El expresidente Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle Bolsonaro, permanecieron en silencio en sus declaraciones a la Policía Federal (PF) el último jueves (31) sobre el caso de venta de joyas. En las últimas semanas Bolsonaro volvió al centro de la atención después de que un informe de la Policía Federal mostrara la presunta implicación del expresidente en una trama de venta de regalos recibidos por delegaciones extranjeras, como juegos de joyas procedentes de Arabia Saudí.
Para no declarar, Bolsonaro, Michelle y los otros implicados en la causa se basaron en el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que el caso no debe ser tratado en el Supremo Tribunal Federal (STF), sino en la primera instancia del poder judicial.
El avance en el caso de las joyas se dio por las pruebas obtenidas por la PF, lo cual llevó a que la corporación pidiera al Supremo Tribunal Federal (STF) que rompa el secreto fiscal y bancario del expresidente por el presunto desvío de joyas y otros artículos de lujo a su patrimonio privado. El importe obtenido con la venta ilegal de regalos oficiales podría haber superado el millón de reales.
Según la policía, se montó una ofensiva para eludir el registro de los regalos por parte del sector del Palacio de Planalto encargado de catalogar los objetos. El ex ayudante de campo de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; su padre, el general de reserva Mauro César Lourena; el subteniente del Ejército Osmar Crivelatti, mano derecha de Mauro Cid; y el ex abogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wassef, formaban parte de la trama.
En un comunicado, la PF dijo que «hay fuertes indicios de que los investigados utilizaron la estructura del Estado brasileño para malversar bienes de alto valor entregados por autoridades extranjeras a la Presidencia de la República (…) con el fin de generar el enriquecimiento ilícito del expresidente Jair Bolsonaro».
Las sumas obtenidas en las ventas habrían sido «convertidas en efectivo e ingresadas en el patrimonio personal de los investigados, a través de intermediarios y sin utilizar el sistema bancario formal, con el objetivo de ocultar el origen, la ubicación y la propiedad de las sumas».
La Policía Federal también está compartiendo todos los detalles de la investigación con el FBI, la agencia federal de policía estadounidense. Esto podría dar lugar a que Jair Bolsonaro, Mauro Cid y Mauro César Lourena sean objeto de investigaciones en Estados Unidos por posibles delitos financieros, como blanqueo de dinero y uso de cuentas bancarias para ocultar cantidades ilícitas. Además, el FBI debería investigar a las empresas, tiendas y particulares que compraron las joyas, para determinar si eran conscientes del origen ilegal de estas piezas.
En una entrevista a la TV brasileña, el jurista Miguel Reale Jr. declaró que hay elementos suficientes para la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro en el caso de las joyas. Según el jurista, Bolsonaro ha demostrado la capacidad de distorsionar las pruebas.
Algunos elementos de la prisión preventiva surgen porque esta medida se justifica para evitar que alguien con poder, en este caso, interfiera y ponga en peligro la obtención de pruebas.
La investigación de la PF sobre la conducta del ex presidente podría conducir a la acusación del ex jefe del Ejecutivo por el delito de malversación de fondos. La evaluación ya ha sido hecha por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino. El Código Penal define el delito de malversación como la apropiación por parte de funcionarios públicos «de dinero, valores o cualquier otro bien mueble, público o privado, del que estén en posesión por razón de su cargo, o su malversación, en beneficio propio o ajeno». La pena oscila entre 2 y 12 años de prisión y multa.
Para aplicar la pena, el juez tendrá que considerar, por ejemplo, los antecedentes penales, la conducta social y la personalidad del acusado. Como el ex presidente es considerado una «personalidad intachable» (una persona reconocida por su integridad moral), si es acusado, Bolsonaro se enfrentaría a una pena base de dos años aunque la pena también podría aumentar en 1/6 si se identifica el agravante de que el delito se cometió con un móvil indigno.
Según los avances de las investiganciones, la PF ya considera que tiene pruebas consistentes contra el ex presidente, lo cual podría impulsar no sólo una prisión preventiva sino una condena firme contra Bolsonaro, a quien ya se considera lider de una organización criminal.
*Ana Laura Dagorret es analista internacional, coautora del Manual breve de geopolítica y parte del equipo de PIA Global.
FOTO DE PORTADA: Sergio Lima/AFP.
