El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó este jueves (1) al presidente Jair Bolsonaro (PL) por crimen de lesa humanidad y grave violación de los derechos humanos por su actuación frente al gobierno brasileño durante la pandemia del covid-19.
Según el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la 50ª edición del TPP y ex ministro de Justicia de Argentina, al tomar en consideración «los múltiples elementos de prueba testimonial y documental aportados», el TPP juzgó que la conducta de Bolsonaro de haber «provocado dolosamente la muerte de varias decenas de miles de personas a través de su decisión, tomada en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del Estado, de rechazar la política de aislamiento, prevención y vacunación frente a la pandemia del covid-19, constituye un crimen de lesa humanidad».
La Corte también dictaminó que la práctica del presidente Bolsonaro de «incitar permanentemente a la violencia y estimular la discriminación pública, infrahumana y continua contra grandes sectores del pueblo brasileño constituye una amenaza para estos sectores que se traduce en una reducción de su espacio social, constituyendo una grave violación de los derechos humanos.»
Los juristas, sin embargo, rechazaron la petición de condenar al presidente por genocidio de las poblaciones vulnerables del país «para no trivializar» el concepto. Aun así, Zaffaroni afirmó que «hay indicios serios y concordantes de que el Estado brasileño está probablemente cometiendo una especie de genocidio, como un crimen practicado gota a gota extendido durante al menos un siglo, que debería ser evaluado seriamente.»
«El Tribunal Permanente de los Pueblos también recomienda a los órganos del sistema universal de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que presten especial atención al trato que el Estado de Brasil da a su población nativa, teniendo en cuenta la posibilidad de que se esté cometiendo un delito de genocidio de forma continuada y prolongada en el tiempo», dijo el jurista, que recomendó que el caso se lleve a la Corte Penal Internacional, «dado que es el órgano jurisdiccional más adecuado para su discusión».
Muertes evitables
La denuncia contra el presidente fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y la Coalición Negra por los Derechos, con el apoyo del Consejo Indígena Misionero (Cimi) y otras entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
Antes de leer la sentencia, Zaffaroni dijo que el presidente Bolsonaro ignoró la evidencia científica y optó por propagar la idea de la inmunidad de la manada y defender los medicamentos probados como ineficaces contra el covid-19, como la cloroquina. Al mismo tiempo, señaló el juez, Bolsonaro «cuestionó la eficacia de las vacunas» y «minimizó la importancia del número de muertes» al asociarlas totalmente a enfermedades preexistentes.
Como «resultado de la política sanitaria conjunta ordenada por el gobierno federal y defendida públicamente, se han producido varias muertes que se habrían evitado si se hubieran seguido las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por los científicos«.
En la misma línea, el epidemiólogo y filósofo italiano Gianni Tognoni, que hizo comentarios antes de la lectura de la sentencia, dijo que el gobierno brasileño, «en la figura del presidente Jair Bolsonaro, transformó una grave emergencia sanitaria, que exigía protección, en una ocasión para atacar específicamente a poblaciones ya discriminadas.» El ataque se dirigió a poblaciones ya vulnerables, como los indígenas y los negros, que históricamente han visto obstaculizado su acceso a las estructuras sanitarias.
Tribunal Permanente de los Pueblos
El Tribunal Permanente de los Pueblos no tiene poder para imponer sentencias, pero las condenas de Bolsonaro sirven de advertencia a la comunidad internacional.
Fundado en 1979 en Italia, se inspiró en el Tribunal Russel, organizado por el filósofo británico Bertrand Russel, premio Nobel de Literatura. Entre los crímenes investigados por el Tribunal Russel están los de las dictaduras de Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia, juzgados entre 1974 y 1976. En ese momento, el veredicto fue que las autoridades de los cuatro países cometieron violaciones «graves, reiteradas y sistemáticas» contra los derechos humanos, lo que constituye un crimen contra la humanidad.
La dictadura argentina fue uno de los primeros casos juzgados tras la creación del TPP. También se han juzgado violaciones de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia, en Turquía (contra los kurdos) y contra poblaciones de inmigrantes y refugiados en distintas partes del mundo.
*Caroline Oliveira es periodista de Brasil de Fato, donde fue publicado originalmente este artículo.
