En semanas recientes, el gobierno boliviano acusó a las autoridades de Santa Cruz de «delito de separatismo», algo que no es nuevo pues a través de la historia muchos fueron los intentos de formar lo que algunos denominan como la Media Luna, en Bolivia, en la zona ubicada en el oriente de la nación integrada por los departamentos ubicados en la región de los llanos, en la región del Chaco y en la región los Valles sureños del sureste: que son los tres departamentos del Oriente Boliviano (Beni, Pando y Santa Cruz, el sureste que es Tarija).
Esa región ocupa cerca de 685 635 km², más del 60 por ciento de la nación, limita sobre todo con Brasil y concentra el 42 por ciento del PBI boliviano, incluyendo yacimientos de hidrocarburos, sobre todo de gas, y grandes llanuras de importancia agro-ganadera.
Según estadísticas esa zona está habitada por poco más de un tercio de la población del país. Pudiera decirse que allí radica el corazón económico del país.
Los aprestos separatistas, impulsados por figuras de la derecha cruceña, fueron notorios después que en 2005 llegó al poder central en La Paz el presidente Evo Morales, dirigente sindicalista indígena y que por primera vez llevo al Palacio de Quemado a los nativos del país, algo que calentó los aprestos separatistas en Santa Cruz de la Sierra.
La llamada Media Luna tiene una gran importancia poblacional y económica. La región se distingue de la región andina de Bolivia principalmente por las diferencias étnicas entre ambas; en los departamentos de la Media Luna, la mayoría se considera a sí misma mestiza y blanca, y se autodenomina «camba», aunque también presenta población oriental autóctona conformada de indígenas guaraníes y otras etnias propias de la región amazónica, compartiendo sus usos y costumbres con los mestizos.
En busca de su objetivo de ser independiente del gobierno central, los cruceños aprobaron una ley que autoriza la designación de autoridades locales en distintos organismos.
Luis Fernando Camacho, uno de los impulsores del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, es un eslabón importante de los planes de sectores de la derecha boliviana para separar el estado de Santa Cruz del poder central en Bolivia.
Ante la maniobra, el gobierno de Luis Arce, electo hace casi un año luego de un interinato golpista, denunció los planes separatistas de la asamblea regional y el gobernador del departamento oriental de Santa Cruz, el ultraderechista Camacho, y anunció procesos penales en defensa de la bandera indígena wiphala como símbolo nacional, tras ser nuevamente agraviada en esa ciudad del oriente.
La Asamblea Departamental de Santa Cruz sancionó una ley de designación de autoridades en una grave afrenta a la unidad del país, lo cual constituye indicio de delito de separatismo, y lo que hizo esa Asamblea no puede ser admitido, dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Iván Lima.
Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, envió al Tribunal Constitucional (TCP) una solicitud de medida cautelar que suspenda la ley «separatista» cruceña y evite que la norma sea promulgada por el gobernador Camacho, un exdirigente cívico que reclama autonomía regional.
Camacho fue de los impulsores del golpe contra Morales y estuvo en varios actos en La Paz mientras los militares se preparaban para dar el golpe final al gobierno popular en 2019, algo que comenzó con protestas violentas en Santa Cruz.
Es potestad del poder central elaborar ternas de designación de autoridades como el fiscal departamental, representantes de la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría; vocales electorales y judiciales y un director anticorrupción.
Eso se lo atribuyó Camacho y sus seguidores. Esto es una grave afrenta a la unidad del país y solo la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el poder de regular en estas materias, advirtió el ministro Lima.
Esta es una muestra de la actitud de Luis Fernando Camacho que quiere consolidar un golpe de Estado al país y ser reconocido como dictador, por eso el acto de promulgación de esta ley va a ser considerado delito de separatismo, puntualizó el titular.
Lo que pudiera desatarse en los próximos días y semanas preocupa a los bolivianos a días de cumplirse un año del triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales y la vuelta a la institucionalidad fracturada por sectores de derecha dentro de los cuales Camacho tuvo un gran protagonismo «siempre con la cruz» en la mano.
