Todo balance sobre el tema de migración en Estados Unidos arranca con el hecho magno de la derrota de Donald Trump y el fin de su retórica antimigrante y xenofóbica. También la anulación y repudio de medidas bárbaras como el secuestro de niños de los brazos de sus padres e invitaciones oficiales a emplear violencia contra migrantes. Pero a la vez, para muchos líderes y defensores de la comunidad migrante, el primer año del gobierno de Joe Biden concluye con decepción e ira ante su fracaso en cumplir con sus mayores promesas electorales, incluida una reforma migratoria.
Todos reconocen cambios importantes –algunos dramáticos– desde que llegó el gobierno de Biden, incluyendo la presentación, en su primer día, de la propuesta más ambiciosa en dos décadas de una reforma migratoria que incluye acceso a la ciudadanía, seguido rápidamente por el desmantelamiento de algunas de las 500 y mil acciones ejecutivas antimigrantes de Trump, entre ellas renovar la protección contra la deportación para los dreamers, el fin de la prohibición de viajes contra varios países de población musulmana, rescatar a niños secuestrados por el gobierno anterior y reunificarlos con sus familias, el fin de redadas masivas de indocumentados en sitios de trabajo, revertir medidas para anular el asilo, suspender la construcción del muro fronterizo y nuevas regulaciones para ampliar la discreción de jueces sobre casos de migrantes, entre otras.
Todo esto afecta la vida cotidiana de millones, y alivia el clima de intimidación y persecución que padecieron comunidades migrantes durante los cuatro años de Trump.
Biden promovió 296 acciones ejecutivas sobre migración (seis en su primer día en la Casa Blanca), con 89 de ellas dedicadas directamente a revertir las políticas de Trump, informa el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) en su informe sobre el primer año del presidente demócrata.
Esas acciones incluyen medidas que reducen radicalmente el número de inmigrantes indocumentados sujetos al arresto, detención y deportación, cancelando algunas de las nuevas barreras antimigrantes, elevar el límite anual de refugiados que se pueden admitir a 125 mil y medidas para proteger de deportación hasta un millón de inmigrantes ya en el país provenientes de ciertos países, o para esperar visas especiales para víctimas o testigos de ciertos delitos, entre otros.
Los analistas Muzzaffar Chishti y Jessica Bolter, del MPI, concluyen en su balance que “hay un cambio mucho más grande sobre migración de lo que se reconoce” en el primer año de Biden. Agregan que “no hay duda de que a través de acciones ejecutivas grandes y pequeñas, este gobierno ha avanzado o cambiado políticas de manera que tienen un impacto significativo sobre protección humanitaria, la aplicación de ley de inmigración y la inmigración legal, tocando las vidas de grandes números de indocumentados”.
Chishti y Bolter explican que en gran medida la percepción pública de que Biden ha logrado poco sobre migración es resultado de que los medios, expertos y activistas se han enfocado en la falta de logros sobre dos promesas claves de este gobierno: una reforma migratoria que incluye la legalización de los indocumentados y reparar el sistema de asilo en la frontera. Más aún, señalan que la respuesta “caótica” de este gobierno a los altos flujos de migrantes en la frontera y la permanencia de algunas de las medidas de Trump como el uso del llamado Titulo 42 para expeditar expulsiones en la frontera, al igual que el controvertido programa de Quédate en México, también opacan sus logros y cambios positivos (https://www.migrationpolicy.org/article/biden-one-year-mark).
Esther Olavarria, subdirectora sobre migración de la Casa Blanca, en conferencia de prensa convocada por MPI, subrayó que en varios rubros ya se han logrado “cambios radicales”, por ejemplo poner fin a las redadas y a la detención de familias. Recordó los retos que enfrenta de inmediato el gobierno de Biden, incluido un número sin precedente de menores no acompañados ingresando por la frontera y el sistema de asilo desmantelado por Trump. “Es difícil hacer cambios”, aseveró.
Pero una amplia gama de defensores y líderes inmigrantes, aunque reconocen los cambios, reprueban el primer año de Biden porque consideran que incumplió su promesa de impulsar una reforma migratoria con un mecanismo para la legalización de millones de indocumentados y porque un año después no ha anulado todas las medidas antimigrantes de Trump.
Angelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes (CHIRLA) criticó que “un año después, la elevada retórica con que el presidente Biden ingresó a la Casa Blanca permanece una promesa incumplida” en torno a promover una reforma. Declaró que aunque presentó su propuesta ambiciosa el primer día, la llamada Ley de Ciudadanía de Estados Unidos “no fue acompañada por una estrategia legislativa para asegurar su éxito”.
Lorelia Praeli, codirectora de la organización social Community Change, denunció que la deportación de unos 14 mil haitianos es “inaceptable”, al igual que los incrementos en el número de inmigrantes encarcelados en centros de detención privados.
Silky Shah, directora de Detention Watch Network, red de activistas que trabajan para clausurar los centros de detención de migrantes, expresó: “estamos decepcionados y frustrados porque Biden no ha cumplido sus promesas de campaña para deshacer la criminalización y óptica punitiva del sistema de detención y deportación de migrantes”.
“Sobre las grandes iniciativas –legalización, restaurar el asilo y admisiones de refugiados, reiniciar la legalización legal y plenamente proteger a dreamers y a trabajadores esenciales– el presidente no ha cumplido con sus promesas”, concluye America’s Voice –organización dedicada a promover legislación proinmigrante– en su evaluación del primer año. Recomienda que “el gobierno necesita evaluar sus promesas incumplidas y repensar su estrategia para lograr que se cumplan”.
Human Rights First documentó que unos 8 mil 705 de los ataques contra migrantes y solicitantes de asilo –incluyendo violaciones y secuestros– que fueron expulsados a México empleando medidas que impulsó Trump (Título 42 o Quédate en México) ocurrieron durante el primer año de Biden.
A lo largo de su primer año, líderes inmigrantes y defensores comentaron a La Jornada que sus comunidades contribuyeron al triunfo de los demócratas y por lo tanto esperaban mucho más de ellos, incluso algunos no sólo están decepcionados, sino que hasta se sienten traicionados.
Casi todos coinciden en que Biden y el liderazgo legislativo demócrata deben actuar con “mayor valentía”, y advierten que estos políticos serán juzgados no por sus buenas intenciones sino por sus acciones y resultados.
FUENTE: La Jornada.
