Por segundo año consecutivo, Joe Biden planea aumentar el presupuesto militar.
La solicitud de presupuesto para el año fiscal 2023 que Biden enviará al Congreso este mes propone supuestamente más de 800.000 millones de dólares en gasto militar; 773.000 millones para el Departamento de Defensa (DOD) y la mayor parte del resto para programas de armas nucleares en el Departamento de Energía. Exceptuando el tramo de los presupuestos militares entre 2007 y 2011 que patrocinó aumentos consecutivos de tropas -primero en Irak y luego en Afganistán-, el plan de Biden daría más dinero al Pentágono en el año fiscal 2023 que en cualquier otro año desde la Segunda Guerra Mundial.
Un presupuesto masivo del Pentágono implica una redistribución masiva de la riqueza, y el principal beneficiario no son «nuestras tropas», como les gusta decir a los políticos estadounidenses. Por el contrario, la mayor parte del presupuesto del Departamento de Defensa va a parar a empresas con ánimo de lucro: El 55% de los 14,5 billones de dólares que el Congreso dio al Pentágono entre el año fiscal 2002 y el año fiscal 2021 acabó yendo a parar a empresas del sector privado a través de contratos.
La parte del gasto anual del Departamento de Defensa destinada a contratos varió poco durante este período de veinte años; los valores de los contratos crecieron y se redujeron en gran medida como lo hicieron los presupuestos generales. Por lo tanto, la cantidad de fondos federales que se puede esperar que se privatice de un presupuesto del Pentágono puede deducirse más o menos de su cifra principal. Esto significa que una propuesta de presupuesto para el Departamento de Defensa de 773.000 millones de dólares -como supuestamente ofrecerá Biden- es esencialmente una propuesta para privatizar 425.000 millones de dólares en fondos públicos.
Esto no augura nada bueno para los programas sociales en el presupuesto del año fiscal 2023. El proyecto de ley de gastos del Departamento de Defensa -a pesar de ser sólo uno de los doce proyectos de ley de apropiaciones que componen el presupuesto federal discrecional- normalmente se come alrededor de la mitad de toda la financiación discrecional. La primera solicitud de presupuesto de Biden tenía este aspecto. Sin embargo, una diferencia clave es que se propuso poco después de la aprobación del Plan de Rescate Americano en el Congreso y antes del colapso del plan multimillonario del presidente para el clima, las infraestructuras y la salud.
En otras palabras, la propuesta de Biden para el año fiscal 2023 probablemente se parecerá al típico presupuesto anterior a la pandemia de COVID, en el que el gasto en «seguridad nacional» desplaza al gasto social. Esto no debía ocurrir. Incluso figuras del establishment por excelencia, como Hillary Clinton, argumentaron que la pandemia traería un «ajuste de cuentas en materia de seguridad nacional» en el que las amenazas no militares se tomarían por fin tan en serio como las militares, nuevas prioridades que se reflejarían en los futuros presupuestos.
El presidente se ha mostrado cada vez más desinteresado en ello. Biden se ha esforzado por estigmatizar el gasto social pero no el militar, incluso cuando este último hubiera sido un objetivo más apropiado. Por ejemplo, Biden culpó a los cheques de estímulo por valor de 1.400 dólares de causar inflación, a pesar de que el coste total de la disposición (391.000 millones de dólares) era menor que la cantidad que los primeros y segundos presupuestos militares de Biden probablemente desviarán a los contratistas militares con fines de lucro (405.000 y 425.000 millones de dólares, respectivamente).
Además, hay muchas pruebas de que el resultado del gasto social -como los cheques de estímulo- reduce las dificultades y aumenta la seguridad, mientras que el gasto militar no lo hace. El presupuesto del Pentágono da vida a una arquitectura imperial que incluye 750 instalaciones militares en el extranjero y operaciones antiterroristas activas en al menos ochenta y cinco países. A través de sus presupuestos y su política declarada, Biden ya ha establecido que no planea hacer ningún cambio sustancial en la huella global del ejército estadounidense, a pesar de las pruebas empíricas que indican que esta postura promueve la inseguridad. Los estudios han revelado que el estacionamiento de personal militar estadounidense en el extranjero aumenta la probabilidad de ataques terroristas contra Estados Unidos; que los Estados experimentan más terrorismo después de llevar a cabo intervenciones militares; y que las bases en el extranjero suelen intensificar las tensiones geopolíticas.
La clase dirigente de la política exterior suele describir el gasto militar con frases similares a la «inversión en nuestra seguridad nacional», como si el mero hecho de financiar el Pentágono produjera de algún modo seguridad como resultado político. Es probable que Biden se apoye en este supuesto -que más gasto militar significa más seguridad- para justificar su gigantesca solicitud de financiación del Pentágono para el año fiscal 2023.
Las encuestas recientes sugieren que la mayoría de los estadounidenses rechazan este planteamiento. El Congreso también debería hacerlo.
*Stephen Semler es cofundador del Instituto de Reforma de la Política de Seguridad, un grupo de reflexión sobre política exterior de Estados Unidos.
FUENTE: Jacobin Mag.
