli y agrega, que aún siendo la participación política algo habitual del Ejército, dicha decisión tiene el potencial de generar fricción entre las tres fuerzas debido a que es mayor la presencia de esta fuerza que de la Marina y Aeronáutica dentro del gobierno.
“Es una situación compleja, porque Bolsonaro utiliza con desdén a los militares pero al mismo tiempo los militares necesitan de él para mantenerse en el poder” explica a PIA Global Vera Chaia, doctora en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo y profesora del programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. “La presencia de los militares ya es ostensiva en el poder. Tal es así que cuando pensamos en los beneficios políticos y económicos que obtuvieron durante el gobierno Bolsonaro, vemos que no tienen interés en salir del poder y mucho menos de pelear con Bolsonaro” sostiene.
Beneficios y algo más
A lo largo de lo que va de gestión, las concesiones del gobierno del capitán para con el Ejército han sido variadas. Además de la reforma previsional con más beneficios para los militares, hubo una recurrente inclusión de uniformados a cargos en el Ejecutivo y la administración pública. En junio de 2020 llegaron a ser 6,3 mil militares ocupando cargos civiles en diferentes áreas. A su vez, la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) enviada al Congreso de reforma administrativa para desarticular las carreras dentro de la administración pública, no incluye a los militares, aún siendo estos miembros de una institución de carrera.
En ese sentido, el apoyo del comando del Ejército a la figura del presidente, en un contexto de desgaste evidente producido principalmente por el avance de la comisión parlamentaria de investigación (CPI) en el Senado, pareciera volverse más explícito. “La institución Fuerzas Armadas es uno de los principales aliados del gobierno de Bolsonaro. Ciertamente no son su único sustento. Probablemente sea el más importante” apunta Marina Vitelli. “El poder económico también es hasta el momento el aliado más fuerte del gobierno de Bolsonaro y parte de los partidos políticos del centrão también. Pero ciertamente, tener las fuerzas armadas de su lado para Bolsonaro va a ser importante en un escenario en el cual él sienta que necesite endurecer el régimen.”
En ese sentido, Vitelli sostiene que si bien “tanto el poder económico cuanto las propias Fuerzas Armadas, son aliados de Bolsonaro, no quiere decir que estén casados con Bolsonaro. No responden a él. Ese es también un error de la prensa que piensa que estas son las fuerzas armadas de Bolsonaro. El sabe que no es así. Por eso todo el tiempo la necesidad de reafirmarlo”.
En la misma línea, Vera Chaia resalta una tendencia con la que se insiste desde marzo de 2021: “hay otro lado, que creo que es el más complicado, que es el antipetismo. Por momentos llegan a comparar a Bolsonaro con Lula. Después de que Lula tuvo sus condenas anuladas en el proceso de la Lava Jato y que recuperó sus derechos políticos, desde entonces estamos viendo eso”.
Policías militares y posibles rupturas
Uno de los debates que comenzó a ganar fuerza con la decisión del comando del Ejército de no reprender a Eduardo Pazuello es la posibilidad de eventuales “quiebres” de jerarquía hacia dentro de la institución militar. Tanto el discurso del presidente, que brega y legisla por la liberación de armas, como la popularidad de Bolsonaro hacia dentro de los cuarteles que aún hoy le sirven de base electoral, la posibilidad de que existan motines y rebeliones contra autoridades provinciales pareciera ser algo cada vez más cercano.
“El gran problema que veo y que también se está discutiendo entre los analistas, es que las policías militares están todas vinculadas a Bolsonaro” afirma Vera Chaia, quien además alertó sobre el incentivo del gobierno para armar a la población: “La carrera en búsqueda de las armas está sucediendo”. Desde que asumió la presidencia, Bolsonaro alteró en 31 oportunidades las políticas en relación a la posesión de armas en Brasil.
Los motines y el incumplimiento de las órdenes de autoridades de los estados tampoco dejan de preocupar. En febrero de 2020 en Ceará, un paro de policías y bomberos militares generó caos en la capital Fortaleza, período en el cual el número de homicidios llegó a aumentar un 138%. Más recientemente en Recife, en una de las manifestaciones contra el gobierno, la policía militar avanzó violentamente dejando dos personas heridas con disparos en la cara. La situación es diferente cuando las manifestaciones son a favor del gobierno, donde a pesar de las consignas antidemocráticas, inconstitucionales e ilegales, el tratamiento de las policías militares contra los participantes está lejos de ser hostil.
Con la elección presidencial cada vez más cerca y la popularidad de Bolsonaro en su momento más crítico, la irrupción de Lula Da Silva como obstáculo a la reelección del actual presidente enciende las alertas. “Bolsonaro siempre dice que si en 2022 él pierde las elecciones, ahí si va a avanzar en un golpe” recuerda Chaia. Por su parte, Marina Vitelli coincide y refuerza que “Bolsonaro podría endurecer el régimen más cerca de las elecciones, dependiendo de la evolución de la pandemia y de la crisis económica. En ese caso, y como le vayan dando las encuestas, sí pueden cambiar mucho las condiciones”.
Esos movimientos comienzan a hacerse cada vez más evidentes a medida que se acerca la fecha. En una entrevista publicada el 17 de junio, el jefe del Supremo Tribunal Militar General Luis Carlos Gomes Mattos acusó a la oposición al gobierno de estar “estirando de más la cuerda” y que, de cara a la elección de 2022 y con Lula como candidato, el pueblo brasileño “precisa saber votar”. Dichas palabras se suman a las declaraciones dadas por otros agentes militares desde la campaña que eligió a Bolsonaro en 2018. La posibilidad de una ruptura institucional podría materializarse ante un eventual resultado desfavorable al cual el bolsonarismo ya se anticipa a calificar de fraude.
El Poder Judicial y su capacidad de maniobra
En este contexto, Marina Vitelli hace especial énfasis en el rol de la institución judicial, no como garantes de la continuidad democrática, sino como articuladores ante posibles rupturas: “Sabemos que la forma en la cual las democracias hoy retroceden y se resquebrajan tiene mucho que ver con la influencia sobre el Poder Judicial y las reformas judiciales y los estados de excepción que van surgiendo desde el Poder Judicial o con apoyo del Poder Judicial. Y obviamente, el apoyo del poder político.”
“Lo que es importante para la democracia brasileña en el mediano y largo plazo es en qué medida las otras fuerzas políticas también consideran a las Fuerzas Armadas como un actor que tiene algo que decir sobre la política” subraya la analista.
Que el Ejército es un actor de la política resulta evidente tanto en la actualidad como a lo largo de la historia reciente. Esa presencia extendida también podría ser entendida como una desventaja para el gobierno del capitán, ya que por ser esta una institución con influencia, la posibilidad de negociación con otros sectores y no exclusivamente con el bolsonarismo es un hecho: “Hay mucha comunión de ideas entre las FFAA y Bolsonaro. Hay comunión de intereses, pero gran parte de las fuerzas políticas de este país estarían dispuestas a aliarse inclusive con estas fuerzas armadas. Y ahí no sé qué va a pasar” apunta Marina Vitelli.
Con más de 500 mil muertos a causa del negacionismo en plena pandemia y las anticipadas e incomprobables denuncias de fraude en una elección que todavía no ocurrió, lo que se viene de cara a 2022 está lejos de ser una transición pacífica. Que los militares sean parte fundamental del gobierno enciende las alarmas acerca de si prevalecerá la institucionalidad democrática o si estamos ante la previa de otro capítulo de autoritarismo en la historia brasileña.