Bolivia comenzó la semana con un paro opositor, hay que recordar que movimiento como este fue el comienzo de los planes para sacar a Morales del gobierno, algo planificado por sectores extremistas en Santa Cruz, lo cual contó con financiamiento y asesoría de Estados Unidos, cuyo gobierno envió emisarios con fondos a Argentina para ser trasladado a los golpistas.
Además, denuncias de la época, advertían de la presencia de grupos paramilitares y mercenarios procedentes de Colombia para apoyar la asonada contra el gobierno popular.
El lunes 11 de octubre la oposición llamó a un paro con cortes de rutas, mientras que partidarios del gobierno se movilizarían el martes en Santa Cruz, bastión de la derecha.
Medios de prensa denunciaron que estas acciones de la derecha en el departamento de Santa Cruz, epicentro de una escalada de tensión con el gobierno del presidente Luis Arce, marcarán el inicio de una semana caliente en Bolivia que pudiera llegar a más.
Esto ocurre cuando aumentan las causas judiciales contra dirigentes opositores como Camacho, por su abierta participación en el golpe de Estado que en 2019 derrocó a Morales. Estos procesos judiciales, junto a una ley contra las ganancias ilícitas impulsada por el gobierno, son los principales motivos del malestar opositor.
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien en algún momento apoyó la salida de Morales del poder, está entre los que rechazan los intentos de desestabilización y de nuevo golpe de Estado de parte de la derecha, a la vez que exige «respeto a la democracia y a los símbolos patrios».
«Para nosotros está totalmente claro que la derecha quiere reeditar el golpe de 2019 y no lo vamos a permitir, porque los golpistas no solo han roto la democracia, sino que han aprovechado la pandemia para saquear al Estado», dijo el dirigente sindical.
El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Camacho, el mismo que ingresó con una Biblia en la mano con la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez al Palacio del Quemado en 2019, cuando se consagró el golpe contra Morales, son parte de la maniobra.
Tanto Calvo como Camacho tratan de plantar en el imaginario popular que el paro del lunes no será opositor sino «pro-democrático». La medida de fuerza fue tomada en una reunión en la que participaron comités cívicos de varios departamentos, los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga y otros referentes del antimasismo.
Algunas fuentes estiman que el movimiento tiene semejanza con el que apoyó en 2019 las masivas protestas contra el gobierno de Morales por considerar que se había cometido fraude en las elecciones de octubre de 2019, en la que el exmandatario fue proclamado ganador. Esas movilizaciones fueron el preludio al golpe.
En la actualidad Bolivia vive un complejo escenario caracterizado por el reclamo popular a que se haga justicia y que avancen los procesos judiciales por los que se ha imputado a varias de las figuras emblemáticas del golpe de 2019, del gobierno de facto posterior y las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno golpista de Jeanine Añez.
Los acusados y sus aliados sostienen que estos procesos son parte de «una persecución política» por parte del gobierno. Por ejemplo, una indagatoria a Camacho fue suspendida esta semana, oficialmente por razones de procedimiento, luego de que jóvenes cívicos cruceños amenazaran con movilizarse para evitar la cita judicial.
Por otro lado, la oposición rechaza la llamada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que tiene media sanción de la Cámara Baja, y que podría airear documentos de la participación de Camacho y otros dirigentes de la derecha en escándalos como el de los Panamá Papers y más reciente los papeles de Pandora sobre negocios ilícitos para lavar dinero en paraísos fiscales.
El proyecto de ley busca garantizar la fiscalización del dinero, instrumentos financieros y bienes obtenidos de ganancias y su control en la entrada y salida del país, otorgando más competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras, la Fiscalía, el ministerio de Justicia y la Procuraduría. Sin dudas eso preocupa a Camacho y seguidores, quienes ven en el separatismo una salvación por sus delitos.
Notas:
*Periodista cubano, ex corresponsal de PL en Estados Unidos
Fuente: Al Mayadeen
